Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Pleno), Pleno, 31 de Agosto de 2015

Ponente:Luis Mario Carrasco M.
Fecha de Resolución:31 de Agosto de 2015
Emisor:Pleno

VISTOS: II EL ACTO IMPUGNADO El AUTO N° 1 DE 6 DE ENERO DE 2014 del JUZGADO SEGUNDO DE CIRCUITO DE LO PENAL DEL TERCER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMA, abre causa criminal contra J.J.G.C., por DELITO CONTRA LA VIDA Y LA INTEGRIDAD PERSONAL (Homicidio Culposo), en perjuicio de ELIBETH DEL CARMEN Z. DE GARCIA (Q.E.P.D.). Según los antecedentes, la señora ELIBETH DEL CARMEN Z. DE GARCIA (Q.E.P.D.). falleció el 26 de agosto de 2012 en el Hospital Nacional, a donde había sido trasladada en ambulancia del 911, procedente de Coronado (Cfr. fs. 3 y 8-10 de los antecedentes). Según el Auto impugnado, el fallecimiento de la señora Z. se produjo cuando "...se trasladaba en el vehículo conducido por su esposo y cayó mientras estaba en marcha el carro, obrando en ese sentido, el certificado de defunción (fs. 125), protocolo de necropsia N/012-08-27-968 (fs. 66-71) y la declaración de J.J.G., quien refirió que estaba en el automóvil y tras un movimiento brusco se percató que la señora se había caído" (Cfr. f. 9 del cuadernillo de amparo). Indica que la representación del Ministerio Público solicitó que se llamara a juicio a J.J.G.C. por Homicidio Culposo, indicando que "...como conductor responsable debió estar alerta en todo momento por la seguridad de las personas dentro del vehículo, y no lo hizo, resultando que la puerta se abriera y se diera la caída de si esposa sin darse cuenta" (Idem). La Resolución impugnada hace referencia a los informes periciales N° I.O.A.F. 060-2218-2012 del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses sobre el auto Land Cruiser Prado de propiedad del imputado, que indican que el mismo se encontraba en buenas condiciones y que los sistemas de tablero indican si hay alguna puerta abierta, así como el informe pericial D.P.A.F. 061-2218-2012, relacionado con la Diligencia de Inspección Ocular y Reconstrucción de los Hechos de 3 de septiembre de 2012 (Ibídem). III EL AMPARO DE DERECHOS FUNDAMENTALES De conformidad con el recurrente, el acto impugnado en sede constitucional subjetiva vulnera el artículo 32 de la Constitución que consagra el debido proceso porque la J. de la causa, al calificar las sumarias, estaba obligada a plasmar, en la parte motiva, un análisis o estudio valorativo de carácter objetivo de las pruebas que demuestran que se ha cometido un delito y el tipo penal correspondiente, lo cual no hizo (Cfr. fs.5-6 del cuadernillo de amparo). Aunado a lo anterior, sostiene que, al no tratarse de un homicidio culposo, la J. de Circuito no tiene competencia funcional y ha debido remitir el asunto a los Tribunales Superiores del Ramo Penal de la circunscripción donde ocurrió el delito. Agrega que contra esa decisión interpuso dos incidentes de nulidad que le fueron rechazados de plano, sin resolverse el fondo del asunto (Cfr. f. 5 del cuadernillo de amparo). IV EL INFORME DE LA AUTORIDAD DEMANDANDA El amparo fue admitido mediante Providencia de 9 de marzo de 2015 del PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, la cual fue notificada a la funcionaria demandada mediante Oficio N° 15-492 de 9 de marzo de 2015 (Cfr. fs. 12-13 del cuadernillo de amparo). Mediante escrito visible de fojas 17-19 del expediente, la JUEZ SEGUNDA DE CIRCUITO DE LO PENAL DEL TERCER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMA rindió el informe de rigor, explicando que el tema que plantea el recurrente fue objeto de un incidente de nulidad que -contrario a lo señalado por el amparista-, se resolvió en el fondo, mediante auto que se lee de fojas 70 a 76 del cuadernillo de Incidente de Nulidad (Cfr. fs. 17-18 del cuadernillo de amparo). Aclara que el análisis de los informes de los peritos apunta a la falta de deber de cuidado y no a un hecho doloso y, si bien la defensa pidió un sobreseimiento definitivo e impersonal, la calificación del sumario coincidió con la formulación de cargos del Ministerio Público que fue por homicidio culposo (Cfr. f. 18 del cuadernillo de amparo). Puntualiza además que la parte afectada no se constituyó en querellante sino hasta después del acto de audiencia y su participación se limitó a cuestionar la decisión adoptada una vez se emitió el acto encausatorio (Cfr. fs. 18-19 del cuadernillo de amparo). V LA DECISION DE PRIMERA INSTANCIA Mediante la RESOLUCIÓN DE 29 DE ABRIL DE 2015, el PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL decidió no conceder el amparo contra el AUTO ENCAUSATORIO N° 1 DE 6 DE ENERO DE 2014 del JUZGADO SEGUNDO DE CIRCUITO DE LO PENAL, DEL TERCER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMA, luego de considerar que el acto demandado no viola el debido proceso ni ningún otro derecho fundamental. En lo medular, el acto apelado expresa que: (1) La J. de la causa "...valoró la petición del Ministerio Público consignada en la Vista Fiscal así como los elementos recabados hasta ese momento en la investigación, incluido el dictamen D.P.A.F. 061-2218-2012 remitido por los peritos que intervinieron en la diligencia de inspección ocular llevada a cabo durante la fase sumarial. Es digno de destacar que el querellante se constituyó como tal después de celebrada la audiencia preliminar por lo que no pudo oponerse a la Vista Fiscal" (Cfr. f. 27 del cuadernillo de amparo). (2) La J. de grado "...valoró los argumentos planteados por el activador constitucional en los incidentes de nulidad que propuso y resolvió que no son concluyentes las pruebas para determinar que existió dolo de parte del imputado" (Cfr. f. 28 del cuadernillo de amparo). (3) No es dable al Tribunal de amparo suplantar la función calificadora del sumario que corresponde al juzgador penal "...sino que debe intervenir y decretar la invalidación de un acto en aquellos casos en los que se observe una clara violación al debido proceso" (Idem). VI EL ESCRITO DE APELACIÓN En su escrito de apelación, el recurrente solicita que se revoque la RESOLUCIÓN DE 29 DE BRIL DE 2015 del PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL ya que, en su opinión, el Tribunal de primera instancia deja de lado que la J. de la causa no realizó un análisis del Dictamen pericial D.P.A.F: 061-2218-2012 de 3 de septiembre de 2012, el cual desvirtúa la declaración del imputado y del cual -afirma-, se desprende que el imputado actuó con dolo al causar la muerte de su ESPOSA ELIBETH Z. DE GARCÍA (Q.E.P..D.). VII INTERVENCION DEL TERCERO INTERESADO Dentro de la tramitación del amparo, presentó solicitud para ser admitido como tercero interviniente, el licenciado JAIME BARROSO, actuando en virtud del poder conferido por J.J.G.C.. El tercero interviniente se opone al recurso de apelación y solicita que se confirme RESOLUCIÓN DE 29 DE ABRIL DE 2015 del PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL. Manifiesta que el Auto recurrido fue emitido por la autoridad competente, previa valoración de los hechos y las pruebas incorporadas al expediente, así como del derecho aplicable. De igual modo sostiene que no es cierto que la J. de la causa no haya resuelto en el fondo el incidente de nulidad propuesto por el recurrente, el cual decidido denegándose su pretensión. VIII CONSIDERACIONES Y DECISION DEL PLENO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA A. COMPETENCIA. La apelación que nos ocupa, se dirige contra la resolución que no concede un A. contra un acto dictado por un J. de Circuito quien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 148 del Código Judicial, tiene mando y jurisdicción en más de un Distrito. El PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DE PANAMA conoció en primera instancia de dicho A. debido a que, de conformidad con el artículo 2616 del Código Judicial, numeral 2 del Código Judicial, el asunto es de aquellos que conocen el primera instancia los Tribunales Superiores de Distrito. En ese orden de ideas, la Corte encuentra que el artículo 2616 del Código Judicial, que establece la competencia de los Tribunales en materia de A. de Derechos Fundamentales, dispone: Artículo 2616. "Son competentes para conocer de la demanda de amparo a que se refiere el artículo 50 de la Constitución Política: 1. El P. de la Corte Suprema de Justicia, por actos que procedan de autoridades o funcionarios con mando y jurisdicción en toda la República o en dos o más provincias; 2. Los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, cuando se trate de actos que procedan de servidores públicos con mando y jurisdicción en una provincia..." (El destacado es del P.). Por su parte, el artículo 2625 del Código Judicial señala que, cuando se presente apelación contra un fallo dictado en materia de A. de Derechos Fundamentales "...se enviará el expediente al superior para que decida la alzada". Así las cosas, corresponde al P. de la Corte Suprema de Justicia, como Superior Jerárquico, conocer de las apelaciones promovidas contra las decisiones dictadas por los Tribunales Superiores en materia de A., con lo que queda establecida la competencia del P. para decidir la apelación que nos ocupa. A. LA INTERVENCIÓN DEL TERCERO INTERESADO. Como es sabido, por vía jurisprudencial, la Corte Suprema ha establecido que los terceros pueden intervenir en las demandas de amparo a fin de ser oídos, en cumplimiento del debido proceso, siempre que tengan interés legítimo en el resultado del mismo. En ese orden de ideas, encontramos que la lectura de los antecedentes demuestra que el amparo cuya apelación nos ocupa, fue presentado contra el AUTO ENCAUSATORIO N° 1 DE 6 DE ENERO DE 2014 del JUZGADO SEGUNDO DE CIRCUITO DE LO PENAL, DEL TERCER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMA, que abre causa criminal contra J.J.G.C.. Ante tales circunstancias, resulta evidente que el interviniente tiene interés en la decisión contra la cual se dirige el A. que nos ocupa y, por lo tanto, está legitimado para intervenir como tercero dentro del mismo. B. DECISIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN. Por examinados el libelo de A., la resolución recurrida, el escrito de apelación, la intervención del tercero interesado y las constancias procesales, pasa el P. a resolver la alzada. Como se ha indicado, la resolución recurrida no concede el amparo contra el AUTO ENCAUSATORIO N° 1 DE 6 DE ENERO DE 2014 del JUZGADO SEGUNDO DE CIRCUITO DE LO PENAL, DEL TERCER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMA, por estimar que la J. de la causa no incurrió en ninguno de las vulneraciones del debido proceso que le formula el impugnante. De conformidad con el apelante, la decisión del Tribunal de amparo de primera instancia debe ser revocada pues, en su opinión, deja de lado que la J. de la causa no realizó un análisis valorativo de las pruebas que acreditan que el imputado actuó con dolo al causar la muerte de su ESPOSA ELIBETH Z. DE GARCÍA (Q.E.P..D.), específicamente del Dictamen pericial D.P.A.F: 061-2218-2012 de 3 de septiembre de 2012, el cual considera contrario a la declaración del imputado. En este sentido, debe puntualizarse, primeramente, que el debido proceso, consagrado en el artículo 32 de la Norma Fundamental busca asegurar a las partes "...la oportunidad razonable de ser oídas por un tribunal competente, predeterminado por la ley, independiente e imparcial, de pronunciarse respecto de las pretensiones y manifestaciones de la parte contraria, de aportar pruebas lícitas relacionadas con el objeto del proceso y de contradecir las aportadas por la contraparte, de hacer uso de los medios de impugnación consagrados por ley contra resoluciones judiciales motivadas y conformes a derecho, de tal manera que las personas puedan defender efectivamente sus derechos". (Cfr. H., A., "El Debido Proceso", Editorial Temis, S.A., Santa Fé de Bogotá-Colombia, 1996, pág. 54. El destacado es del P.). En este sentido, la Corte ha estimado que las resoluciones judiciales deben expresar, en términos comprensibles, los motivos o razones en los cuales se sustenta la decisión de que se trate y que la ausencia de tales motivos o razones impide que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier tipo de acto que pueda afectarlos y resulta violatoria del debido proceso (Cfr. la Sentencia del P. de 20 de septiembre de 2012). De igual modo, el artículo 8, Sección 1, de la Convención Americana de Derechos Humanos, ratificada por Panamá mediante la Ley 15 de 28 de octubre de 1977, consagra el debido proceso, y dispone que "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la Ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter.." (El destacado es del P.). Dentro de esas garantías judiciales exigibles en el marco de todo proceso, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido el deber de las autoridades de motivación las resoluciones. Este tema ha sido desarrollado por la Jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en C.L.M. V. Venezuela, mediante la Sentencia de 1 de Septiembre de 2011 (Fondo, R. y Costas) y en el C.A.B. y otros vs. Venezuela, a través de la Sentencia de 5 de agosto de 2008, en los siguientes términos: "...141.[...] la Corte reitera que la motivación "es la justificación razonada que permite llegar a una conclusión". El deber de motivar las resoluciones es una garantía vinculada con la correcta administración de justicia, que protege el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por las razones que el Derecho suministra, y otorga credibilidad de las decisiones jurídicas en el marco de una sociedad democrática. Por ello, las decisiones que adopten los órganos internos que puedan afectar derechos humanos deben estar debidamente fundamentadas, pues de lo contrario serían decisiones arbitrarias. En este sentido, la argumentación de un fallo y de ciertos actos administrativos deben permitir conocer cuáles fueron los hechos, motivos y normas en que se basó la autoridad para tomar su decisión, a fin de descartar cualquier indicio de arbitrariedad. Además, debe mostrar que han sido debidamente tomados en cuenta los alegatos de las partes y que el conjunto de pruebas ha sido analizado. Por todo ello, el deber de motivación es una de las "debidas garantías" incluidas en el artículo 8.1 para salvaguardar el derecho a un debido proceso. (Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, C.L.M. vs. Venezuela, Sentencia de 1 de septiembre de 2011 (Fondo, R. y Costas). "...90. En tercer lugar, teniendo en cuenta que el deber de motivar no exige una respuesta detallada a todo argumento de las partes, sino que puede variar según la naturaleza de la decisión, y que corresponde analizar en cada caso si dicha garantía ha sido satisfecha (Cfr. Corte Interamericana de Derechos Humanos, C.A.B. y otros Vs. Venezuela, Sentencia de 5 de agosto de 2008). Teniendo presente lo antes expuesto, la Corte constata que la Resolución apelada analizó la posición del recurrente frente a la Resolución atacada, concluyendo que la decisión de llamar a juicio al imputado por el delito de homicidio culposo, se produjo luego de que la JUEZ SEGUNDA DE CIRCUITO DE LO PENAL valorara los hechos que constan en el expediente, las pruebas periciales que obraban en autos y la petición del Ministerio Público consignada en la Vista Fiscal. Es importante destacar que los argumentos que presenta la hoy amparista no fueron expuestos en la audiencia preliminar celebrada el 14 de agosto de 2013, ya que -tal como expresa el informe de la J. de la causa y destaca el tercero interviniente en su oposición a la apelación-, la querella fue formalizada el 23 septiembre de 2013 y admitida mediante Auto Vario N° 338 de 27 de noviembre de 2013, esto es, después de celebrada dicha audiencia (Cfr. fs. 300-302). También resulta necesario puntualizar que, en el proceso que origina el amparo, el querellante presentó dos incidentes de nulidad contra el Auto de Llamamiento a Juicio, uno de los cuales fue resuelto en el fondo por la a-quo, tal como consta en la Resolución de 30 de enero de 2015, que figura de fojas 70-76 del cuadernillo de incidente. Al decidir el referido incidente de nulidad, la J. concluyó que "...no se aprecia que los peritos concluyeran si la precipitación del cuerpo de la víctima fue voluntaria, accidental o provocada; y como quiera que el objetivo del peritaje era determinar las causas del hecho (fs. 284), sin que se hubiera descartado la ocurrencia del accidente de tránsito, no puede esta juzgadora arribar a conclusiones distintas en base a inferencias o sospechas" y "...no existen elementos que evidencien la intención de quitar la vida (dolo)", por lo que declaró no probado el incidente [Cfr. f. 76 del cuadernillo de incidente]. Ante este escenario, la Corte considera que asiste razón al PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR al indicar que la decisión impugnada de la JUEZ SEGUNDA DE CIRCUITO PENAL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ, se sustentó en los hechos y elementos de prueba recabados hasta ese momento y en el derecho aplicable y no presenta elementos que informen de la vulneración de derechos fundamentales que requieran su revocación inmediata. No debe perderse de vista el criterio convencional recogido en la Sentencia del C.L.M. Vs Venezuela citado ut supra, que enfatiza el derecho de las personas a ser juzgados "por las razones que el Derecho suministra" y que los derechos del imputado también deben verse garantizados con el Auto de Llamamiento a Juicio atacado en sede constitucional subjetiva. Dicho de otro modo, si las pruebas que figuran en autos, llevan a que el llamamiento a juicio se haga por un determinado hecho punible y no por otro, el J. no puede desconocer esa realidad, pues ello iría en detrimento de la otra parte y de la administración de justicia, que debe ser objetiva e imparcial. Por las consideraciones expuestas, el P. procede a confirmar la decisión de primera instancia. PARTE RESOLUTIVA Por las consideraciones anteriores, la Corte Suprema, P., administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, ADMITE LA INTERVENCIÓN DE TERCEROS promovida por J.J.G.C. y CONFIRMA la RESOLUCIÓN DE 29 DE ABRIL DE 2015 del PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL, que NO CONCEDE el amparo contra el AUTO ENCAUSATORIO N° 1 DE 6 DE ENERO DE 2014 del JUZGADO SEGUNDO DE CIRCUITO DE LO PENAL, DEL TERCER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMA. T. al licenciado J.B.P., como abogado de J.J.G.C., en los términos del poder conferido a su persona. N. y devuélvase, LUIS MARIO CARRASCO M. HARLEY J. MITCHELL D. -- ABEL AUGUSTO ZAMORANO -- GISELA AGURTO AYALA -- JOSÉ EDUARDO AYU PRADO CANALS -- NELLY CEDEÑO DE PAREDES -- HERNÁN A. DE LEÓN BATISTA -- HARRY ALBERTO DÍAZ GONZÁLEZ -- EFRÉN C. TELLO C. YANIXSA Y. YUEN C. (Secretaria)