Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Pleno), Pleno, 9 de Octubre de 2015

PonenteNelly Cedeño de Paredes
Fecha de Resolución 9 de Octubre de 2015
EmisorPleno

VISTOS: El licenciado L.C.V., actuando en nombre y representación de los señores R.G. y D.M., ha presentado ante el P. de la Corte Suprema de Justicia, recurso de apelación contra la resolución judicial de 26 de diciembre de 2014, proferida por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, mediante la cual NO CONCEDE la Acción de A. de Garantías Constitucionales promovido contra el Auto No. 806-12 de 8 de mayo de 2012, dictado por el Juzgado Undécimo de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, que NIEGA la ejecución del laudo arbitral emitido en equidad por el Centro de Conciliación y Arbitraje de Panamá (CEACAP), el 31 de enero de 2008, dentro del Proceso de Ejecución de Laudo Arbitral que incoaran D.M.K. y R.D.G.C. contra PROMOTORA ECOLAND, S.A., INMOBILIARIA BLUMARINE, S.A., GRASANCA, S.A. y BANCO GENERAL. I.- RESOLUCIÓN JUDICIAL RECURRIDA El Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, actuando como tribunal de amparo en primera instancia, en resolución calendada 26 de diciembre de 2014, no concedió la Acción de A. de Garantías Constitucionales presentada por los señores R.G. y D.M., tras considerar, como primer punto, que los amparistas instauraron su demanda contra las sociedades GRASANCA, S.A. y BANCO GENERAL, las cuales no formaron parte del proceso arbitral lo que resulta incongruente con lo resuelto por el Tribunal Arbitral, dado que estas personas jurídicas no tienen ninguna obligación frente a las ejecutantes. Como segundo punto, el Tribunal de A. en cuanto al cargo que endilgan los amparistas al acto demandado relacionado al trámite que se le dio a las excepciones presentadas por los ejecutados en un proceso de ejecución de laudo arbitral que sólo permite que se invoque como medio de defensa la pendencia de un recurso de anulación, en contravención de lo que contempla el artículo 38 del Decreto Ley 5 de 1999, señaló que ello no incidió en la decisión de la J. de instancia por cuanto la ejecución del laudo no procedía contra las sociedades que no forman parte del proceso arbitral, tal como lo habían peticionado los ahora demandantes en amparo. Además, el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial aclaró que la resolución dictada previamente por ese Tribunal, a través de la cual se inhibió de conocer el recurso de apelación interpuesto contra el auto atacado en amparo, no confirmó ni revocó, ya que al inhibirse de su conocimiento, no entró a resolver el fondo del recurso planteado. El apoderado judicial de los amparistas, licenciado L.C.V., en su escrito de anuncio y sustentación de apelación en primer lugar enfatiza que, la ejecución de resolución judicial que se pidió fue directamente contra las empresas PROMOTORA ECOLAND, S.A., INMOBILIARIA BLUMARINE, S.A., indicándose que se diera audiencia al BANCO GENERAL y a GRASANCA, S.A., al estar frente a un inmueble que durante el proceso de arbitraje, había sido vendido y traspasado. Manifiesta el recurrente que a sus representados les asiste un derecho sustantivo derivado del laudo arbitral, que la funcionaria acusada le ha negado, colocándolos en un estado de indefensión, ya que la J. no sólo se limitó a negar la ejecución del laudo arbitral, sino que además, lo hizo a través de un procedimiento designado para los procesos ejecutivos simples (art. 1627 y 1628), cuando debió utilizarse el procedimiento especial establecido en el artículo 38 del Decreto Ley No. 5 de 1999. El apoderado judicial de los recurrentes señala que no comparte el argumento defensivo de la funcionaria acusada, ya que si había algo que corregir, debió ordenar la corrección del libelo de demanda en el término establecido en la ley o para que simplemente hubiese resuelto contra quienes estaban directamente vinculados con el laudo arbitral. Sin embargo, señala que, a pesar de ello, la juez acusada prefirió no escuchar a los amparistas y archivar el expediente, pasando por alto el laudo arbitral y la orden emanada de la Sala Cuarta de Negocios Generales, que decidió negar la anulación del Laudo Arbitral, mediante Sentencia de 12 de febrero de 2009. Resalta que, la J. ha admitido textualmente haber utilizado el procedimiento del proceso ejecutivo simple al señalar que "una sentencia arbitral, siempre y cuando cumpla con los requisitos establecidos para los títulos ejecutivos pueden ser ejecutadas a través del trámite establecido para proceso ejecutivo, lo que implica una demanda presentada con arreglo a este tipo de procesos". Es por ello que, señala el recurrente, que no concibe cómo es que el Tribunal permitió que la J. incumpla con lo establecido en la norma legal y no admita que dicha autoridad ha violado el debido proceso. Por último, considera el recurrente que el derecho a la tutela judicial efectiva le brinda la seguridad jurídica que exige en este caso en estudio, donde los amparistas han sido burlados por dos empresas, y que luego de varios años aún piden justicia; por lo que solicita, se acceda a la acción de amparo y se dé curso a la ejecución de la sentencia solicitada. III.- CONSIDERACIONES Y DECISIÓN DEL PLENO. Por sustentada la apelación en tiempo oportuno, debe la Corte examinar la resolución recurrida a la luz de los argumentos que expone el libelo de impugnación, a lo que procede. Tal como se expuso en párrafos precedentes, el recurso de apelación examinado se propone contra la resolución proferida en primera instancia por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, el 26 de diciembre de 2014, que no concede la acción de amparo de garantías promovida por R.D.G.C. y D.M. contra el Auto No. 806-12 de 8 de mayo de 2012, dictado por el Juzgado Undécimo de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, dentro del Proceso de Ejecución de Laudo Arbitral que incoaran D.M.K. y R.D.G.C. contra PROMOTORA ECOLAND, S.A., INMOBILIARIA BLUMARINE, S.A., GRASANCA, S.A. y BANCO GENERAL, mediante la cual NIEGA la ejecución del laudo arbitral emitido en equidad por el Centro de Conciliación y Arbitraje de Panamá (CeACAP), el 31 de enero de 2008. El apoderado judicial de los amparistas, acude a este tribunal constitucional, solicitando la revocatoria de la orden de no hacer atacada a través de la presente acción constitucional, al considerar que se infringió de forma directa por omisión o falta de aplicación, el artículo 32 de la Constitución Política, al negar la solicitud de ejecución de laudo arbitral que interpusieran contra PROMOTORA ECOLAND, S.A., INMOBILIARIA BLUMARINE, S.A., GRASANCA, S.A. y BANCO GENERAL. Es oportuno señalar que la Ley 131 de 2013 "Que regula el arbitraje comercial nacional e internacional en Panamá y dicta otra disposición", deroga disposiciones del Decreto Ley 5 de 1999; sin embargo, mantiene en esencia el contenido del artículo 38 del mencionado Decreto Ley 5 de 1999, que corresponde ahora al artículo 69 de la mencionada Ley 131 de 2013. Ahora bien, el laudo arbitral es la decisión final que dicta el Tribunal Arbitral sobre los puntos que han sido sometidos a arbitraje para lo cual cuenta con el término que establece la Ley. Con la notificación del laudo a las partes y su aclaración o corrección posterior, cesa la jurisdicción arbitral. Los jueces arbitrales en el ejercicio de sus cargos administran justicia y los pronunciamientos que ellos emitan en el laudo, además de producir los efectos de cosa juzgada, son susceptibles de ser ejecutados ante los tribunales civiles como cualquier sentencia judicial. El objeto de dicha ejecución, es precisamente ejecutar un título ejecutivo y hacer efectivos los derechos que una resolución judicial o laudo arbitral le otorga a una de las partes. En los procesos de ejecución de laudos arbitrales, existe una etapa de conocimiento previa y limitada, en la que el juez de ejecución una vez admitida la solicitud, deberá notificársele a la contraparte, quien podrá oponerse a la ejecución solicitada, alegando únicamente la pendencia del recurso de anulación ante la Sala Cuarta de la Corte Suprema de Justicia, conforme lo establece el Artículo 33 del Decreto Ley 5 de 8 de julio de 1999. En este caso, deberá aportar el escrito de interposición o la existencia de una sentencia de anulación, con copia autenticada de dicha Sentencia. Es decir, en estos casos al ejecutado no se le admite más defensa que el hecho que esté pendiente de decisión el recurso de anulación contra el laudo arbitral, o que se haya anulado dicho laudo. En este sentido, se colige que los medios de impugnación, son limitados por la lógica de la economía procesal y la seguridad jurídica del proceso arbitral. Veamos el contenido del artículo 69 de la Ley 131 de 2013 (antes artículo 38 de la Decreto Ley 5 de 1999): Artículo 69. El laudo arbitral firme será objeto de ejecución por el juez de circuito civil correspondiente al lugar donde ha sido dictado, por el procedimiento establecido para sentencias judiciales firmes. Al escrito solicitando la ejecución se adjuntará copia auténtica del convenio, y del laudo. El J. de ejecución dará traslado a la otra parte de este escrito con sus copias, en el plazo de quince días, quién podrá oponerse a la ejecución solicitada, alegando únicamente la pendencia del recurso de anulación. En su caso, aportando el escrito de interposición o la existencia de una sentencia de anulación, con copia auténtica de dicha sentencia. Fuera de esos supuestos el juez decretará la ejecución. Ningún auto del juez en esta fase será objeto de recurso. Si el laudo dictado en territorio panameño tuviese la consideración de internacional, de conformidad con el presente Decreto Ley, y las partes hubiesen renunciado, por si o a través del reglamento aplicable, a la interposición del recurso de anulación, será trámite necesario para su ejecución la obtención de exequatur, por la Sala Cuarta de Negocios Generales Corte Suprema de Justicia, en la forma prevista para los laudos extranjeros (Resalta el P.). La norma citada, desarrolla una serie de aspectos relativos a la ejecución de los laudos arbitrales, estableciéndose claramente en este contexto, que se reconoce la figura de la ejecución de los laudos. Por tanto, se parte de la premisa que la ley reconoce esta fase del proceso; además, el juez que conozca de una petición de ejecución del laudo, no puede desconocer su "existencia" a través de una decisión de rechazar o negar la petición. Ello es así, ya que dicha norma no señala en ninguna parte de su contenido, que el J., al momento de recibir la solicitud de ejecución del laudo arbitral y existir una oposición de las partes contrarias, deba "rechazar o negar" lo pedido. Y es que, sobre este tema en particular, es oportuno citar la Sentencia de 28 de mayo de 2014, del P. de la Corte Suprema de Justicia: La lectura de esta normativa (art. 38 del Decreto Ley 5 de 199) permite constatar que en un primer momento, luego de dictado el laudo arbitral, la parte correspondiente puede pedir su ejecución. No obstante, al surtirse esta tramitación, puede darse una oposición a la misma a través de la invocación de la pendencia del recurso de anulación, impidiendo que se "continúe" con dicho proceso. En otras palabras, al pedirse la ejecución y darse el traslado de ello, (tal y como ocurrió en esta caso, a fojas 21 a 26 y 116 y reverso) el trámite de ejecución no sólo se inicia y prosigue (lo que se demuestra con el hecho que luego de presentada la ejecución, se puede presentar la oposición), sino que puede verse interrumpido. Dado lo anterior, se obliga al juez a adoptar una decisión, tomando en consideración que la petición de ejecución que debidamente se le formuló e inició, no puede continuar con su tramitación, en razón que se encuentra supeditada a la resolución del recurso de anulación, es decir, en suspenso. Este recorrido de la ejecución del laudo, permite concluir que pese a la pendencia del recurso de anulación, el proceso inicia y llega a un punto donde queda en suspenso, para lo cual, habría que decidir lo de lugar, previendo y considerando que este proceso puede reactivarse luego de concluido o decidido el recurso de anulación. Ante esta situación, se llega a la clara conclusión que lo decidido por la juez de circuito de "aplazar la ejecución dentro del presente Proceso de Ejecución de Laudo Arbitral... hasta tanto conste en el expediente copia auténtica de la Sentencia que resuelve el Recurso de Anulación presentado...", recoge los aspectos desarrollados en el mencionado artículo 38 del Decreto Ley 5 de 1999, que previamente hemos explicado y dentro de los que podemos señalar el reconocimiento de la posibilidad que luego de dictado el laudo se inicie el proceso de ejecución, y que dentro de éste puedan surtirse situaciones como la pendencia de un recurso de anulación, que conllevan a detener el trámite de éste hasta que se resuelva la situación presentada en la oposición. En virtud de lo explicado, y considerando que el término aplazar, según la Real Academia Española significa: "diferir la ejecución de un acto", se debe tener como jurídicamente permitida la decisión dictada por la J. Cuarta de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial, y no aquella pretendida por la actora, (que se debate entre negar, rechazar o denegar la ejecución), que no sólo carece de sustento en el artículo 38 del Decreto Ley 5 de 1999, sino que desconoce e imposibilita lo que se reconoce y establece en esa normativa. Aunado a que consideramos que el término "aplazar" permite que el proceso de ejecución que se instauró en la jurisdicción civil, se paralice; pero sin impedir que se surta y prosiga aquel promovido en la Sala Cuarta de Negocios Generales y, posteriormente, retorne a la esfera civil (con dependencia de lo que disponga dicha Sala de la Corte Suprema de Justicia). Mientras que la "suspensión", a nuestro juicio, no produce o conlleva todas estas etapas. Sin soslayar, que las normas civiles establecen los casos específicos en que se puede dar la suspensión. Este caso de especiales y singulares circunstancias, no se encuentra contemplada en ellas. En este punto, debemos reiterar que contrario a lo que afirma M.P., S.A., el artículo 38 del citado cuerpo legal no contempla su pretensión de rechazar, negar o denegar la ejecución. Y es que luego de culminar la lectura de la norma citada, se observa que la misma no señala en ninguna parte de su contenido, que el juez, al momento de recibir la solicitud de ejecución del laudo y existir una oposición de la parte contraria, debe "rechazar" lo pedido. Ante la claridad en la redacción de la norma, llama la atención y, a la vez preocupa la afirmación que realiza la recurrente, en el sentido de plantear que la disposición bajo estudio reconoce su postura (de negar, denegar o rechazar), cuando en efecto ello no es así. Sin perder de vista que estos términos implican consecuencias que no se encuentran contempladas en la norma bajo estudio. Así pues, si se acepta la postura de M.P., S.A., de que ante la alegada pendencia del recurso de anulación se debe rechazar la ejecución del laudo arbitral, la consecuencia sería que luego que se resolviera favorablemente el recurso, la ejecución no podría retomarse, ya que en un principio, dicho proceso de ejecución se había negado y, por tanto, se considera culminado. Y es que el rechazar, negar o denegar, a diferencia de la no admisión, conllevan una decisión más de fondo que de forma. Si esto es así, y se decretase como plantea M.P., S.A. el rechazo de la ejecución, la contraparte no podría presentar nuevamente el proceso de ejecución luego de resuelto favorablemente la anulación, ya que nos encontraríamos ante la figura de la cosa juzgada, dada la existencia de una decisión previa de denegación de la ejecución. Por tanto, resulta claro que si el proceso de ejecución se interpuso y, por tanto, se inició, lo que procedía era su aplazamiento y no su rechazo, ya que no se puede desconocer la posibilidad futura de restablecer la ejecución originariamente pedida. Ahora bien, consta en el expediente que las sociedades PROMOTORA ECOLAND, S.A., INMOBILIARIA BLUMARINE, S.A. y BANCO GENERAL, S.A., presentaron sendos incidentes, incidentes que fueron todos admitidos y tramitados por el juzgado de origen, hasta dejarlos en estado de resolver, dándoles el trámite establecido para los incidentes en los procesos ejecutivos. Por su parte, Banco General, S.A., al ser notificado del auto admisorio, presentó incidentes, invocando en su defensa las excepciones de legitimidad pasiva e inexistencia de la obligación que se demanda, a las cuales se les imprimió el trámite al cual son sometidas las excepciones en los procesos ejecutivos simples. Así pues, la funcionaria acusada no se pronunció en la parte resolutiva del acto atacado sobre el incidente presentado por el BANCO GENERAL, S.A. ni sobre las excepciones presentadas por las demandadas, y finalmente concluyó que las sociedades PROMOTORA ECOLAND, S.A. e INMOBILIARIA BLUMARINE, S.A., son las únicas obligadas a cumplir con lo resuelto en el laudo arbitral, sin embargo, consideró que la demanda estaba mal estructurada, por tanto, negó la ejecución del laudo arbitral presentada por los señores R.G. y D.M.. En múltiples ocasiones, esta Corporación de Justicia se ha pronunciado sobre el derecho a la tutela judicial efectiva. En efecto, en Sentencia de 29 de octubre de 2012, el P. de la Corte Suprema de Justicia, señaló lo siguiente: Acotado lo anterior, puntualizamos que el derecho a la tutela judicial efectiva, según el autor F.C.B. en su obra La Tutela Judicial Efectiva, B., Casa Editorial, Barcelona, págs. 12-13, señala que la tutela judicial efectiva, se compone de cuatro derechos básicos "el derecho de libre acceso a la jurisdicción y al proceso en las instancias reconocidas; el derecho de defensa o prohibición constitucional de indefensión; el derecho a obtener una resolución fundada en Derecho que ponga fin al proceso y el derecho constitucional a la efectividad de la tutela judicial". (lo subrayado es nuestro) Examinado este negocio constitucional vemos que el planteamiento jurídico guarda relación con la efectividad de la tutela judicial, es decir, con que se garantice la ejecución de la decisión tomada, tal como lo expone el autor citado, destacando que no valdría de nada haber tenido acceso a la jurisdicción (en este caso a la arbitral por voluntad de las partes y en virtud de la cláusula arbitral), al proceso y a una resolución fundada en Derecho si luego ésta quedara sin cumplir. (Op. cit. pág. 303) Ante lo expuesto, estima esta Corporación de Justicia que, si bien es cierto, comparte lo esgrimido por el Primer Tribunal Superior y por el propio juzgado de origen, en cuanto a que, la ejecución del laudo arbitral no procedía contra las sociedades que no formaron parte del proceso arbitral, ya que el referido laudo no contiene condena o pronunciamiento que las obliguen ejecutivamente a honrar una decisión de un tribunal arbitral donde nunca fueron parte procesal, y más que la misma no contiene orden expresa dictada en su contra que las obligue a cumplirla; no obstante, es preciso que la juzgadora se pronuncie sobre la petición de ejecución de laudo arbitral presentado, en cuanto a las sociedades PROMOTORA ECOLAND, S.A. e INMOBILIARIA BLUMARINE, S.A., que tal como lo señaló la propia funcionara acusada en el auto impugnado "resultan ser las únicas obligadas a cumplir, como partes demandadas con lo dispuesto en el punto primero en (sic) parte resolutiva del laudo arbitral, cuya ejecución se estudia...", y que se transcribe: PRIMERO: Declara este Tribunal Arbitral que ambas demandadas, PROMOTORAS ECOLAND, S.A. e INMOBILIARIA BLUMARINE, S.A., tienen la obligación de cumplir con su totalidad con los términos y condiciones establecidas en el contrato de promesa de compraventa de bien inmueble que celebraron o suscribieron el día diecinueve (19) de febrero de dos mil cinco (2005), y el contrato de compraventa suscrito ante el Banco Continental, S.A. en lo atinente a entregarle completamente terminada y acabada a los demandantes D.M.K. y R.D.G.C., la casa de dos (2) plantas, modelo G., tal como la misma se describe en los referidos contrato, y el Lote de terreno en el que está construida la misma, distinguido con el numero A-ochenta y ocho (A-88) en el contrato y con el número de Finca 69764 Documento 903647 del Registro Público, todo esto, del PH Residencial Las Huacas, del Proyecto Reinforest Villas. En conclusión, las circunstancias descritas no hacen otra cosa más que comprobar que con la expedición del acto censurado, la J. Undécima de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá incurrió en omisiones de tramitación fundamentales desde el inicio del proceso, que colocaron a los amparistas en un absoluto estado de indefensión; por lo que, a juicio de este P., debe declararse probada la transgresión endilgada al artículo 32 de la Constitución Nacional, y lo procedente es conceder esta acción de tutela en aras de salvaguardar y evitar que se lesione el derecho al debido proceso a los activadoras constitucionales, ante la existencia de un laudo arbitral en firme y ejecutoriado. Por consiguiente, la Corte Suprema, P., administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, REVOCA la Sentencia de 26 de diciembre de 2014, proferida por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, y CONCEDE el A. de Garantías Constitucionales promovido por los señores R.G. y D.M.; en consecuencia, REVOCA el Auto No. 806-12 de 8 de mayo de 2012, dictado por el Juzgado Undécimo de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, y ORDENA al juzgado en mención que procede a resolver la ejecución de laudo arbitral en cuanto a las sociedades PROMOTORA ECOLAND, S.A. e INMOBILIARIA BLUMARINE, SA. N.. N.C. DE PAREDES HERNÁN A. DE LEÓN BATISTA -- HARRY ALBERTO DÍAZ GONZÁLEZ -- LUIS RAMÓN FÁBREGA SÁNCHEZ -- LUIS MARIO CARRASCO -- DELIA CARRIZO DE MARTÍNEZ -- ABEL AUGUSTO ZAMORANO -- OYDÉN ORTEGA DURÁN -- GABRIEL E. FERNÁNDEZ YANIXSA Y. YUEN C. (Secretaria)