Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 31 de Agosto de 2015

PonenteJerónimo Mejía E.
Fecha de Resolución31 de Agosto de 2015
EmisorPleno

VISTOS: II ANTECEDENTES Las constancias procesales informan que el 27 de septiembre de 2013, los señores J.A.P.B., L.A.C.A., O.V. DE LA PARRA e I.C.B., fueron aprehendidos por personal de la sección de robo y hurto de auto de la Dirección Nacional de Información Policial (Cfr. f. 49 del cuadernillo de amparo). Se indica, que los agentes captores se encontraban en un recorrido por la Avenida 12 de Octubre a la altura del local comercial Do It Center y notaron un vehículo Nissan Sentra, color negro con matrícula 294527, sucio y abandonado. Al acercarse a verificarlo, observaron cuando el conductor de un vehículo Toyota Prado color negro, con placa 476596 le pasó una maleta al copiloto de un Toyota Corolla de color gris, con placa 588836, la cual fue arrojada al piso cuando la policía les dio la voz de alto (Idem). Según se relata, de fojas 55 a 60 del expediente principal reposa el informe de novedad firmado por el subteniente M.C. en el que da cuenta que la persona que dejó caer la maleta respondía al nombre de L.A.C., el conductor del Corolla era J.A.P.B. y que el conductor del Toyota Prado era O.V. de la Parra. En el lugar se detuvo también a I.C.B.. Las unidades policiales coordinaron con la Fiscalía de Droga, quienes llegaron al lugar y, al revisar la maleta en presencia de lo los cuatro sujetos, encontraron un arma de fuego con 15 municiones y un envoltorio rectangular forrado en plástico transparente con dos láminas de color crema, que al efectuarle prueba de campo resultó ser positiva para cocaína base (crack) en la cantidad de 21, 280 gramos, todo lo cual quedó registrado en la diligencia de inspección ocular efectuada por la Fiscalía. Por otro lado, se registra que, de fojas 12 a 22 del expediente principal, reposa la orden y diligencia de allanamiento realizada al vehículo Toyota Prado, en el cual se encontró, entre otras pertenencias, una maleta negra, contentiva de seis (6) envoltorios rectangulares y billetes de diversas denominaciones que sumaban B/.3,700.00 (Cfr. fs. 48-49 del cuadernillo de amparo). Dentro del proceso penal iniciado en virtud de los hechos descritos, el licenciado C.R., presentó un incidente de nulidad sustentado en que, según las declaraciones indagatorias de los imputados, los agentes policiales que los aprehendieron revisaron los dos vehículos involucrados sin presencia de funcionario alguno de la Fiscalía, sacando de su interior una maleta en la que decían haber encontrado armas y drogas, lo cual configura una causal de nulidad de las enunciadas en el artículo 2295 del Código Judicial. Mediante el A.V.N.° 110 de 20 de marzo de 2014, el JUZGADO CUARTO DE CIRCUITO PENAL DE LA PROVINCIA DE PANAMA ACOGIO EL INCIDENTE planteado, decretando la nulidad de lo actuado por el presunto DELITO CONTRA LA SEGURIDAD COLECTIVA y ordenando la libertad de J.A.P.B., L.A.C.A., O.V. DE LA PARRA e I.C.B., imponiéndoles la medida cautelar de impedimento de salida y el deber de presentarse a los estrados del tribunal los 15 y 30 de cada mes. Dicha resolución ordena igualmente la destrucción de las sustancias ilícitas incautadas y ordena la compulsa de copias para que sea investigado el agente A.J.V.T. por el delito que resulte ajustado a derecho. La decisión del J. se fundamentó, en lo medular, en que se ordenó la indagatoria de los sindicados sin acreditar la existencia del hecho punible, pues las dos armas encontradas no eran detonables y se violentó el debido proceso, por cuanto existen contradicciones entre las declaraciones de los sindicados y las rendidas por las unidades policiales que efectuaron el allanamiento de la Toyota Prado en la que se encontraron sustancia ilícitas y dinero, que le llevan a concluir que dichos agentes efectuaron actos de investigación que no les correspondía, sin contar con la debida autorización, actuando al margen del procedimiento de ley. Dicha decisión fue apelada por la FISCAL PRIMERA ESPECIALIZADA EN DELITOS RELACIONADOS CON DROGAS, quien indicó que el juez a-quo erró al decretar la nulidad de todo el sumario por la formulación de un delito de posesión y tráfico de drogas, desconociendo el cargo por delito contra la seguridad colectiva relacionado con droga, en virtud del hallazgo de 7 paquetes de cocaína (crack) en la cantidad de 21, 280.gramos y entrando a resolver cuestiones que no fueron planteadas por el incidentista. Agrega que el estudio de las pruebas incorporadas al proceso, permite corroborar que las actuaciones que originaron la investigación cumplen con las exigencias legales y que no se incurrió en causales de nulidad (Cfr. f. 42 del cuadernillo de amparo). El SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, al resolver el recurso de apelación mediante el AUTO N° 159 S.I. DE 15 DE DICIEMBRE DE 2014, consideró que "...no se ha incurrido en ninguna causal de nulidad; por el contrario tanto los miembros de la Policía Nacional, como el agente de instrucción, cumplieron con el debido proceso, de conformidad con lo expuesto en el artículo 32 de la Constitución Nacional de la República de Panamá". Como respaldo de su posición analiza el informe suscrito por el Licenciado Domingo Apolayo de 27 de septiembre de 2013, en el cual pone en conocimiento del Fiscal Primero de Drogas, que personal de la Dirección Nacional de Información Policial le indicó que en la Avenida 12 de octubre, próximo al Do It Center, se mantenían dos vehículos cuyos ocupantes trasladaban unos maletines y se solicitaba efectuar la diligencia de allanamiento y registro de un Toyota Prado negro, con Placa 476596 y Toyota Corolla color gris, con placa 588836. De igual modo, el Segundo Tribunal Superior examina la inspección ocular, la diligencia de allanamiento efectuadas a dichos vehículos en la que se encontró droga, armas y dinero, la prueba de campo efectuada a la sustancia encontrada que resultó ser cocaína y el informe de novedad de 27 de septiembre de 2013 del subteniente de la Dirección de Investigaciones Policiales. Asimismo, revisa las declaraciones indagatorias de los sindicados, en la que niegan los hechos y aseguran desconocer que en el vehículo había drogas. Luego de esas precisiones, el Tribunal concluye que, contrario a lo que sostiene el auto apelado, no se incurrió en violaciones al debido proceso ya que "...los agentes de la Policía Nacional al percatarse de la posible comisión de un hecho punible, específicamente un delito relacionado con drogas, tomaron las medidas necesarias para preservar los objetos, los rastros y demás elementos del delito, así como impedir que los responsables pudieran escapar...", cumpliendo así con el procedimiento establecido en la Ley 69 de 27 de diciembre de 2007 y los artículos 2178, 2184, 2188 y 2189 del Código Judicial que regulan las figuras del allanamiento y registro (Cfr. fs. 52-53 del cuadernillo de amparo). Según expresa el activador procesal, este Auto del Segundo Tribunal Superior fue comunicado a las partes mediante Edicto N° 64 de 13 de febrero de 2015 (Cfr. f. 4 del cuadernillo de amparo). III EL AMPARO DE DERECHOS FUNDAMENTALES El amparista considera que la Resolución impugnada violó el artículo 32 de la Constitución ya que "...validó y ordenó el curso de una actuación, tomándola como buena, a pesar que presenta un vicio de naturaleza relevante que afecta su legitimidad procesal" (Cfr. f. 14 del cuadernillo de amparo). En el sentido expresa que "...el registro inicial practicado a los vehículos involucrados en el presunto hecho delictivo objeto de la causa, en los cuales supuestamente se ubicó en material ilícito que constituye la evidencia física del suceso criminoso, fue efectuado por miembros de estamentos policiales, quienes no tienen la facultad legal para ello" (Cfr. f. 11 del cuadernillo de amparo). IV CONSIDERACIONES Y DECISIÓN DEL PLENO Por conocido el contenido del amparo de derechos fundamentales y las constancias aportadas con el mismo, procede la Corte a resolver sobre su admisibilidad. En este sentido, la Corte observa que desde el punto de vista de las formalidades externas, el amparo reúne las condiciones mínimas de toda demanda. Sin embargo, la revisión de su contenido, permite al P. percatarse que lo que lo que se pretende es que se vuelva a examinar, en sede de amparo, las valoraciones de los hechos, las pruebas y el derecho aplicables al caso, como si se tratara de una instancia adicional del proceso, lo que implica revisar las valoraciones externadas por el SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL que le llevaron a determinar que el Auto sometido a su conocimiento debía ser revocado. En este sentido, debe tenerse presente que la respuesta jurídica en torno a la procedencia o no de la acción de amparo en la que se discuten las valoraciones o interpretaciones de las pruebas o la aplicación de la ley efectuadas por las autoridades depende, en cada caso, de que exista o no la apariencia de que tal valoración o interpretación desconoce, restringe, amenaza o de algún modo vulnera algún derecho fundamental, lo cual no se observa en el presente caso (Cfr. Sentencias del P. de 4 de julio de 2012, 5 de septiembre de 2012 y 30 de abril de 2013). Como quiera que lo que se pretende es que esta Superioridad actúe como una instancia adicional del proceso, en circunstancia en las que no se aprecia la afectación de un derecho o garantía fundamental, la Corte concluye que la iniciativa sub examine es manifiestamente improcedente y así pasa a declararlo. PARTE RESOLUTIVA Por las consideraciones anteriores, la Corte Suprema, P., administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE el amparo de derechos fundamentales promovido por el licenciado J.C.R., actuando en nombre y representación de O.V. DE LA PARRA e I.C., contra el AUTO N° 159 S.I. DE 15 DE DICIEMBRE DE 2014 del SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA. N., JERÓNIMO MEJÍA E. HARLEY J. MITCHELL D. -- ABEL AUGUSTO ZAMORANO -- OYDÉN ORTEGA DURÁN -- JOSÉ EDUARDO AYU PRADO CANALS -- NELLY CEDEÑO DE PAREDES -- HERNÁN A. DE LEÓN BATISTA -- HARRY ALBERTO DÍAZ GONZÁLEZ -- LUIS RAMÓN FÁBREGA SÁNCHEZ YANIXSA Y. YUEN C. (Secretaria)

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