Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Pleno), Pleno, 10 de Febrero de 2014

Ponente:Harley J. Mitchell D.
Fecha de Resolución:10 de Febrero de 2014
Emisor:Pleno
 

VISTOS: El licenciado R.A.B.P., promueve ante la Corte Suprema de Justicia-Pleno, acción constitucional de HABEAS CORPUS, a favor de su representado A.P., contra la orden de detención provisional con fines de extradición expedida por la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN. Por admitida la herramienta de tutela constitucional, se procede a requerir el informe de rigor, el cual fue suministrado oportunamente, razón por la cual esta Superioridad se encamina a decidir la presente acción. ACCIÓN CONSTITUCIONAL El legista R.A.B.P., promueve en sede constitucional, acción de habeas corpus, a fin de que su apoderado legal, A.P., actualmente recluido en el Centro Penal la Joya, sea puesto en inmediata libertad, ya que sostiene que es ilegal la orden de detención preventiva con fines de extradición dispuesta por la Procuraduría General de la Nación, a través de resolución fechada 27 de mayo de 2013; esta orden que refiere se origina como consecuencia de una solicitud de extradición que le trasmite el Ministerio de Relaciones Exteriores, procedente de las autoridades de la República de Canadá. Para el activador deviene en ilegal la privación de libertad que padece su procurado, desde el día 27 de mayo de 2013, ya que afirma que dentro de este proceso de extradición, se ha incurrido en pretermisiones o vicios, que han representado la vulneración de garantías constitucionales y derechos humanos que le asisten al señor A.P., estos cargos de ilegalidad que resalta responde a dos motivos que pasa a explicar. Entre los hechos que rodean este caso relata que en horas de la tarde, del día 26 de mayo de 2013, cuando el señor A.P. en compañía de su esposa P.P., arribaron a Panamá procedente de Bahamas, con destino final a Saint Kitts y N., lugar donde refiere se entrevistaría con el Primer Ministro de dicho lugar, sin ningún motivo fueron retenidos en el Aeropuerto de Tocumen, y aún cuando el señor A.P. les informó que transitaba en misión oficial, estos funcionarios le comunicaron que su esposa sería llevada bajo investigación. Destaca que ante esto su procurado se hospedó en el Hotel Riande Aeropuerto; no obstante, al día siguiente cuando se aproximó al aeropuerto con el ánimo de seguir el itinerario de su vieja advierte la ausencia de su esposa, razón por la cual decide registrarse un día más en el hotel. Agrega que fue ese mismo día, a las 2:00 de la tarde que se le aproximaron unos agentes y lo trasladaron a la Oficina de la INTERPOL de la Dirección de Investigación Judicial (D.I.J), donde acto seguido se ordenó su detención preventiva por parte de la Procuraduría General de la Nación, empero afirma que su representado nunca fue informado de los cargos que se le endilgaban, lo anterior lo sustenta en el hecho de que la solicitud o aviso de extradición, presentada el 27 de mayo de 2013, no estaba acompañada del encausamiento, ni exponía los cargos y leyes que había violentado, además de que omiten los hechos constitutivos de los delitos que se le atribuyen. En este punto agrega que esta orden no es legal, ya que sostiene que la solicitud de detención con fines de extradición debió ser trasmitida por el Ministro de Relaciones Exteriores y no el Director General Encargado de la Dirección Jurídica y Tratados, ya que es este primero quien tiene mando y jurisdicción, además de que sostiene que esta nota debió ser dirigida a quien regenta la Procuraduría General de la Nación y no al S. General de la Procuraduría, licenciado R.B.. Indica que se ha evidenciado que en este caso el trámite de extradición se rige por normas del Código Judicial, específicamente los artículos 2496 al 2516; ya que indica que estos hechos se dan con anterioridad a la vigencia de la Ley No. 35 de 23 de mayo de 2013 que reforma el proceso de extradición, amén de que manifiesta que también sirve de amparo legal el Tratado Bilateral de extradición suscrito entre Panamá y el Reino Unido. Así las cosas, sostiene el accionante que aún cuando la Procuraduría General de la Nación resaltó en la resolución de detención provisional con fines de extradición examinada, que esta privación de libertad sólo sería por el plazo de 60 días, tiempo en el cual el Estado requirente debía formalizar su solicitud; no obstante, sostiene que, superado este tiempo ,dicho evento no se produce en este plazo. Por el contrario sostiene, que cuatro días después de vencido los 60 días aludidos, el Ministerio de Relaciones Exteriores, a través, de nota verbal N/V AJ No. 2229 de 31 de julio de 2013, requiere a la Honorable Embajada de Canadá información adicional respecto algunos de los cargos que se le formuló al señor A.P., agregando que en esta nota el Ministerio de Relaciones Exteriores extiende el plazo de cumplimiento en treinta (30) días más, respuesta que se produce el 15 de agosto de 2013. Lo anterior, a concepto del promotor constitucional, contraviene nuestro ordenamiento legal, ya que sostiene que sin cumplir con los preceptos constitucionales y legales, se ha extendido el plazo de detención provisional originalmente dispuesto por la Procuraduría General de la Nación, lo cual, a la luz del artículo 21 constitucional, 2152 del Código Judicial y el artículo 93 del Código Procesal Penal, sustenta su libertad inmediata, la cual requiere le sea concedida a través de este mecanismo constitucional (cf.s 1-13). II. INFORMES RENDIDOS. Informe de la Procuraduría General de la Nación En providencia fechada 6 de diciembre de 2013, el Magistrado Sustanciador libró mandamiento de habeas corpus, el cual, a través de Nota. DPGN-549-13 de 10 de diciembre de 2013, la licenciada A.I.B.V., Procuradora General de la Nación, responde en los siguientes términos: "1. Este despacho ordenó la detención preventiva con fines de extradición de A.T.P., mediante resolución de fecha veintisiete (27) de mayo de dos mil trece (2013). 2. La detención preventiva con fines de extradición de A. T.P., fue ordenada en atención del requerimiento formulado por la Honorable Embajada de Canadá, el cual fue comunicado a través de la nota AJ No. 1402 de 27 de mayo de 2013, procedente de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y Tratados del Ministerio de Relaciones Exteriores. Los motivos de hecho y de derecho en que se fundamentó la detención preventiva con fines de extradición de A.T.P., se tiene con el requerimiento del mismo por los cargos de F. de Gobierno, Abuso de confianza por funcionarios públicos, falsificación de documentos, fraudes de mercados públicos, comisiones secretas, blanquear los ingresos de la delincuencia y conspiración para delinquir. El fundamento de dicha detención lo constituyó el Tratado Bilateral sobre Extradición firmado entre el Reino de Gran Bretaña y Panamá, y la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Trasnacional. 3. No mantenemos bajo nuestra custodia al detenido A.T.P., toda vez que la orden de detención preventiva dictada por este despacho el día 27 de mayo de 2013, señala que A. T.P., deberá ser puesto a órdenes del Ministerio de Relaciones Exteriores, a fin que el Estado requirente formalice la solicitud de extradición anunciada" (cf.s 30-31) Informe del Ministerio de Relaciones Exteriores Atendiendo a la respuesta brindada por la Honorable Procuradora General de la Nación, el Magistrado Sustanciador dispuso enderezar la presente acción, a través de providencia fechada 11 de diciembre de 2013, la cual, el Director General de Asuntos Jurídicos y Tratados, del Ministerio de Relaciones Exteriores, licenciado V.F., por intermedio de Nota A.J No. 3761 de 12 de diciembre de 2013, allegada el 13 de diciembre del mismo año, se sirve contestar e informar lo siguiente: "a) "Si es o no cierto que ordenó la detención del recurrente, y de serlo, si lo ordenó verbalmente o por escrito." Respuesta: Es cierto que este Ministerio, mediante nota de 27 de mayo de 2013 trasmitió a la Procuraduría General de la Nación la solicitud de detención preventiva con fines de extradición presentada por el Gobierno de Canadá en contra del señor T.A.P.. En consecuencia, la Procuraduría General de la Nación, mediante Resolución de 27 de mayo de 2013, dispuso que el mismo pasara a órdenes de este Ministerio por el término de 60 días, a partir de su detención, período dentro del cual el Gobierno de Canadá debería formalizar la solicitud de extradición anunciada. La detención del requerido fue comunicada por la Dirección de Investigación Judicial el 27 de mayo de 2013. b. " Los motivos o fundamentos de hechos y derecho que tuvo para ello." Los motivos de hecho: La Honorable Embajada de Canadá, mediante nota diplomática No.045 de 27 de mayo de 2013, solicitó la detención con fines de extradición del señor T.A.P.. Posteriormente, mediante nota No. 061 de 24 de junio de 2013, formalizó la solicitud de extracción en contra del señor T.A.P. quien es requerido por la supuesta comisión de los delitos de (sic) de Complot para Defraudar al Gobierno, F. Contra el Gobierno, Abuso de Confianza por un Funcionario Público, Complot por Abuso de Confianza por un Funcionario Público, Comisiones Secretas, Complot para realizar Comisiones Secretas, R. de los Productos del Delito, Complot para R. de los Productor del Delito, F., Complot para cometer F., Uso de Documento Falsificado y Conspiración para utilizar un Documentos Falsificado. El Fundamento de Derecho es el siguiente: La solicitud de detención preventiva y la solicitud de extradición presentada en contra del señor T.A.P. está fundamentada en el Tratado Bilateral sobre Extradición entre el Reino de Gran Bretaña y Panamá, en la Convención Interamericana contra la Corrupción y en el Código Judicial de la República de Panamá. Cabe señalar que, entre Canadá y Panamá se encuentra vigente el Tratado Bilateral sobre Extradición firmado con el Reino Unido, lo anterior, teniendo en cuenta que el Estado canadiense tiene un sistema de gobierno monárquico constitucional que reconoce a la R.E.I., como M. y J. de Gobierno. El mencionado instrumento internacional en sus considerando se establece que el Acuerdo le es aplicable al Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte y los Dominios Británicos de Ultramar, siendo Canadá un Estado catalogado como uno de estos últimos.b) "Si tiene su custodia o a sus órdenes a la persona que se le ha mandado a presentar y en caso de haberlo transferido a otro, que indique exactamente, a quién, en qué tiempo y porqué causa." Este Ministerio, con base a lo dispuesto en la resolución de 27 de mayo de 2013, dictada por la Procuraduría General de la Nación tuvo a sus órdenes al señor T.A.P., hasta el momento en que se pone al detenido a órdenes de esa alta corporación de justicia. Considero importante informar al Honorable Magistrado Sustanciador que mediante fallo de 8 de octubre de 2013, el Honorable Pleno de la Corte ya estimó legal la detención del señor T.A.P. y los criterios ahí expresado aún no han variado. Adicionalmente, deseo informar al Honorable Magistrado Sustanciador que esta Cancillería emitió la Resolución Ministerial No. 8283 de 7 de octubre de 2013, por la cual se estimó procedente la solicitud de extradición presentada por el Gobierno de Canadá . Esta resolución fue notificada personalmente al requerido quien a través de su apoderado judicial, presentó ante la Sala Segunda de lo Penal, Incidente de Objeciones en contra de los resuelto por este Ministerio" (cf.s 33-35). Es importante agregar que junto al informe de conducta se acopió una serie de documentos que guardan relación a este asunto constitucional. CONSIDERACIONES Y DECISIÓN DEL PLENO Satisfecho el protocolo procesal por el que debe transitar la herramienta de tutela constitucional, se procede a escrutar su contenido a fin de emitir la sentencia de rigor. No resulta ocioso de nuestra parte recordar que la acción de habeas corpus es un instrumento constitucional suministrado por el constituyente, a fin de estimular la revisión, en sede judicial, de cualquier acto patrocinado por servidor público que intervenga, restrinja o afecte la libertad corporal o ambulatoria de cualquier persona, sea esta nacional o extranjera. Dentro de nuestro sistema constitucional, la libertad es un derecho fundamental que sólo puede ser limitado o afectado en forma excepcional, por mandato de una autoridad competente, previo cumplimiento de formalidades, vinculadas a su vez los derechos fundamentales del debido proceso, defensa, presunción de inocencia, seguridad y protección pública. Y, es en esa labor que corresponde a este máximo Tribunal Constitucional, estimar y ponderar los dos motivos en que se erige la réplica constitucional, por parte del licenciado R.A.B.P., a fin de determinar si efectivamente la orden de detención provisional decretada en contra de su patrocinado A.P. se aparta de los supuestos previstos en el artículo 21 de nuestra Norma Fundamental y normas vigentes que rigen esta materia en especial. En primer orden, resulta oportuno señalar, que esta sería la segunda ocasión en que el señor A.P., a través del mismo procurador legal, promueve acción constitucional de habeas corpus, de carácter reparador, el cual, en su oportunidad el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, por intermedio de resolución fechada 8 de octubre de 2013, decretó legal la medida de detención provisional con fines de extradición adoptada en su contra. Ahora bien, como quiera que en esta ocasión se abonan nuevos cargos de ilegalidad a la orden de restricción de libertad, dictada contra el señor A.P., específicamente al procedimiento o trámite que se ha surtido en este proceso de extradición a la fecha, esta Superioridad examinara estos nuevos argumentos, a fin de determinar si ha variado la situación legal y procesal del accionante, al extremo de sustentar su inmediata libertad como afirma el activador en su libelo. Antes de proceder, resulta conveniente establecer el marco legal que rige, en el caso del señor A.P., el procedimiento de extradición que ha sido objeto desde el 27 de mayo de 2013, cuando se dispuso su detención provisional con fines de extradición, en razón de la solicitud formalizada por la República de Canadá y, canalizada a través del Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Panamá. Respecto a ello, esta Corporación de Justicia al resolver la primera acción de habeas corpus aludida, dejó establecido en la resolución de 8 de octubre de 2013, que la presente solicitud de extradición se regiría bajo el amparo del procedimiento estatuido en el Código Judicial, ello atendiendo a las últimas reformas introducidas al Código de Procedimiento Penal. Este pronunciamiento que fue el siguiente: "Así las cosas, tenemos en primer orden que el procedimiento de extradición en nuestro sistema legal, se encuentra regulado en el título IX, Capítulo V, Libro III del Código Judicial, cuya vigencia tiene aplicación en este caso ya que los antecedentes dan vista, que este procedimiento de extradición inició el 27 de mayo de 2013, a través de la solicitud formal de detención provisional con fines de extradición realizada vía diplomática, por el gobierno de Canadá. Y, de conformidad al artículo 44 en concordancia con el artículo 46, de la Ley No. 35 de 23 de mayo de 2013, se dispone que todo proceso iniciado antes de la vigencia de la Ley 35, se regirá de conformidad a lo dispuesto en el Código Judicial, normas que se expresan en el siguiente contexto: "ARTÍCULO 44: Esta Ley se aplicará a todos procesos de extradición que se presenten a partir de su entrada en vigencia y a los procesos anteriores a su entrada en vigencia se les aplicará las normas previstas en el Código Judicial". "ARTÍCULO 46: Esta ley comenzará a regir a los sesenta días de su promulgación." ( Ley No. 35 de 23 de mayo de 2013)" (ver fallo de 8 de octubre de 2013 del Pleno de la Corte). A su vez quedó establecido que tenía vigencia el Tratado de Extradición entre el Reino Unido y la República de Panamá para la entrega mutua de personas fugitivas de 1906 y que la República de Panamá adoptó mediante ley No. 5 de 26 de enero de 1907, ello en contraste con lo normado en el artículo 2596 del Código Judicial. Así las cosas, advierte esta Superioridad que uno de los motivos por los cuales el accionante sostiene deviene en ilegal la medida de detención provisional con fines de extradición del señor A.P. responde al hecho de que se sostiene que la solicitud o aviso de extradición, que la República de Canadá, materializó a través de Nota diplomática No. 045 de 27 de mayo de 2013, no estaba respaldada en documentación idónea que especificara los cargos que se le atribuía al señor PORTER y que sostuvieran en ese sentido la medida de detención provisional expedida por la Procuraduría General de la Nación, mediante providencia fechada 27 de mayo de 2013, amén de que se resalta que en el trámite de comunicar esta solicitud o aviso, no intervinieron las autoridades competentes, esto es, el Ministro de Relaciones Exteriores y la Procuradora General de la Nación. Para esta Corporación de Justicia estas alegaciones no le restan valor a la orden de detención provisional con fines de extradición, que en su momento expidiera la Procuraduría General de la Nación, al extremo de sostener que es arbitraria e ilegal, ya que hay que diferenciar que a través de la Nota 045 de 27 de mayo de 2013, estamos frente a un aviso de que se presentará solicitud de extradición y que en consecuencia se requiere que las autoridades panameñas disponga la detención provisional con dicho fin, ello sustentado en el Tratado de Extradición entre la República de Panamá y el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte, la Convención de las Naciones Unidas Contra la Delincuencia Organizada y la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares. Caso contrario, es la formalización de la solicitud de extradición, que de acuerdo a nuestro ordenamiento legal debe hacerse efectiva dentro del plazo de 60 días, contados desde el momento en que se dispone la orden de privación de libertad; término en el cual, el Estado requirente deberá formalizar la solicitud de extradición y acompañar la documentación que respalde su petitum. En esa vía resulta oportuno señalar que este aspecto fue considerado por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia en la citada resolución de 8 de octubre de 2013, cuando se conceptúo lo siguiente: "Además de ello es importante acotar que en la solicitud de detención provisional, el Estado requirente expuso las razones de su requerimiento, identifica a la persona a quien requiere, detalla frente a que delitos se esta investigado al señor A.P. en Canadá y se expresó el compromiso de formalizar la solicitud de extradición en el plazo estipulado en la ley, todo lo cual utiliza como marco legal el Tratado Bilateral de Extradición vigente entre ambos Estados, así como la Convención de las Naciones Unidas contra el Crimen Organizado Trasnacional." En la primera oportunidad que le correspondió, a este Tribunal de Habeas Corpus determinar si la providencia calendada 27 de mayo de 2013, cumplía con los presupuestos constitucionales y legales, se estimó que esta medida respondía a los casos y protocolos previstos en nuestro ordenamiento legal, ya que fue debidamente motivada y se dictó dentro del marco de una solicitud de extradición, en la cual, el Estado requirente expuso que cargos le atribuía al señor A.P., lo cual, es consultable en la Nota diplomática 045/13 de 27 de mayo de 2013, también allegada a este negocio y que corre a folio 14. Por otro lado, en cuanto a la intervención de la Directora General Encargada de Asuntos Jurídicos y Tratados, licenciada L.D., en el proceso de trasmitir el aviso de solicitud de extradición, al S. General de la Procuraduría General de la Nación, licenciado R.B., no representa a la luz de nuestro ordenamiento vigente, un motivo que revista de ilegalidad este procedimiento de extradición, ya que simplemente consiste en un trámite de comunicación, que el Ministerio de Relaciones Exteriores efectuó, a través de uno de sus departamentos, con el propósito de dar curso a lo pedido, misma situación que se aplica al S. General de la Procuraduría General de la Nación, quien sólo recepta la solicitud para dotarle el trámite pertinente ante las instancias respectivas. Estos servidores públicos que sólo coadyuvan en la labor que desempeñan cada una de sus dependencias. Aunado al hecho de que la medida de detención provisional es adoptada por la Procuradora General de la Nación, conforme lo exige nuestro ordenamiento legal, de allí que se conceptúa que este primer cargo de ilegalidad, en que se sustenta la presente acción, no le atribuye elementos de ilegalidad a la detención que padece en estos momentos el señor A.P.. De otro lado, en cuanto al hecho de que la solicitud de extradición no se formalizó en el plazo fatal de 60 días, conformé se estableció en la providencia de 27 de mayo de 2013, esta Superioridad estima pertinente citar el contenido del artículo 2502 del Código Judicial, que reza de la siguiente manera: "ARTÍCULO 2502: La solicitud de extradición o el aviso, dado por vía diplomática, de que se intenta presentarla formalmente con base en determinado hecho delictivo, dará lugar a la detención de la persona reclamada hasta por el término de sesenta días. Vencido dicho plazo, será puesto en libertad y no podrá ser detenida nuevamente por el mismo hecho, salvo el caso de que se presente el requerimiento de extradición de conformidad con lo dispuesto en el artículo anterior. La responsabilidad que se derive de la detención provisional corresponderá exclusivamente al Estado que hubiese solicitado la medida". Al contrastar el contenido de esta disposición legal con la realidad del presente negocio, este máximo Tribunal conceptúa que contrario a lo expuesto por el activador constitucional, sí se evidencia que la formalización de la solicitud de extradición, por parte del gobierno de Canadá, se da en el plazo establecido, esto es, los 60 días. Para sostener lo anterior, tomamos en consideración la información brindada por el Ministerio de Relaciones Exteriores, quien detalla que esta formalización se hizo efectiva, vía diplomática, a través de la nota 061 de 24 de junio de 2013, lo cual, es palmario de foja 44 a 46 del dossier. Este aspecto, del cual también se hizo referencia en resolución de 8 de octubre de 2013, cuando el Pleno sobre este punto indicó lo siguiente: "Así las cosas, se advierte que la tramitación de la solicitud de detención se surte en el término de la distancia, ya que es el mismo día 27 de mayo de 2013, que la Procuraduría General de la República, a través de resolución motivada accede al requerimiento, librando en consecuencia las respetivas notas de captura, que luego de hacerse efectiva, se cumple posteriormente con el requisito que sostenía esta orden de detención, esto es, que el Estado requirente dentro del plazo de 60 días, formalizó la solicitud de extradición, como en efecto lo hizo el 24 de junio de 2013, esto es, poco menos de un mes después de hecha efectiva la restricción de libertad del señor A.P..". Ahora bien, el único aditamento nuevo que se agrega en esta oportunidad como causa de ilegalidad, es el hecho de que el activador sostiene que el Ministerio de Relaciones Exteriores, pasado 4 días, de vencido los 60 días referidos, solicitó al Estado requirente información adicional respecto a ciertos cargos que se le atribuyen al señor PORTER, extendiendo en 30 días el plazo para que se cumpliera con este requerimiento. Respeto a este punto, esta Superioridad debe señalar que nuestro ordenamiento prevé esta situación como posible, y que prospera en el siguiente caso: "ARTÍCULO 2305. Recibida la solicitud formal de extradición, el Ministerio de Relaciones Exteriores examinará la documentación presentada. Si la encuentra insuficiente, antes de negar por tal motiva la extradición, concederá un plazo prudencial al Estado requirente para que subsane las deficiencias señaladas. Si la persona reclamada se halla detenida, a solicitud previa del Estado requirente, se advertirá a éste que dicha persona será puesta en libertad después de sesenta días.." ( lo resaltado es del Pleno) A juicio de esta Sala la actuación desplegada por el Ministerio de Relaciones Exteriores encuentra amparo en esta disposición legal; esta información adicional que como indicó el accionante fue suministrada por el gobierno de Canadá, en un término prudencial que no rebasó al asignado. Es oportuno aclarar, que las normas citadas establecen que se decretará la libertad inmediata del extradito, en el evento de que la formalización de la solicitud de extradición no se efectúe en el término de 60 días, situación que no acontece en este caso, donde este trámite se surtió en el período previsto, siendo en consecuencia que este Tribunal Constitucional no observa que se haya incurrido en pretermisiones que sostenga que es ilegal la medida de detención provisional decretada en contra del señor A.P.. Huelga señalar que el Ministerio de Relaciones Exteriores en su informe de conducta comunicó a esta Corporación de Justicia, que en la actualidad ya se ha emitido un pronunciamiento Ministerial en el cual, se concede, al Estado de Canadá, la solicitud de extradición. Esta decisión, fechada 7 de octubre de 2013, que indica fue notificada personalmente al señor A.P., quién a través de su apoderado legal presentó incidente de objeción ante la Sala Segunda de lo Penal, a quien le corresponderá decidir, en virtud de este incidente, si esta resolución responde a los presupuestos que exige nuestras normas vigentes. Este asunto que no le corresponde a este Tribunal Constitucional dirimir, por ser de estricta competencia de dicha Sala, amén de que nuestro examen se concreta en los aspectos puntuales en que descansa la iniciativa constitucional subjetiva propuesta, la cual, nos ha permitido conceptuar en conclusión, que no ha variado la situación del señor A.P.. Para este máximo Tribunal las circunstancias que motivaron en su momento la medida de detención provisional con fines de extradición, contra el señor A.P. y los trámites surtidos posteriormente, hasta la etapa en que nos encontramos, no riñen con nuestro texto constitucional y normas vigentes. Ante esta panorámica la medida que prevalece es decretar legal la medida de detención provisional con fines de extradición, decretada contra el señor A.P., ya que la misma fue decretada dentro del marco de un procedimiento de extradición, el cual, en estos momentos se regirá conforme a lo preceptuado en los artículos 2507 y 2508 del Código Judicial. PARTE RESOLUTIVA En mérito de lo anteriormente expuesto, el PLENO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL la medida de detención provisional con fines de extradición, decretada en contra del señor A.P., dentro del proceso de extradición seguido en su contra. N., HARLEY J. MITCHELL D. ALEJANDRO MONCADA LUNA OYDÉN ORTEGA DURÁN JOSÉ E. AYÚ PRADO CANALS VÍCTOR L. BENAVIDES P. HERNÁN A. DE LEÓN BATISTA HARRY A. DÍAZ LUIS R. FÁBREGA S. JERÓNIMO MEJÍA YANIXSA Y. YUEN SECRETARIA GENERAL HARLEY J. MITCHELL D. ALEJANDRO MONCADA LUNA -- OYDÉN ORTEGA DURÁN -- JOSÉ EDUARDO AYU PRADO CANALS -- VICTOR L. BENAVIDES P. -- HERNÁN A. DE LEÓN BATISTA -- HARRY ALBERTO DÍAZ GONZÁLEZ -- LUIS RAMÓN FÁBREGA SÁNCHEZ -- JERÓNIMO MEJÍA E. YANIXSA Y. YUEN C. (Secretaria General)