Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 24 de Enero de 2014

PonenteOydén Ortega Durán
Fecha de Resolución24 de Enero de 2014
EmisorPleno

VISTOS:

Ha ingresado para conocimiento del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, la Acción de A. de Garantías Constitucionales interpuesta por el licenciado E.C.G. en nombre y representación de M.F.A.M. contra la Resolución N° 9309 de cinco (05) de junio de dos mil trece (2013), emitida por el Servicio Nacional de Migración.

ADMISIBILIDAD DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL

Luego del sorteo y reparto correspondiente, el Magistrado Sustanciador mediante Providencia de veintiocho (28) de agosto de dos mil trece (2013) se ordenó la admisión de la presente Demanda de A. por cumplir con los presupuestos procesales para su admisión, requiriendo a la Autoridad demandada un informe acerca de los hechos materia de la Acción constitucional.

POSICIÓN DE LA AUTORIDAD DEMANDADA

La Autoridad Demandada mediante Nota S.N. de fecha veintinueve (29) de agosto de dos mi trece (2013), en tiempo oportuno dio respuesta a nuestra petición de la siguiente manera:

"...

La ciudadana M.F.A.M., de nacionalidad dominicana, fue remitida por la Dirección General del Sistema Penitenciario, mediante Nota No. 37-C..F.R./S.J de 23 de mayo de 2013, tras haber cumplido la pena total de 40 meses por el Delito contra la Seguridad Colectiva (Posesión Agravada de Droga).

La conducta de la ciudadana M.F.¿.M. de nacionalidad dominicana, viola a todas luces la legislación migratoria vigente, por la cual el Servicio Nacional de Migración en ejercicio de las facultades legales previamente establecidas procede a decretar la detención de la señora A., mediante Resolución de Detención N° 0948 de 23 de mayo de 2013, sustentándonos para tales efectos en el numeral 18 del artículo 6 del Decreto Ley No.3 del 22 de febrero de 2008, que a su letra dispone:

Artículo 6: El servicio de Migración tiene las siguientes funciones:

1. .................................

18. A., custodiar y detener a los extranjeros que infrinjan las disposiciones de la legislación migratoria, en los términos previstos en el presente Decreto Ley.

Que el numeral 7 del artículo 31 del Decreto Ley 3 de 22 de febrero de 2008 faculta al Director General del Servicio Nacional de Migración, para cancelar la permanencia Definitiva o residencia en el territorio nacional a los extranjeros que incurran en delitos dolosos, tal y como en efecto aconteció con la ciudadana M.F.A.M., de nacionalidad dominicana.

"Artículo 31: El Director del Servicio Nacional de Migración podrá cancelar la permanencia o residencia en el territorio nacional, al extranjero no residente, residente temporal o permanente, en cualquiera de sus subcategorías migratorias, por las siguientes causas:

1. ...........................................................

7. Haber sido condenado por a comisión de delito doloso o por defraudación fiscal." (Lo subrayado es nuestro)

Que de conformidad con lo establecido en el Artículo 71 del Decreto Ley No. 3 del 22 de febrero de 2008, el Servicio nacional de Migración podrá expulsar del territorio nacional a los extranjeros que hayan sido condenados por un delito doloso, luego de haber cumplido su pena, en el caso de la ciudadana M.F.A.M., de nacionalidad dominicana, Delito contra la Seguridad Colectiva (Posesión Agravada de Droga).

"Artículo 71: El Servicio Nacional de Migración podrá expulsar al extranjero que:

1...............................................

2. Sea una amenaza para la seguridad colectiva, la salubridad o el orden público.

3. Haya sido condenado por un delito doloso, luego de haber cumplido su pena. (Lo subrayado es nuestro)

Que por lo antes expuesto el Servicio Nacional de Migración ordena la expulsión del territorio nacional de la señora M.F.A.M.,mujer, de nacionalidad dominicana, mediante Resolución No. 9309 del 5 de junio de 2013, la cual se encuentra debidamente notificada, en virtud de que fue condenada por el Juzgado Décimo ramo Penal de Panamá, Delito contra la Seguridad Colectiva (Posesión Agravada de Droga).

Que el día 7 de junio de 2013 el apoderado legal de la señora A., presentó formal Recurso de Reconsideración en contra de la Resolución No. 9309 del 5 de junio de 2013, por medio de la cual se ordena la expulsión del territorio nacional de la interesada. Dicho recurso fue resuelto mediante Resolución No. 10149 del 18 de junio de 2013, la cual confirma en todas sus partes la Resolución No. 9309 del 5 de junio de 2013. dicha resolución se encuentra debidamente notificada.

Que conforme a lo establecido en el artículo 7 de la precitada excerta legal, no podrá ingresar al territorio nacional y en su defecto será expulsado de manera definitiva y permanente.

..."

ALEGATOS DEL ACCIONANTE

Arguye el accionante que desde el veintitrés (23) de mayo de dos mil trece (2013) su patrocinada luego de cumplir una condena de prisión por Delito contra la Salud Pública, fue puesta a órdenes del Servicio Nacional de Migración para ser expulsada a su país de origen.

Destaca el letrado C.G. que en Resolución N° 9309 de cinco (5) de junio de dos mil trece (2013) se indicó que su defendida se encontraba indocumentada, razón por la cual fue recluida en el Albergue Femenino del Servicio Nacional de Migración.

A criterio del activador constitucional el Acto atacado riñe con los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política de la República de Panamá, lo que da lugar a la interposición de la Acción bajo estudio, pues según el letrado C.G., el acto atacado no toma en cuenta que su patrocinada cuenta con un status migratorio legal en la República de Panamá, el cual le fue concedido mediante Resolución N° 3383 de ocho (8) de marzo de dos mil siete (2007). Sostiene que a través de dicho Acto administrativo se le concedió su Permanencia Definitiva, con derecho a cédula de identidad personal y hasta la fecha no ha sido notificada de ninguna otra Resolución que revoque tal decisión, por lo que a su criterio la detención es una total violación al debido proceso, ya que la Autoridad administrativa pretende expulsar a su poderdante, dejando, al decir del accionante, "en un limbo jurídico su verdadero status migratorio".

Arguye el activador constitucional que su representada está legalmente casada con el señor B.E.F.S., quien es panameño por nacimiento. Asimismo, sostiene que si se ejecuta la medida proferida por el Servicio Nacional de Migración "se resquebrajaría una familia".

Indica el amparista que la señora A.M. es madre de dos (2) menores de edad nacidos en Panamá, cuyos nombres y cédulas de identidad personal son: Y.D.T.A., con cédula 8-904-960 y L.M.F.A. con cédula 8-951-1981. Sostiene el letrado C.G. que este último muestra un cuadro de retraso mental leve, según consta en informe de evaluación psicológica para uso escolar, elaborado por el Policentro de Salud de J.D. del Ministerio de Salud. Destaca el amparista que de cumplirse lo dispuesto en la Resolución atacada, se le estaría negando a los niños la oportunidad de ser personas útiles y de un futuro próspero, por lo que se convertirían en una carga para el Estado panameño.

Asimismo, destaca que con la orden de expulsión en contra de su mandante no solo se le priva a ella de ver crecer a sus hijos, sino también se está condenando a los menores, pues su estado emocional y moral se vería afectado. Además, ambos se verían privados del derecho a la educación, base principal de todo buen ciudadano.

Alega el accionante que si bien su defendida cometió un delito, ella cumplió su Sentencia condenatoria, por lo que a su juicio, saldó su deuda con la sociedad panameña. Comenta que su representada está dispuesta a reinsertarse a la sociedad, ya que se encuentra arrepentida de su error y solo quiere una oportunidad para vivir al lado de sus hijos y demostrar que es una persona de bien.

Indica que en el caso que nos ocupa, la Autoridad atacada no está tomando en cuenta el interés superior del menor, ya que se le está privando a los niños a sentir el cariño y amor de madre y a estar junto a ella para que ésta los eduque y les brinde el debido cuidado que merecen.

Concluye el activador constitucional su libelo de A., sosteniendo que el Director del Servicio Nacional de Migración no se ha detenido a meditar el impacto social que con su ordenanza le ha ocasionado directamente a los menores de edad e indirectamente a la sociedad panameña, por lo que a juicio del amparista, el funcionario demandado está "lanzando a estos jóvenes a un despeñadero social como lo es la drogadicción, la prostitución y la comisión de otros delitos que obviamente nos afectaran como sociedad y esa nos es la política del Estado panameño con respecto a sus conciudadanos".

CONSIDERACIONES DEL PLENO:

Luego de la exposición de los argumentos centrales del Amparista y el Informe rendido por la Autoridad demandada, le corresponde a este Tribunal Constitucional de A. verificar si en efecto, tal cual lo indica el Accionante, al emitir el Servicio Nacional de Migración la Resolución N° 9309 de cinco (05) de junio de dos mil trece (2013), mediante la cual se resolvió expulsar del territorio nacional a la ciudadana M.F.A.M., natural de la República Dominicana, se vulneraron normas constitucionales, específicamente, los artículos 32, 56 y 57 de la Constitución de la República de Panamá, cuyos contenidos son los siguientes:

"ARTÍCULO 32. Nadie será juzgado, sino por autoridad competente y conforme a los trámites legales, y no más de una vez por la misma causa penal, administrativa, policiva o disciplinaria.

ARTÍCULO 56. El Estado protege el matrimonio, la maternidad y la familia. La Ley determinará lo relativo al estado civil.

El Estado protegerá la salud física, mental y moral de los menores y garantizará el derecho de éstos a la alimentación, la salud, la educación y la seguridad y previsión sociales. Igualmente tendrán derecho a esta protección los ancianos y enfermos desvalidos.

ARTÍCULO 57. El matrimonio es el fundamento legal de la familia, descansa en la igualdad de derechos de los cónyuges y puede ser disueltos de acuerdo con la Ley".

Del contenido de las normas antes transcritas, el Pleno de la Corte debe inferir que el derecho al matrimonio es un derecho fundamental de toda pareja que decide hacer una familia, por tanto, el Estado está en la obligación de proteger el mismo en todo momento.

Del caudal probatorio aportado por el activador constitucional a su libelo de Demanda de A., esta Superioridad observa que visible a fojas 5 a 7 constan los Certificados de Nacimientos de Y.D.T.A., con cédula 8-904-960 y L.M.F.A. con cédula 8-951-1981, mediante los cuales la Dirección Nacional del Registro Civil del Tribunal Electoral de Panamá certifica "que en el Tomo N° 904 de inscripciones de nacimientos de la provincia de Panamá, en la Partida N° 960 se encuentra inscrito el nacimiento de Y.D.T.A., con fecha de nacimiento 12 de marzo de 1996, así como también en el Tomo N° 951 de inscripciones de nacimientos de la provincia de Panamá, en la Partida N° 1881 se encuentra inscrito el nacimiento de L.M.F.A. con fecha de nacimiento 17 de septiembre de 1999", los cuales a la fecha no cuenta con su mayoridad de edad. Igualmente, a foja 5 del expediente de A. consta el certificado de matrimonio celebrado entre la señora M.F.A.M. y Barrington Earle Forbes Sprauve con cédula 8-701-1581, quien es el padre de uno de sus hijos y su actual esposo.

Como se indicó en líneas que preceden, se advierte que mediante Resolución N° 9309 de cinco (05) de junio de dos mil trece (2013) se ordenó la expulsión de la señora M.F.A.M., luego de cumplir la totalidad de la sanción que fue impuesta por parte del Juzgado Décimo Penal, debido a la comisión de un Delito contra la Seguridad Colectiva.

Esta Corporación de Justicia debe indicar que si bien las actuaciones del Servicio Nacional de Migración han sido realizadas dentro de las facultades que le otorga la ley, esto es, el numeral 3 del artículo 71 del Decreto Ley N° 3 de 2008, ya que se advierte que dicha excerta legal permite expulsar a los extranjeros que hayan sido condenados por delitos dolosos, aún cuando posean la residencia definitiva, no puede soslayarse que estamos ante una situación de singular importancia, la cual nos obliga recordar principios como lo es el "pro homine", que conlleva a la utilización de una interpretación jurídica encaminada a buscar el mayor beneficio de la persona. Así, en el caso que nos ocupa debemos procurar una solución justa en el tema de la expulsión de la señora A.M., en razón de las constancias probatorias habidas en el expediente, es decir, debido a que la beneficiaria se encuentra casada con panameño por nacimiento y tiene dos (2) hijos menores de edad nacidos en el territorio nacional. Además, se advierte que el Servicio Nacional de Migración mediante Resolución N° 3383 de ocho (08) de marzo de dos mil siete (2007) concedió permanencia definitiva a la señora A.M., lo que significa que la misma Autoridad en este caso luego de evaluar las pruebas respectivas, resolvió concederle la permanencia definitiva en el territorio panameño a la beneficiaria.

Dado los hechos antes expuestos, esta Superioridad estima que lo oportuno es mantener la estadía en el territorio nacional a la señora A.M., por razones humanitarias, ya que si bien como se ha señalado consta que la señora fue condenada por Delito contra la Seguridad Colectiva, lo que faculta al Servicio Nacional de Migración a expulsarla de nuestro territorio, la Autoridad ha dejado de considerar las repercusiones que las decisiones que se adopten en esta materia tendrían sobre la unión familiar con su esposo y dos (2) hijos menores de edad, siendo que su vida familiar ha sido desarrollada en Panamá y no en su país de origen.

En este sentido, el Pleno de la Corte considera oportuno darle a la señora A.M. una oportunidad, con la condición que si llegase a reincidir en acciones delictivas de cualquier naturaleza, las Autoridades de Migración tendrían la potestad de aplicar la medida prevista en el artículo 71 del Decreto Ley N° 3 de 22 de febrero de 2013, en relación con lo dispuesto en el artículo 31 lex. cit., es decir, expulsar definitivamente a la beneficiaria de la Acción bajo estudio.

Es importante recordar que el Servicio Nacional de Migración no solo se encuentra facultado para sancionar, detener y deportar a quienes contraríen nuestras disposiciones migratorias, sino que le permite ponderar situaciones como las que nos ocupa, "con estricto apego a los derechos humanos", procurando "preservar el interés superior de las personas menores de edad y la unidad familiar", tal como lo dispone los artículos 2, 66 y 85 del Decreto Ley N° 3 de 2008, cuyos textos son del siguiente tenor:

Artículo 2. Se crea el Servicio Nacional de Migración, como una institución de seguridad pública y de gestión administrativa, adscrita al Ministerio de Gobierno y Justicia, sujeta a la política migratoria que dicte el Órgano Ejecutivo y fiscalizada por la Contraloría General de la República.

El servicio Nacional de Migración ejercerá sus facultades en todo el territorio nacional y contará con la organización, los medios y recintos migratorios dentro de las facilidades aéreas, marítimas y terrestres de la República. En el cumplimiento de sus funciones, se atendrá a los principios de legalidad, orden, eficiencia, transparencia, profesionalismos, disciplina y simplificación de los trámites migratorios con estricto apego a los derechos humanos. (Destaca el Pleno de la Corte)

Artículo 66. El Servicio Nacional de Migración antes de ordenar la deportación, deberá:

1. Comprobar la existencia de los hechos que la motivan.

2. Escuchar la defensa que haga el extranjero personalmente o mediante abogado.

3. Respetar los derechos humanos y las garantías fundamentales del extranjero.

4. Decretar la detención.

5. Notificar personalmente la resolución que ordena la detención.

6. Procurar que se preserve el interés superior de las personas menores de edad y la unidad familiar. (Destaca el Pleno de la Corte)

Artículo 85. El migrante irregular será puesto a órdenes del Director General del Servicio Nacional de Migración, quien tendrá un término de veinticuatro horas para ordenar la detención o dejarlo en libertad.

Si al presentar sus descargos muestra evidencia de que puede cumplir con los requisitos para regularizar si condición migratoria, tendrá la opción de legalizar su permanencia, o de abandonar el país por sus propios medios dentro de un término prudencial que no podrá ser mayor de diez días calendario, sin perjuicio de las otras sanciones que establezca la ley

Esta Corporación es del criterio que las disposiciones antes transcritas guardan relación con lo dispuesto en las normas constitucionales que se alegan como vulneradas, esto es, los artículos 56 y 57 de nuestra Carta Magna, las cuales establecen con claridad que le corresponde al Estado panameño proteger la familia, con estricto apego a los derechos humanos, razón por la cual esta Superioridad es del criterio que han sido vulneradas las normas constitucionales alegadas, ya que se advierte que las disposiciones migratorias permiten al momento de adoptar determinada decisión que se procure la unidad familiar, ello en razón a que como hemos indicado en el caso que nos ocupa se ha comprobado que la señora M.F.A.M. mantiene una familia legalmente constituida en este país, por lo que la expulsión de ésta hacia su país de origen, afectaría su relación familiar, razones por las cuales es que debe esta Corporación de Justicia conceder la Acción de A. bajo estudio.

En atención a lo expuesto, transcribimos Sentencia de cinco (5) de julio de dos mil diez (2010) de esta Corporación Judicial, la cual señala en su parte pertinente lo siguiente:

"...

El Pleno de la Corte ha indicado en ocasiones anteriores, en relación a la facultad de las autoridades de la Dirección de Migración y Naturalización para imponer una medida de detención y/o de deportación a ciudadanos extranjeros residentes en nuestro país, que debe ser ejercida acorde con la realidad fáctica, de forma tal que no ponga en peligro la institución del matrimonio y de la familia protegida por el Estado panameño, en el artículo 52 de la Constitución Política, que a la letra dispone:

Artículo 52. El Estado protege el matrimonio, la maternidad y la familia. La Ley determinará lo relativo al estado civil.

En este caso, se aprecia que el señor BALOY CORDOBA tienen muchos años de residir en el país, que cuenta con una familia y si bien, acaba de cumplir una condena por la comisión de un delito, no se advierten elementos de gravedad que justifiquen la medida emitida en su contra sino que por el contrario esta afecta su situación personal en cuanto al lugar de residencia y la relación con su familia, que ha formado en este país". (Destaca el Pleno de la Corte)

Por otra parte, esta Superioridad observa que el amparista invoca la vulneración del debido proceso al expedir el Sistema Nacional de Migración una Resolución, mediante la cual se resolvió expulsar del territorio nacional a la ciudadana M.F.A.M., natural de la República Dominicana, en razón que la misma cumplió la totalidad de la pena del delito contra la seguridad colectiva, por el cual fue sindicada por parte del Juzgado Décimo Penal, contrariando al decir del amparista, el citado Decreto Ley N° 3 de 2008.

No obstante lo anterior, el Servicio Nacional de Migración al emitir el Acto atacado se encontraba debidamente facultado por el artículo 71 del Decreto Ley N° 3 de 2008, habiendo dictado la Resolución que fue notificada oportunamente a la interesada, razón por la cual esta Superioridad estima que no fue vulnerado el citado artículo 32 de nuestra Carta Magna.

Esta Corporación Judicial es del criterio que los cargos invocados por la amparista infringen únicamente los artículos constitucionales 56 y 57 de la Constitución Política y no así el artículo 32, ya que como se ha indicado, si bien la Autoridad demandada estaba facultada por ley para cancelar la permanencia definitiva otorgada en su momento a la señora A.M. y por tanto, ordenar la expulsión a su lugar de origen, en razón que esta fue condenada por delito doloso; no obstante, como se ha advertido, la beneficiaria de la presente Acción cuenta con una familia en nuestro territorio, de allí que le corresponde al Estado panameño tutelar dicho bien jurídico fundamental, por lo que a fin de actuar en justicia lo procedente es conceder la Acción de A., por tanto, así se pronuncia.

En mérito de lo expuesto, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONCEDE la Acción de A. de Garantías Constitucionales promovida por el licenciado E.C.G. en nombre y representación de M.F.A.M. y en consecuencia, REVOCA la orden de expulsión contenida en la Resolución N° 9309 de cinco (05) de junio de dos mil trece (2013), emitida por el Servicio Nacional de Migración.

N. y Cúmplase.

OYDÉN ORTEGA DURÁN

GABRIEL E. FERNÁNDEZ M -- VICTOR L. BENAVIDES P. -- HERNÁN A. DE LEÓN BATISTA -- HARRY ALBERTO DÍAZ GONZÁLEZ -- LUIS RAMÓN FÁBREGA SÁNCHEZ -- LUIS MARIO CARRASCO M. -- HARLEY J. MITCHELL D. -- ALEJANDRO MONCADA LUNA

YANIXSA Y. YUEN. (Secretaria General)

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