Sentencia Pleno de Supreme Court (Panama), Pleno, 11 de Febrero de 2014

PonenteVictor L. Benavides P.
Fecha de Resolución11 de Febrero de 2014
EmisorPleno

VISTOS: El licenciado H.A.O.B., quien actúa en representación de la señora ISIS NÚÑEZ, ha presentado Acción de Amparo de Garantías Constitucionales contra el Auto No. 245-2013 de 17 de julio de 2013, expedido por el Tribunal de Cuentas dentro de la investigación patrimonial relacionada con el Informe de Auditoría Especial 30-001-2011/DINAG-DESAAG de 23 de febrero de 2011, referente a la pérdida de cheques de planilla de la Asamblea Nacional de Diputados. I.- ACTO IMPUGNADO. A través de la Resolución impugnada, Auto No. 245-2013 de 17 de julio de 2013, atacado a través de la Acción de Amparo de Garantías Constitucionales, el Tribunal de Cuentas decidió lo siguiente, en su parte pertinente: El Tribunal de Cuentas (Pleno), administrando jusiticia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ORDENA la ampliación de la investigación patrimonial relacionada con el Informe de Auditoría Especial 30-001-2011/DINAG-DESAAG de 23 de febrero de 2011, referente a la pérdida de cheques de planill de la Asamblea Nacional de Diputados, con el propósito que la F.ía de Cuentas realice las siguientes diligencias: PRIMERO: Receptar la declaración de J. de D.H.M., con cédula 4-229-628, residente den calle principal, casa 3293-B, Pueblo Nuevo, Distrito de Capira, Provincia de Panamá. SEGUNDO: Receptar la declaración de desgargos patrimoniales de I.M.N.V., con cédula 6-78-632, residente en Altos de la Castellana, Avenida Principal, casa 1-79, teléfono 233-7661, Provincia de Panamá. TERCERO: Realizar cualquiera otras diligencias que estime necesarias, para comprobar o esclarecer los hechos investigados, de conformidad con las facultades establecidas en el artículo 26 de la Ley 67 de 14 de noviembre de 2008. FUNDAMENTO LEGAL: Artículos 26, 38, 39, 40, 41 y 52 de la Ley 67 de 14 de noviembre de 2008. II.- SUSTENTACIÓN DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL. El proponente de la presente acción constitucional indica que su representada es mencionada en el Informe de Auditoría Especial No. 30-001-2011/DINAG-DESAAG de 23 de febrero de 2011, elaborado por la Dirección de Auditoría General de la Contraloría General de la República, en virtud de la Resolución No. 273-2010/DINAG de 5 de abril de 2010. Señala el accionante que el proceso se inicia por el Delito contra Patrimonio cometido en perjuicio de la Asamblea Nacional de Diputados, lugar donde su representada ejerció como Directora de Tesorería, en el año 2009. Sigue señalando el recurrente que el informe de auditoría fue remitido por la F.ía de Cuentas al Tribunal de Cuentas el 30 de enero de 2012. Agrega que, la F.ía de Cuentas mediante Proviencia de 11 de junio de 2013, le formula cargas a J.A.R.R., L.M.Á.Y.D.M.C.. Manifiesta el amparista que la F.ía de Cuentas presenta solicitud de prórraga de la investigación el 5 de septiembre de 2012. Solicitud que fue resuelta por el Tribunal de Cuentas mediante Auto No. 557-2012 de 1 de octubre de 2012, concediendo la prórraga solicitada, por un término adicional de dos (2) meses. Expone el recurrente que el auto impugnado es contrario al debido proceso, ya que el proceso en estudio ha sido objeto de prórroga y es injustificada una amplicación. En ese sentido, señala que "esta investigación fue objeto de prórroga concedida por el propio Tribunal de Cuentas, en otras palabras, el auto que hoy impugnamos es contrario al debido proceso, ya que los funcionarios encargados de impartir justicia de cuentas, olvidaron que este proceso ya había sido prórroga, razón por la cual ya era improcedente la ampliación, corrección o complementación de la investigación, ya que las propias normas que gobiernan el proceso, dicen de forma imperativa, esto es de forzoso cumplimiento que la causa sólo podrá ampliarse una vez. Si la causa ya había sido ampliada o en otras palabras, ya había sido prorrogado el término de investigación, entonces el auto atacado viola el debido proceso, al ordenar una ampliación de la ampliación, lo cual es totalmente improcedente y contrario al debido proceso". En ese sentido, manifiesta el recurrente que ya se ha excedido el máximo de seis (6) meses que la F.ía de Cuentas tiene para investigar, y que el Tribunal de Cuentas solo puede ordenar por una sola vez la corrección, ampliación o complementación de la investigación. Finalmente, solicita que el acto acusado sea revocado y se conceda la acción de derechos fundamentales impetrada. III.- INFORME DE LA AUTORIDAD DEMANDADA. De fojas 40 a 42 del expediente, reposa el informe de conducta, a través de Nota No. 35-DMALVZ-005-12 de 23 de agosto de 2013, rendido por el Magistrado Sustanciador, A.V.Z., del Tribunal de Cuentas, respecto de los hechos materia del amparo. En lo medular del informe se indicó lo siguiente: La Contraloría General de la República ordenó la práctica de una auditoría especial a través de la Resolución 273-2010/DINAG de 5 de abril de 2010, dando como resultado el Informe de Auditoría Especial 30-001-2011/DINAG-DESAAG de 23 de febrero de 2011 (fs. 40). Los auditores concluyeron que los treinta y tres (33) cheques reportados extraviados, fueron hechos efectivo en el Banco Nacional de Panamá y sus endosos no corresponden a los beneficiarios de estos cheques, de acuerdo con declaraciones voluntarias, lo que causó un presunto perjuicio económico al Estado, por la suma de cuarenta y cuatro mil trece balboas con treinta centésimos (B/.44,013.30). La auditoría concluyó que el hecho irregular consistió en que el Departamento de Recuadación y Pago de la Dirección de Tesorería de la Asamblea Nacional, reportó el extravió de los antedichos cheques, que correspondían a las planillas de contratos de servicios profesionales, según desglose utilizado para que los beneficiarios o persona autorizada, retirarán los hechos y firmaran recibido. Los cheques fueron hechos efectivo en el Banco Nacional de Panamá, con endosos que no corresponden a sus respectivos dueños, conforme afirmaciones de los beneficiarios y sin la debida verificación de los mismos por los funcionarios bancarios. Vinculados a la investigación de auditoría se encuentran J.A.R.R., L.M.Á.M., D.M.C. de D. e Isis Maciel Núñez V. El Tribunal de Cuentas remite el Informe de Auditoría Especial 30-001-2011/DINAG-DESAAG a la F.ía de Cuentas para que inicie las investigaciones de rigor, haciendo posteriormente la Solicitud de Prórroga No. 9 de 5 de septiembre de 2012, siendo concedida mediante el Auto 557-2012 de 1 de octubre de 2012 (fs. 1430-1431-1435-1440). Una vez finalizada la investigación patrimonial, se remite la Vista F. 8/13 de 14 de febrero de 2013, en que solicita el llamamiento a juicio de los vinculados J.A.R.R., Felicidad De León de Obaldía, D.C. y L.Á., y el cese de procedimiento y levantamiento de las medidas cautelares a I.N.V. (fs. 1549-1565). Continuando con el curso del proceso, mediante Auto 245-2013 de 17 de julio de 2013 se ordenó a la F.ía de Cuentas, la ampliación de la investigación (fs. 1574-1596). IV.- CONSIDERACIONES Y DECISIÓN DEL PLENO. Luego de conocidos los detalles en que se fundamentó el acto atacado, así como los argumentos en que se sustenta la acción de amparo presentada, procede esta Corporación de Justicia a resolver lo que en derecho corresponda. La presente iniciativa constitucional recae sobre Auto No. 245-2013 de 17 de julio de 2013, expedido por el Tribunal de Cuentas, mediante el cual ordena la ampliación de la investigación patrimonial. Dicha decisión fue emitida dentro de la investigación patrimonial relacionada con el Informe de Auditoría Especial 30.001-2011/DINAG-DESAAG de 23 de febrero de 2011, referente a la pérdida de cheques de planilla de la Asamblea Nacional de Diputados. El recurrente advierte que el Tribunal de Cuentas le concedió a la F.ía de Cuentas, mediante Auto 557-2012 de 1 de octubre de 2012, Prórroga de la Investigación, por un término adicional de dos (2) meses para culminar la misma, y posteriormente ordena la Ampliación de la Investigación mediante Auto 245-2013 de 17 de julio de 2013. En ese sentido, sostiene el amparista que ya se ha excedido el máximo de seis (6 ) meses que la F.ía de Cuentas tiene para investigar, y que el Tribunal de Cuentas solo puede ordenar por una sola vez la corrección, ampliación o complementación de la investigación. Argumenta el amparista que el auto impugnado es contrario al debido proceso, contenido en el artículo 32 de la Constitución Política, porque ya la investigación ha sido objeto de prórroga y es injustificada e improcedente una ampliación de la investigación. Debemos iniciar señalar que que con motivo de las reformas constitucionales de 2004, se estableció por disposición del artículo 281, la Jurisdicción de Cuentas, con competencia y jurisdicción nacional, para juzgar las cuentas de los agentes y empleados de manejo, motivo por el cual dicho Tribunal posee rango constitucional, siendo independiente en el ejercicio de sus funciones para juzgar la responsabilidad patrimonial, en razón de los reparos que surjan a partir de los exámenes, auditorias o investigaciones realizadas de oficio, por la Contraloría General de la República o por denuncias presentadas ante la misma, por particulares o servidores públicos, a las cuentas de los agentes y empleados de manejo. De igual manera, la Ley No. 67 de 14 de noviembre de 2008, desarrolló la Jurisdicción de Cuentas, para juzgar la responsabilidad patrimonial derivada de supuestas irregularidades en los reparos formulados por la Contraloría General de la República. En el caso en estudio, la controversia radica en determinar si el Tribunal de Cuentas infringe el artículo 32 de la Constitución Política, al ordenar la ampliación de la investigación patrimonial, cuando dicho Tribunal, mediante Auto No. 557-2012 de 1 de octubre de 2012, le había concedido prórroga al F. de Cuentas. La mencionada Ley 67 de 14 de noviembre de 2008, en su artículo 45 dispone lo siguiente: ARTÍCULO 45. En un término de cuatro meses, contados a partir de la fecha del inicio de la investigación, o de seis meses si hay varios involucrados, el F. de Cuentas remitirá al Tribunal de Cuentas el expediente con su V.F.. En caso de que la investigación no sea concluida en el período indicado, el expediente debe ser remitido al Tribunal de Cuentas, con el fin de que este decida sobre la necesidad de autorizar un término adicional, no mayor de dos meses, para que sea culminada. De la norma legal transcrita se desprende con claridad que el F. de Cuentas tiene un término máximo de seis (6) meses para concluir la investigación; sin embargo, en el evento que la investigación no pueda ser concluida en dicho período, el F. de Cuentas puede solicitar una prórroga de la misma, por un término adicional de dos (2) meses, y es al Tribunal de Cuentas, a quien le corresponde examinará la investigación y determinará si es viable o no la prórroga solicitada. Como vemos, la solicitud de prórroga de la investigación recae sobre la figura del F. de Cuentas, y se encuentra contemplada en el Título IV Proceso de Cuentas, Capítulo I, Fase de Investigación, específicamente en el artículo 45, antes citado. Una vez finalizada la investigación, que concluye con la elaboración de la Vista F. Patrimonial, el F. de Cuentas, con base en el caudal probatorio, podrá solicitar al Tribunal de Cuentas que se llame al investigado o a los investigados a responder por la lesión patrimonial imputada, o solicitar el cierre y archivo de la investigación o que cese el procedimiento contra cualquiera de las personas investigadas cuando hubiere motivo para ello. (Cfr. artículos 47 y 48 de la Ley 67 de 2008). Ahora bien, la mencionada Ley 67 de 2008, que desarrolla el Tribunal de Cuentas, en el Capítulo II contempla la Fase Intermedia, en la que el Tribunal de Cuentas, en Pleno, calificará el mérito de la investigación "de no encontrarse fallas o vicios", así lo dispone el artículo 52 de la mencionada Ley 67 de 2008, cuando señala lo siguiente: ARTICULO 52. De no encontrarse fallas o vicios, el Magistrado Sustanciador, fundado en las pruebas recabadas, elaborará un proyecto de resolución que será sometido a la consideración del Pleno para calificar el mérito de la investigación. En este sentido, el Tribunal de Cuentas podrá, dentro del término de quince días hábiles, adoptar alguna de las medidas siguientes: 1.- Ordenar, por una sola vez, la corrección, la ampliación o la complementación de la investigación de cuentas cuando ello sea necesario para perfeccionar la investigación; 2.- Llamar a juicio a la persona o las personas investigadas cuando existan razones fundadas para ello; 3.- Cerrar y ordenar el archivo del expediente cuando las irregularidades investigadas sean infundadas; u 4.- Ordenar el cese del procedimiento en contra de cualquiera de las personas investigadas cuando se deduzca responsabilidad alguna. En el caso de ordenarse la corrección, la amplicación o la complementación de la investigación, el F. de Cuentas contará con el término de un mes para cumplir con lo dispuesto por el Tribunal de Cuentas. (resalta el Pleno). Del análisis de las normas legales citadas se desprende que la naturaleza jurídica de la prórraga y la ampliación de la investigación, son distintas y comprenden episodios diferentes claramente determinadas por la Ley. Por lo tanto, esta Corporación de Justicia considera que no se configura la violación al debido proceso, ya que la prórroga es un término adicional que se le otorga al F. de Cuentas, de acuerdo con lo establecido en el artículo 45 de la Ley 67 de 2008, mientras que la ampliación es una facultad que tiene el Tribunal para completar el perfeccionamiento de la investigación, o sea la comprobación plena del hecho punible y del vínculo subjetivo de éste con el o los investigados, establecida en el numeral 1 del artículo 52 de la Ley 67 de 2008. En numerosos precedentes, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia ha sostenido que la violación del debido proceso únicamente ocurre cuando se desconocen o pretermitan trámites esenciales del proceso que, efectivamente, conlleven a la indefensión de los derechos de cualquiera de las partes. Considerando lo expuesto, se puede señalar que los hechos desarrollados dentro de la presente causa, no dan lugar a afirmar que se ha vulnerado el artículo 32 de la Constitución Nacional. En consecuencia, el Pleno de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DENIEGA el Amparo de Garantías Constitucionales promovido por el licenciado H.A.O.B., quien actúa en representación de la señora ISIS NÚÑEZ, contra el Auto No. 245-2013 de 17 de julio de 2013, expedido por el Tribunal de Cuentas dentro de la investigación patrimonial relacionada con el Informe de Auditoría Especial 30-001-2011/DINAG-DESAAG de 23 de febrero de 2011, referente a la pérdida de cheques de planilla de la Asamblea Nacional de Diputados. N..- VICTOR L. BENAVIDES P. HERNÁN A. DE LEÓN BATISTA -- WILFREDO SÁENZ FERNÁNDEZ -- LUIS RAMÓN FÁBREGA SÁNCHEZ -- JERÓNIMO MEJÍA E. -- HARLEY J. MITCHELL D. -- ALEJANDRO MONCADA LUNA -- OYDÉN ORTEGA DURÁN -- JOSÉ EDUARDO AYU PRADO CANALS YANIXSA Y. YUEN C. (Secretaria General)

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