Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 24 de Enero de 2014

PonenteOydén Ortega Durán
Fecha de Resolución24 de Enero de 2014
EmisorPleno

VISTOS: La Licenciada K.A.U., presentó al Pleno de la Corte Suprema de Justicia una Acción de H.C., a favor de L.E.R. y en contra el Director General del Sistema Penitenciario. ANTECEDENTES La Licenciada K.A.U., presentó Acción de H.C. a favor de L.E.R., en contra del Juez Primero Nocturno de Policía, Licenciado E.S., a fin que se decrete ilegal detención preventiva emitida en contra del prenombrado y en consecuencia se ordene su inmediata libertad. En lo esencial, la A. señaló que L.E.R. fue condenado a trescientos sesenta y cinco (365) días de arresto por H. y se encuentra detenido desde el 25 de enero del 2013, sin que se cumpliera con el debido Proceso para tal condena, indicando que el funcionario atacado se fundamentó en la Ley 112 de 30 de diciembre de 1974. Señaló la Licenciada K.Á.U. que la Ley le impone al Juez Nocturno la obligación de realizar la consulta que establece el Artículo 17 de la Ley 112 de 30 de diciembre de 1974. Que mientras la condena no sea consultada con su superior, no se encuentra la Resolución ejecutoriada, por lo que al no cumplirse el requisito de la consulta, la Resolución no podía ser ejecutada, pues no estaba en firme. Destacó la A. que a pesar que la Ley le impone a los jefes de Policía la obligación de consultar y que reiterados fallos de la judicatura se les ha señalado tanto a los Corregidores como a los Jueces de Policía Nocturnos su deber de acatar el contenido del Artículo 17 de la Ley 112 de 30 de diciembre de 1974, éstos insisten en establecer sanciones superiores a los sesenta (60) días de arresto sin cumplir con este requisito, el cual es indispensable en los procesos correccionales de Policía. Finalizó señalando la Licenciada Á. que al señor L.E.R. , lo detienen el día 25 de enero de 2013, no se le reciben descargos, no se le realiza audiencia, pero lo condenan sin seguir el debido Proceso y el mismo 25 es enviado al Centro de detención de Tinajitas, lo que demuestra una inusual celeridad en la tramitación y decisión del Proceso, lo que constituye en una clara violación a toda norma que proteja el derecho del ciudadano a ser escuchado y demostrar su inocencia. SUSTANCIACIÓN Acogida la acción constitucional, se libró el mandamiento de H.C. correspondiente, el que tuvo lugar mediante P. de fecha seis (6) de diciembre de 2013, en la que se solicitó al Director del Sistema Penitenciario, que informara sobre la existencia o no de la orden de detención preventiva emitida contra el recurrente si la hubiese, los motivos de hecho y de derecho que sirven para fundamentarla y si el beneficiario de esta Acción estaba bajo sus órdenes o, de haberlo transferido, indicar exactamente a quién, en qué tiempo y por qué causa. La autoridad demandada remitió a esta Corporación el Informe correspondiente mediante Nota No. 2324 -DGSP-DAL del veintiséis (26) de noviembre de 2013, en el que señala lo siguiente: "... El suscrito en su condición de Director General del Sistema Penitenciario, no ha ordenado verbalmente ni por escrito, la detención del señor L.E.R.G. , con cédula de identidad personal N° 8-736-367. ... Los motivos o fundamentos son desconocidos, en virtud de que no ordenamos la detención del prenombrado. ... Si tenemos bajo nuestra orden al privado de libertad L.E.R.G. con cédula de identidad personal No. 8-736-367. El mencionado registra en nuestra base de datos condena de trescientos sesenta y cinco (365) días de prisión por el Juzgado Nocturno de Panamá por la comisión de Delito de H., Abusos de confianza y otros. ..." CONSIDERACIONES DEL PLENO. La Acción de H.C. tiene por objeto revisar si la detención de una persona ha sido proferida cumpliendo con las formalidades que prescribe la Constitución y la Ley, fundamentalmente si la orden ha sido emitida por autoridad competente, si consta por escrito, si se describen los hechos y circunstancias que acreditan tanto la ejecución de la conducta punible, como la vinculación de la persona cuya detención se ordena. Estos requisitos están contendidos en el artículo 21 de la Constitución Nacional, constituyéndose en un derecho que tiene la persona que se sienta agraviada o sienta que se han tomado medidas que atentan contra su libertad corporal, de interponer la Acción de H.C., para que sea revisada por parte de la autoridad superior, la legalidad o ilegalidad de esa detención. Luego de estas consideraciones generales, corresponde al Pleno de esta Corporación de Justicia resolver la presente Acción de H.C., a fin de determinar si la privación de libertad aplicada a L.E.R.G., es legal o ilegal. Observa esta Corporación Judicial que estamos ante una privación de libertad ordenada por Juez Primero Nocturno de Policía del distrito de Panamá, por tanto, debemos tener en cuenta lo establecido en la Ley 112 del 30 de diciembre de 1974, la cual regula el ejercicio de Justicia Administrativa Policial en los distritos de Panamá, San Miguelito y C. y se dictan otras consideraciones. En este sentido es necesario destacar que L.E.R.G., fue condenado por el Juez Primero Nocturno de Policía del distrito de Panamá al pago de una multa de trescientos sesenta y cinco (365) días multas, que deberá pagar a favor del Tesoro Nacional o en su defecto quedará detenido por el término de sanción impuesta, a razón de un (1) dólar por cada día de prisión hasta cumplir los trescientos sesenta y cinco (365) días en el Centro Penitenciario de Tinajitas. Cabe destacar que mediante Oficio N° SG-35 del seis (6) de enero de 2014, se solicitó al Juez Primero Nocturno de Policía, copias autenticadas de toda la documentación relacionada con el Proceso seguido a L.E.R.G. y mediante Oficio N-02 del 9 de enero de 2014, el Juez Primero Nocturno de Policía remitió copias autenticadas del expediente contentivo del Proceso Correccional de Policía, seguido a L.E.R.G.. Observa esta Corporación Judicial que el Proceso Correccional de Policía seguido a L.E.R.G., guarda relación con el Informe de novedad suscrito por el Sargento Primero Jerónimo De Gracia , quien informó que el día 25 de enero del 2013, se encontraba de servicio en el Sector de A.D. en el vehículo 80417, conducido por el C.J.B., cuando les comunicaron que procedieran al sector de S.G. calle final que le expondrían un caso. Indicó el Agente de Policía que al llegar al lugar se mantenía el ciudadano J.A.L.B., quien le informó que en los predios de su propiedad mantenía unos sembradíos y que el señor L.E.R.G. se los estaba hurtando. Consta en las copias del expediente en estudio, la Resolución fechada veintiséis (26) de enero del 2013, en la que el Juez Primero Nocturno de Policía del Distrito de Panamá sancionó a L.E.R.G., por el delito de HURTO y lo condenó al pago de una Multa de trescientos sesenta y cinco (365) días multas. (fojas 26-27) En este sentido, tenemos que el procedimiento aplicable en este caso es el establecido en el Artículo 17 de la Ley 112 de 30 de diciembre de 1974, que establece lo siguiente: Artículo 17: Toda Resolución dictada por los Corregidores y por los Jueces de Policía Nocturnos que establezca una sanción de arresto mayor de sesenta (60) días deberá ser consultada obligatoriamente ante la Comisión de Apelaciones y Consultas que deberá confirmarla, revocarla o modificarla, según sea el caso, en el término de quince (15) días. Las apelaciones y consultas de los casos que se ventilen en primera instancia en los Juzgados de Policía Nocturnos de Panamá y San Miguelito se surtirán ante la Comisión de Apelaciones y Consultas del respectivo Distrito. Ahora bien, resulta importante indicar que el Artículo 21 de la Constitución Nacional establece que una persona sólo puede ser privada de su libertad, mediante mandamiento escrito de Autoridad competente expedido de acuerdo a las formalidades y por motivos previamente definidos en la ley. (Lo destacado es del Pleno). En el caso que nos ocupa, considera el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, que no se ha cumplido plenamente con las formalidades establecidas en la Constitución y la Ley, puesto que de acuerdo con las constancias procesales, el Juez Nocturno no remitió en Consulta ante la Comisión de Apelaciones y Consultas la Resolución que sancionó a L.E.R.G., sino que el mismo día que profiere la Resolución, es decir, el 26 de enero del 2013, remitió la "B. de Preventiva" a la Policía Nacional para que se mantuviese detenido el señor R.G. y el día 27 de enero del 2013, remitió la "B. de Condena" para que se hiciera efectiva la pena de trescientos sesenta y cinco (365) días de arresto del ciudadano L.E.R.G., por lo que no se cumplió con lo establecido en el Artículo 17 de la Ley 112 de 1974, trascrito en párrafos anteriores. Además, únicamente se hace alusión en la Resolución del 26 de enero del 2013, que se efectúo audiencia oral y que el encartado R.G., no aceptó la comisión del ilícito cometido, pero no existe constancia que efectivamente se haya realizado la audiencia correspondiente que haya garantizado el derecho de defensa de. De igual forma no existe constancia en las copias del expediente que se le haya notificado personalmente al sancionado de la Resolución proferida en su contra, a pesar de lo establecido en el Artículo 18 de la Ley 112 de 1974, que dispone que: "En la primera y última de las notificaciones que se hagan en primera instancia en los casos de que trata esta Ley serán personales, ya sea directamente a las partes o sus representantes legales." Tampoco consta que el mismo haya ejercido el derecho ha impugnar la Resolución, puesto que el mismo día que se profirió la Resolución del 26 de enero del 2013, se giró la B., ordenando se mantuviera detenido a L.E.R.G. y al día siguiente, el 27 de enero del 2013, se emitió la B. de Condena para hacer efectiva la pena de trescientos sesenta y cinco (365) días de arresto. Conforme a lo anteriormente expuesto, estima el Pleno que no se ha cumplido plenamente con los requisitos establecidos en el Artículo 21 de la Constitución y los Artículos 17 y 18 de laLey 112 del 30 de diciembre de 1974, pues resulta indispensable que luego de proferida la Resolución de condena que fue superior a los sesenta (60) días establecidos en la Ley 112 de 1974, se remitiera en grado de consulta ante la Comisión de Apelaciones y Consultas. Aunado a lo anterior se evidencia una vulneración al derecho de libertad personal al no haberse notificado al sancionado R.G. de la Resolución fechada 26 de enero del 2013, lo que limitó su derecho a de impugnar la referida Resolución, por lo que consideramos que el trámite efectuado por el Juez Primero Nocturno del Distrito de Panamá, dentro del Proceso Administrativo Correccional de Policía, por el Delito de Posesión de objetos de dudosa procedencia seguido a L.E.R.G., adolece de las formalidades legales contemplados en nuestro ordenamiento jurídico. En base a lo anterior, esta Corporación de Justicia procede a decretar la ilegalidad de la privación de la libertad del ciudadano L.E.R.G., ordenada por Juez Primero Nocturno del Distrito de Panamá, mediante Resolución de 26 de enero de 2013. PARTE RESOLUTIVA En consecuencia, EL PLENO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA ILEGAL privación de libertad dictada contrael señorLUIS E.R.G.. En consecuencia ordena LA INMEDIATA LIBERTAD del sindicado L.E.R.G., siempre y cuando no tenga ninguna otra causa pendiente. N., SE PASA EXPEDIENTE PAR LECTURA Y FIRMA, TODA VEZ QUE EL DETENIDO CUMPLE LA PENA HOY, POR LO TANTO EL HABEAS CORPUS SE ESTÁ DECLARANDO ILEGAL Y ORDENANDO LA LIBERTAD. OYDÉN ORTEGA DURÁN JOSÉ EDUARDO AYU PRADO CANALS -- VICTOR L. BENAVIDES P. -- HERNÁN A. DE LEÓN BATISTA -- HARRY ALBERTO DÍAZ GONZÁLEZ -- LUIS RAMÓN FÁBREGA SÁNCHEZ -- JERÓNIMO MEJÍA E. -- HARLEY J. MITCHELL D. -- ALEJANDRO MONCADA LUNA YANIXSA Y. YUEN C. (Secretaria General)

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