Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Pleno), Pleno, 30 de Septiembre de 2015

PonenteJosé Eduardo Ayu Prado Canals
Fecha de Resolución30 de Septiembre de 2015
EmisorPleno

VISTOS: Ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, el Licenciado C.E.C.G., en nombre y representación de Las Brisas de A., S.A., ha presentado acción de amparo de garantías constitucionales, contra el Auto N°.1 (Medida Cautelar de Secuestro) de 29 de mayo de 2014, emitido por el Tribunal Arbitral del Centro de Conciliación y Arbitraje de Panamá (CeCAP). La resolución atacada por esta vía constitucional, se pronunció como sigue: "PRIMERO: SE DECRETA FORMAL SECUESTRO sobre los siguientes bienes:i. La concesión derivada del contrato celebrado entre LAS BRISAS DE A., S.A. y la Autoridad de la Región Interoceánica, número 481-02 de 14 de noviembre de 2002.ii. En su defecto, los derechos que le confiere a LAS BRISAS DE A., S.A. el contrato celebrado con la Autoridad de la Región Interoceánica, N°481-02 de 2002 de 14 de noviembre de 2002.iii. Cualquier monto de dinero o recursos similares, que LAS BRISAS DE A., S.A. mantenga en los bancos de la localidad en cualquier tipo de cuentas, hasta la suma de B/.1,700,000.00. SEGUNDO: Se solicita Auxilio Judicial a los tribunales de la jurisdicción ordinaria a fin de que emitan los oficios y tomen todas las medidas necesarias para el fiel cumplimiento de la orden de secuestro aquí decretada. TERCERO: Solicita al juez que resulte competente de la jurisdicción ordinaria para conocer de esta medida, se sirva proseguir con todas las actuaciones relacionadas con la misma y tomar todas las decisiones relacionadas con la misma, tan pronto cese la jurisdicción arbitral con la notificación a las Partes de la resolución que decide la Aclaración del Laudo Arbitral, lo cual ocurrirá el día 29 de mayo de 2014". La decisión del Tribunal Arbitral se fundamenta, básicamente, en las consideraciones que a continuación se exponen: "Recibida y analizada la petición "urgente" de secuestro de las demandadas y en consideración a la inminencia de un daño sustancial que traería como consecuencia que la decisión de fondo emitida por este Tribunal Arbitral mediante Laudo de fecha 8 de mayo de 2014, pudiera ser burlada por la parte vencida en el proceso mediante la cesión de los derechos derivados de la concesión en el área de A., este Tribunal se inclina por acceder de inmediato a la petición de la secuestrante. El carácter de urgencia producto de actos específicos de cesión de derechos en los que evidentemente se encuentra la parte vencida en este proceso, junto con las múltiples actuaciones dilatorias desplegadas por la parte demandada a lo largo del proceso, incluso con la última petición de aclaración, no deberían ser bajo ninguna circunstancia un obstáculo, no sólo para hacer justicia mediante una emisión de un laudo final y definitivo, sino también para la adopción de todas las medidas necesarias para que el mismo sea cumplido por la parte que resultó vencida en proceso y evitar que el mismo sea ilusorio. Advierte el Tribunal que reconoce que la etapa avanzada del proceso permitirá seguramente al Tribunal Arbitral, únicamente resolver e iniciar los trámites de ejecución de la medida de secuestro que aquí se decretará, correspondiendo luego a la jurisdicción ordinaria mantener y continuar con las actuaciones que aquí son decididas. Respecto a la necesidad de consignar caución por parte del demandante, considera este Tribunal Arbitral que en esta etapa del proceso en la cual ya existe un laudo arbitral que efectivamente condena a la parte demandada, no se hace necesario solicitar al demandante una caución. No obstante, esta decisión puede ser revisada por el propio Tribunal Arbitral mientras mantenga jurisdicción o con posterioridad por la jurisdicción ordinaria, cuando cese la jurisdicción arbitral". La sociedad amparista requiere se admita la presente acción constitucional; se suspendan los efectos legales del Auto N°.1 (Medida Cautelar de Secuestro) fechado 29 de mayo de 2014, dictado por el Tribunal Arbitral; se conceda el amparo; y, en consecuencia, se revoque la orden emitida. La activadora constitucional fundamenta su pretensión en los hechos que a continuación se plasman: "PRIMERO: Ante el Tribunal Arbitral del Centro de Conciliación y Arbitraje de Panamá (CeCAP), se llevó un Proceso Arbitral propuesto por VIKINGO JOIN VENTURES, S.A. y VIKINGO OVERSEAS, INC, en contra de LA BRISAS DE A., S.A. SEGUNDO: La parte demandante arbitral señaló que el contrato del cual se derivó el convenio arbitral lo es el contrato Promesa de Compra Venta de 13 de agosto de 2006. TERCERO: Mediante Laudo Final de fecha 8 de mayo del 2014 el Tribunal Arbitral del Centro de Conciliación y Arbitraje de Panamá (CeCAP), decidió la controversia planteada e hizo una serie de declaraciones en la parte resolutiva. CUARTO: Contra este Laudo Final se solicitó la aclaración de la sentencia, misma que fue rechazada de plano por el Tribunal arbitral. QUINTO: Las demandantes VIKINGO JOINT VENTURES INC. y VIKINGO OVERSEAS INC. presentaron una solicitud de secuestro ante el tribunal arbitral, misma que fue accedida mediante Auto N°1 (Medida Cautelar de Secuestro) fechado 29 de mayo de dos mil catorce 2014, sin haber presentado la fianza correspondiente. SEXTO: De igual forma el Auto N°1 (Medida Cautelar de Secuestro) fechado 29 de mayo de dos mil catorce 2014 se ha dictado sin que en el mismo haya firmado el señor E.A. quien participó en su calidad de árbitro para el proceso. SEPTIMO: El Laudo Final del 8 de mayo de 2014 no se encontraba ejecutoriado al momento en que se emitió la medida de secuestro, por lo que la misma es extemporána y contraria a derecho, al tramitarse la ejecución del Laudo Arbitral. OCTAVO: La resolución emitida por el Tribunal Arbitral del Centro de Conciliación y Arbitraje de Panamá (CeCAP) no admite recurso, por lo tanto ha quedado ejecutoriada la vía jurisdiccional. NOVENO: Contra la orden de hacer contenida en el Auto N°1 (Medida Cautelar de Secuestro) fechado 29 de mayo de dos mil catorce 2014, dictado en el proceso arbitral es que se dirige la presente acción constitucional, toda vez que la misma resulta violatoria de las Garantías Fundamentales que operan a favor de LAS BRISAS DE A.S.A.". La sociedad amparista estima que la orden demandada se emitió en detrimento de sus garantías constitucionales, por haberse dado al margen del debido proceso. Hace descansar tales cargos "en que la orden no fue firmada por un miembro del Tribunal de arbitraje, por lo que se dio en contravención del procedimiento correspondiente; y por otro lado el Laudo final del 8 de mayo del 2014, en virtud del cual fue motivada la orden, no se encontraba ejecutoriado cuando se emitió el Auto que se estima como infractor de las Garantías Fundamentales". Añade que "la urgencia e inminencia del daño consiste en que el contenido de la misma al decretar secuestro sobre bienes de la demandante, afecta derechos subjetivos y garantías constitucionales que protegen el goce y disfrute de los bienes obtenidos conforme a la Ley y que serían de imposible reparación si no se toman las medidas correspondientes para reparar los daños que pueda causar la resolución emitida por el ente jurisdiccional..." Considera conculcado el artículo 32 de la Constitución Nacional, de forma directa por omisión. En cuanto a la falta de la firma de uno de los árbitros en la resolución amparada, señala: "En el proceso arbitral actuaron como árbitros los señores E.A., E.A.B. y J.F.L., no obstante, el acto que se demanda como infractor de las garantías constitucionales, carece de la firma del señor E.A. y en su lugar ha firmado el señor J.F.L. enunciando la frase "a ruego" lo cual presenta una doble infracción de la norma in comento, pues por una parte con la emisión del acto se ha incumplico con la obligatoriedad de que los procesos deben llevarse ante autoridad competente, por razón de que dicha resolución debió ser firmada por 3 árbitros y la misma materialmente ha sido firmada por dos árbitros solamente E.A.B. y J.F. LEE dos veces lo cual trae como consecuencia que el acto acusado no sea legítimamente válido al faltar la firma de uno de los componentes del Tribunal. Por otra parte también se desprende una violación del trámite legal correspondiente, ya que siendo una resolución emitida por un Tribunal colegiado en materia de arbitraje lo propio era que el acto emitido hubiese contenido la firma de los tres componentes del tribunal. No obstante incurrieron en un trámite diferente y que no es propio de la emisión de cualquier acto jurisdiccional al suplantar la firma de E.A. y en su lugar que firmara J.F.L. poniendo la frase "a ruego" lo cual es contrario a derecho e implica el quebrantamiento de la norma constitucional antes citada". Como previamente se anotó, también reprocha que se le haya desconocido el derecho a impugnar y que se haya procedido a ejecutar una decisión no ejecutoriada. Desarrolla estos aspectos, de la siguiente manera: "Si bien el Laudo Final de fecha 8 de mayo del 2014 del Tribunal Arbitral, es la decisión de fondo en un conflicto de intereses que se siguió bajo las reglas del arbitraje, dicha decisión no es definitiva y permite la utilización de medios impugnativos a quien se sienta inconforme con la decisión adoptada por dicho tribunal. En la presente causa se ha quebrantado este aspecto de la Garantía del Debido Proceso que opera a favor de nuestro representado, toda vez que se han tomando medidas para la ejecución del Laudo Arbitral aún cuando el mismo no se encuentra ejecutoriado y no se han agotado los medios de impugnación para tal fin. Del contenido del Auto N°1 (Medida Cautelar de Secuestro) fechado 29 de mayo de dos mil catorce 2014 se desprende que el mismo se ha emitido por parte del tribunal para garantizar la ejecución del laudo arbitral emitido, lo cual es extemporáneo por haberse adelantado con dicho acto a la ejecución de una decisión que no se encuentra en firme, pues a la fecha de hoy el mismo todavía puede ser objeto de impugnación a través de los mecanismos legales establecidos para tal fin, por lo que la orden emitida es contraria a derecho y quebrantadora de las garantías de nuestro representado. Existe también en la causa, una omisión legal del Tribunal de Arbitraje, toda vez que se accedió a la medida cautelar solicitada por los demandantes en arbitraje sin que los mismos hayan consignado la fianza correspondiente, la cual es un medio que asegura el resarcimiento de los daños en virtud de la medida cautelar, pues como hemos mencionado, el Laudo Final aún puede ser revocado o reformado en virtud de las acciones y recursos correspondientes que aún puede ejecutar nuestro representado". También estima conculcado el artículo 47 de la Carta Magna, en concepto de violación directa por omisión. Señala que "la emisión del acto contenido en el Auto N°1 (Medida Cautelar de Secuestro) fechado 29 de mayo de dos mil catorce 2014 emitido por el Tribunal Arbitral del Centro de Conciliación y Arbitraje de Panamá (CeCAP) viola el Derecho a la Propiedad constitucionalmente consagrado para todo ciudadano, el cual es el goce y disfrute de la propiedad privada, por el hecho de que dichos actos afectarían en forma actual los bienes de LAS BRISAS DE A.S.A. como producto de la ejecución de un Laudo Arbitral que en la actualidad no se encuentra ejecutoriado". Agrega que "aunado a lo anteriormente expuesto, el acto atacado de inconstitucional también contiene vicios de nulidad en cuanto al modo que surgió a la vida jurídica, pues le falta la firma de E.A. quien fungió como arbitro (sic) en el proceso, lo cual produce la invalidez de la pieza atacada con la presente acción". Prosigue indicando que "la infracción de la norma se produce al momento de la emisión de la orden ya que la misma pretende secuestrar los bienes de nuestra representada aún cuando dicha pieza reviste de nulidad y se produjo a la vida jurídica contrario a derecho, el contenido de la misma y la orden implícita que tiene ponen en peligro la seguridad jurídica de nuestra representada, quien al momento tampoco ha tenido acceso a los medios de impugnación ordinarios en contra del Laudo Arbitral emitido, lo que se traduce en una grave infracción constitucional que afecta en la actualidad y podría ser peor de no ser regulada a través de la presente acción de garantías". En la etapa procesal en que se encuentra el presente negocio constitucional, le corresponde al Pleno examinar si el mismo cumple con los requisitos formales necesarios para su admisión; antes de verificar si el acto demandado es susceptible de ser analizado en esta instancia constitucional, en virtud de una presunta infracción a normas fundamentales. En Panamá, en materia de arbitraje comercial, ha sido recientemente aprobada la Ley N°.131 de 31 de diciembre de 2013, publicada en la Gaceta Oficial 27449-C el 8 de enero de 2014; la cual entró en vigencia al día siguiente de su promulgación, conforme al artículo 77 de la misma. Este nuevo cuerpo legal derogó el Título I del Decreto Ley 5 de 8 de julio de 1999 y la Ley 15 de 22 de mayo de 2006. Según el artículo 75 de la ley, "los procedimientos en curso ante los tribunales arbitrales constituidos se regirán por el Decreto Ley 5 de 1999 hasta la dictación del laudo" y, además, "los recursos contra el laudo y el reconocimiento y ejecución de este se regirán por la presente Ley". El artículo 5 numeral 1 de la nueva ley sobre arbitraje define esta figura como "método de solución de conflictos mediante el cual cualquier persona con capacidad jurídica para obligarse somete las controversias surgidas o que puedan surgir con otra persona al juicio de uno o más árbitros, que deciden definitivamente mediante laudo con eficacia de cosa juzgada, conforme a lo establecido en la presente Ley". (Énfasis suplido) El artículo 202 de nuestra Carta Magna dispone que "la administración de justicia también podrá ser ejercida por la jurisdicción arbitral conforme lo determine la Ley" y que "los tribunales arbitrales podrán conocer y decidir por sí mismos acerca de su propia competencia". Por su parte, el artículo 3 párrafo segundo (2°.) del Código Judicial establece que la administración de justicia "también se ejerce en casos especiales, por personas particulares que, en calidad de jurados, arbitradores o árbitros, o por razón de cualequiera otros cargos de esta misma naturaleza, participen en las funciones jurisdiccionales, sin que ello incluya a tales personas como parte del Órgano Judicial". Estipula el artículo 59 de la Ley N°.131 de 31 de diciembre de 2013 que "el tribunal arbitral decidirá la controversia en un solo laudo o en tantos laudos parciales como estime necesarios". Preceptúa el artículo 66 ejúsdem que contra un laudo arbitral solo podrá recurrirse ante un tribunal judicial mediante recurso de anulación, el cual constituye la única vía de impugnación del laudo y tiene por objeto la revisión de la validez del mismo. Tan es así, que la parte a quien el juez le corra traslado de la solicitud de ejecución, podrá oponerse a la misma, "alegando únicamente la pendencia del recurso de anulación o la anulación del laudo, aportando el escrito de interposición del recurso o copia auténtica de la sentencia de anulación". (art.69 de la ley) Añade el antes citado artículo 66, en su último párrafo, que "el recurso de anulación del laudo es la única vía específica e idónea para proteger cualquier derecho constitucional amenazado o vulnerado en el curso del arbitraje o en el laudo". (Énfasis suplido) Dispone el artículo 61 lex cit que "las actuaciones arbitrales terminan con el laudo definitivo" y que "el tribunal arbitral también cesará en sus funciones al terminar las actuaciones arbitrales, salvo lo dispuesto en los artículos 62 y 64"; que tratan, respectivamente, sobre corrección e interpretación del laudo y prórroga del plazo para corrección, interpretación o laudo adicional. Del artículo 65 se desprende que las correcciones o interpretaciones del laudo o a los laudos adicionales forman parte del laudo. Además, señala el artículo 60 numeral 4 que "después de dictado el laudo, el tribunal o la institución arbitral que administre el arbitraje, según sea el caso, lo notificará a cada una de las partes mediante entrega de una copia firmada por los árbitros de conformidad con el numeral 1 del presente artículo". De la revisión de autos se extrae que, cuando la resolución amparada (Auto N°.1 de 29 de mayo de 2014) fue proferida por el Tribunal Arbitral, dicho despacho no había cesado en sus funciones, ni había terminado sus actuaciones arbitrales, pues en ese momento aún estaba pendiente pronunciamiento del mismo en torno a solicitud de aclaración y corrección de laudo arbitral (que posteriormente se rechazó de plano); siendo la notificación de la decisión adoptada, el trámite que pondría fin a tales actuaciones arbitrales. Como viene visto, la resolución impugnada por esta vía extraordinaria fue dictada en el curso del proceso de arbitraje, esto es, cuando las actuaciones arbitrales no habían aún finalizado; de manera que, en atención al contenido del último párrafo del artículo 66 antes citado, la única vía específica e idónea para proteger cualquier derecho constitucional amenazado o vulnerado en el curso del arbitraje o en el laudo, lo constituye el recurso de anulación del laudo. (Énfasis suplido) Esta nueva disposición excluye la posibilidad de recurrir vía constitucional de amparo cuando, en el curso de un proceso de arbitraje o en el laudo, aparezcan amenazados o vulnerados derechos fundamentales; limitándose tal opción o alternativa únicamente al recurso de anulación, de conocimiento de la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia. Ciertamente, el artículo 202 de la Constitución Nacional establece que la jurisdicción arbitral podrá impartir justicia conforme lo determine la ley y, en desarrollo de dicho precepto constitucional, se aprobó la Ley N°.131 de 31 de diciembre de 2013, sobre arbitraje comercial, tal cual previamente se anotó. El artículo 67 de la ley 'in comento' enumera las causales por las cuales un laudo arbitral es susceptible de anulación, así: Artículo 67. Causales de anulación del laudo arbitral. El laudo arbitral solo podrá ser anulado por la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, cuando la parte que solicita la anulación alegue y pruebe: 1. Que una de las partes en el acuerdo de arbitraje a que se refiere el artículo 15 estaba afectada por alguna discapacidad, o que dicho acuerdo no es válido en virtud de la ley a que las partes lo han sometido o, si nada se hubiera indicado a este respecto, en virtud de la ley panameña; o 2. Que no ha sido debidamente notificada de la designación de un árbitro o de las actuaciones arbitrales o no ha podido, por cualquier otra razón, hacer valer sus derechos; o 3. Que el laudo se refiere a una controversia no prevista en el acuerdo de arbitraje o contiene decisiones que exceden los términos del acuerdo de arbitraje; no obstante, si las disposiciones del laudo que se refieren a las cuestiones sometidas al arbitraje pueden separarse de las que no lo están, solo estas últimas podrán anularse; o 4. Que la designación del tribunal arbitral o el procedimiento arbitral no se han ajustado al acuerdo entre las partes, salvo que dicho acuerdo estuviera en conflicto con una disposición de esta Ley de la que las partes no pudieran apartarse o, a falta de dicho acuerdo, que no se han ajustado a esta Ley; o 5. Que los árbitros han decidido sobre cuestiones no susceptibles de arbitraje; o 6. Que el laudo internacional es contrario al orden público internacional. En el caso de laudo nacional, el orden público a considerar será el orden público panameño. De los supuestos de anulación contemplados por la norma transcrita, algunos hacen relación con el quebrantamiento de derechos fundamentales, como los numerales 2 (que una de las partes no haya sido notificada de las actuaciones arbitrales o no haya podido hacer valer sus derechos), 4 (que el procedimiento arbitral no se haya ajustado al acuerdo entre las partes o a esta ley) y 6 (que el laudo sea contrario al orden público panameño). En el caso concreto, la sociedad amparista reprocha que la resolución amparada no haya sido suscrita por uno de los miembros del tribunal de arbitraje y, en su lugar, aparezca la firma del Presidente del mismo, seguida de la expresión "a ruego". También censura que que se haya procedido a la ejecución del laudo final, mediante la emisión del auto amparado que decretó el secuestro, sin que dicho laudo estuviese ejecutoriado. Igualmente disiente de que se accediese a decretar una medida cautelar, sin la consignación de la respectiva fianza; al tiempo que estima conculcado su derecho de propiedad, en ocasión de la cautelación de bienes ordenada. Los cargos formulados por la amparista -antes descritos- aluden a no haber podido hacer valer sus derechos y a que el procedimiento arbitral no se ajustó a la ley (numerales 2 y 4 del artículo 67 de la Ley N°.131 de 31 de diciembre de 2013, respectivamente); siendo que la misma Constitución Política consagra que la administración de justicia podrá ser ejercida por la jurisdicción arbitral, según lo determine la Ley. (art.202 C.N.) Como quiera que, en el caso 'in examine', la pretensión de la amparista se adecúa y encuentra satisfacción en las causales señaladas, en Derecho corresponde que este Pleno se inhiba del conocimiento de la presente acción constitucional de amparo, en atención a lo dispuesto por los artículos 66 y 67 del cuerpo legal citado, en virtud de la especialidad de la materia (arbitraje comercial) y sin entrar en mayores consideraciones de fondo. Ello, no sin antes formular las disquisiciones que a continuación se exponen: El artículo 54 de la Carta Magna instituye el recurso de amparo para la protección de los derechos y garantías constitucionalmente consagrados, el cual "se tramitará mediante procedimiento sumario y será de competencia de los tribunales judiciales". (Énfasis suplido) En torno al tema, cabe destacar que el Estado panameño suscribió la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José el 22 de noviembre de 1969, la ratificó el 22 de junio de 1978 y, el 20 de febrero de 1990, reconoció como obligatoria de pleno derecho la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre todos los casos relativos a la interpretación o aplicación de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. El artículo 25 del mencionado instrumento internacional señala lo siguiente: Artículo 25. Protección Judicial. 1. Toda persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente Convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 2. Los Estados Partes se comprometen:a) a garantizar que la autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado decidirá sobre los derechos de toda persona que interponga tal recurso;b) a desarrollar las posibilidades de recurso judicial, yc) a garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso. (Énfasis suplido) La Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José es ley de la República, de conformidad con el artículo 4 de nuestra Carta Magna, en concordancia con el artículo 17 del texto constitucional; cuyo contenido es el siguiente: Artículo 4. La República de Panamá acata las normas del Derecho Internacional. Artículo 17. Las autoridades de la República están instituidas para proteger en su vida, honra y bienes a los nacionales dondequiera se encuentren y a los extranjeros que estén bajo su jurisdicción; asegurar la efectividad de los derechos y deberes individuales y sociales, y cumplir y hacer cumplir la Constitución y la Ley. Los derechos y garantías que consagra esta Constitución, deben considerarse como mínimos y no excluyentes de otros que incidan sobre los derechos fundamentales y la dignidad de la persona. Del desarrollo efectuado no se advierte, en el caso específico bajo estudio, antinomia alguna entre el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, en concordancia con los artículos 4, 17 y 54 de la Constitución Nacional, y los artículos 66 y 67 de la Ley N°.131 de 31 de diciembre de 2013, sobre arbitraje comercial. Ello, toda vez que nuestra Carta Magna, en norma posterior (art.202), dispone que la jurisdicción arbitral ejercerá la administración de justicia de conformidad con lo que determine la ley y el ordenamiento jurídico que regula la materia -Ley N°.131 de 31 de diciembre de 2013- ha previsto, en su artículo 66, el recurso de anulación del laudo ante la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia "para proteger cualquier derecho constitucional amenazado o vulnerado en el curso del arbitrajeo en el laudo". Reiterándose que en los supuestos contemplados por los numerales 2 y 4 del artículo 67 ejúsdem encuadran y se satisfacen los cargos formulados por la sociedad amparista, que aluden, básicamente, a no haber podido hacer valer sus derechos y a que el procedimiento arbitral no se ajustó a la ley. El artículo 54 de la Ley Fundamental contempla un recurso para salvaguardar los derechos y garantías constitucionales, de trámite sumario y de competencia de los tribunales judiciales. El artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos, por su parte, prevé un recurso sencillo y rápido contra actos que violen derechos fundamentales, a surtirse ante los jueces o tribunales competentes. A criterio de este Pleno, la regulación adoptada por los artículos 66 y 67 de la Ley N°.131 de 31 de diciembre de 2013, "para proteger cualquier derecho constitucional amenazado o vulnerado en el curso del arbitraje o en el laudo", cumple y satisface las exigencias de las referidas disposiciones constitucionales y convencionales, en materia de protección de derechos fundamentales, para el caso concreto planteado. Así las cosas, en Derecho corresponde que este Pleno se inhiba de conocer la acción de amparo de derechos fundamentales ensayada por Las Brisas de A., S.A., con ocasión de las actuaciones del tribunal arbitral dentro del Proceso Arbitral propuesto en su contra por V.J.V., Inc. y V.O., Inc. En mérito de lo expuesto, el PLENO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, SE INHIBE de conocer la acción de amparo de derechos fundamentales presentada por el Licenciado C.E.C.G., en nombre y representación de Las Brisas de A., S.A., contra lo resuelto por el Tribunal Arbitral mediante Auto N°.1 de 29 de mayo de 2014, dentro del Proceso Arbitral incoado en su contra por V.J.V., Inc. y V.O., Inc.; por las razones expuestas en la parte motiva de esta resolución. N., JOSÉ EDUARDO AYU PRADO CANALS NELLY CEDEÑO DE PAREDES -- HERNÁN A. DE LEÓN BATISTA -- HARRY ALBERTO DÍAZ GONZÁLEZ -- LUIS RAMÓN FÁBREGA SÁNCHEZ -- JERÓNIMO MEJÍA E. -- HARLEY J. MITCHELL D. -- ABEL AUGUSTO ZAMORANO -- OYDÉN ORTEGA DURÁN YANIXSA Y. YUEN C. (Secretaria)