Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 23 de Noviembre de 2015

PonenteNelly Cedeño de Paredes
Fecha de Resolución23 de Noviembre de 2015
EmisorPleno

VISTOS: Conoce el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, el recurso de apelación interpuesto por el licenciado R.E.M., apoderado especial del señor G.Q.M., contra la Resolución de 13 de agosto de 2015, emitida por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, dentro de la Acción de A. de Garantías Constitucionales promovida por el señor G.Q.M., a través de apoderado judicial, contra la Resolución No. 25 de 25 de marzo de 2015, dictada por el GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE CHIRIQUÍ. I.- DECISIÓN DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA. Correspondió al Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial conocer en primera instancia, el presente negocio constitucional. Dicha Autoridad decidió mediante Sentencia de 13 de agosto de 2015, NO CONCEDER el A. de Derechos Constitucionales propuesto por el señor G.Q.M., a través de apoderado legal, contra la Resolución No. 25 de 25 de marzo de 2015, emitida por el GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE CHIRIQUÍ, que DECLARÓ PROBADO el Recurso Extraordinario de Revisión Administrativa interpuesto por la señora Z.Y. D.S., a través de apoderado judicial, contra la Resolución No. 017-2014 de 24 de febrero de 2014, emitida por la Alcaldía Municipal de Bugaba, que confirma la Resolución No. 08-2014 de 8 de mayo de 2014, proferida por la Corregiduría del Corregimiento de La Concepción, Distrito de Bugaba, ambas emitidas dentro del Proceso de Lanzamiento por intruso accionado por el señor G.Q.M.. El Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial explicó que la recurrente Z.Y.D.S., manifestó que se dio inició a un proceso de lanzamiento por intruso en su contra, cuando el señor G.Q.M. y su persona mantenían una relación sentimental, por lo que es tácito que ella tenía autorización para ocupar dicha residencia y no puede ser considerada intrusa. Expone el Tribunal de A. que, se inició un proceso de lanzamiento por intruso, procedimiento establecido sólo cuando hay una ocupación sin contrato de arrendamiento y la permanencia sea sin el consentimiento del dueño, lo cual contrastado con la situación examinada, se verifica que no se cumplen con tales requisitos, pues los ocupantes que se encontraban viviendo en el inmueble no lo hacían por fuerza o de hecho, sino producto de una relación familiar (relación de pareja y de padres e hijos). En ese sentido manifestó que, el Gobernador de la provincia resolvió un recurso extraordinario de revisión administrativa, interpuesto dentro de un proceso de lanzamiento por intruso, lo que evidentemente corresponde a su competencia. Señaló además, que dicho recurso fue interpuesto y resuelto bajo una de las causales que dan origen al mismo, considerando que no se encontraban reunidos los requisitos indispensables para la figura del lanzamiento por intruso, sino que la controversia se originaba en relaciones de familia, por lo que no podía señalarse que la señora Z.Y.D.S. y sus hijos, como intruso o usurpadores de un inmueble. Así pues, el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial estimó que el funcionario demandado no incurrió en violación alguna, al resolver el recurso de revisión administrativa, tal como lo señaló el amparista. II.- SUSTENTACIÓN DE LA APELACIÓN. Señala el apoderado judicial del señor G.Q. MORALES que, la Resolución No. 25 de 25 de marzo de 2015, emitida por el Gobernador de la Provincia de Chiriquí, viola en forma directa por omisión el artículo 32 de la Constitución Política, y el artículo 34 de la Ley 38 de 31 de julio de 2000, que siendo claros y explícitos, no los aplicó, toda vez que tenía declarar no viable el recurso extraordinario de revisión administrativa, ya que no podía ir en contra de lo que dispuso la Juez de Familia, y por el contrario, se puso a emitir conceptos en materia de familia. Manifiesta el recurrente que, el proceso de lanzamiento por intruso, sólo se interpuso para acatar una ordenanza judicial, ya que la Juez de Familia dictaminó que el señor G.Q., no podía seguir brindándole su casa a una familia entera que no es su familia, ya que él tiene otra esposa y necesita su residencia. Argumenta el apoderado judicial del recurrente que la casa se encuentra hipotecada. Agrega además que, la señora Z.Y.D.S., convive con su pareja y tiene otra hija de 3 años. Finalmente, señala que la vía utilizada como tercera instancia ante la Gobernación no es la correcta, ya que él no es competente para emitir concepto en materia de familia y el Tribunal Superior de Tercer Distrito Judicial se equivoca, puesto que se valoraron situaciones en materia de familia, por lo que no procede el recurso de revisión, tal como fue pedido. Por las razones expuestas, solicita la revocatoria de la resolución emitida por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, de 13 de agosto de 2015, que no concede la acción de amparo de garantías constitucionales presentado. III.- CONSIDERACIONES Y DECISIÓN DEL PLENO. Según los antecedentes que conforman la actuación demandada, se observa que la acción en estudio tuvo su origen en un proceso de lanzamiento por intruso, sobre la finca No. 30020, inscrita a rollo 10658, Documento 4, Asiento 1, promovido por el señor G.Q. MORALES contra la señora Z.Y.D.S., ante el Corregidor de La Concepción, Bugaba, quién ordenó el lanzamiento por intruso de la demandada, mediante Resolución No. 08-2014 de 24 de febrero de 2014, decisión que fue confirmada en todas sus partes por la Alcaldía Municipal del Distrito de Bugaba, mediante Resolución No.017-2014, de 8 de mayo de 2014. Consta en el expediente que, la señora Z.Y.D.S., a través de apoderado judicial, interpuso recurso extraordinario de Revisión Administrativa, ante la Gobernación de la Provincia de Chiriquí, contra la Resolución No. 08-2014 de 24 de febrero de 2014, dictada por la Corregiduría de La Concepción, Bugada, y confirmada por la Alcaldía Municipal del Distrito de Bugaba, mediante Resolución No.017-2014, de 8 de mayo de 2014. Tal como se expuso en párrafos precedentes, el acto demandado a través de la presente acción constitución, lo constituye la Resolución No. 25 de 25 de marzo de 2015, mediante la cual el Gobernador de la provincia de Chiriquí, decide el recurso extraordinario de revisión administrativa, D. Probado dicho recurso extraordinario, interpuesto contra la Resolución No. 08-2014 de 24 de febrero de 2014, dictada por la Corregiduría de La Concepción, Bugada, y confirmada mediante Resolución No. 017-2014, de 8 de mayo de 2014, de la Alcaldía Municipal del Distrito de Bugaba, dentro del Proceso de Lanzamiento por intruso promovido por G.Q. MORALES contra Z.Y.D.S.. En la decisión del recurso de revisión extraordinario se declaró probada la causal 5 del artículo 8 de la Ley 19 de 1992, que procede cuando al dictarse la decisión se hubiere incurrido en manifiesto error de hecho que resulte de documentos incorporados al expediente y que haya afectado en forma directa la decisión recurrida. Ahora bien, el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, al conocer de la acción de amparo de garantías constitucionales promovida por el señor G.Q.M., decidió NO CONCEDER la acción de amparo en examen. Dicha resolución fue recurrida en apelación ante esta Corporación; por lo que, nos corresponde decidir si se confirma o revoca dicha resolución. De los planteamientos expuestos por el recurrente se advierte que su disconformidad con la decisión adoptada por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, de no conceder la acción de amparo en estudio, se sustenta en la falta de competencia del Gobernador para conocer del recurso extraordinario de revisión administrativa; y en el hecho que, el Gobernador no aplicó las disposiciones de la Ley 38 de 31 de julio de 2000. Y en ese mismo contexto, considera el recurrente que se violenta la Ley No. 3 de 17 de mayo de 1994, por la cual se aprueba el Código de la Familia, ya que el Gobernador emitió su decisión en contra de lo resuelto por una Juez de Familia previamente, lo cual no podía ser revisado por el Gobernador de la Provincia de Chiriquí. Esta Corporación de Justicia considera necesario advertir, previo al inicio examen de la controversia planteada, que el proceso que dio origen a la acción de amparo en estudio en grado apelación, lo constituye un proceso de lanzamiento por intruso, que se conoció ante la Corregiduría de La Concepción, Bugaba, como controversia civil, lo cual tiene procedencia en el artículo 1409 del Código Judicial, cuyo tenor es el siguiente: Artículo 1409: Cuando el bien se halla ocupado sin contrato de arrendamiento con el dueño o su apoderado o su administrador cualquiera de estas personas podrá solicitar del jefe de policía que le haga desocupar y se la entregue. Si el ocupante o los ocupantes no exhibieren títulos explicativos de la ocupación, el lanzamiento se llevará a cabo inmediatamente. A través de la jurisprudencia se ha señalado que los casos de lanzamiento por intruso, versan de una controversia civil de policía. (Cfr. Auto de 26 de julio de 2006, dentro de la demanda de plena jurisdicción presentada por F.B.B. contra la Dirección de Reforma Agraria y el auto de 7 de abril de 2011 dentro de la advertencia de ilegalidad presentada por J.P.M. contra la Corregiduría de Playa Leona). Las controversias civiles de policía se encuentran reguladas en el Código Administrativo por los artículos 1721 a 1745. Al respecto, el doctor J.F. en su obra Procesos Civiles ha indicado sobre los procesos de lanzamiento por intruso que: Según la práctica en las corregidurías, la demanda debe constar y debe reunir todos los requisitos comunes a toda demanda con excepción de las generales por parte demandada debido al hecho de que las mismas se desconocen. Se debe presentar la certificación del Registro Público que establece quien es el propietario del inmueble, certificado de paz y salvo del inmueble. En este caso, la Corregiduría expide una resolución en donde se admite la demanda por el término de tres días para su contestación, conforme el artículo 1721 del C.A., que se notifica personalmente, después de la cual se señala fecha de audiencia en donde las partes podrán aportar pruebas...." (FABREGA, J.. Procesos Civiles, Editora Jurídica Panameña, Panamá, 1999. P.. 125 y 126. Como vemos, el lanzamiento por intruso se constituye en una controversia civil que conocen los Jefes de Policía, con arreglo al Código Administrativo. Expuesto lo anterior, para el caso que nos ocupa, cabe referirnos al artículo 1726 del Código Administrativo, cuyo contenido es el siguiente: Artículo 1726: Apelación. Las decisiones de los Jefes de Policía son apelables ante el inmediato Superior, quien decidirá el recurso de lo que resulte de autos. Por su parte, el artículo 8 de la mencionada Ley No. 19 de 1992, instituye el recurso de revisión extraordinario del que conocen los Gobernadores de la respectiva provincia. Dicha norma es del siguiente contenido: Artículo 8: Se instituye el recurso extraordinario de revisión administrativa del que conocen los gobernadores de provincias para revocar las decisiones expedidas en segunda instancia por autoridades municipales en materia correccional o por razón de los juicios de policía de que trata el Libro III del Código Administrativo y la Ley No. 112 de 30 de diciembre de 1974. El recurso extraordinario de revisión administrativa solo procederá cuando: 1.La decisión recurrida hubiese sido dictada por órgano o autoridad sin competencia para ello; 2.La decisión recurrida se fundamentó en declaraciones falsas o en pruebas insuficientes; 3.No se hubieran cumplido los trámites esenciales al procedimiento establecidos en la Ley aplicable; 4.Así se disponga en una Ley especial; 5.Al dictarse la decisión se hubiera incurrido en manifiesto error de hecho, que resulte de los documentos incorporados al expediente y que haya afectado en forma directa la decisión recurrida; y 6.La decisión se hubiera dictado como consecuencia de los hechos tipificadas en los Capítulos II y III del Título X del Libro o II del Código Penal, sin perjuicio de la responsabilidad penal correspondiente. Queda claro que, los gobernadores de las provincias están facultados para conocer del recurso extraordinario de revisión para revocar decisiones expedidas en segunda instancia por autoridades municipales en materia correccional o por razón de los juicios de policía de que trata el Libro III del Código Administrativo. El artículo 1728 del Código Administrativo que se encuentra dentro de los procesos civiles de policía en general, aplicable al caso que nos ocupa, que versa de las disposiciones aplicables al Código Judicial contiene: Artículo 1728. Disposiciones aplicables al Código Judicial. Respecto de Notificaciones, traslados, avalúos, reconocimientos, registros, allanamientos, impedimentos y recusaciones se procederá de conformidad con las disposiciones del Código Judicial. Ahora bien, es importante señalar que la Ley 38 de 2000, regula el Procedimiento Administrativo General se aplica a los procesos administrativos que se surtan en cualquier entidad estatal, al acotarse en el artículo 37, cuyo tenor es el siguiente: Artículo 37: Esta Ley se aplica a todos los procesos administrativos que se surtan en cualquier dependencia estatal, sea de la administración central, descentralizada o local, incluyendo las empresas estatales, salvo que exista una norma o ley especial que regule un procedimiento para casos o materias específicas. En este último supuesto, si tales leyes especiales contienen lagunas sobre aspectos básicos o trámites importantes contemplados en la presente Ley, tales vacíos deberán superarse mediante la aplicación de las normas de esta Ley. Este escenario jurídico, pone de manifiesto que la controversia planteada en la acción de garantía que nos ocupa, es de naturaleza distinta al de los procesos administrativos regulados por la Ley 38 de 2000. Ello es así, tal como lo hemos señalado previamente, el proceso de lanzamiento por intruso es un juicio de policía cuyo procedimiento se consiga en el Código Administrativo, lo cual a nuestro criterio la controversia planteada en esta acción constitucional queda excluida de la aplicación de la Ley 38 de 2000. Esta Corporación de Justicia, se ha referido al recurso extraordinario de revisión dispuesto en la Ley 19 de 1992 y la Ley 38 de 2000, y ha sentado el criterio, que han sido concebidos para procesos de naturaleza distintas. Así, en sentencia de 11 de octubre de 2013, el Pleno expresó: ... Esta Corporación de Justicia coincide con lo afirmado por el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial, en cuanto a que es la Ley N°19 de 3 de agosto de 1992 la aplicable al recurso extraordinario de revisión administrativa dentro del proceso de lanzamiento por intruso conocido por la autoridad de policía de la provincia de Los Santos. Dado que el activador constitucional, sustentó la vulneración de la garantía de la tutela judicial efectiva en la inobservancia de la Ley 38 de 2000 por parte de la autoridad de policía, corresponde puntualizar las siguientes acotaciones aclarativas: En primer lugar, cabe precisar que esta Superioridad en reiterada jurisprudencia ha explicado que las normas contenidas en la Ley 19 de 3 de agosto de 1992, que regulan el recurso extraordinario de revisión administrativa, se aplican cuando las autoridades administrativas ejercen atribuciones jurisdiccionales de policía o corrección, en ocasión de su finalidad, que es obtener la revocatoria de las decisiones dictadas en segunda instancia por autoridades municipales en materia correccional o por razón de los procesos de policía, siendo los competentes para conocer sobre ellos, los Gobernadores de provincia. Por otro lado, el recurso de revisión administrativa estipulado en la Ley 38 de 31 de julio de 2000, que regula el procedimiento administrativo general, se constituye en el medio de impugnación dispuesto para agotar la vía gubernativa y se presenta contra actuaciones que devienen del ejercicio de una función administrativa y del cual conoce la máxima autoridad administrativa. Observamos en ese sentido, que si bien es cierto, ambos recursos tienen similar denominación, han sido concebidos en atención a la naturaleza de las funciones que ejercen las autoridades administrativas y previstos para supuestos distintos. Ahora bien, señaladas estas aclaraciones, somos del criterio que esta acción de garantía no puede ser objeto de un análisis del fondo de la situación jurídica presentada, porque mal puede la autoridad demandada conculcar la garantía fundamental de la tutela judicial efectiva, cuando la infracción alegada fue sustentada en preceptos legales que no se los son aplicables al recurso extraordinario de revisión administrativa, tal como lo expusimos. ..." Ahora bien, esta Superioridad coincide con el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, al considerar que, el Gobernador de la provincia de Chiriquí, resolvió un recurso extraordinario de revisión administrativa, dentro de un proceso de lanzamiento por intruso, del cual es competente para conocer. De igual manera, concordamos con el criterio del Tribunal Superior al señalar que dentro del recurso extraordinario de revisión dispuesto en la ley 19 de 1992, no le es aplicable el trámite dispuesto para ese recurso consignado en la Ley 38 de 2000, por cuanto que, se establecen para procesos de naturaleza distinta, tal como se expuso en párrafos precedentes. En cuanto al otro cargo de infracción del debido proceso, que argumentó el accionante, esta Superioridad también coincide con el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, cuando señala que no se encontraban reunidos los requisitos indispensables para la figura del lanzamiento por intruso, ya que la controversia se origina en relaciones de familia (relación de pareja y de padres e hijos); por lo que, no puede señalarse que la señora Z.Y.D.S. y sus hijos, son intrusos. Es decir, los ocupantes que se encontraban conviviendo en el inmueble señalado, no lo hacían por fuerza o de hecho, sino producto de una relación familiar. En virtud de lo expuesto, esta Corporación estima que lo procedente en el presente caso, es confirmar la Resolución de 13 de agosto de 2015, mediante la cual el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, NO CONCEDE la acción de amparo de garantías constitucionales impetrado. En consecuencia, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la Resolución de 13 de agosto e 2015, emitida por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, que NO CONCEDE el A. de Derechos Fundamentales propuesto por el licenciado R.E.M., apoderado especial del señor G.Q.M., contra la Resolución No. 25 de 25 de marzo de 2015, dictada por el GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE CHIRIQUÍ. N..- NELLY CEDEÑO DE PAREDES SECUNDINO MENDIETA -- HARRY ALBERTO DÍAZ GONZÁLEZ -- LUIS RAMÓN FÁBREGA SÁNCHEZ -- JERÓNIMO MEJÍA E. -- HARLEY J. MITCHELL D. -- ABEL AUGUSTO ZAMORANO -- OYDÉN ORTEGA DURÁN GABRIEL E. FERNÁNDEZ YANIXSA Y. YUEN C. (Secretaria)

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