Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Pleno), Pleno, 9 de Noviembre de 2015

Ponente:Harry Alberto Díaz González
Fecha de Resolución: 9 de Noviembre de 2015
Emisor:Pleno
 
CONTENIDO

VISTOS: Conoce el Pleno de la Corte Suprema de Justicia de acción de amparo de derechos fundamentales promovida por la firma forense R., V. &B., actuando en nombre y representación de la señora K.V.L.T. contra la resolución administrativa No.056 fechada 23 de enero de 2015, dictada por el Administrador de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO), por medio de la cual se ordena la destitución de la amparista del cargo de Asistente Administrativo I, que ocupaba en esa institución. Por admitida la presente demanda de amparo de derechos fundamentales, se procede a resolver el fondo de la pretensión formulada (f. 16). De acuerdo al activador judicial, la señora V.L.T., inició labores en la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO), en el mes de febrero de 2010, en la Posición No. 917, con el Cargo de Asistente Administrativo I, y funciones en el Departamento de Decisión de Quejas, devengando un salario de B/.1,500.00 (MIL QUINIENTOS BALBOAS CON 00/100) (f. 3). Indica que a pesar de que su representada se desempeñó por más de cuatro años en el cargo antes señalado, demostrando dedicación y gran competencia física, moral y técnica en el desempeño de sus funciones, fue destituida mediante resolución No.56 fechada 23 de enero de 2015, y pese a contar con varias semanas de embarazo, según certificación expedida por el Dr. F.Y. fechada 11 de marzo de 2015. Por tanto a juicio del recurrente la amparista queda inmediatamente protegida con el fuero de maternidad (f. 3). De igual manera, considera que la resolución impugnada viola el artículo 72 de la Constitución Política de la República de Panamá, ya que se desconoce el fuero de maternidad que ampara a la señora K.V.L.T., pues al momento de emitirse la resolución de despido, la misma contaba con tres semanas de embarazo. En respuesta al informe requerido, la autoridad demandada expresó que: la señora K.V.L.T., inició labores en la institución en el año 2010, por medio de un nombramiento transitorio, siendo nombrada el 1 de mayo de 2012 en el cargo de Asistente Administrativo I, Posición No. 917, como servidora pública, sin categoría de carrera administrativa (f. 17). Expresa, que la señora K.V.L.T., fue destituida de su cargo mediante Resolución No.56 de 23 de enero de 2015, pues su categoría era de libre nombramiento y remoción, reconociéndosele las prestaciones a que tuviera derecho, de conformidad a la ley y sus reglamentos (f. 17). Indica que la señora K.V.L.T., presentó en su propio nombre recurso de reconsideración, argumentando que tenía cuatro (4) años de laborar en la institución y que nunca constó en su expediente amonestación de ningún tipo (f. 17). La decisión primaria fue confirmada mediante Resolución N° 17-014-15 de 6 de febrero de 2015, arguyendo la ausencia de elementos que desvirtuaran la decisión recurrida (f. 7). Señala la autoridad en Informe AG-512-15/OGC/CA de 8 de junio de 2015 que al proceder a resolver el recurso de reconsideración, advirtió: "...en el año 2010, la señora L. tuvo que descontar de sus vacaciones tiempo excedido de permiso, en el año 2011, la funcionaria se excedió 10 días, 6 horas y 56 minutos de los dieciocho (18) días para permisos personales, lo que le acarreó un descuento de B/.500.00 de su salario; en el año 2012, la Sra. L. se excedió treinta y tres (33) días, dos (2) horas y 41 minutos de los dieciocho (18) días por enfermedad. De igual forma, no obstante lo mencionado en el recurso de reconsideración de la Sra. L., se evidencia una amonestación verbal contra la Sra. L., de 4 de julio de 2013, por no seguir instrucciones. Del mismo modo, figura en el expediente de personal la Resolución No.714 del 3 de diciembre de 2012, mediante la cual se resuelve descontar nueve días de salario por sus pensión (sic) de labores, por no asistir puntualmente a su puesto de trabajo en el horario convenido..." (f. 18). Finalmente indica que la señora K.V.L.T., al notificarse de la resolución que confirmaba su destitución, el 11 de marzo de 2015, presentó nota emitida por una clínica privada en la cual se establece que cuenta con 8 semanas de embarazo, al tiempo que se comprometió a presentar una certificación de la Caja de Seguro Social, señalando que no había mencionado ese hecho, pues lo desconocía (f. 18). La decisión fue confirmada mediante Resolución N° 17-014-15 de 6 de febrero de 2015, arguyendo la ausencia de elementos que desvirtuaran la decisión recurrida (f.7). DECISION DE LA CORTE Conocido el libelo de amparo, así como el informe emitido por la autoridad requerida, procede la Corte a resolver lo que en derecho corresponda. Sabido es que el amparo de derechos fundamentales es un recurso sencillo, rápido y efectivo al que tiene derecho toda persona, para que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales, procurando la revocatoria inmediata de esa medida, cuando por la gravedad o inminencia del daño perjudique al afectado y se trate de un perjuicio actual. De igual manera, el artículo 72 de la Constitución Política de la República de Panamá, señala: "ARTICULO 72: Se protege la maternidad de la mujer trabajadora. La que esté en estado de gravidez no podrá ser separada de su empleo público o particular por esta causa. Durante un mínimo de seis semanas precedentes al parto y ocho que se siguen, gozará de descanso forzoso retribuido del mismo modo que su trabajo y conservará el empleo y todos los derechos correspondientes a su contrato. Al reincorporase la madre trabajadora a su empleo no podrá ser despedida por el término de un año, salvo en casos especiales previstos en la ley, la cual reglamentará además las condiciones especiales de trabajo de la mujer en estado de preñez." La Corte Suprema de Justicia, ha desarrollado jurisprudencialmente el alcance y contenido del artículo 72 constitucional, señalando que: "... En este mismo orden de ideas, el Pleno ha señalado con anterioridad que tanto la terminación de la realización laboral en el sector privado, como el despido mediante la declaración de insubsistencia del nombramiento del servidor o empleado del sector público, no excluye la existencia de justas causas para dar por terminada la relación de empleo de cualquier persona que se encuentre en estado grávido. De lo anterior se colige que la protección de la maternidad no alcanza el carácter de fuero intocable que dispone o absorba causas graves que justifiquen el despido. En este sentido, la conducta, eficiencia, habilidad, capacidad física y mental de la trabajadora son factores que, aunado a otros de carácter económico del empleador, configuran causales generadoras del despido, incluyendo a la mujeres (sic) en estado de gravidez. Pero, en todo caso, deben invocarse y eventualmente acreditarse". (El subrayado es nuestro). (Sentencia de 17 de mayo de 1996, Registro Judicial de 1996, pág. 125). El cuaderno de amparo revela que la causa de la destitución de la señora K.V.L.T., obedeció a que se trataba de una funcionaria de libre nombramiento y remoción. Al respecto esta Corporación de Justicia ha señalado en profusa jurisprudencia constitucional que: "dentro del sistema de libre nombramiento y remoción la trabajadora embarazada, por la protección del fuero de maternidad como derecho constitucional, inmediatamente adquiere estabilidad por el tiempo del fuero y sólo podrá ser despedida por justa causa legal que demuestre que no se despide por estar embarazada" (Cfr. Sentencia del Pleno de 27 de febrero de 1997). Los elementos acopiados permiten comprobar entonces, que la señora L.T., no fue destituida de su cargo por estar embarazada, pues al momento de materializarse la destitución y surtirse el recurso de reconsideración, la autoridad desconocía su estado de gravidez. Sobre lo expuesto debemos manifestar que en efecto, el fuero de maternidad contenido en el artículo 72 de la Constitución Política de la República de Panamá, protege a la mujer trabajadora en estado de gravidez, para que no sea destituida; empero, no constituye una limitante para su remoción en situaciones que así lo ameriten. Sin embargo, debemos tener en cuenta que si bien no consta que la destitución de la servidora pública obedezca al estado de gravidez, logró demostrar que al momento de ser destituida estaba embarazada y, en consecuencia, es merecedora de la protección constitucional que en esta instancia se reclama; máxime, ante la inexistencia de causales legales que sustenten su despido. En ese orden de ideas, para que la destitución de una servidora pública en estado de gravidez sea efectiva, la autoridad deberá tramitar un proceso disciplinario tendiente a comprobar la causal o causales de su destitución, ya que como hemos explicado previamente, una vez comprobado el embarazo, desaparece la condición de funcionaria de libre nombramiento y remoción para dar cabida a la protección de la maternidad y consecuentemente, al interés ulterior del menor. Lo expuesto encuentra sustento en el artículo 300 de la Constitución Política de la República de Panamá, al establecer que la remoción de los servidores públicos no es potestad absoluta y discrecional de ninguna autoridad, salvo las excepciones establecidas por la norma fundamental. Por otro lado, no debemos obviar lo advertido por la autoridad demandada mediante informe, al referir que la señora L.T. había sido suspendida de sus labores por incumplimiento de su trabajo, así como también se excedió en los permisos usados durante el año calendario y suspendida de sus labores por no seguir instrucciones (f.18). Sobre el particular, observa el Pleno que la última amonestación contra la señora K.V.L.T. tuvo lugar en el año 2013; es decir, poco más de un año antes de su destitución; por tanto, dichas amonestaciones no resultan oportunas ni guardan relación con su despido según se advierte de la Resolución Administrativa N° 056 de 23 de enero de 2015 y su acto confirmatorio, ya que como hemos explicado en líneas previas, la autoridad demandada sin mayor motivación, fundamentó la decisión únicamente en que la amparista era funcionaria de libre nombramiento y remoción. Ante esas circunstancias, no le queda al Pleno, otra alternativa que conceder el amparo de derechos fundamentales promovido. PARTE RESOLUTIVA Por las consideraciones anteriores, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONCEDE, el amparo de derechos fundamentales promovido por la firma forense R., V. &B., actuando en nombre y representación de la señora K.V.L.T., contra la resolución administrativa No.056 fechada 23 de enero de 2015, dictada por el Administrador de la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO), por medio de la cual se ordenó la destitución de la amparista del cargo de Asistente Administrativo I, que ocupaba en esa institución. Notifíquese HARRY ALBERTO DÍAZ GONZÁLEZ LUIS RAMÓN FÁBREGA SÁNCHEZ -- LUIS MARIO CARRASCO -- HARLEY J. MITCHELL D. -- ABEL AUGUSTO ZAMORANO -- OYDÉN ORTEGA DURÁN -- JOSÉ EDUARDO AYU PRADO CANALS -- NELLY CEDEÑO DE PAREDES -- HERNÁN A. DE LEÓN BATISTA YANIXSA Y. YUEN C. (Secretaria)