Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Pleno), Pleno, 21 de Noviembre de 2015

Ponente:Luis Mario Carrasco M.
Fecha de Resolución:21 de Noviembre de 2015
Emisor:Pleno

VISTOS:

Conoce el Pleno de la Corte Suprema de Justicia la acción de Hábeas Corpus presentada por el licenciado C.C.G. a favor del señor MARCO A.A.C., ciudadano ecuatoriano, mayor de edad, con pasaporte No. 0102110228 contra la F.ía Tercera Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación para que se declare ilegal la detención preventiva decretada en su contra o, en su defecto, se le sustituya por una medida cautelar menos severa.

El recurrente basa su petición en los siguientes hechos:

1-Falta de notificación a la Embajada de Ecuador, siendo que el indiciado es nacional ecuatoriano: Al respecto, el recurrente sostiene que:

Mediante resolución de 25 de mayo de 2015, la representante del Ministerio Público ordenó recibirle declaración indagatoria a MARCO A.A.C. ciudadano ecuatoriano, con carnet de residente permanente de la República de Panamá, país No. E-8-120327 como presunto infractor de delitos contra la Administración Pública; siendo que su patrocinado rindió declaración indagatoria el mismo día en que se le ordenó.

-Con posterioridad la F.ía Anticorrupción, sin que existiese sustento jurídico alguno, ordenó la detención preventiva de su patrocinado mediante resolución de 25 de mayo de 2015. Destaca el accionante que la ilegalidad de la orden restrictiva de la libertad entre otros, deviene de que al mismo se le ordenó su detención preventiva sin ponerle en conocimiento de los de sus derechos consagrados en la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares (ratificada por la República de Panamá mediante ley N°36 de 2 de febrero de 1967), ya que es ciudadano extranjero y debería de notificársele a la Embajada de Ecuador, ello con base a lo dispuesto en el artículo 36.1.b) de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, en conjunción con el artículo 5 literales a, e, i; los cuales cita a folios 3.

De esa manera, agrega el accionante que la Resolución de 25 de mayo de 2015 ordenó la detención preventiva de MARCO A.A.C. en violación del debido proceso legal que sobre detención de ciudadanos extranjeros debe regir para la materia, ya que no basta con la sola fundamentación o ponerle en conocimiento de las normas constitucionales y legales que rigen en nuestro país, sino que deben de acompañarse de las garantías que ofrece la Convención de Viene sobre Relaciones Consulares y que no se extiende o debe interpretarse sólo a favor de su cuerpo diplomático, sino a todos los ciudadanos que se encuentren residiendo en un país determinado en donde exista embajada u oficina consular a la cual debe de notificársele de la medida o decisión jurisdiccional de que un ciudadano de su país está siendo detenido en ese momento y, que en este caso no se le notificó a la Embajada de Ecuador que en nuestro país el ciudadano ecuatoriano MARCO A.A.C. se encuentra a órdenes del Ministerio Público.

Añade también que el Pleno de la Corte bajo la ponencia del Magistrado H.J.M. ha dejado sentado que en cuanto al tema de la asistencia consular la Corte lo ha reconocido al disponer que la agencia respectiva del Ministerio Público realice las gestiones pertinentes de manera que se logre la comunicación y favorezca el contracto y asistencia con personal diplomático y/0 consular del país del que son naturales los procesados. Cita el letrado la sentencia de 25 de febrero de 2011.

De lo expuesto, agrega el accionante que existe violación al debido proceso legal con respecto a la detención preventiva del señor MARCOALFREDO ALBAN así como la aprehensión del mismo, debido a que no se le notificó oportunamente "sin demora" a la Embajada de Ecuador sobre la decisión del Ministerio Público. Sin dejar de lado que se ha omitido un estadio procesal fundamental para que se le tome declaración indagatoria a un extranjero, cual es el de ponerle en conocimiento dicha Convención de Viena para la mejor defensa a favor de su patrocinad, constituyendo ello una violación a sus garantías fundamentales que deben ejerce mediante un control de convencionalidad. Cita al respecto la opinión consultiva OC-16/99 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el "DERECHO A LA INFORMACIÓN SOBRE LA ASISTENCIA CONSULAR EN EL MARCO DE LAS GARANTÍAS DEL DEBIDO PROCESO LEGAL".

2- La segunda ilegalidad en cuanto a la detención por la que transita el señor MARCO ALBAN CRESPO según el proponente de la acción, es que su conducción fue realizada en una aeronave de bandera extranjera, sin contar con la autorización del país de origen lo cual es violatorio a su juicio, de los principios de territorialidad de la aplicación de la ley penal. Ello es así, porque el prenombrado se encontraba dentro de una aeronave el día 25 de mayo del presente año, con rumbo a Tegucigalpa, Honduras, siendo que el vuelo era de la aerolínea AVIANCA, ya que estando en la nave a punto de partir la misma, su patrocinado fue bajado del avión por funcionarios panameños, quienes luego lo entregaron a la Dirección de Investigación Judicial del Aeropuerto de Tocumen, autoridades que procedieron a trasladarlo ante la F.ía Tercera Anticorrupción , ente investigador que hizo efectiva su detención.

3-La tercera ilegalidad de la orden de detención preventiva por la que transita MARCO ALBAN a juicio del recurrente, es el incumplimiento de la formalidad constitucional consagrada en el artículo 21 de la Carta Fundamental.

Lo antedicho lo fundamenta el recurrente en que la detención de su patrocinado vulneró la formalidad constitucional consagrada en el artículo 21 de la Carta Fundamental que condiciona la imposición de una medida privativa de libertad temporal, entre otros requisitos, a que la disponga una autoridad con competencia para ello, dado que, para ese momento, en que dispuso detener preventivamente a su patrocinado la representante del Ministerio Público no contaba con atribución legal para realizar actos de instrucción sumarial y consecuentemente, para aplicar atribuciones sumariales que el sistema inquisitivo le confiere, como el de imponer regímenes cautelares a sujetos investigados, dado que carecía de la autorización judicial que, necesariamente requería, para legitimar el ejercicio de sus atribuciones. En otras palabras, expresa el accionante que la falta de competencia de la F. Anticorrupción obedece a que entre otros, la competencia de los fiscales se mide por el término de ejecución o cumplimiento de la fase o actividad jurídica asignada (atención y cumplimiento de los plazos iniciales de instrucción sumarial y atención y cumplimiento de los plazos de prórroga sumarial concedidos por autoridad judicial.

Abunda el proponente en que no es ajustado a derecho la privación de libertad de MARCO ALBAN, habida cuenta de que la F.ía Tercera Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación agencia que mediante Resolución N°105 de 25 de mayo de 2015 aplicó detención preventiva de A.C. no estaba legalmente instituida de competencia para imponer esta medida cautelar personal; por cuanto que para ese momento en que dispuso detener preventivamente a su patrocinado, la representante del Ministerio Público no contaba con atribución legal para realizar actos de instrucción sumarial y consecuentemente, para aplicar atribuciones sumariales que el sistema inquisitivo le confiere, como el de imponer regímenes cautelares a sujetos investigados, dado que carecía de la autorización judicial que, necesariamente requería para legitimar el ejercicio de sus atribuciones.

Lo anterior obedece según el proponente, a que la agente del Ministerio Público no mantiene competencia cuando instruye un sumario fuera del tiempo legal establecido sin autorización judicial o después de concluida formalmente la etapa de instrucción, luego de emitida la vista fiscal con la recomendación de una calificación jurídica del sumario. Agrega que, admitir lo contrario sería dar visto bueno a que un fiscal investigue por tiempo indefinido sin ningún tipo de autorización o control judicial o que dicte actos dispositivos conjunta y paralelamente con el juez de la causa, todo lo cual contrasta con una correcta administración de justicia, de forma tal que transcurrido ese lapso, se agota igualmente la competencia en materia de instrucción sumarial.

Atendiendo a lo anterior, añade el activador constitucional la F.ía Tercera Anticorrupción hizo uso de ese período de tempo inicial autónomo que le concede la Ley para asumir competencia en la investigación sumarial de los hechos y, de igual modo, una vez precluido ese término inicial, hizo uso del período extendido de investigación, sometiéndose al control de autorización judicial que mandata la ley, para lo cual le fue concedida una prórroga por el término cierto y definido de dos meses, según Auto Vario N°25 de 30 de enero de 2015, proferido por el Juzgado Décimo Cuarto de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá. No obstante, resulta que ese período de dos meses autorizados judicialmente precluyó el 13 de mayo de 2015, considerando que la F.ía Tercera Anticorrupción dio nuevamente entrada al expediente luego de autorizada la prórroga, disponiendo proseguir con sus atribuciones de instrucción para el 13 de marzo de 2015. Ello aunado al hecho de que posterior a la fecha de preclusión del término de autorización judicial, no medió solicitud fiscal alguna para obtener una nueva autorización judicial para nueva prórroga o para extenderse mas allá del término de dos (2) meses previamente concedidos, razón por la cual al extenderse más allá del término de dos meses previamente concedidos indica con absoluta certeza que al cesar el período de autorización judicial igualmente cesó la competencia funcional investigativa de la F.ía Tercera Anticorrupción, siendo que al 25 de mayo de 2015 (fecha en que dispuso privar de libertad a nuestro defendido), ya no tenía autorización judicial para ejecutar actos de instrucción sumarial, resulta ostensible que tampoco contaba con facultad para imponer regímenes cautelares personales, de manera que la detención aplicada a su patrocinado fue impuesta cuando la fiscalía carecía de autorización y competencia para ello.

4- Incumplimiento de los peligros procésales exigidos por el artículo 2140 del Código Judicial

Según el recurrente, la detención preventiva impuesta a M.A.A.C. constituye una medida ilegal que debe ser revocada o sustituida por esta Corporación de Justicia, toda vez que vulnera formalidades legales consagradas en el artículo 2140 del Código Judicial que condiciona la imposición de una medida de detención entre otros requisitos, a que se encuentren acreditados los peligros procesales de fuga y desatención del proceso, de destrucción de pruebas y proclividad delictiva. Para el caso del beneficiado de la acción agrega, no concurría ni se encontraba acreditado absolutamente ningún peligro procesal que justificara imponerle la más grave de las medidas cautelares.

Añade que la F. ha justificado el peligro procesal de fuga indicando: 1-Que A.C. es ciudadano de nacionalidad ecuatoriana, de 44 años de edad, con domicilio en Club de Golf de Cerro Viento, dirección distinta a la ofrecida en la documentación proporcionada en su momento, siendo ésta la vivienda localizada en Brisas el Golf, Barriada Montañeza; 2-Que A.C. es una persona que cuenta con recursos suficientes para disponer de salida del país en cualquier momento; 3- Que existe peligro procesal de destrucción de prueba, por cuanto que es necesario establecer las circunstancias bajo las cuales se administraron las sumas de dinero transferidas a la cuenta cuyo único firmante es MARCO ALBAN CRESPO, de modo que el peligro de destrucción de pruebas está latente; 4-Que ALBAN CRESPO no ha podido explicar el motivo por el cual se giró el cheque a nombre de la persona de F.A.V. y fue poco concluyente en relación a la manera en que se darían las presuntas indemnizaciones.

Respecto al peligro procesal de fuga que la F. atribuyó al hecho que A.C. tuviese registrado en el expediente una dirección domiciliaria distinta a su residencia actual, que fuese ciudadano ecuatoriano y contara recursos económicos, destaca el accionante que ninguna de ellas se encontraban acreditadas en el expediente- Que la dirección que manejaba la fiscalía en ese momento derivó de la consulta de un documento no actualizado donde se reflejaba la residencia anterior que mantenía A.C.. No obstante, lo cierto es que en su primera comparecencia formal al proceso, A.C. fue claro al señalar que su dirección domiciliaria estaba fijada en el Club de Golf, sector de Cerro Viento, Casa 5-A, después de la garita a mano derecha, Corregimiento de R.A., Distrito de San Miguelito, Provincia de Panamá y así ha quedado acreditado con los medios de pruebas incorporados al proceso., los que pasa a enumerar a fs. 15, y que a su juicio pone de relieve que el tema del supuesto desconocimiento o de la supuesta inexactitud del domicilio de A.C. planteada en la resolución de detención era inexistente, lo que además, opera a favor del prenombrado porque si bien es ciudadano ecuatoriano lo cierto es que tiene arraigo en nuestro país, lo cual se demuestra con una hipoteca que tiene, que vive en Panamá junto a su esposa tiene un trabajo fijo en Panamá y dos hijas menores, quienes estudian y están matriculadas en un colegio de este país.

En cuanto al peligro de destrucción de pruebas o de injerencias en la correcta adquisición de las misas que la F. atribuyó al hecho de no conocer cómo se administraron las sumas de dinero depositadas en la cuenta cuyo firmante autorizado era A.C., de no conocer el motivo por el cual se giró el cheque a nombre de F.V. y de haber sido A.C. poco concluyente en cómo se darían las indemnizaciones, ello no supone que exista un peligro de destrucción de pruebas.

5- Incumplimiento de los presupuestos para formular cargos por delito contra la administración pública a un particular, especialmente peculado.

Sustenta su reclamo el accionante en que el señor MARCO A.A.C. no ostenta cargo como servidor público actualmente ni durante la contratación de la empresa HIDALGO e HIDALGO por parte del Ministerio de Desarrollo Agropecuario. De esta manera agrega, que al no osttentar el beneficiario de la acción ningún cargo como servidor publico, no se le puede imputar cargos por delito de peculado, por cuanto no ostenta la condición de servidor público, cualificación que se requiere en cuanto al sujeto activo del delito de peculado. Además, el hecho que su mandante sea el apoderado general de la empresa HIDALGO e HIDALGO por sí solo, no lo hace responsable de la comisión del ilícito que se le endilga.

La orden cuya ilegalidad se demanda:

Al librársele mandamiento de hábeas corpus respectivo la F. Tercera Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación procedió a dar contestación en los siguientes términos:

Que sí ordenó la detención preventiva en contra de MARCO A.A.C., sindicado por la comisión del delito Contra la administración Pública, a través de la Resolución No.105 de 25 de mayo de 2015. Además, indicó la agente de instrucción que los motivos de hecho y de derecho que tuvo para ello son los siguientes:

"MOTIVOS DE HECHOS:

En esta oficina de investigación cursa investigación que se inició de oficio en virtud de noticia publicada en un diario de la localidad, a través de la cual se hace referencia al Contrato de obra DAL-003-2012, suscrito entre el Ministerio de Desarrollo Agropecuario y el (sic) empresa HIDALGO & HIDALGO, representada por MARCO ALBAN CRESPO.

El Contrato refiere al Estudio, Diseño y Construcción del Proyecto Integral y M. para el Desarrollo Agropecuario del Valle de Tonosí.

La partida presupuestaria del proyecto era por un valor de B/.128,670.00.00 empero el contrato llega a suscribirse por el monto de B/.155,084,616.31.

El Estado pagaría a la empresa contratista el monto de B/.155,084,616.13, desglosados así: B/.144,938,893,75, más B/.10,145,722.56, en concepto de ITBMS, sin embargo, se retendrá en concepto el 50% de ITBMS, que equivale a B/.5.072,722.28. Además se estableció el pago de un anticipo del contrato para gastos iniciales con la finalidad de agilizar la ejecución del proyecto B/.31,016,923.26, que deberían de pagarse en dos etapas. La primera de ellas equivale al 10% del monto del contrato, es decir, por el valor de B/.15,508,461.63; y la segunda equivale igualmente al 10% del valor total del contrato(B/.15,508.461.63).

Durante la secuela investigativa se determinó que el anticipo destinado para la agilización de la ejecución del proyecto, fue utilizado para el pago a terceros no vinculados a la obra, tal e el caso del cheque, en primer orden, a F.V. por el orden de B/:5,232,411.57, con ello se le formuló cargo en primer lugar por el delito CONTRA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, modalidad de peculado.

Posteriormente, al estudio del resto de los cheques expedidos, se ubicó el número expedido a favor de A.A. por el monto de B/.20,000. Lo importante de este documento negociable es que el favorecida (sic) era quien presidida (sic) la comisión verificadora que designó a HIDALGO &HIDALGO como la empresa que llevaría a cabo la obra pública, este hallazgo trajo como consecuencia que le imputara a MARCO ALBAN CORDOBA (sic) el delito de corrupción de funcionario público.

Destacamos que para el imputado MARCO ALBAN CRESPO el contrato celebrado con el Estado fue celebrado conforme a derecho, sin embargo, ha reconocido el pago a personas no relacionadas con el anticipo, además de conocer del proyecto en comento mucho antes de ser sometido a licitación pública.

MOTIVOS DE DERECHO:

Al pronunciarnos en cuanto al primer cargo imputado, es decir, el específico por Peculado, se estimo(sic) que era necesario aplicar medida cautelar de privación de libertad de forma preventiva, tomando en cuenta los principios de proporcionalidad e idoneidad; ello por cuanto resulto y así lo demuestra el resultado de nuestra investigación, asegurar pruebas, además de contar con la presencia de MARCO ALBAN CRESPO hasta el final del proceso.

Es dable hacer hincapié que desde la imputación a M.A.C., por el primer cargo, se ha podido formular nuevos cargos al vencimiento nuevos cargos al veinticinco personas más, que han resultado vinculadas a la investigación.

Precisamos indicar que al realizar el estudio de valorización respecto a la medida cautelar a aplicarse se consideró la fase de la investigación en la que nos encontrábamos, tendientes a establecer las circunstancias bajo las cuales se administro (sic) las sumas de dinero transferidas a la cuenta cuyo único firmante es MARCO ALBAN CRESPO, de modo que el peligro de destrucción de pruebas estuvo y está latente.

Finalmente destacamos que en el mandamiento de hábeas la parte interesada ha afirmado que no se ha notificado a la Embajada del Ecuador la situación de privado de libertad del sindicado MARCO ALBAN CRESPO, no obstante, mediante oficio No.8710 del 17 de junio del 2015, consultable a foja 21595 se hizo la notificación pertinente, vía F. Superior de Asuntos Internacionales."(fs.61-62).

Adicionalmente, la señor F. señala que sí tiene bajo su orden al sindicado MARCO ALBAN CRESPO sindicado por la comisión del delito Contra la Administración Pública; adjuntando copia autenticada de la Resolución cuya ilegalidad se demanda.

Antecedentes del caso:

La investigación inició de oficio a raíz de una publicación en el diario La Prensa de 18 de agosto de 2014 titulada "UN SISTEMA DE RIEGO EN EL AIRE" que mencionaba que: "La administración de R.M. adjudicó por 155 millones la construcción del sistema de riesgo de Tonosí, en Los Santos, sin tener la propiedad de las tierras y con una férrea oposición. A la empresa ecuatoriana HIDALGO e HIDALGO, responsable de una parte de los trabajos del plan de saneamiento de la bahía de Panamá, se le asignó en junio de 2012 el estudio, diseño y construcción del plan de riego. Pero los moradores de las áreas afectadas en El Tolú y Bajos de Güera en Macaracas sólo se enteraron del pryecto cuando vieron los tractores en sus tierras."

Tras la noticia criminis, la F.ía Tercera Anticorrupción dispuso realizar diligencias judiciales, tales como, oficios a entidades públicas y privadas, inspecciones oculares y declaraciones juradas a objeto de recabar caudal probatorio que permita esclarecer la posible comisión de un ilícito, actuaciones que se enuncian a continuación:

1- Solicitud de la F.ía al Ministerio de Desarrollo Agropecuario para que le remitiese la Nota DAL-127-2014, relacionada a la Licitación por Mejor Valor con Evaluación Separada No.2011-0-10-0-07-LV-008580, sobre el Estudio. Diseño y Construcción del proyecto Integral y M. para el Desarrollo Agropecuario del Valle de Tonosí, Provincia de Los Santos, el cual conlleva la contratación de la empresa H.&.H. S. A., mediante Contrarto de Obra No.DAL-003-2012 (que reposa a fs.131-395, Tomo I).

2-Que el Acto Público estableció la Provincia de Los Santos, El Valle de Tonosí como el lugar en el cual se ejecutaría el proyecto relacionado al "Estudio, Diseño y Construcción del proyecto Integral y M. para el Desarrollo Agropecuario", cuyas condiciones climáticas son críticas, debido a l escasez de agua, limitada dotación de energía eléctrica y frecuentes inundaciones.

3-El proyecto en mención consistía en un sistema de riego de alrededor de 10,000 hectáreas en una primera fase y 5,000 hectáreas en una segunda fase, en la que debería de satisfacer las necesidades del agua potable y generaba energía eléctrica; además, controlaba las inundaciones del lugar. Inclusive se construiría La Presa Güera para el sistema de riego.

4-La licitación por mejor Valor con Evaluación Separada No.2011-0-10-0-07-LV-008580, establece que el consto de adquisición de la servidumbre en el proyecto "Diseño y Construcción del Proyecto Integral y M. para el Desarrollo Agropecuario del Valle de Tonosí, será pagado por la empresa en tal caso, sería H. e H.S., quien además, será responsable de la demarcación del área de afectación en el campo. Además, se establece que los avalúos de los predios afectados lo realizaría el Ministerio de Economía y Finanzas y la Contraloría General, y el promedio de ambos costos sería el costo de la propiedad afectada (fs.226, Tomo I).

5-Que en autos consta el Resuelto No.DAL-030-ADM-2012 de 4 de junio de 2012, emitida por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA), el cual adopta el Marco Operativo Institucional para la Ejecución del Estudio, Diseño y Construcción del Proyecto Integral y M. para el Desarrollo Agropecuario del Valle de Tonosí, Distrito de Tonosí, Provincia de Los Santos.

6-Dentro de las copias autenticadas brindadas por el Ministerio de Desarrollo Agropecuario consta la partida del proyecto de El Valle de Tonosí por el valor de B7.128, 670, 000.00, sin embargo, en el contrato se suscribe por el monto de B/:155,084,613.31 (fs.949 y 6,452).

7-Mediante resolución DAL-006-ADM-2012, emitida por la Comisión Evaluadora del proyecto de Estudio, Diseño y Construcción del Proyecto Integral y M. para el Desarrollo Agropecuario del Valle de Tonosí, se adjudica el proyecto de riego a la empresa HIDALGO E H.S., por el valor de B/:155,084,616.31.

8-En acta de inspección ocular realizada en el Ministerio de Desarrollo Agropecuario para el 27 de agosto de 2014, se recabó copia autenticada del Contrato de Obra No.DAL-003-2012 de fecha 12 de marzo de 2012, relacionado a la Licitación Pública No.2011-0-10-0-07-LV-008580 para el Diseño y Construcción del Proyecto Integral y M. para el Desarrollo Agropecuario del Valle de Tonosí, Distrito de Tonosí, Provincia de Los Santos, suscrito entre MARCO A.A.C. en representación de la Empresa HIDALGO & H.S. y O.A.O.C., en representación de la entidad (fs.71-78).

9-En el contrato en mención se indica que la empresa HIDALGO & H.S. debe diseñar, construir y ejecutar el Proyecto Integral y M. para el Desarrollo Agropecuario, refiriendo asó el estudio, diseño y la construcción de obras hidráulicas, caminos, obras civiles, elaboración del pan del componente de desarrollo agropecuario, incluyendo los programas para la capacitación y organización de los usuarios durante la construcción de las obras y la capacitación y transferencia de tecnología durante la operación inicial;; la implementación de las medidas de mitigación ambiental de conformidad con las características, cantidades y eficiencias señaladas en los planos, el Pliego de Cargos y Especificaciones Técnicas y demás documentación elaborada al efecto. Este contrato fue refrendado por la Contraloría de la República.

10-Adicional al tema relacionado con el estudio y diseño definitivo para la construcción de presas de usos múltiples y otras obras complementarias, se estableció que el Estado pagaría a la empresa contratista el monto de B/.155,084,616.13, desglosados así: B/.144,938,893,75, más B/.10,145,722.56, en concepto de ITBMS, sin embargo, se retendría en concepto el 50% de ITBMS, que equivale a B/.5.072,722.28. Además se estableció el pago de un anticipo del contrato para gastos iniciales con la finalidad de agilizar la ejecución del proyecto B/.31,016,923.26, que deberían de pagarse en dos etapas. La primera de ellas equivale al 10% del monto del contrato, es decir, por el valor de B/.15,508,461.63; y la segunda equivale igualmente al 10% del valor total del contrato(B/.15,508.461.63).

11-La duración del contrato se pactó en 27 meses, contados a partir de la obra de proceder de 10 de mayo de 2012 y debía concluir el 3 septiembre de 2014 (fs.79). No obstante, el contratado solicitó una extensión del plazo debido a desacuerdos existentes en el proceso relativo a las indemnizaciones a los propietarios de los predios afectados, ya que restringían los permisos de paso para la realización de los estudios requeridos en los diseños finales del proyecto. En vista de ello, el Ministerio de Desarrollo Agropecuario emitió la Adenda Subsanada No.1, por la cual prorrogó 14 meses adicionales el tempo de ejecución de la obra.

12-Constan en autos las notas remisorias DM-4316-2013 de 3 de diciembre de 2013, 8 de enero, 3 de febrero y 6 de marzo de 2014 y notas subsiguientes suscritas por el ex Ministro Oscar Osorio dirigida a la empresa HIDALGO e HIDALGO S..A., solicitando la suspensión temporal para la ejecución del Diseño y Construcción del Proyecto Integral y M. para el Desarrollo Agropecuario del Valle de Tonosí, por el mes de diciembre de 2013, enero, febrero y marzo de 2014, hasta que la mesa de diálogo entre la entidad, la empresa contratista y los miembros de la Junta Directiva llegasen a un acuerdo en el procedimiento de indemnización (fs.398-405); pedido de suspensión provisional que se amplió hasta junio de 2014.

13-Para ejecutar el proyecto, el Estado desembolsó los siguientes pagos de anticipo a empresa H. e H. Inversiones S.A. (fs.406-407).

Primer anticipo: B/15,001,175.50 el 17/7/12

Segundo Anticipo: B/.8,850.749.30 el 7/3/13

Tercer anticipo: B/. 6,150,426.21 el 11/7/13

14-Adicionalmente el Erario Público efectuó los pagos por avance de obra a la empresa H. e H. Inversiones S.A. por montos que oscilaban desde B/.488,000.00 a partir del 19/11/13 hasta B/.1,078.756.00, pagado este último en feha de 29/5/14. A destacar que tales montos incluían retención del 10% de anticipo, la retención del 50% del ITBMS y el monto real al contratista (fs.161).

15- Mediante diligencia de inspección ocular realizada al Registro Público el 12 de mayo de 2015 se recabó información sobre la inscripción de la sociedad HIDALGO e H.S., se indicó a su vez, que está vigente siendo sus dignatarios J.H.B.(., F.H. (Tesorero) y J.H.(. y el representante legal es J.H.B.. También queda plasmado que la empresa otorgó poder especial a M.A. a fin de que asuma la representación legal.

16-Constan las declaraciones juradas de los señores J.J.M., R.M., J.V. y otros quienes exponen que mantenían escasa información sobre la ejecución del contrato investigado.

17-Consta informe del Ingeniero D.V., Investigador Especial con estabilidad 1V en el Centro de Investigaciones Hidráulicas e Hidrotécnicas de la Universidad Tecnológica de Panamá, quien elaboró la experticia del proyecto investigado, indicando que el contratista no presentó planos de predios afectados por el embalse G., calle principal y canales secundarios del margen derecho del Río Tonosí. Además que se debe realizar una auditoría técnica y financiera, ya que en las inspecciones efectuadas se detectaron anomalías.

18- Mediante resolución motivada se procedió a la práctica de diligencia de inspección ocular al Banco City Bank, sucursal El Dorado, a fin de conocer información en torno a la cuenta No.008301000000086, de la sociedad H.&.H., cuenta esta que recibió transferencias del Ministerio de Economía y Finanzas para el proyecto Sistema de Riego del Valle Tonosí. En ese sentido, se tuvo conocimiento en la diligencia en cuestión del cheque No.03533 de 9 de agosto de 2012, pagadero a la orden de F.A.V., por la suma de B/.5,232,411.57.

19-Mediante informe secretarial de 25 de mayo de 2015, este despacho tuvo conocimiento que la empresa H.&.H. S.A. ha recibido transacción por parte del Ministerio de Economía y Finanzas a la cuenta No.008301000000086, para el 17 de julio de 2012, por el monto de B/. 15,001,175.50.

En atención a los elementos reseñados, la F.ía Tercera Anticorrupción mediante diligencia de 25 de mayo de 2015 dispuso recibirle declaración indagatoria a MARCO A.A.C. con pasaporte No.0102110228 en su condición de representante legal de la sociedad HIDALGO eHIDALGO por la presunta infracción de las disposiciones contenidas en el Libro II, Título X, Capítulo I del Código Penal, es decir, por el delito contra la Administración Pública (De las diferentes formas de Peculado), en grado de cómplice primario, por considerar satisfechos los requisitos de la acreditación del hecho punible, así como la vinculación del señor MARCO A.A.C., entre otros, con la resolución DAL-006-ADM-2012, emitida por la Comisión Evaluadora del proyecto de Estudio, Diseño y Construcción del Proyecto Integral y M. para el Desarrollo Agropecuario del Valle de Tonosí, que adjudica el proyecto de riego a la empresa H. &H. S.A., por el valor de B/.155,084,616.31, suscrito entre MARCO ALBAN en representación de la empresa HIDALGO e H.S. y O.A.O., ex ministro del Ministerio de Desarrollo Agropecuario, así como con el contrato N.DAL-003-2012 de fecha 12 de marzo de 2102, suscrito por MARCO ALBAN en representación de la empresa HIDALGO e H.S. y O.O. ex ministro de Ministerio de Desarrollo Agropecuario.

Del mismo modo, con la inspección ocular al Banco Citi Bank, sucursal El Dorado, a fin de conocer información en torno a la cuenta No.008301000000086, de la sociedad HIDALGO & HIDALGO, cuenta ésta que recibió transferencias del Ministerio de Economía y Finanzas para el proyecto del Sistema de Riego del Valle Tonosí. En ese sentido, se tuvo conocimiento en la diligencia en cuestión del cheque No.03533 de 9 de agosto de 2012, pagadero a la orden de F.A.V., por la suma de B/.5,232,411.57.

MARCO A.A.C. (fs.115-125 vta.) al rendir sus descargos para el 25 de mayo de 2015, se identificó como apoderado judicial de la empresa HIDALGO & HIDALGO, S.A. para Panamá y también para Honduras. Puesto en conocimiento de sus derechos constitucionales manifestó que recién tenía conocimiento de la existencia de dicho proceso en su contra. Admitió haber firmado el contrato referente a la Construcción del Proyecto Integral y M. para el Desarrollo Agropecuario del Valle de Tonosí. Indicó a su vez, que trabajaba en la empresa HIDALGO e HIDALGO, S.A. desde hacían 17 años y a partir del año 2009 en Panamá, cuando se le asignó tomar el apoderamiento legal de la empresa en Panamá desde el año 2009 para los proyectos que la empresa desarrollara en territorio panameño, incluso para poder extender esos negocios en territorio centroamericano. Agregó también, que la empresa HIDALGO e HIDALGO, S.A. en la actualidad trabaja en Ecuador, Perú, Colombia, Panamá, Honduras y otros sitios de América. Requerido sobre el estado del proyecto de riego en Tonosí manifestó que el proyecto tenía un coordinador general que podía dar muchos más detalles de cómo se desarrolló el mismo, recayendo ésta en la persona de V.R.; añadió que el proyecto se suspendió en razón a la situación de las indemnizaciones a los afectados lo cual no se llegó a concretar. Sobre la cuenta 008-301-00-000008-6 del City bank manifestó que estaba destinada al giro normal de las transacciones comerciales de la empresa HIDALGO e HIDALGO, S.A. Al preguntársele si reconocía el cheque en copia auténtica No. 035533 del 9 de agosto de 2012, expedido a favor de F.A.V. por un monto de B/.5,232,411.57 admitió que sí era su firma; no obstante, no podía explicar la razón por la que le fue girado a dicha persona natural; indicando a su vez, que el mismo no era proveedor del proyecto de riego de Tonosí.

La orden cuya ilegalidad se ataca:

Mediante Resolución 105 de 25 de mayo de 2015 la F.ía Tercera Anticorrupción, luego de los descargos de MARCO A.A.C. ordenó su detención preventiva basado en los elementos reseñados en los antecedentes del caso; indicando que la adopción de dicha medida resulta necesaria, proporcional e idónea, por cuanto es indispensable para alcanzar el fin, cual es la conclusión regular del proceso con la presencia del imputado para que no resulte ilusorio el proceso, pues no podría darse por ejemplo, un juicio en rebeldía. Ésto en atención a que MARCO A.A.C. con pasaporte No.0102110228, es de nacionalidad ecuatoriana de 44 años de edad, con domicilio en Club de Golf en Cerro Viento. Adicionalmente, señala la fiscal que aún se deben continuar practicando pruebas, pues es necesario establecer las circunstancias bajo las cuales se administró las sumas de dinero estatal transferido a la cuenta cuyo único firmante es MARCO ALBAN CRESPO, de modo que el peligro de obstaculizar pruebas está latente.

En cuanto al tema de la penalidad, agrega la fiscal que del análisis interlocutorio de los hechos se observa que se adecúan a las normas contenidas en el Título X, Capítulo I del Código Penal, verificando que en el caso del señor ALBAN CRESPO la conducta investigada se enmarca dentro de los delitos contra la Administración Pública, cuya pena oscila entre los 4 y 10 años de prisión, de igual forma se establece una agravante que oscila entre los 8 a 15 años en el caso en que la suma de lo apropiado supere los B/.100.000.00, resultando que la pena a imponer es alta, por lo cual ha estimado necesario imponerle una medida cautelar personal, que no sólo es necesaria sino proporcional.

DECISIÓN DEL PLENO

Expuestos los argumentos del accionante, luego de ponderar los antecedentes del caso y la resolución de detención cuya ilegalidad se ataca, el Pleno pasa a pronunciarse sobre la privación de libertad que pesa contra el señor MARCO ALBAN CRESPO, con el fin de precisar si se ajusta a los parámetros constitucionales y legales que la regulan.

La Constitución en su artículo 21, dispone que "Nadie puede ser privado de su libertad, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente, expedido de acuerdo con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley." Del texto constitucional se infiere que para proceder a decretar la legalidad de una detención debe verificarse que exista una orden de detención motivada legalmente, que se sujete a los casos y circunstancias previamente tipificados, que sea girada por la autoridad o funcionario respectivo, debidamente facultado por la ley, y que se realice con estricta sujeción a los procedimientos objetivamente definidos en las leyes, a fin de que no den pie a vicios de arbitrariedad. Este es el hábeas corpus clásico o reparador recogido en los numerales 1 a 4 del artículo 2575 del Código Judicial.

Al respecto, tenemos que dicha medida restrictiva de la libertad ambulatoria ha sido decretada en virtud de mandamiento escrito y por autoridad competente, tal cual lo exige el citado artículo 21 de la Constitución Nacional. Además está consagrada como medida cautelar de carácter personal en el artículo 221 del Código Procesal Penal, texto procesal que en el orden de la menos a la más grave de las medidas restrictivas de la libertad personal establece: 1. La obligación de presentarse periódicamente ante la autoridad u oficina designada por el Juez. 2.La prohibición de salir del ámbito territorial que se determine. 3. La prohibición de concurrir a determinadas reuniones o visitar ciertos lugares o comunicarse con personas determinadas, siempre que no se afecte el derecho a la defensa. 4...10.La detención provisional.

Como se deja ver de la normativa procesal citada, la privación de libertad ambulatoria es la última ratio de las medidas cautelares personales a las que el funcionario investigador o autoridad jurisdiccional debe echar mano para garantizar los resultados de un proceso. El porqué es la medida de última adopción es precisamente, por el fin de evitar que en el ejercicio del ius puniendi, el Estado no violente derechos y garantías fundamentales que le asisten a toda persona que es sometida a un proceso, tales como su libertad ambulatoria y el principio de presunción de inocencia a que tiene derecho todo el que es acusado de haber cometido un delito hasta tanto se demuestre su culpabilidad en juicio oral y público.

De allí el carácter de provisionalidad de la medida, es decir, que representa un estado transitorio de sujeción de la persona investigada a la justicia penal, que puede ser alterado por el resultado del proceso.

Es de rescatar que la orden ha sido dictaminada por la autoridad competente para investigar el delito, siendo ésta la F.ía Tercera Anticorrupción, lo cual reconoce el accionante, aunque excepciona que se ha dado fuera del período de investigación, en atención a que ya la F.ía había pedido prórroga a la autoridad judicial para continuar investigando y la misma le había sido concedida por el plazo de dos meses por el Juzgado Décimo Cuarto de Circuito Penal mediante el Auto Vario No.25 de 30 de enero de 2015, por lo para la fecha de la detención ya había precluído la oportunidad de la fiscal para detener preventiva a MARCO ALBÁN.

El Pleno considera que se trata de un reclamo improcedente por vía de esta figura constitucional, pues se reitera que la F. Anticorrupción es la autoridad competente para dictaminar la detención preventiva cuestionada; siendo que en todo caso el accionante debe instar a la autoridad investigativa a que remita el sumario para su correspondiente calificación en la esfera jurisdiccional y de ser nugatorio el pedido, ejercer los mecanismos legales para tal fin, no esta vía.

Ahora bien, para que se apliquen medidas cautelares personales -caso de la detención provisional- deben concurrir además, los siguientes elementos o condiciones previstos en el artículo 237 del Código Procesal Penal que establece: "Cuando se proceda por delito que tenga señalada pena mínima de cuatro años de prisión y exista evidencia que acredite el delito y la vinculación del imputado, así como posibilidad de fuga, desatención al proceso, peligro de destrucción de pruebas, o que pueda atentar contra la vida o la salud de otra persona o contra sí mismo..."

Como se advierte una de las exigencias procesales de carácter objetivo por la que se puede proceder a decretar la detención preventiva es que el delito que se imputa tenga señalada pena mínima de cuatro años de prisión, esté acreditado el hecho punible así como la vinculación del o de los presuntos imputados a través de un medio probatorio que vincule razonablemente a la persona con el hecho punible. Esta exigencia deriva del artículo 222 del Código Procesla que exige: como requisitos para aplicar las medidas cautelares personales "1. Si existen medios probatorios demostrativos el hecho punible y la vinculación del imputado con el hecho.2.Si la medida es necesaria, en cuanto a la naturaleza y el grado de las exigencias cautelares requeridas en el caso concreto. 3. Si es proporcional a la naturaleza del hecho y a lasanción que se estime podría ser impuesta al imputado. 4. Si la afectación de los derechos del acusado es justificada por la naturaleza del caso...."

En el caso que nos ocupa, al señor MARCO ALBAN CRESPO se le imputa el delito genérico de peculado, previsto en el Código en el Título X sobre "Delitos contra la Administración Pública", Capítulo I relativo a las diferentes formas de Peculado. La pena para este tipo penal oscila entre cuatro a diez años de prisión.

En cuanto al tema de la acreditación del hecho punible así como la vinculación del o de los presuntos imputados a través de un medio probatorio que vincule razonablemente a la persona con el hecho punible, el Pleno considera que también está acreditado. Los elementos reseñados son indicativos de que MARCO A.A.C., ciudadano ecuatoriano, con pasaporte No.0102110228 en su condición de representante legal de la sociedad HIDALGO e HIDALGO, S.A. es la persona que contrató con el Ministerio de Desarrollo Agropecuario el Proyecto de Riego del Valle de Tonosí por el valor de B/:155,084,616.31. Del mismo modo, MARCO A.A.C. en su indagatoria lo ha confirmado.

En segundo orden, la vinculación razonable del señor MARCO A.A.C. con el supuesto hecho punible deviene de los siguientes elementos: Según las reseñas: 1-el Estado efectuó los pagos por avance de obra a la empresa HIDALGO eHIDALGO, S.A. por montos que oscilaban desde B/.488,000.00 a partir del 19/11/13 hasta B/.1,078.756.00, pagado este último en fecha de 29/5/14. A destacar que tales montos incluían retención del 10% de anticipo, la retención del 50% del ITBMS y el monto real al contratista; 2-Mediante resolución motivada se procedió a la práctica de diligencia de inspección ocular al Banco City Bank, sucursal El Dorado, a fin de conocer información en torno a la cuenta No.008301000000086, de la sociedad HIDALGO e HIDALGO, S.A., cuenta que recibió transferencias del Ministerio de Economía y Finanzas para el proyecto Sistema de Riego del Valle Tonosí. En ese sentido, se tuvo conocimiento en la diligencia en cuestión de la existencia cheque No.03533 de 9 de agosto de 2012, pagadero a la orden de F.A.V., por la suma de B/.5,232,411.57, quien según la indagatoria del señor MARCO ALBAN no tenía participación en el proyecto y 3- Existe informe secretarial de 25 de mayo de 2015, este despacho tuvo conocimiento que la empresa H.&.H. S.A. ha recibido transacción por parte del Ministerio de Economía y Finanzas a la cuenta No.008301000000086.

El artículo 227 del Código Procesal establece además la aplicación de las medidas cautelares, la presencia de otros factores de naturaleza subjetiva, siendo éstos: 1.la existencia de peligro de fuga, 2.Cuando existan motivos graves y fundados para inferir que el imputado puede destruir o afectar medios de prueba..."

-La posibilidad de fuga: Este presupuesto debe ir acompañado de elementos de convicción que determinen a pensar que si no se adopta tal medida, el imputado optará por sustraerse de la justicia (ejm. caso de una persona que no tenga residencia fija en el país o, que aún teniéndolo, de muestras del peligro latente de que se ponga fuera del alcance de la autoridad jurisdiccional). La defensa argumenta que su patrocinado reside en el país, tiene esposa y dos hijas en la escuela. El Pleno estima que el arraigo en el país por sí, no es suficiente. El punto es el riesgo de fuga y de obstaculización. En el presente caso el peligro de fuga se genera por razón de la penalidad que conlleva el delito y también porque el sindicado MARCO ALBAN CRESPO tiene un nivel económico altísimo por ser un ejecutivo de una empresa transnacional, por lo que tendría mayores probabilidades que un ciudadano promedio para evadirse del proceso. Aquí es de rescatar que su captura se dio en una aerolínea con destino a Honduras. A propósito y para dar contestación al accionista, quien cuestiona la ilegalidad de dicha orden en razón de que la conducción del beneficiario fue realizada el 25 de mayo de 2015 del presente año, estando a bordo de una aeronave de bandera extranjera (AVIANCA), sin contar con previa autorización del país de origen de dicha línea aérea, es de lugar indicar que tal autorización no era necesaria, pues su captura se dio en territorio nacional, específicamente en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, ubicado en suelo panameño, por ende, le es de aplicación la ley penal panameña (artículo 18 del Código Penal, referente a la aplicación de la ley penal en el espacio).

-La existencia del peligro de destrucción o afectación de medios pruebas: Este presupuesto puede darse en relación con la contaminación de las pruebas requeridas a los efectos del resultado de la investigación o del proceso. Su función es la de salvaguardar la fuente de prueba para impedir que por una acción del imputado la misma pueda ser sujeta de supresión o alteración, especialmente cuando se está ante la fase investigativa, sede en la que la aún los elementos indiciarios si bien están revestidos de la característica de graves, como para proceder a ordenar recepción de indagatoria, al igual que la adopción de medidas cautelares personales, lo cierto es que todavía no tiene la capacidad de constituirse en medio de prueba, dado la fase en que se encuentra la pesquisa.

Con los indicios reseñados queda en evidencia este peligro, habida consideración que el sindicado MARCO ALBAN CRESPO no ha podido explicar por ejemplo, el por qué de la de la existencia cheque No.03533 de 9 de agosto de 2012, pagadero a la orden de F.A.V., por la suma de B/.5,232,411.57, quien según sus descargos, no tenía participación en el proyecto. Además, existen indicios de que la empresa HIDALGO e H.S., representada por MARCO ALBAN CRESPO ha recibido transacciones por parte del Ministerio de Economía y Finanzas a la cuenta No.008301000000086 que aún no se esclarecido fehacientemente cuál ha sido su destino.

Por otra parte en lo que atañe a los reclamos relativos a la ilegalidad de la orden de detención por cuanto que:

Al señor MARCO ALBAN CRESPO de nacionalidad ecuatoriana no se le ha puesto en conocimiento de los derechos de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares ratificada por la República de Panamá mediante Ley N°36 de 2 de febrero de 1967, específicamente los artículos 5.1) y 36.1.b.) relativos el primero a que: "Las funciones consulares consistirán en...i.)representar a los nacionales del Estado que envía o tomar las medidas convenientes para su representación ante los tribunales y otras autoridades del Estado receptor, de conformidad con la práctica y los procedimientos en vigor de este último, a fin de lograr que, de acuerdo con las leyes y reglamentos del mismo, se adopten las medidas provisionales de preservación de los derechos e intereses de sus nacionales, cuando, por estar ausentes o por cualquier otra causa no puedan defenderlos oportunamente...";el segundo a: "b) si el interesado lo solicita las autoridades competentes del Estado receptor deberán informar sin retraso alguno a la oficina consular competente de ese Estado cuando, en su circunscripción, un nacional del Estado que envía sea arrestado de cualquier forma, detenido o puesto en prisión preventiva....", el Pleno considera a bien señalar que, en efecto, se trata de un derecho que le asiste a todo ciudadano extranjero sometido a los rigores de un proceso y es un deber de todo Estado parte de la Convención ponerle en conocimiento de ese derecho. En la presente causa, se advierte que al contestar el libramiento de hábeas corpus la autoridad demandada destaca la existencia del oficio No.8710 del 17 de junio de 2015, en el cual se hizo la notificación pertinente a dicha a la Embajada de Ecuador, vía F. Superior de Asuntos Internacionales (fs.62).

Sobre el derecho a la información y acceso efectivo a la asistencia consular que tienen los extranjeros detenidos en Estados ajenos al suyo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha señalado lo siguiente:

"151. La Corte ya se ha pronunciado sobre el derecho a al asistencia consular en casos relativos a la privación de libertad de una persona que no es nacional del país que le detiene....

  1. La Corte observa que los extranjeros detenidos en un medio social y jurídico diferente de los suyos, y muchas veces con un idioma que desconocen, experimentan una condición particular de vulnerabilidad, que el derecho a la información sobre la asistencia consular, enmarcado en el universo conceptual, de los derechos humanos, busca remediar de modo tal de asegurar que la persona extranjera detenida disfrute de un verdadero acceso a la justicia, se beneficie de un debido proceso legal en condiciones de igualdad con quienes no afrontan esas desventajas, y goce de condiciones de detención compatibles con el respeto debido a la dignidad de las personas. Para alcanzar sus objetivos, el proceso debe reconocer y resolver los factores de desigualdad rea de quienes son llevados ante la justicia. Es así como se atiende el principio de igualdad ante la ley y los tribunales y a la correlativa prohibición de discriminación. La presencia de condiciones de desigualdad real obliga a adoptar medidas de compensación que contribuyan a reducir o eliminar los obstáculos y deficiencias de impidan o reduzcan la defensa eficaz de los propios intereses.

  2. Es así que desde la óptica de los derechos de la persona detenida tres son los componentes esenciales del derecho debido al individuo por el Estado Parte:1) el derecho a ser notificado de su derechos bajo la Convención de Viena; 2) el derecho de acceso efectivo a la comunicación con el funcionario consular, y 3) el derecho a la asistencia mismo....(CASO VÉLEZ LOOR VS.PANAMÁ, Sentencia de 23 de noviembre de 2010).

Así pues, el Pleno considera a bien reiterar a la Agencia del Ministerio Público que realice las gestiones pertinentes de manera que se logre la comunicación efectiva y favorezca el contacto y asistencia con personal diplomático y/o consular del país del que es natural el investigado, precisamente para prevenir detenciones arbitrarias. No obstante, ello y a pesar de que al momento de rendir su indagatoria MARCO ALBAN no estaba asistido por personal consular del Estado del cual es parte, lo cierto es que sí estuvo asistido por defensor particular, lo que no revela a este momento, la vulneración de algún derecho fundamental.

Finalmente en cuanto al reclamo del accionante respecto a que el señor MARCO A.A.C. no ostenta cargo como servidor público actualmente ni durante la contratación de la empresa de la cual funge como representante legal HIDALDO e HIDALGO, S..A, con el Ministerio de Desarrollo Agropecuario, el Pleno tiene a bien señalar que según los elementos antes reseñados, MARCO ALBAN está vinculado al hecho contra la administración pública que se le imputa y aunque no ostentó ni ostenta la condición de funcionario público, lo cierto es que según la teoría de la comunicabilidad de las circunstancias, las circunstancias agravantes o atenuantes inherentes a la persona del autor o que emanen de sus relaciones particulares con el ofendido o de otra causa personal, también tienen su radio de acción sobre los partícipes en quienes concurran y tuvieron conocimiento de ello al momento de la ejecución del hecho.

En consecuencia, este Tribunal de garantías considera que la detención por la que transita MARCO A.A.C. atiende al principio de proporcionalidad que prevé que:"Cada medida será proporcional a la naturaleza del hecho y a la sanción que se estime podría ser impuesta al imputado".

En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA LEGAL la orden de detención preventiva decretada contra MARCO A.A.C. por la F.ía Tercera Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación mediante Resolución de 25 de mayo de 2015. ORDENA que el señor MARCO ALBAN CRESPO sea puesto nuevamente a órdenes de dicho despacho instructor.

N.,

LUIS MARIO CARRASCO M.

HARLEY J. MITCHELL D. -- ABEL AUGUSTO ZAMORANO -- OYDÉN ORTEGA DURÁN -- GABRIEL E. FERNÁNDEZ M -- NELLY CEDEÑO DE PAREDES -- SECUNDINO MENDIETA -- HARRY ALBERTO DÍAZ GONZÁLEZ -- LUIS RAMÓN FÁBREGA SÁNCHEZ

YANIXSA Y. YUEN. (Secretaria)