Sentencia Pleno de Supreme Court (Panama), Pleno, 11 de Octubre de 2013

PonenteHarley J. Mitchell D.
Fecha de Resolución11 de Octubre de 2013
EmisorPleno

VISTOS:

Ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia J.A.T.G. a través de su apoderada judicial interpone acción de amparo contra la Resolución No. 930-04-75 AZA de 07 de mayo de 2009, dictada por el Administrador Regional de Aduanas, Zona Aeroportuaria de la Autoridad Nacional de Aduanas de la República de Panamá y su acto confirmatorio, Resolución No. 910-04-35 de 08 de julio de 2009, emitida por la Comisión de Apelaciones Aduaneras.

ADMISIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO

Luego del sorteo y reparto del expediente el M.S. admitió la demanda de amparo propuesto y ordenó a la autoridad demandada remitir un informe acerca de los hechos que originan la promoción de la acción constitucional quien, en el término especificado en la ley, envió el expediente penal aduanero seguido.

ANTECEDENTES DEL CASO

El proceso penal aduanero inicia con el informe de novedad presentado por L.C.M., inspector del departamento de fiscalización aduanera, zona aeroportuaria, el cual refiere que el día 09 de enero de 2009, ingresa al país un viajero internacional quien declaró sólo traer piedras preciosas por lo que al ser revisado se constató que llevaba consigo dinero de diversas denominaciones superior a los diez mil balboas (B/.10,000.00).

ARGUMENTOS DEL PROMOTOR CONSTITUCIONAL

El libelo de demanda refiere que J.A.T.G. (en adelante el señor T.G. fue sancionado por el delito de defraudación aduanera con multa de VEINTE MIL SETECIENTOS SETENTA Y NUEVE BALBOAS CON CUARENTA Y OCHO CENTÉSIMOS (B/.20,779.48) correspondiente al equivalente de dos (2) veces el valor de la mercancía objeto del ilícito. Asimismo, se decretó el comiso definitivo de la suma de NUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y CINCO BALBOAS (B/.9,195.00) y el pago de los impuestos de importación de las esmeraldas declaradas.

En ese sentido, la promotora constitucional alega que el señor T.G. no actúo de forma dolosa ya que desde su arribo al aeropuerto solicitó ayuda de las autoridades migratorias para completar el formulario de "Declaración Jurada del Viajero", constituyéndose como eximente de culpabilidad.

Además, el proceso penal aduanero fue tramitado obviando principios y garantías procesales tales como: el principio de publicidad, el derecho de defensa y el derecho de debido proceso, entre otros; por consiguiente, peticiona al tribunal constitucional revoque la resolución judicial dictada y ordene la devolución del dinero decomisado, la entrega de las esmeraldas previo pago de los impuestos de importación.

Como normas constitucionales infringidas enlista los artículos 17, 22, 31, 32 y 47.

El artículo 17 de la Constitución Política fue infringido (no especifica bajo qué concepto) en lo que respecta al deber que tiene el Estado de proteger los bienes de los extranjeros, pues, alega que las esmeraldas fueron declaradas, sin embargo, fueron decomisadas.

El artículo 22 de la Constitución Política fue transgredido ya que en el proceso penal aduanero ocurrieron de manera sistemática una serie de actuaciones que riñen con el derecho de presunción de inocencia y el derecho a la publicidad de los actos.

Así, el derecho a la presunción de inocencia ha sido violentado cuando se retiene provisionalmente el dinero y las esmeraldas declaradas.

A la par, sostiene que las esmeraldas declaradas fueron incorporadas al proceso penal aduanero seguido y fueron avaluadas por un perito sin que constituyeran objeto del proceso.

En cuanto al derecho a la publicidad en el proceso penal aduanero fue vulnerado ya que la práctica de la diligencia de avalúo de las esmeraldas decomisadas fue realizada sin que conste la citación del perito a la audiencia celebrada, la toma de posesión del perito, la emisión de la resolución judicial que la admite y la falta de participación del acusado.

Además, sostiene que la autoridad jurisdiccional aduanera no admitió y, por consiguiente, no practicó las pruebas aducidas por el acusado como las repreguntas a los agentes de aduanas, la reconstrucción de los hechos, la obtención de las imágenes de video, la tacha de la Declaración Jurada del Viajero.

El artículo 31 de la Constitución Política fue violentado en concepto de violación directa por omisión ya que la normativa que fundamentó la sanción no es exactamente aplicable al caso.

En el expediente penal aduanero consta que el señor T.G. no actúo de manera dolosa, elemento necesario para configurar el tipo penal de defraudación aduanera. Así, el señor T.G. fue mal informado por los agentes de aduanas al completar el formulario de "Declaración Jurada del Viajero" lo cual originó el proceso penal aduanero seguido en su contra.

El artículo 32 de la Constitución Política fue vulnerado ya que en el proceso penal aduanero se solicitó durante la audiencia y en la alzada, la práctica de diversas pruebas a fin de garantizar una adecuada defensa; no obstante, la autoridad judicial no se pronunció sobre la denegatoria de los medios de pruebas, sino que llanamente las declaró improcedente, vulnerándose el derecho a un debido proceso.

Por último, el artículo 47 de la Constitución Política fue violentado con la emisión de la resolución judicial impugnada porque el señor T.G. fue despojado de las esmeraldas que declaró.

CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL DE AMPARO

El amparo es un mecanismo constitucional de protección de los derechos fundamentales. Así, esta garantía constitucional persigue la tutela de los derechos fundamentales que le asisten a cualquier individuo cuando han sido vulnerados por la emisión de un acto de autoridad pública.

En ese sentido, el amparista persigue la revocatoria de la Resolución No. 930-04-75 AZA de 07 de mayo de 2009, dictada por el Administrador Regional de Aduanas, Zona Aeroportuaria de la Autoridad Nacional de Aduanas de la República de Panamá y su acto confirmatorio, Resolución No. 910-04-35 de 08 de julio de 2009, emitida por la Comisión de Apelaciones Aduaneras, por vulnerar el derecho de presunción de inocencia, el principio de legalidad, el derecho al debido proceso y el derecho de propiedad. Además, sostiene que el Estado incumplió con su deber de proteger a los individuos y sus bienes.

El artículo 17 de la Constitución Política señala los fines de la actuación de las autoridades públicas (primer párrafo) y el principio favor libertatis (segundo párrafo).

La norma constitucional preceptúa a saber:

ARTÍCULO 17. Las autoridades de la República están instituidas para proteger en su vida, honra y bienes a los nacionales dondequiera que se encuentren y a los extranjeros que estén bajo su jurisdicción; asegurar la efectividad de los derechos y deberes individuales y sociales y cumplir y hacer cumplir la Constitución y la Ley.

Los derechos y garantías que consagra esta Constitución, deben considerarse como mínimos y no excluyentes de otros que incidan sobre los derechos fundamentales y la dignidad de la persona.

En el presente proceso constitucional se examinará sólo el principio de seguridad jurídica por haberse alegado su vulneración en el proceso penal aduanero.

La amparista arguye que este principio o garantía constitucional fue violentado al emitirse la Resolución No. 930-04-75 AZA de 07 de mayo de 2009, dictada por el Administrador Regional de Aduanas, Zona Aeroportuaria y su acto confirmatorio (en adelante, la resolución judicial objetada) puesto que las esmeraldas declaradas fueron incorporadas al proceso penal aduanero seguido en contra del señor T.G., sin constituir objeto del mismo.

En cuanto al cargo alegado, el tribunal constitucional considera necesario examinarlo en atención a los demás derechos constitucionales argüidos.

El artículo 22 de la Constitución Política consagra el derecho del detenido a la información (primer párrafo), el derecho a que se presuma su inocencia (segundo párrafo) y el derecho a la asistencia jurídica antes del juicio (tercer párrafo).

Esta norma constitucional a su tenor literal reza:

"ARTÍCULO 22. Toda persona detenida debe ser informada inmediatamente y en forma que le sea comprensible de las razones de su detención y de sus derechos constitucionales y legales correspondientes.

Las personas acusadas de haber cometido un delito tienen derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad en juicio público que le haya asegurado todas las garantías establecidas para su defensa.

Quien sea detenido tendrá derecho, desde ese momento, a la asistencia de un abogado en las diligencias policiales y judiciales."

Para la resolución del presente caso sub lite se analizarán el derecho a la presunción de inocencia contravenido, según consideraciones del amparista, en el proceso penal aduanero.

Toda persona acusada de cometer un hecho punible tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad conforme a ley en un juicio justo.

Para el Comité de Derechos Humanos el derecho a la presunción de inocencia exige que los jueces y jurados se abstengan de prejuzgar el asunto y se aplica, igualmente, a los demás funcionarios públicos. (Comité de Derechos Humanos, Observación General 13, Párrafo 7.)

El derecho que tiene el acusado a que se presuma su inocencia conlleva, además, que quien acuse, pruebe la culpabilidad del acusado, por lo que la carga de la prueba recae en la acusación.

Para J.P.I.J. el derecho a la presunción de inocencia proyecta su eficacia en dos vertientes:

Primero, incide en las situaciones extra procesales y constituye el derecho a recibir la consideración de no participe o autor del hecho punible, en especial, el derecho a que no se apliquen las consecuencias o los efectos jurídicos consecuentes. Verbigracia, el presentar en audiencia al acusado engrilletado y/o con uniforme del centro de reclusión constituye una violación al derecho de presunción de inocencia.

Segundo, tiene amplia proyección sobre el régimen jurídico de la prueba. En ese sentido, el derecho a la presunción de inocencia soporta que toda sentencia condenatoria debe estar fundamentada en una actividad probatoria, por lo que no puede existir condena sin pruebas. (PICÓ I JUNOY, JOAN, Las Garantías Constitucionales del Proceso, J.M.B.E., Barcelona España, 1997, Pág. 155)

Así, en el proceso penal aduanero, conforme a autos, la acusación fue adelantada por la Administración Regional de Aduanas, Zona Aeroportuaria, de la Autoridad Nacional de Aduanas (en adelante autoridad aduanera), imputándose al señor T.G. la comisión de delito de defraudación aduanera (Cfr.1-6-14-1516) aportando, para tal efecto, los medios de pruebas que acreditaron la perpetración del delito y la vinculación del viajero internacional (Cfr. fs.2), por lo que el viso de inconstitucionalidad es descartado.

Respeto a la sanción aplicada, el Tribunal Constitucional considera que la autoridad aduanera al dictar la resolución judicial objetada realizó la debida ponderación y valoración de las pruebas, ajustándose la condena al hecho punible descrito, por tanto, no se evidencia infracción constitucional alguna.

En cuanto a las esmeraldas decomisadas, el Tribunal Constitucional advierte que en la resolución judicial objetada se constata que la autoridad aduanera realizó la valoración de los medios de pruebas concluyendo que las esmeraldas no constituían objeto del proceso al ser declaradas por el señor T.G..

Entonces, al no formar parte del proceso penal aduanero las esmeraldas por su declaración aduanera oportuna, la autoridad aduanera no puede sujetar la determinación de la obligación tributaria por su importación a la prueba pericial practicada en el proceso penal aduanero (Informe rendido por el señor G.A.S.R.) siendo así, el Tribunal Constitucional ordena realizar el aforo documental consistente en el examen de la declaración de aduanas cotejando lo consignado en la declaración aduanera con los documentos que la acompaña.

En caso de existir dudas sobre el valor declarado o la exactitud de los datos o documentos presentados, la autoridad aduanera deberá valerse de lo dispuesto en el Decreto Ley No. 01 de 13 de febrero de 2008, sobre el procedimiento administrativo para la solución de controversias por discrepancias del valor declarado.

Por lo anterior, se evidencia la transgresión del derecho constitucional al basar el tributo aduanero aplicable, en una prueba practicada sobre una mercancía que no constituye "thema decidendi" en el proceso penal aduanero cursado.

El artículo 31 de la Constitución Política de la República dispone el principio de legalidad.

Esta norma constitucional establece lo siguiente:

"ARTÍCULO 31. Sólo serán penados los hechos declarados punibles por Ley anterior a su perpetración y exactamente aplicable al acto imputado.

El principio de legalidad comprende el derecho que tiene el acusado a que sea procesado mediante un juicio justo por un delito previamente tipificado en la ley antes de su comisión, vigente en el desarrollo y hasta la finalización del proceso correspondiendo, exactamente, al hecho suscitado.

El amparista argumenta que el señor T.G. actúa de manera errónea por instrucciones de los agentes aduaneros a quienes solicitó ayuda para completar el formulario de defraudación aduanera constituyendo un eximente de responsabilidad por lo que no se configura el tipo de defraudación aduanera.

Los autos que conforman el expediente penal aduanero acreditan la comisión de un delito de defraudación aduanera consistente en la no declaración "objetiva" en el formulario de "Declaración Jurada del Viajero" de la suma de NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO DÓLARES ($978.00), SIETE MIL CIENTO CINCUENTA EUROS (€7,150.00), DOSCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS COLOMBIANOS ($295,000.00)..." (Cfr. 1-2-14-15-16-75-79; 84-90;116-123;149-156).

Según el ordinal 31 del artículo 14 del Decreto Ley No. 01 de 13 de febrero de 2008; "Que crea la Autoridad Nacional de Aduanas...", el delito aduanero es "todo acto de simulación, ocultación, falsedad o engaño para evitar el sometimiento de las mercancías al el control aduanero, evadiendo el pago total o parcial de impuestos o el cumplimiento de normas aduaneras, aunque las mercancías no sean objetos de tributación."

En particular, el delito de defraudación aduanera es definido legalmente como "toda acción u omisión que pretende eludir, elude o frustre la aplicación de las disposiciones relativas a la Aduana con el ánimo de perjudicar los intereses fiscales." (Cfr. artículo 17, Ley No. 30 de 08 de noviembre de 1984)

Entre las modalidades de defraudación aduanera se contempla:

  1. La realización de cualquier operación aduanera empleando documentos o declaraciones falsas en los que se altere el peso, la cantidad, calidad, clase, valor, procedencia u origen de las mercancías;

  2. La obtención fraudulenta de alguna concesión, permiso o licencia para importar mercancías total o parcialmente libres de impuestos, siempre que éstas hayan sido embarcadas hacia el país y se encuentre en el territorio aduanero;

  3. El engaño o la inducción o error, mediante declaraciones falsas, a los funcionarios aduaneros encargados de controlar el paso de las mercancías por las fronteras o lugares habilitados.

  4. La concertación de cualquier acto de comercio con documentos que amparen mercancías total o parcialmente exentas del pago de cualquier gravamen que aplica la Aduana, sin que se cumplan las disposiciones legales.

  5. La no declaración, o declaraciones falsas efectuadas bajo la gravedad de juramento por los viajeros, al momento de su ingreso al territorio aduanero, respecto de dinero, documentos negociables y otros valores convertibles en dinero, que traigan consigo por cantidades superiores a diez mil balboas (B/10,000.00), o su equivalente de acuerdo con la tasa de cambio vigente al día de la declaración. No se considerará declaración falsa cuando la diferencia entre lo declarado y lo efectivamente introducido no sea superior al tres por ciento (3%) del valor toral del dinero o de los instrumentos descritos.

Según las constancias procesales el señor T.G. declaró al ingresar al territorio aduanero el dinero que traía consigo; dinero que superó la cantidad de diez mil balboas (B/.10,000.00), mínimo monetario permisible para transportar para uso o consumo personal al viajero; en consecuencia, estamos ante la ejecución de un delito de defraudación aduanera establecido puniblemente mediante ley formal antes de su comisión y aplicado, exactamente, a la situación fáctica descrita.

En lo que respecta a la falta o poca colaboración de las autoridades aduaneras al completar el formulario de "Declaración Jurada del Viajero", el tribunal constitucional no evidencia su relevancia constitucional, pues, tal como se expone, constituye una falta administrativa (atención al viajero) que debe ser subsanada a lo interno de la administración aduanera.

El artículo 32 de la Constitución Política comprende el derecho a un debido proceso.

Así, esta norma constitucional dispone a saber:

"ARTÍCULO 32. Nadie será juzgado, sino por autoridad competente y conforme a los trámites legales, y no más de una vez por la misma causa penal, administrativa, policiva o disciplinaria."

El derecho al debido proceso es considerado como una auténtica garantía ya que comprende una serie de derechos que no pueden ser limitados, ni restringidos por el Estado bajo ninguna circunstancia o estado de excepción.

En cuanto al contenido de la norma constitucional se establece que el derecho al debido proceso alcanza el derecho a ser juzgado por un juez independiente e imparcial, bajo un procedimiento legal previamente establecido, prohibiendo el doble juzgamiento.

En el caso que nos ocupa, determinaremos si el proceso penal aduanero ha seguido el trámite legal previsto, sobretodo, el derecho a practicar las pruebas necesarias para la defensa del acusado.

El derecho a la prueba consiste en que las pruebas pertinentes sean admitidas y practicadas; por consiguiente, la no práctica de un medio de prueba admitido puede configurar una violación al ejercicio de este derecho; sin embargo, debe advertirse que el derecho a la prueba no tiene un carácter ilimitado por ser un derecho de configuración legal, por ello, corresponde observar su pertinencia, licitud y oportunidad.

En el presente caso sub júdice, mediante el control constitucional, se identificará si la resolución judicial que deniega la práctica de la prueba no cuenta con motivación o fundamento razonado para el rechazo del medio probatorio y si la denegatoria de la práctica de los medios de pruebas produce un estado de indefensión al señor T.G..

Al examinarse la resolución judicial objetada se evidencia la motivación de la inadmisibilidad y práctica de los medios de pruebas aducidos por el acusado por su impertinencia en el proceso penal aduanero seguido, por lo que, mínimamente satisface las exigencias constitucionales planteadas. Empero, se recuerda a la autoridad aduanera que la admisión o la inadmisibilidad de las pruebas aducidas por el acusado deberá resolverse en resolución judicial aparte o en el acto de audiencia a fin de proteger, efectivamente, el derecho a prueba.

Por último, el artículo 47 de la Constitución Política garantiza el derecho a la propiedad.

La norma constitucional estipula lo siguiente:

"ARTÍCULO 47. Se garantiza la propiedad privada adquirida con arreglo a la Ley por personas jurídicas y naturales."

La propiedad es un derecho protegido de manera constitucional, mediante el cual se tutela a toda persona el uso y goce de sus bienes sin mayores limitaciones que las derivadas del interés público o la función social que ejerce.

La amparista alega que la propiedad, como derecho social, fue vulnerado porque el señor T.G. fue despojado de las esmeraldas que declaró para ser incorporadas al proceso penal aduanero seguido en su contra.

El tribunal constitucional reconoce que el derecho a la propiedad fue limitado por la autoridad aduanera al despojar al señor T.G. de las esmeraldas declaradas, por lo que se ordena la devolución de las mismas previo pago del tributo aduanero, en atención al régimen aduanero correspondiente.

En definitiva, ante la evidente vulneración de derechos constitucionales del amparista en relación a las esmeraldas declaradas y su tasación pericial, se ordena la revocatoria parcial de la resolución judicial objetada en los términos aquí expuestos.

PARTE RESOLUTIVA

Por las consideraciones expuestas, EL PLENO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley: CONCEDE PARCIALMENTE la acción de amparo propuesta por J.A.T.G. mediante apoderado judicial contra la Resolución No. 930-04-75 AZA de 07 de mayo de 2009, dictada por el Administrador Regional de Aduanas, Zona Aeroportuaria y su acto confirmatorio, Resolución No. 910-04-35 de 08 de julio de 2009, emitida por la Comisión de Apelaciones Aduaneras.

La concesión de la acción de amparo se da sólo respecto de la devolución de las esmeraldas previo al pago del tributo aduanero; en consecuencia, el Tribunal Constitucional ordena realizar el aforo documental consistente en el examen de la declaración de aduana cotejando lo consignado en la declaración aduanera con los documentos que la acompaña.

En caso de existir dudas sobre el valor declarado o la exactitud de los datos o documentos presentados, la autoridad aduanera deberá valerse de lo dispuesto en el Decreto Ley No. 01 de 13 de febrero de 2008, sobre el procedimiento administrativo para la solución de controversias por discrepancias del valor declarado.

N.,

HARLEY J. MITCHELL D.

ALEJANDRO MONCADA LUNA -- OYDÉN ORTEGA DURÁN -- JOSÉ EDUARDO AYU PRADO CANALS -- VICTOR L. BENAVIDES P. -- HERNÁN A. DE LEÓN BATISTA -- HARRY ALBERTO DÍAZ GONZÁLEZ -- LUIS RAMÓN FÁBREGA SÁNCHEZ -- JERÓNIMO MEJÍA E.

YANIXSA Y. YUEN (Secretaria)

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