Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Pleno), Pleno, 17 de Noviembre de 2015

PonenteAbel Augusto Zamorano
Fecha de Resolución17 de Noviembre de 2015
EmisorPleno

VISTOS: El Pleno de la Corte Suprema de Justicia, conoce del proceso de A. de Garantías Constitucionales interpuesto por Banistmo, S.A., mediante apoderado especial contra la Resolución de 26 de junio de 2015, dictada por la Juez del Primer Tribunal Marítimo de Panamá. ACTO RECURRIDO EN AMPARO Mediante el acto objeto de la Acción de Tutela Constitucional que nos ocupa, la Juez del Primer Tribunal Marítimo de Panamá resolvió lo siguiente: "PRIMERO: ORDENAR a BANISTMO emitir un cheque certificado a nombre de "ORGANO JUDICIAL - TRIBUNALES MARÍTIMOS" por la suma de NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE DÓLARES CON 357100 (US$ 999,639.35). SEGUNDO: ADVERTIR a BANISTMO, que debe cumplir con lo ordenado por este Tribunal, con apercibimiento que si no contesta al término de la distancia, serán sancionados con desacato. II. ARGUMENTOS DEL AMPARISTA Y DERECHO QUE SE ESTIMA VULNERADO El amparista denuncia la violación directa por omisión del artículo 32 de la Constitución Política de la República de Panamá, al dictarse la Resolución objeto de esta Acción de A., ya que la Juez del Primer Tribunal Marítimo no observó lo dispuesto en el artículo 536 del Código Judicial, faltando al trámite legal establecido al emitirla, en virtud de que Banistmo, S.A. es un mero depositario judicial de los fondos reclamados, los cuales están a disposición del Juzgado Séptimo de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá. En ese sentido expone el amparista, que la funcionaria ordena una acción contraria a otra previamente dispuesta por ese mismo Tribunal y que ya había sido acatada por Banistmo, S.A. cuando dispuso de los fondos que poseía a favor de la empresa A&C GLOBAL SERVICES CORP.; siendo los mismos debida y legalmente cautelados a favor del Juzgado Séptimo de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, por una orden judicial que obligaba a Banistmo, S.A. a dar cumplimiento a la nueva orden de secuestro. Por otra parte arguye el amparista, que también se viola el debido proceso porque la Juez del Primer Tribunal Marítimo no imprimió el trámite legal contenido en los artículos 698, 704 y siguientes del Código Judicial, toda vez que no le corrió traslado del Incidente de Desacato presentado en su contra por la sociedad A&C GLOBAL SERVICES, CORP. Finaliza señalando que con la actuación impugnada se está obligando a Banistmo, S.A. a incurrir en una ilegalidad, a causa de una errada interpretación de la Juez del Primer Tribunal Marítimo, lo cual se traduce en una flagrante violación a las garantías de la amparista. La otra norma constitucional que estima se viola directamente por omisión con la emisión del acto atacado en A. lo es el artículo 17, el cual a su parecer fue ignorado por la funcionaria demandada, quien estaba obligada a asegurar la efectividad de los derechos y deberes individuales y sociales, así como cumplir y hacer cumplir la ley, y en cambio emitió una orden que contraría actos previos, sin cumplir el debido proceso y afectado a Banistmo, S.A. III. POSICIÓN DE LA AUTORIDAD DEMANDADA Una vez admitida la Acción de A. de Garantías Constitucionales promovida, se procedió a solicitar a la Juez del Primer Tribunal Marítimo, un informe de los hechos materia de la acción. En ese sentido, mediante Oficio No.489 de 16 de julio de 2015, la funcionaria requerida remite el Informe correspondiente, en el que detalla, que mediante proveído de 11 de julio de 2014 ordenó a Banistmo, S.A. que se entregarán a la sociedad A&C GLOBAL SERVICES CORP. la suma de novecientos noventa y nueve mil seiscientos treinta y nueve dólares con 35/100 (US$999,639.35), lo cual le fue comunicado mediante Oficio No.310 de 14 de julio de 2014. Agrega que Banistmo, S.A. mediante nota de 21 de julio de 2014 informó al Tribunal que había cumplido parcialmente dicha orden debido a que las sumas a entregar habían sido secuestradas por orden judicial. Posteriormente, el 14 de abril de 2015 la sociedad A&C GLOBAL SERVICES CORP. presentó solicitud de desacato en contra de Banistmo, S.A. y el Primer Tribunal Marítimo mediante Oficio No.430 de 18 de mayo de 2015 ordenó a la entidad bancaria explicar las razones del cumplimiento parcial de la orden comunicada mediante Oficio No.310 de 14 de julio de 2014. El 5 de junio de 2015 Banistmo, S.A. respondió, que posterior a haber recibido la orden del Tribunal Marítimo, recibieron otra orden del Juzgado Séptimo de Circuito Civil que instruía a retener las sumas de dinero y depósitos a nombre de A&C GLOBAL SERVICES CORP., la cual posteriormente fue ampliada a las cuentas por pagar, dineros y créditos pendientes por pagar. En virtud de lo anterior se procedió a emitir el proveído de 26 de junio de 2015 objeto de A., mediante el cual se ordenó a Banistmo, S.A. emitir un cheque certificado a nombre del Órgano Judicial - Tribunales Marítimos, por la suma de novecientos noventa y nueve mil seiscientos treinta y nueve dólares con 35/100 (US$999,639.35), fundamentado en la prelación de la orden emitida y sobre la base que la Carta Bancaria no tenía como beneficiaria a la empresa A&C GLOBAL SERVICES CORP., sino al Primer Tribunal Marítimo. Señala además que se requirió a la entidad bancaria que se emitiera el cheque con la finalidad de cumplir con lo ordenado mediante Sentencia No.2 de 26 de enero de 2012 y Auto No.127 de 10 de julio de 2014; en respuesta a lo anterior Banistmo, S.A. señaló que no era posible cumplir con lo ordenado porque la Carta Bancaria fue cancelada desde el momento que recibieron el Oficio No.310 de 14 de julio de 2014, y que en sus oficinas sólo mantienen el cheque a nombre de A&C GLOBAL SERVICES CORP., retenido por orden del Juzgado Séptimo de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá. IV. INTERVENCIÓN DE TERCEROS La sociedad ATUNVEN, C.A., propietaria de la Moto Nave Don Francesco y parte promotora el Proceso Especial de Ejecución de Limitación de Responsabilidad al cual se acumuló el proceso Especial de Ejecución de Crédito Marítimo Privilegiado, propuesto por M.G., quien cedió su crédito litigioso a favor de A&C GLOBAL SERVICES CORP. contra aquella, proceso del cual deviene la acción constitucional que nos ocupa, ha solicitado se conceda la misma; y por otra parte, A&C GLOBAL SERVICES CORP. solicita ser admitido como parte coadyuvante en el proceso de A. de Garantías Constitucionales propuesto, en virtud de que el resultado del mismo seguiría afectando sus intereses como beneficiaria final de la condena emitida en contra de ATUNVEN, C.A. V. CONSIDERACIONES Y DECISIÓN DEL PLENO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA Una vez conocido el contenido del acto impugnado, así como lo substancial de la acción planteada por la parte actora, el informe de conducta remitido por la Autoridad demandada y los planteamientos esbozados por quienes acuden al proceso en calidad de parte interesada y coadyuvante, procede esta Máxima Corporación de Justicia a resolver lo que en derecho corresponde. En primer término debemos indicar, que la actuación que se impugna mediante este medio de revisión constitucional, debe consistir en un acto o decisión que sea susceptible de lesionar, afectar, alterar, restringir, amenazar o menoscabar un derecho fundamental, contenido no sólo en nuestra Constitución Política, sino en los Convenios o Tratados Internacionales sobre Derechos Humanos vigentes en la República de Panamá, de manera que, con la interposición de esta garantía constitucional se pueda revocar de manera inmediata el acto arbitrario, cuando ello se requiera en virtud de la gravedad o inminencia del daño que representa. En este caso, el acto demandado en amparo lo constituye la Resolución de 26 de junio de 2015, mediante la cual el Primer Tribunal Marítimo de Panamá ordena a la sociedad Banistmo, S.A. emitir un cheque certificado a nombre de "Órgano judicial - Tribunales Marítimos, por la suma de novecientos noventa y nueve mil seiscientos treinta y nueve dólares con 35/100 (US$999,639.35), y se advierte a dicha entidad bancaria que debe cumplir con lo ordenado con apercibimiento de que si no contesta al término de la distancia, será sancionado con desacato. La sociedad amparista argumenta, que el acto jurisdiccional objeto de la Acción de A. de Garantías Constitucionales que nos ocupa, viola directamente por omisión los artículos 17 y 32 de la Constitución Política de la República de Panamá, al desconocer o inobservar, el servidor público que lo expidió, lo dispuesto en el artículo 536 del Código Judicial. El artículo 17 de la Constitución Política de la República, consagra el derecho de los nacionales donde quiera que se encuentren y de los extranjeros que estén bajo la jurisdicción de las autoridades panameñas, a que éstas los protejan en su vida, honra y bienes, que se les asegure la efectividad de los derechos y deberes individuales y sociales, así como el cumplir y hacer cumplir la Constitución y la ley. En otras palabras, es la garantía de efectividad inmediata, vigencia, prevalencia y aplicación de todos los derechos fundamentales, de donde se desprenden una serie de obligaciones predicables a las autoridades y servidores públicos que involucra la sujeción al orden jurídico constitucional y legal. En cuando al artículo 32 de nuestra Carta Magna por su parte, consagra la garantía del debido proceso al disponer que "Nadie será juzgado sino por autoridad competente y conforme a los trámites legales, ni más de una vez por la misma causa penal, policiva o disciplinaria". (Lo resaltado es del Pleno) El Pleno de la Corte Suprema de Justicia ha sentado el criterio que la violación al debido proceso ocurre cuando se desconocen o pretermiten trámites esenciales del proceso que efectivamente conlleven a la indefensión de los derechos de cualesquiera de las partes. Aunado a ello ha expresado, que la garantía del debido proceso comprende tres derechos, a saber: el derecho a ser juzgado por autoridad competente; el derecho a ser juzgado conforme a los trámites legales pertinentes; y el derecho a no ser juzgado más de una vez por la misma causa penal, policiva o disciplinaria; por ello se asegura que se trata de una institución garantizadora de los derechos fundamentales. En ese sentido el D.A.H. ha puntualizado que el debido proceso es "una institución instrumental en virtud de la cual se debe asegurar a las partes en todo proceso - legalmente establecido y que se desarrolle sin dilaciones injustificadas- oportunidad razonable de ser oídas por un tribunal competente, predeterminado por la ley, independiente e imparcial, de pronunciarse respecto de las pretensiones y manifestaciones de la parte contraria, de aportar pruebas lícitas relacionadas con el objeto del proceso y contradecir las aportadas por la contraparte, de hacer uso de los medios de impugnación consagrados por ley contra resoluciones judiciales motivadas y conformes a derecho, de tal manera que las personas puedan defender efectivamente sus derechos". (HOYOS, A.. El Debido Proceso, E.. Temis, S.A., Bogotá, 1996, pág.54). Se constituye entonces el debido proceso en un límite a la actividad estatal, porque el debido proceso está integrado por ese conjunto de requisitos que deben observarse, a fin de que las personas estén en condiciones de defender adecuadamente sus derechos ante cualquier acto del Estado que pueda afectarlo; incluyéndose no solo las garantías previstas en el artículo 32 de la Constitución Política sino también las garantías mínimas previstas en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, a fin de que el ciudadano afectado pueda hacer valer sus derechos y defender sus intereses en forma efectiva. El amparista arguye que los citados artículos 17 y 32 de nuestra Carta Política fueron violados porque la funcionaria demandada no observó lo establecido en el numeral 4 del artículo 536 del Código Judicial, que establece una de las formas como se constituye el depósito judicial cuando se decreta un secuestro sobre dinero, valores, créditos, derechos u otros bienes muebles pertenecientes al demandado. La citada norma señala lo siguiente: "Artículo 536. Además de lo dispuesto en el artículo anterior, el depósito judicial también se constituye de la siguiente manera: 1. ... 4. Cuando un tercero tenga dinero, valores créditos, derechos u otros bienes muebles pertenecientes al demandado o presunto demandado, el depósito se entiende constituido cuando la orden judicial es entregada a dicho tercero, el cual queda constituido en depositario judicial del bien o bienes respectivos, con las responsabilidades de la ley. En caso de secuestro de dinero, valores o títulos al portador, o bonos del Estado, el juez ordenará que se remita al Banco Nacional de Panamá, salvo que se encuentre depositado en alguna entidad bancaria en cuyo caso ésta quedará constituida en depositaria. En estos casos el que reciba la orden de secuestro deberá extender también acuse de recibo, al momento de recibirla, indicando la fecha y la hora de su recepción y la firma y nombre y cargo de la persona que la recibe. Dentro de los dos días siguientes al recibo de la orden de secuestro, la persona o entidad que queda constituida en depositaria deberá dar respuesta al tribunal poniendo a órdenes de éste la cosa secuestrada o indicándole cualquier circunstancia que de alguna manera afecte el debido cumplimiento de dicha orden....." Señala la sociedad amparista, que al emitirse el acto impugnado la funcionaria demandada deja de aplicar el trámite legal establecido en la norma citada, causando perjuicios a Banistmo, S.A. A fin de realizar un análisis detallado de las pretensiones, hechos y pruebas que constan en el cuaderno constitucional que nos ocupa, el Pleno procede a esbozar cronológicamente las constancias procesales que dan origen a la emisión del acto demandado en A.. Como quedó expuesto en el proceso, en el Primer Tribunal Marítimo de Panamá se tramitó un Proceso Especial de Limitación de Responsabilidad del Armador, propuesto por la sociedad ATUNVEN, C.A., propietaria de la M/N DON FRANCESCO, dentro del cual se dictó la Sentencia No.2 de 23 de enero de 2012, en la que se condenó al fondo de limitación de responsabilidad constituido por ATUNVEN, C.A. a pagarle al señor M.G. la suma de novecientos noventa y nueve mil seiscientos noventa y siete dólares con 55/100 (US$999,697.55), en concepto de lucro cesante y daño moral, más las costas por el trabajo en derecho por una suma de US$130,696.75; decisión ésta que fue confirmada por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, a través de Resolución calendada 12 de noviembre de 2012. Posteriormente mediante Auto No.127 de 10 de julio de 2014, el Primer Tribunal Marítimo aprobó una cesión de crédito litigioso celebrado entre M.G. y A&C GLOBAL SERVICES CORP., y ordena la realización de los trámites necesarios para la entrega de las sumas reconocidas, ordenándose a Banistmo, S.A. a través de Oficio No.310 de 14 de julio de 2014, pagar a A&C GLOBAL SERVICES CORP. a quien se cedió el crédito litigioso, la suma de novecientos noventa y nueve mil seiscientos treinta y nueve dólares con 35/100 (US$ 999, 639.35) (v.f.22). Posteriormente, el día 16 de julio de 2014 Banistmo, S.A. recibe el Oficio No.1639/Sec.50838-14 del Juez Séptimo de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá donde le comunica, que mediante Auto No.1174 de 14 de julio de 2014, decretó formal secuestro a favor de ATUNVEN, C.A. contra A&C GLOBAL SERVICES CORP. y M.G., sobre las sumas de dinero y depósitos que se encuentren su nombre como demandado en los distintos bancos de la localidad, hasta la concurrencia de un millón ochocientos treinta y cinco mil seiscientos noventa balboas con 00/100 (B/.1,835,690.00), y por lo tanto se ordena hacer las retensiones correspondientes y poner a disposición del Tribunal dicha suma (fs.24). Seguidamente, el 18 de julio de 2014 se recibe un nuevo oficio por medio del cual dicho Tribunal le comunica a la entidad bancaria la ampliación del secuestro decretado, sobre las cuentas por pagar, dineros y créditos pendientes por pagar por parte de Banistmo, S.A. a favor de los secuestrados (fs.25). El 21 de julio de 2014, el Departamento de Oficios Judiciales de Banistmo, S.A. emite dos notas a través de las cuales, en una informa al Primer Tribunal Marítimo de Panamá, que ha cumplido parcialmente su orden, ya que respecto a las sumas que debía entregar a la sociedad A&C GLOBAL SERVICES, CORP. las mismas fueron secuestradas por orden judicial (fs.26); y al Juez Séptimo de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá informó, que mantiene retenido y a órdenes de su despacho la suma de novecientos noventa y nueve mil seiscientos treinta y nueve dólares con 25/100 (US$999,639.25) a nombre de A&C GLOBAL SERVICES CORP. (fs.27). El día 19 de mayo de 2015, Banistmo, S.A. recibe el Oficio No.430 de 18 de mayo de 2015, por medio del cual el Primer Tribunal Marítimo de Panamá lo pone en conocimiento de que la sociedad A&C GLOBAL SERVICES CORP., presentó solicitud de declaratoria de desacato en su contra, por el incumplimiento de la orden contenida en la Sentencia No.2 de 26 de enero de 2012 comunicada mediante Oficio No.310 de 14 de julio de 2014. La entidad bancaria al dar respuesta a la citada comunicación señaló, que encontrándose en el proceso de dar cumplimiento a lo ordenado por el Primer Tribunal Marítimo, el 16 de julio de 2014 recibió por parte del Juzgado Séptimo de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá la orden de retener sumas de dinero y depósitos que se encontraran a nombre de A&C GLOBAL SERVICES CORP. hasta la concurrencia de un millón ochocientos treinta y cinco mil seiscientos noventa dólares (US$1,835,690.00), y que posteriormente dicho secuestro fue ampliado sobre las cuentas por pagar, dineros y créditos pendientes por pagar por parte de Banistmo, S.A. a favor de A&C GLOBAL SERVICES CORP. Continúa señalando B.S.A., que dando fiel cumplimiento a lo establecido en el artículo 536 numeral 4 del Código Judicial, quedó de inmediato constituido en depositario judicial, cumplimiento parcialmente la orden del Primer Tribunal Marítimo de Panamá, únicamente en lo referente a la entrega de cheque certificado a favor de la firma M. &M. por la suma de veinte mil seiscientos treinta dólares con 05/100 (US$20,630.05) y poniendo a disposición del Juzgado Séptimo de Circuito Civil la suma cuya entrega fue ordenada por el Primer Tribunal Marítimo a favor de A&C GLOBAL SERVICES CORP. De las constancias procesales que reposan en el cuaderno constitucional se puede corroborar, que la actuación de la entidad bancaria amparista se ajusta a lo establecido en el numeral 4 del artículo 536 del Código Judicial, cuya inobservancia por parte de la Autoridad demandada denuncia. Y es que, si bien es cierto, la Juez Primera Marítima de Panamá había ordenado el 14 de julio de 2014 a la entidad bancaria, que de la Carta Bancaria de Garantía Irrevocable No.GRB02508004204, procediera a realizar el pago de la suma de novecientos noventa y nueve mil seiscientos treinta y nueve dólares con 35/100 (US$999,639.35) a la sociedad A&C GLOBAL SERVICES CORP., y la suma de veinte mil seiscientos treinta dólares con 05/100 (US$20,630.05) a la firma M. &M., ambas a través de cheque certificado; no puede soslayarse el hecho de que dos días después, el 16 de julio de 2014 dicha entidad bancaria recibe una nueva orden judicial de secuestro cuya ampliación alcanzó las cuentas por pagar, dineros y créditos pendientes por pagar, por parte de Banistmo a favor de la sociedad A&C GLOBAL SERVICES CORP., entre las cuales se encontraba el pago de los novecientos noventa y nueve mil seiscientos treinta y nueve dólares con 35/100 (US$999,639.35), que Banistmo debía realizar mediante cheque certificado a favor de dicha empresa. El A. de Garantías Constitucionales que nos ocupa fue propuesto por Banistmo, S.A. contra la Resolución de 26 de junio de 2015, emitida dentro de la solicitud de declaratoria de desacato que A&C GLOBAL SERVICES, CORP. presentó ante el Primer Tribunal Marítimo de Panamá, por el incumplimiento de la orden impartida por éste, como consecuencia de la decisión adoptada mediante Sentencia No.2 de 26 de enero de 2012 y que fuera cumplida parcialmente por Banistmo, S.A. Sin dejar de advertir que el amparista manifiesta que no fue debidamente notificado de la presentación de la referida solicitud de declaratoria de desacato, de lo cual no consta elemento probatorio en este proceso, el Pleno debe acotar que el artículo 536 del Código Judicial, aplicable al caso que nos atañe, claramente establece, que una de las formas de constituirse el depósito judicial por razón de un secuestro decretado por Autoridad competente, opera, en los caso en que un tercero tenga dinero perteneciente al demandado, cuando la orden judicial es entregada a dicho tercero, y en caso de que el secuestro sea de dineros que se encuentren depositados en alguna entidad bancaria, ésta quedará constituida en depositaria con la entrega de la orden judicial. De las constancias acopiadas en el cuaderno constitucional se desprende que, encontrándose Banistmo, S.A. en el proceso de dar cumplimiento a la entrega de la suma de dinero mediante cheque certificado a favor de A&C GLOBAL SERVICES, CORP. ordenada por el Primer Tribunal Marítimo, se recibió una orden judicial de secuestro, emanada del Juzgado Séptimo de Circuito Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, sobre, inclusive, cuentas por pagar, dineros y créditos pendientes por pagar, por parte de Banistmo, S.A. a favor de los secuestrados A&C GLOBAL SERVICES, CORP. y M.G., hasta la concurrencia de la suma de un millón ochocientos treinta y cinco mil seiscientos noventa balboas (B/.1,835.690.00); procediendo a retener y poner a órdenes de dicho despacho judicial, la suma de novecientos noventa y nueve mil seiscientos treinta y nueve dólares con 35/100 (US$ 999,639.35), cuya entrega estaba pendiente Consecuentemente, Banistmo, S.A. quedó constituido de manera inmediata, como depositario judicial de la suma que se encontraba pendiente de pago a la empresa A&C GLOBAL SERVICES, CORP., desde el momento que recibió la orden judicial del Juzgado Séptimo de Circuito Civil; es decir, desde el día 16 de julio de 2014, lo que le impedía disponer o realizar cualquier movimiento de dichos dineros, y en virtud de que, de la Carta de Garantía Bancaria constituida con motivo del proceso marítimo, y se había ya ordenado realizar los pagos correspondientes al emitir la Sentencia que puso fin al proceso marítimo. Observa el Pleno, que el Primer Tribunal Marítimo de Panamá, al emitir el acto atacado vía A., desconoce la normativa y ordena a Banistmo, S.A. emitir un cheque certificado a nombre de "ÓRGANO JUDICIAL - TRIBUNALES MARÍTIMOS", por la suma de novecientos noventa y nueve mil seiscientos treinta y nueve dólares con 35/100 (US$999,639.35), a sabiendas de que existe un depósito judicial dispuesto mediante orden judicial, lo cual le fue comunicado por la entidad bancaria mediante nota de fecha 21 de julio de 2014, que reposa a foja 26 del cuaderno constitucional y ampliado en nota de 5 de junio de 2015 (fs.30 y 31). Entre los fundamentos que motivan la referida orden del Tribunal demandado en el acto atacado en A. expone, que cronológicamente, la orden emanada del Primer Tribunal Marítimo respecto a la entrega de las sumas mediante cheque certificado a favor de A&C GLOBAL SERVICES, CORP., fue recibida primero que la orden judicial dictada por el Juez Séptimo de Circuito Civil. Agrega, que lo que correspondía a Banistmo, S.A. era cumplir la primera orden recibida e informar al Juzgado Séptimo de Circuito Civil la preexistencia de una orden judicial del Tribunal Marítimo, en virtud de que dicha suma de dinero no nació de una relación bancaria entre Banistmo, S.A. y la empresa, sino de la Carta de Garantía Bancaria Irrevocable No.GRB02508004204 emitida en el año 2008, teniendo como beneficiario al Tribunal Marítimo de Panamá, en Turno, consignada con la finalidad de constituirse en garante de pago dentro del proceso marítimo. No obstante lo anterior, el Pleno observa que la orden de secuestro incluyó cualesquiera "cuentas por pagar, dineros y créditos, pendientes por pagar por parte del Banco BANISTMO, a favor de los secuestrados", orden ésta que recaía sobre la suma que el banco mantenía pendiente de entregar a A&C GLOBAL SERVICES, CORP., a través de un cheque certificado. Mal puede el banco no acatar una orden judicial de secuestro, si mantiene en su poder los bienes cuyo secuestro se ordena, máxime cuando ya se había ordenado la entrega de los mismos a la persona contra quien el nuevo secuestro fue ordenado. La actuación de Banistmo, S.A. al remitir notas el 21 de julio de 2014, tanto al Primer Tribunal Marítimo, informándole del cumplimiento parcial de la orden de entrega de sumas de dinero mediante cheques certificados en virtud de una orden judicial de secuestro, como al Juzgado Séptimo de Circuito Civil, informándole de la retención y puesta a su disposición de la suma que mantenía a favor de uno de los secuestrados, dentro de los dos días siguientes al recibo de la referida orden judicial, que lo constituyó de manera inmediata en depositario judicial, se ajusta a lo dispuesto en el artículo 536 del Código Judicial. El artículo 18 constitucional al precisar el ámbito de actuación de las autoridades públicas y sus respectivas responsabilidades, le impone la obligación de cumplir y hacer cumplir la ley y la Constitución, y asimismo el artículo 17 de nuestra Carta Magna cuya violación fue demandada, como se indicó, contiene la garantía de efectividad inmediata de todos los derechos fundamentales como fuente de validación de la actividad social, cuya eficacia y alcance se potencia en todas las funciones públicas. Sobre el artículo 17 de la Constitución Política, es necesario puntualizar que no sólo establece la obligación que tienen las autoridades de proteger en su vida, honra y bienes a quienes se encuentren bajo su jurisdicción, sino el deber que tienen las autoridades de sujetarse al orden jurídico, constitucional y legal, y de asegurar la efectividad de los derechos y deberes individuales y sociales. Se trata de un precepto de contenido normativo y, por ende, no requiere de un desarrollo ulterior para tener eficacia, tal y como lo corrobora el hecho de que en el texto no se aprecia ninguna cláusula de reserva legal; además es bueno señalar que luego de las reformas a la Constitución Política, mediante acto legislativo de 2004, dicha norma sufrió una reforma al establecer el último párrafo que los derechos y garantías que la Constitución consagra, deben considerarse como mínimos y no excluyentes de otros que inciden sobre los derechos fundamentales y la dignidad de la persona, con lo cual el marco de interpretación de este órgano guardián de la Constitución debe ser orientado en ese querer del Constituyente panameño, que atinadamente incorpora en esa reforma el concepto de dignidad humana, que a su vez debe ser asegurada por el administrador de justicia al garantizar el debido proceso como derecho fundamental. E profesor español de la Universidad de Alicante, T. De Domingo en su obra "Los Derechos Fundamentales en el sistema constitucional. Teoría General e Implicaciones prácticas", señala lo siguiente: "El principal objetivo de una teoría de la justicia consiste precisamente en la correcta determinación de lo justo, hasta el punto de que sería más adecuado utilizar la denominación teorías de lo justo, puesto todas ellas consisten en sistemas que tratan de determinar qué es lo justo o cómo llegar a conocerse, y cómo se debe organizar una comunidad política conforme a las exigencias de la justicia. Las teorías de la justicia suelen dividirse, al menos, en materiales y procedimientos. Las primeras aspiran a fijar directamente qué es lo justo, mientras que las segundas pretenden establecer el itinerario a seguir para llegar a conocerlo...la justicia basada en el reconocimiento de que la dignidad humana y el respeto a los derechos fundamentales de la persona son las bases en las que se fundamenta una ordenación justa de la comunidad política. Cómo se observa, la dignidad humana y los derechos fundamentales se presentan estrechamente vinculados, por lo que conviene precisar qué papel desempeñan en esta teoría de la justicia. La dignidad humana significa, en suma, la exigencia de respeto incondicional al ser humano. Ahora bien, el reconocimiento de esta exigencia plantea la cuestión de cómo se materializa tal respecto, y la respuesta se encuentra precisamente en los derechos fundamentales. Por consiguiente, los derechos fundamentales son propiamente lo justo, aquello reconocido y/o atribuido a cada ciudadano mediante normas de rango constitucional, mientras que la dignidad es el título en que se funda dicho reconocimiento y/o atribución. Los derechos fundamentales se convierten en el criterio básico de justicia -y normas acciones- tanto de particulares como de poderes públicos- y normas que lo lesionen podrán calificarse de injustas, y por tanto, sería lógico que el ordenamiento jurídico dispusiera de mecanismos adecuados para reaccionar frente a ellas...Los derechos fundamentales vinculan a todos los poderes públicos, expresión que refleja algo más que una exigencia de respeto. Así, las normas que reconocen derechos fundamentales aparecen como un orden objetivo axiológico y como un sistema de valores que demanda aplicación en todos los ámbitos del derecho." (DE DOMINGO, TOMÁS. Los Derechos Fundamentales en el sistema constitucional. Palestra E.ores; impreso en Perú-2010; p.17-21) En otro orden de ideas, respecto al carácter normativo del artículo 17 de la Constitución Política, cuestionado en algunos episodios de la jurisprudencia patria, no puede negarse dicha calidad, y ello se comprueba con la lectura del fallo de 23 de diciembre de 1977, en el cual la Corte Suprema de Justicia señaló que: "...constituye una verdadera y real garantía individual susceptible de ser violada o desconocida por los servidores públicos, cuando su conducta no se ajusta a los términos de la ley vigente. El cumplimiento de la Ley obliga por igual a todos -gobernados- y es precisamente el Artículo 17 de la Carta Magna la garantía primordial que asegura en un Estado de Derecho la fiel observancia de la ley por parte de las autoridades, toda vez que dicha norma les impone el deber frente a la comunidad de cumplirla y hacerla cumplir. Semejante garantía hace descansar todo un sistema jurídico sobre las bases sólidas y efectivas y desconocerlas sería tanto como negar la existencia misma del Derecho." Es decir, que nos encontramos ante una genuina garantía que asegura y afianza la efectividad, vigencia, prevalencia y aplicación preferente del contenido de los derechos fundamentales en todas las actuaciones públicas; de lo que se desprenden una serie de obligaciones predicables a las autoridades y servidores públicos, entre los cuales se encuentran la sujeción al orden jurídico constitucional y legal, desprendiéndose de todo lo analizado en este caso, que el Primer Tribunal Marítimo de Panamá desconoció lo dispuesto en la normativa vigente, específicamente lo contemplado en el artículo 536 del Código Judicial al emitir la Resolución de 26 de junio de 2015, que provocara la interposición de la presente acción de tutela constitucional. En razón de lo indicado, se encuentran probados los cargos de infracción de los artículos 17 y 32 de la Constitución Política de la República de Panamá, correspondiendo conceder la Acción de A. planteada por la sociedad Banistmo, S.A. En cuanto a la solicitud de constituirse en tercero interesado presentada por la sociedad ATUNVEN, C.A., propietaria de la Moto Nave Don Francesco y parte promotora el Proceso Especial de Ejecución de Limitación de Responsabilidad del Armador, al cual se acumuló el Proceso Especial de Ejecución de Crédito Marítimo Privilegiado, propuesto por M.G., quien posteriormente cedió su crédito litigioso a favor de A&C GLOBAL SERVICES, CORP. contra aquella; proceso del cual deviene la acción constitucional que nos ocupa, la misma es admisible. Por otra parte, la solicitud de la sociedad A&C GLOBAL SERVICES CORP. de ser admitido como parte interesada en el proceso de A. de Garantías Constitucionales propuesto, la misma es admisible en virtud de que el resultado del mismo seguiría afectando sus intereses, como beneficiaria final de la condena en contra de ATUNVEN, C.A. En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia- Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONCEDE la Acción de A. de Garantías Constitucionales promovida por la sociedad BANISTMO, S.A., a través de apoderado especial, contra la Resolución de 26 de junio de 2015, emitida por la Juez del Primer Tribunal Marítimo de Panamá y ADMITE como Terceros interesados a las sociedades ATUNVEN, C.A. y A&C GLOBAL SERVICES, CORP. FUNDAMENTO DE DERECHO: Artículos 17, 32 y 54 de la Constitución Política de la República; artículos 2614 y siguientes del Código Judicial. N., ABEL AUGUSTO ZAMORANO OYDÉN ORTEGA DURÁN -- JOSÉ EDUARDO AYU PRADO CANALS -- NELLY CEDEÑO DE PAREDES -- HERNÁN A. DE LEÓN BATISTA -- HARRY ALBERTO DÍAZ GONZÁLEZ -- EFRÉN C. TELLO C -- JERÓNIMO MEJÍA E. -- HARLEY J. MITCHELL D. YANIXSA Y. YUEN C. (Secretaria)