Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Pleno), Pleno, 14 de Noviembre de 2013

Ponente:Harley J. Mitchell D.
Fecha de Resolución:14 de Noviembre de 2013
Emisor:Pleno
 

VISTOS: Conoce la Corte Suprema de Justicia, en Pleno, de la ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, que la M. S.E.M.B., Defensora Pública, promueve contra la resolución de 20 de agosto de 2012, dictada por el Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia de Panamá. Luego de satisfecho el itinerario procesal, por el cual, debe transitar la presente acción constitucional, procede esta Superioridad a decidir lo que en derecho corresponda. ESCRITO DE AMPARO La M.S.E.M.B., actuando en representación del adolescente A.O.S.R, promueve A. de Derechos Fundamentales, contra la resolución fechada 20 de agosto de 2012, dictada por el Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia de Panamá, ya que alega que a través de esta orden se vulneró el debido proceso que consagra el artículo 32 constitucional, en concepto de violación directa por omisión. Expone la gestora constitucional, que dentro del proceso seguido a su representado, por delito Contra la Vida y Integridad Personal, en perjuicio de O.A.M. (q.e.p.d.) la Fiscalía Superior de Adolescencia del Tercer Circuito Judicial de Panamá dispuso, mediante resolución fechada 11 de junio de 2012, la detención provisional de su procurado, por el término de 9 meses. En ese orden de ideas destaca, que posteriormente a través de Auto Penal No. 39 de 15 de junio de 2012, el Juzgado Penal de Adolescente, modificó esta decisión y, en consecuencia, dispuso la aplicación de medidas cautelares distintas, a cumplir en el plazo de 6 meses; esta decisión que asevera la promotora constitucional se asume ante la insuficiencia de medios probatorios que lo vinculen al hecho. Acto seguido, sostiene la accionante que el Ministerio Fiscal anunció recurso de apelación contra esta decisión; no obstante, el J. de instancia rechazó de plano el recurso anunciado, atendiendo a lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley 40 de 1999, que establece que resoluciones de este tipo son irrecurribles. Indica, que frente a lo decidido, la Fiscalía Superior de Adolescente promovió recurso de hecho, el cual, el Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia, mediante resolución fechada 20 de agosto de 2012, admitió y dispuso en consecuencia, se surtiera el trámite del recurso de apelación anunciado contra el Auto Penal No. 39 de 15 de junio de 2012. Luego del recuento de las principales actuaciones libradas dentro de este proceso penal, concluye la activadora constitucional que lo decidido en esta última resolución contraviene el debido proceso, ya que alega que estas medidas no son susceptibles de recurso alguno. Agrega, que a través de este acto el Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia, ha conculcado derechos fundamentales que le asisten a su representado, ya que indica que estamos frente a una medida restrictiva, que en todo caso afectaba a su procurado, siendo éste, en todo caso, el único que podía presentar este medio de impugnación y no el Ministerio Fiscal. Explica que desde que inició esta jurisdicción especial, la corriente seguida es que las normas penales se interpreten en favor de los intereses del adolescente. Esta interpretación que asevera es de carácter restrictivo, tanto es así, que refiere que antes ninguna Fiscalía de Adolescente impugnaba estas resoluciones, ya que sabían que entre las facultades que se le confiere al J. Penal, se encuentra el poder modificar las medidas de restricción corporal, por medidas distintas. Y, para ello, cita el fallo de 23 de diciembre de 2003 que evidencia esta posición por parte del Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia, de allí, que le sorprende haya variado esta postura. Precisa, que estamos frente a un Sistema Penal de Adolescente, que está a la vanguardia del sistema acusatorio, donde el Ministerio Fiscal pierde el control que ejercía sobre la privación de libertad, ya que faculta al J. Penal a realizar el control de legalidad de aquellas medidas de detención impuestas por el Ministerio Público. Esta facultad que consiste, en verificar si la medida cumple con los presupuestos que exige el artículo 57 de la Ley 40, bajo el cual se rige esta jurisdicción especial. En su exposición sostiene, que esta jurisdicción está regida por el Principio de Especialidad, que consagra el artículo 3 de la referida ley, considerando en ese sentido que el Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia desatiende la Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para la administración de la Justicia de Menores ( Reglas de Beijing), que indica que la medida de detención sólo se puede aplicar en casos excepcionales y que es ilógico que para resolver la imposición de una medida cautelar en esta jurisdicción, se tenga que agotar tres instancias, máxime cuando considera que en esta jurisdicción especial prevalece el proceso sumarísimo. Es pues, atendiendo a estas aseveraciones donde se estima que el derecho fundamental argüido, lo es, el debido proceso; infracción constitucional que alega la accionante se suscita ante una errónea interpretación del artículo 117 de la Ley 40 de 1999 que establece tácitamente las resoluciones que son recurribles en esta jurisdicción, es que la activadora procesal solicita se conceda la acción promovida y, en consecuencia, se deje sin efecto la resolución fechada 20 de agosto de 2012, que motiva esta acción extraordinaria. INFORME RENDIDO POR LA AUTORIDAD DEMANDADA El Magistrado del Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia, Licenciado EFRÉN C. TELLO C, rinde por escrito su informe de conducta, el cual expone en los siguientes términos: "Dando respuesta a su oficio No.141-12/T.S.N.A, del día de hoy, tengo a bien remitirle el presente informe, a propósito de la Acción de A. de Garantías Constitucionales promovida por la M.S.M., en su condición de defensora de oficio del adolescente A.S.R. Para iniciar, debemos apuntar que la resolución demandada como violatoria del debido proceso, fechada 20 de agosto de 2012, fue remitida por esta colegiatura en pleno y bajo la ponencia del suscrito. Dicha decisión resuelve admitir un recurso de hecho promovido por la Fiscalía Superior de Adolescentes del Tercer Circuito Judicial de la Provincia de Panamá, con sede en La Chorrera, y en consecuencia concede la apelación formulada por dicha agencia del Ministerio Público en contra del Auto No. 39 del 15 de junio de 2012, dictado por el Juzgado Penal de Adolescente de la misma circunscripción territorial, al ejercer el control judicial de la detención provisional impuesta al adolescente A.S.R en la investigación seguida en su contra por estar sindicado a la comisión de un delito Contra la Vida y la Integridad Personal. En ese sentido, el debate propuesto por la agencia de instrucción, impulsó a esta superioridad a emitir un criterio jurídico sobre la procedencia del recurso de apelación contra resoluciones que imponen a los adolescentes medidas cautelares distintas a la detención provisional. El asunto es resuelto aplicando el primer numeral del artículo 117 del Texto Unico de la Ley 40 de 199, y utilizando como método hermenéutico la literalidad de la norma, aunado a principios integrales del debido proceso, como el derecho a la doble instancia, y a la impugnación; tal cual ha sido la posición de todos los integrantes de este Tribunal, al menos desde mi llegada en el mes de enero del año que decurre. Por lo demás, de la lectura de la demanda constitucional presentada, es evidente que tiene como fundamento un criterio interpretativo diamentralmente opuesto al esgrimido por esta instancia superior, siendo que los alegatos que podemos presentar en su contra ya están contenidas en la resolución atacada."(lo resaltado es del Pleno) Cabe destacar, que adicional al informa se remite copia de la resolución fechada 20 de agosto de 2012 objeto de análisis por esta Superioridad. Una vez expuestas las alegaciones que fundamentan la presente acción constitucional; y luego de conocer la respuesta que brinda la autoridad demandada frente al asunto constitucional planteado, esta Corporación de Justicia procede a realizar una análisis prolijo de la situación jurídica propuesta en sede de amparo, con el propósito de dictar la sentencia de rigor. Ahora bien, es importante precisar que la gestora constitucional alega que el derecho fundamental presuntamente transgredido, en el proceso seguido a su representado, lo es, el debido proceso, contenido en el artículo 32 constitucional, en concepto de violación directa por omisión, ya que sostiene que, a través de la resolución fechada 20 de agosto de 2012, el Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia de Panamá, dispuso, con ocasión de un recurso de hecho, dar trámite al recurso de apelación que la Fiscalía Superior de Adolescencia del Tercer Circuito Judicial, había anunciado contra lo decidido en el Auto No. 39 de 15 de junio de 2012, a través del cual, el Juzgado Penal de Adolescentes, modificó la detención provisional dispuesta por la Fiscalía de la instancia ,y en su defecto, le impuso medidas cautelares distintas. Cabe destacar, que la activadora constitucional sostiene, que la infracción constitucional se produce, por el hecho de que el artículo 117 de la Ley 40 de 1999, que regula el "Régimen Especial de Responsabilidad Penal para la Adolescencia", establece que este tipo de resoluciones no son susceptibles del recurso de apelación. Es pues, luego de puntualizar el aspecto concreto sobre el cual se soporta la presente acción constitucional, consideramos oportuno citar el contenido íntegro de la norma, que se indica no fue debidamente aplicada en este proceso, y que a concepto de la accionante provocó, por omisión, la infracción de un derecho fundamental, como lo es, el debido proceso, el cual, exige conforme al artículo 32 constitucional ser juzgado conforme a los trámites legales. Lo anterior, con el propósito de desentrañar de su contenido si efectivamente nos encontramos frente visos de legalidad: "ARTÍCULO 117: Son apelables en el efecto devolutivo, las siguientes resoluciones: 1. La que decide sobre restricciones provisionales a un derecho fundamental; 2. La que ordena y la que revoca la suspensión condicional del proceso. 3. La que declara la terminación anticipada del proceso; 4. La sentencia absolutoria; 5. La que modifica o sustituye cualquier tipo de sanción en la etapa de cumplimiento; 6. La que declare legal la detención del adolescente o de la adolescente: La sentencia condenatoria es apelable en el efecto suspensivo. En el evento de que se haya decretado medidas cautelares, el tribunal de alzada deberá considerar si hay razones fundadas para mantenerlas por el plazo que esta Ley le permite y decidir si las mantiene o las revoca en la misma resolución en la cual se ordena a las partes presentar sus alegatos" Atendiendo al asunto tratado, es importante hacer referencia a los principales antecedentes del proceso penal donde fue emitido el auto que motiva nuestro estudio. Así las cosas, tenemos que esta acción constitucional fue ensayada dentro del proceso penal, seguido al adolescente A.O.S.R, por el presunto delito CONTRA LA VIDA Y LA INTEGRIDAD PERSONAL, en perjuicio de Ó.A.M.F. (q.e.p.d). Este proceso en el cual, la Fiscalía de la instancia mediante resolución motivada, dispuso la detención provisional de este adolescente; no obstante, la misma fue modificada por el Juzgado Penal de Adolescentes del Tercer Circuito Judicial de la Provincia de Panamá, mediante Auto No. 39 de 15 de junio de 2012, al momento de hacer efectivo el control de legalidad de esta medida, siendo que la detención provisional fue reemplazada por la siguiente: "Artículo 58.... 1. Residir en la dirección proporcionada en su declaración indagatoria 2. Presentarse los lunes y viernes de cada semana ante el Despacho Jurisdiccional donde se encuentra el expediente. 3. Se le prohíbe salir sin autorización de su residencia, a excepción de salir a firmar su medida cautelar 4. ... 8: La obligación de abstenerse de ingerir bebidas alcohólicas, sustancias alucinógenas, enervantes, estuperfacientes o tóxicos que produzcan adicción o hábito". Ahora bien, esta Superioridad advierte que el asunto constitucional se centra en determinar, si efectivamente esta decisión podía ser objeto de apelación, por parte del Ministerio Fiscal, atendiendo a que estamos frente a una jurisdicción especial, donde se procura garantizar el interés superior del menor, a través del ejercicio efectivo de las principales garantías sustantivas y procesales que le asisten por su condición de persona en desarrollo. Esta serie de principios, derechos y garantías cuya protección consigna una serie de Convenciones Internacionales del cual Panamá es signatario, y, que exigen a este Tribunal Constitucional un análisis equilibrado que nos permita dilucidar si dar curso a este medio de impugnación, conlleva alguna trangresión de derechos fundamentales, que le asisten muy particularmente a un adolescente que es objeto de un proceso y cuya protección nuestra Carta Fundamental procura, en el artículo 28 y 63, un trato especial, razón, por la cual, se realizará una análisis ponderado de estos principios y procedimientos que regula esta jurisdicción especial, en lo que respecta a la materia tratada en sede constitucional. El asunto planteado nos lleva a reflexionar que, cuando entró a regir en nuestro sistema, el Régimen Especial de Responsabilidad Penal para Adolescente, a través de la Ley 40 de 1999, reformada en más de una ocasión, entro en vigencia una jurisdicción especial, que se distingue del proceso penal ordinario seguido a un adulto, ya que aquella establece, que a lo largo del proceso, al menor adolescente se le reconozcan los derechos y garantías que le asisten por su condición. Entre ellas, vale mencionar, las garantías penales especiales reguladas en el artículo 16 del cuerpo legal citado, esto es: el Principio de dignidad humana, principio del respeto a la libertad corporal, el Principio de la especialidad de la jurisdicción; Principio del carácter excepcional de la privación de libertad, entre otros. En ese sentido, tenemos que en nuestro sistema, atendiendo a las directrices fijadas en distintas convenciones Internacionales dictadas sobre esta materia, efectivamente se llama en principio a aplicar, como ultima ratio, medidas de detención provisional; no obstante, también, dentro del marco legal que la rige, prevé excepciones en que por la gravedad del delito y otros presupuestos, el Fiscal de Adolescente pueda aplicar una detención provisional, lo cual, obviamente debe ser proporcional al hecho investigado y, atendiendo a exigencias cautelares que así lo requieran. Ahora bien, aún en estos casos esta jurisdicción se distingue por el hecho de que faculta al J. de instancia a realizar un control de legalidad, de aquellas medidas dictadas por el Ministerio Fiscal, que implique la detención provisional de un adolescente; este procedimiento que efectivamente responde a estos principios y que está regulado en los siguientes artículos: "ARTÍCULO 61: (C. en que procede la detención provisional): En los casos en que la conducta delictiva constituya homicidio doloso, lesiones personales dolosas gravísimas y lesiones personales dolosa con resultado muerte, robo, secuestro, violación sexual y tráfico ilícito de drogas, posesión ilícita y comercio de armas de fuego y explosivos, asociación ilícita o constitución de padillas, extorsión y terrorismo, y haya necesidad comprobada de aplicar una medida cautelar, el fiscal podrá decretar la detención provisional. También procede la detención provisional en los casos que se presenten conjuntamente las siguientes condiciones: 1. Que el adolescente haya cumplido en los casos en que se presenten conjuntamente las siguientes condiciones: 2. Que el delito investigado permita la detención provisional del imputado en la jurisdicción penal ordinaria". ARTÍCULO 62(Carácter excepcional de la detención provisional) La detención provisional sólo podrá ser aplicada como medida excepcional. En ningún caso podrá ser decretada con el objeto de facilitar la realización del estudio sicosocial. En el término de cuarenta y ocho horas, luego de practicada la medida, el fiscal deberá enviar copia autenticada del expediente al juez penal de adolescentes, quien en un término máximo de tres días calendario para confirmar la medida o modificarla, o revocarla si considera que no procede porque, o no concurren los supuestos o no están justificados los propósitos de la medida. En el caso de que la medida sea revocada, el juez enviará de oficio copia de la resolución al centro de custodia." Del contenido de ambas disposiciones legales, advertimos que este fue el trámite surtido en este proceso en particular, ya que la medida de detención provisional, fue dictada dentro del marco de un proceso penal seguido a este adolescente, con motivo de un delito grave, el cual, lo es HOMICIDIO DOLOSO, y donde aún así, la medida fue objeto del control de legalidad asignado al J. de Adolescente. Ahora bien, en cuanto al trámite subsiguiente a la decisión del J. de instancia, es que nos corresponde determinar si el debido proceso fue vulnerado como afirma la accionante, de allí que esta Superioridad se adentrará al análisis de la Ley Especial que rige esta jurisdicción. Así tenemos, que el artículo 17 de la Ley 40 de 1999 nos señala lo siguiente: "ARTÍCULO 17 (Garantías procesales especiales) A los adolescentes y las adolescentes se les garantizará un tratamiento justo y una decisión expedita, de acuerdo con las reglas del debido proceso, las cuales comprenden, además de los derechos que se reconocen en la jurisdicción penal ordinaria, los siguientes... 10. Derecho de impugnación: A impugnar las resoluciones judiciales que se dicten durante el proceso, según lo establece la presente Ley, y a solicitar la revisión de las sanciones y medidas cautelares que se le impongan". La disposición citada efectivamente establece como garantía procesal que este tipo de proceso, sean tramitados con celeridad, debido a la condición de desarrollo del sujeto objeto del proceso, empero se advierte, asimismo, que esto no implica, que se desatienda las reglas procesales que dirigen esta jurisdicción. Entendido lo anterior, este máximo Tribunal observa que la medida impuesta en este caso en particular, ciertamente lo fue una detención provisional; no obstante, la misma fue modificada por otras medidas provisionales distintas. Estas medidas, que el J. de instancia aplicó atendiendo al control de legalidad aludido pero que por su naturaleza estimamos, también representan la limitación o restricción provisional de un derecho fundamental, como lo es, el derecho de locomoción o de poder transitar libremente. Esta decisión, que estimamos el artículo 117 de la Ley 40 de 199 enlista como aquellas resoluciones susceptibles del recurso de apelación, específicamente en el numeral 1, que es del siguiente contexto: "ARTÍCULO 117: Son apelables en el efecto devolutivo de acuerdo con lo que establece el Código Judicial. 1. La que decide sobre restricciones provisionales a un derecho fundamental". Adicional a ello, este máximo Tribunal al realizar un análisis detenido de esta norma, advierte que esta disposición legal además de especificar taxativamente que resoluciones pueden ser impugnadas, por la vía del recurso de apelación, la misma no hace, a concepto de esta Superioridad, distinción de que este medio de impugnación sólo pueda ser utilizado por la defensa del adolescente o prohibición literal de que el Ministerio Público esta excluido del derecho de impugnar estas resoluciones. Para afianzar lo anterior, consideramos prudente citar el artículo 121 de la Ley 40 de 1999, que establece quienes están legitimados para recurrir, en la jurisdicción Penal de Adolescentes: "ARTÍCULO 121: Las partes legitimadas para interponer los recursos establecidos en esta Ley son: el adolescente, a través de su defensor, y el fiscal de adolescente. La persona ofendida, a través de su apoderado judicial, está legitimado para apelar solamente de la resolución que le pone fin al proceso y para recurrir en casación." Esta Superioridad considera que la norma citada legitima al Ministerio Público, para que pueda impugnar aquellas decisiones dictadas dentro de esta jurisdicción, claro está siempre y cuando estén enlistadas en el artículo 117 lex cit, lo cual, comulga con el derecho a la doble instancia y el derecho de impugnación. Cabe destacar, que distinta es la situación de la parte ofendida donde se viene a distinguir, que resoluciones específicamente puede impugnar. De otro lado, vale señalar que la norma legal supracitada establece en su parte final, que no serán recurribles aquellas resoluciones que no hayan sido mencionadas en este artículo, de allí, que en cada caso el J. de instancia deberá ponderar si la decisión, que emita en determinado proceso, se subsume o no en algunos de los supuestos que contempla el artículo 117 antes mencionado. Consideramos, que el trámite surtido por el Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia no riñe con las normas procesales que rigen esta jurisdicción especial, ya que para este máximo Tribunal nos encontramos frente a uno de los supuestos en que prosperaba dar curso a la apelación, que en un momento oportuno anunció el Ministerio Público, ya que efectivamente la decisión implicaba la limitación provisional de un derecho fundamental, conforme lo estipula el artículo 117 numeral 1 lex cit. Para esta Corporación de Justicia el acto demandado se dictó conforme a los trámites asignados en la ley que regula esta jurisdicción especial (Ley 40 de 1999), siendo entonces que no consideramos que el derecho fundamental argüido haya sido vulnerado, de allí, que la medida que prevalece en esta oportunidad es no conceder la acción ensayada, y en ese sentido se pronuncia esta Superioridad. PARTE RESOLUTIVA En mérito de lo anteriormente expuesto, el PLENO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO CONCEDE la ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, propuesta por la M.S.E.M.B., Defensora Pública, del adolescentes A.O.S.R, contra la resolución de 20 de agosto de 2012, dictada por el Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia de Panamá. N., HARLEY J. MITCHELL D. ALEJANDRO MONCADA LUNA -- O.O.D. --J.E.A.P.C. --V.L.B.P. --H.A.D.L.B. --H.A.D.G. --L.R.F.S. -- L.M.C.. YANIXSA Y. YUEN (Secretaria)