Sentencia Pleno de Supreme Court (Panama), Pleno, 25 de Noviembre de 2015

PonenteNelly Cedeño de Paredes
Fecha de Resolución25 de Noviembre de 2015
EmisorPleno

VISTOS: La sociedad BRITISH AMERICAN TOBACCO PANAMÁ, S.A., mediante apoderada judicial ha formulado Acción de Amparo de Garantías Constitucionales contra la Nota No. 3015-DGS de 13 de noviembre de 2014, emitida por la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Salud. Previo al examen de la presente acción, resulta conveniente advertir que, habiendo ingresado la acción propuesta para resolver su admisibilidad, se puso en conocimiento de este sustanciador, de la existencia de otras acciones de Amparo de Garantías Constitucionales presentadas por la firma forense RODRÍGUEZ-ROBLES & ESPINOSA, en representación de la misma sociedad anónima BRITISH AMERICAN TOBACCO PANAMÁ, S.A., contra otros actos que tienen contenido similar y que han sido dictados por la misma autoridad. En virtud de lo que dispone el artículo 721 del Código Judicial, mediante Resolución de 2 de marzo de 2015, visible de fojas 244 a 245, se procedió a la acumulación de las acciones constitucionales, identificadas con los números de entrada 196-15, 197-15, 198-15, 199-15, a la que se tramita bajo la ponencia de este sustanciador, la cual fue identificada con el número de entrada 195-14. I.- LOS ACTOS OBJETO DE AMPARO. La Nota No. 3015-DGS, de 13 de noviembre de 2014, dictada por la Directora General de Salud Pública del Ministerio de Salud, dispuso lo siguiente: "En atención a su Nota de 27 de octubre de 2014, donde nos solicita nuestra aprobación de diseños de nuevas cajetillas para la marca V., versiones C., Verde, Azul Corto, Azul Largo, R. caja suave y R. caja dura, por este medio le notificamos que las mismas no fueron aprobadas, una vez que fueron sometidas para su evaluación por la Comisión Nacional para el Estudio de Tabaquismo, por lo siguiente: 1.- Eliminar la palabra C. con el logo de la Letra V. 2.- Eliminar K.S. 20 3.- Eliminar la Degradación de colores en todas las versiones" (fs.42). Se impugna también otra Nota No. 3016-DGS, de la misma fecha 13 de noviembre de 2014, también expedida por la Directora General de Salud del Ministerio de Salud, mediante la cual dispuso lo siguiente: "En atención a su Nota de 27 de octubre de 2014, donde nos solicita nuestra aprobación de diseños de nuevas cajillas para la marca D., versiones R. y B., por este medio le notificamos que las mismas no fueron aprobadas, una vez que fueron sometidas para su evaluación por la Comisión Nacional para el Estudio del Tabaquismo, por lo siguiente: 1.- Eliminar en todas las palabras Since 1907. 2.- Eliminar la Degradación de colores en todas las versiones". (fs. 90). En esa misma fecha, 13 de noviembre de 2014, mediante Nota No. 3018-DGS, la Directora General de Salud Pública del Ministerio de Salud, dispuso lo siguiente, en atención a la Nota de 27 de octubre de 2014, donde se le solicita la aprobación de diseños de nuevas cajillas para la marca K., versiones B. y S.: "Por este medio le notificamos que la misma no fue aprobada, una vez que fue sometida para su aprobación por la Comisión Nacional para el Estudio del Tabaquismo, debido a lo siguiente: 1.- Eliminar en todas las versiones HD Taste System." (fs. 140). Otro acto que se impugna a través de la presente acción constitucional, es la Nota No. 3014-DGS de 13 de noviembre de 2014, mediante la cual la Directora General de Salud Pública del Ministerio de Salud, comunica a la amparista lo siguiente: "En atención a su Nota de 27 de octubre de 2014, donde nos solicita nuestra aprobación de diseños de nuevas cajillas para la marca B., por este medio le notificamos que la misma no fue aprobada, una vez que fue sometida para su evaluación por la Comisión Nacional para el Estudio de Tabaquismo, por lo siguiente: 1.- Deben eliminar la Degradación de Colores". (fs. 188). Finalmente, la amparista impugna la Nota No. 3088-DGS, de18 de noviembre de 2014, emitida por la misma autoridad, donde le comunica a la sociedad BRITISH AMERICAN TOBACCO PANAMÁ, hoy amparista, lo siguiente: "En atención a su Nota de 27 de octubre de 2014, donde nos solicita nuestra aprobación del nuevo diseño para la marca K., versiones Verde, Freezing, P., C. y M.B., por este medio le notificamos que las mismas no fueron aprobadas una vez que fueron sometidas para su evaluación a través de la Comisión Nacional para el Estudio del Tabaquismo, por lo siguiente: 1.- Deben eliminar las frases: "THE HOUSE OF MENTHOL", THE HOUSE OF MENTHOL MB" y "THE HOUSE OF MENTHOL FP". 2.- Eliminar de la versión C. Simbols y Palabras: "On Demand", "Menthol Crystals" y Hand Picked Mint". II.- HECHOS EN QUE SE FUNDAMENTA LA ACCIÓN DE AMPARO. Señala la amparista en los hechos de las demandas que su representada BRITISH AMERICAN TOBACCO PANAMÁ, S.A., por intermedio de su Gerente General, F.S., remitió a la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Salud, a través de la nota de fecha 27 de octubre de 2014, la documentación necesaria para que dicha autoridad se pronunciara sobre la aprobación de los nuevos empaques de los productos de las marcas de cigarrillos "VICERROY, versiones C., Verde, Azul Corto, Azul Largo, R. caja suave y R. caja Dura; DUNHILL, versiones R. y B.; K., versiones B. y S.; BELMONT; KOOL, versiones Verde, Freexing P., C. y M.B.". Agrega la activadora constitucional que al resolver el mencionado asunto, la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Salud, mediantes Notas No. 3015-DGS, 3016-GDS, 3018-DGS, 3014-DGS, todas de 13 de noviembre de 2014; y Nota No. 3088-DGS de 18 de noviembre de 2014, comunicó a su poderdante que los nuevos diseños de las cajillas no fueron aprobadas "una vez que fueron sometidas para su evaluación por la Comisión Nacional para el Estudio de Tabaquismo". Continúa manifestando la actora que las notas mencionadas en párrafos precedentes, objeto de amparo, constituyen actos administrativos que se limitan a comunicar que los nuevos diseños de las marcas de cigarrillos solicitados por su representada, BRITISH AMERICAN TOBACCO PANAMÁ, S.A., no fueron aprobados, sin explicar las razones o argumentos jurídicos de la improbación. Señala además que, los lacónicos actos administrativos proceden igualmente a ordenar la eliminación de elementos gráficos esenciales que son representativos del signo marcario "VICERROY, versiones C., Verde, Azul Corto, Azul Largo, R. caja suave y R. caja Dura; DUNHILL, versiones R. y B.; K., versiones B. y S.; BELMONT; KOOL, versiones Verde, Freexing P., C. y M.B.", en el mercado panameño: como palabras, figuras o logos y la modificación de colores; sin motivación alguna, es decir, sin siquiera conseguir una explicación sucinta de su negativa, lo que implica una violación del principio al debido proceso legal en su vertiente adjetiva, consagrada en el artículo 32 de la Constitución y el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Por otro lado, manifiesta que, la autoridad demandada al plasmar su voluntad administrativa en las notas impugnadas, de igual manera desconoce el principio del debido proceso legal sustantivo, pues la restricción a la propiedad intelectual marcaria de su representada consistente en la eliminación indiscriminada de elementos gráficos esenciales de los signos marcarios, carece de toda motivación fáctica y jurídica. Expone además la amparista que, el incumplimiento de los trámites o formalidades esenciales aplicables, consagratorio del derecho al debido proceso legal, da cuenta de la vulneración del precepto contenido en la Convención Americana de Derechos Humanos, pues el derecho que tiene toda persona a ser juzgada "con las debidas garantías" implica el correlativo deber de los Tribunales de determinar los derechos y obligaciones de los justiciables, en virtud de una completa fundamentación jurídica -análisis reflexivo de los hechos y del derecho del proceso- operación lógica que se denomina "motivación de las resoluciones judiciales y administrativas", principio procesal que el Derecho Comparado ha elevado a la categoría de garantía constitucional y que, afortunadamente, nuestra jurisprudencia también reconoce. Considera la recurrente que, la actuación arbitraria se configura como un verdadero abuso de autoridad que causa un enorme daño económico a BRITISH AMERICAN TOBACCO PANAMÁ, S.A., y a sus productos "VICERROY, versiones C., Verde, Azul Corto, Azul Largo, R. caja suave y R. caja Dura; DUNHILL, versiones R. y B.; K., versiones B. y S.; BELMONT; KOOL, versiones Verde, Freexing P., C. y M.B.". Finalmente señala que, el Derecho Constitucional, con fundamento en el principio de tutela efectiva, está vedada la producción de fallos, sentencias o actos administrativos sin fundamentación como ha ocurrido en el presente caso. Ello desconoce, adicionalmente, los principios de buena fe y confianza legítima de la administración; pues han quedado reducidos a la nada, los legítimos derechos subjetivos constitucionales de su representada. III.- DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES QUE SE ESTIMAN INFRINGIDAS Y CONCEPTO EN QUE LO HAN SIDO. A juicio de la amparista los actos, emitidos por la Dirección General de Salud Pública del Ministerio de Salud, violan los artículos 17, 32, 37, 47, 49, y 298 de la Constitución Política, y el Artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. De acuerdo con la amparista la Autoridad demandada, a través de los actos impugnados, desconoce claras reglas, procedimientos, principios y valores establecidos en diferentes Tratados Internacionales, que establecen, entre muchas otras obligaciones el respeto al conocido principio de no discriminación que impide a los Estados Miembros alterar el registro de una marca por la naturaleza del producto de que se trate. En consecuencia, señala que Panamá, como parte contratante en los tratados internacionales en materia de propiedad intelectual e industrial y en los tratados bilaterales de inversión, está obligada a proteger y a permitir el uso de las marcas de BRITISH AMERICAN TOBACCO PANAMÁ, SA., tal como han sido registradas efectivamente y, por tanto, sin exigir su modificación de forma o presentación. Adicionalmente, estima la amparista que también se infringió el artículo 32 del Estatuto Fundamental, de manera directa por omisión, porque desconoce el debido proceso legal al no explicar o motivar, absolutamente, las razones por las cuales no se aprobó la solicitud de BRITISH AMERICAN TOBACCO PANAMÁ, S.A. Agrega además que, al emitirse las notas impugnadas, dictadas por la Directora General de Salud Pública, se dejó en indefensión a su apoderada, para poder sustentar sus argumentos contra tales decisiones mediante la interposición de los recursos que agotasen la vía gubernativa al desconocer, con precisión y detalle, las causas por las cuales fueron rechazadas sus solicitudes y ordenarse el cambio o modificaciones, sin que medie fundamento ni sustento de índole legal alguno. Esta actividad administrativa, arbitraria constituye, en definitiva, una expropiación del derecho de marca no autorizada por la Constitución o la Ley, acota la amparista. Aunado a lo anterior, la amparista estima que también se ha producido una violación en forma directa por omisión el artículo 37 de la Constitución Política, ya que con esa decisión consignada en los actos administrativos contra los cuales interpusieron la presente demanda, se proscriben, por anticipado, determinadas expresiones visuales o gráficas que se pretendían fueron impresas en las cajillas de cigarrillos de esas conocidas marcas, afectando seriamente la comercialización de un producto lícito y que cumple con las estrictas regulaciones de control sanitario de los productos de tabaco. Asimismo, estima vulnerado el artículo 47 de la Constitución Política, en concepto de violación directa por omisión, que establece en términos generales y amplios, el derecho a la propiedad privada, cuyo concepto comprende tanto la propiedad clásica o tradicional sobre bienes materiales como la denominada propiedad inmaterial, que incluye la titularidad sobre los signos marcarios. En ese sentido, señala que se ha infringido dicha norma, ya que el derecho al uso de marca tal como fue registrada, es el principio que ha sido vulnerado por la prohibición arbitraria dictada en los actos administrativos, desconociendo un aspecto o atributo fundamental de la propiedad privada marcaria. Por otro lado, expone que la autoridad demandada infringió el artículo 49 de la Carta Magna, al trastocarse el mensaje informativo que toda marca pretende difundir, como su origen y su capacidad o cualidad diferenciadora de su producto, frente a otros bienes similares producidos por otras empresas, afectado el derecho del consumidor a distinguir, de manera fiable, el producto por las características de éste, que ya le eran conocidas. En cuanto al artículo 298 Constitucional, considera que ha sido infringido en el concepto de violación directa por omisión, pues los actos demandados desconocen el contenido esencial de dicha norma, ya que al Estado panameño le corresponde vigilar que dentro del mercado se dé la libre competencia y concurrencia y, por tanto, esta norma constitucional protege la libre iniciativa privada y la libertad de empresa. En ese sentido, estima que, el rechazo y consecuente orden de modificación o alteración de los signos marcarios distintivos de los paquetes de cigarrillos VICERROY, versiones C., Verde, Azul Corto, Azul Largo, R. caja suave y R. caja Dura; DUNHILL, versiones R. y B.; K., versiones B. y S.; BELMONT; KOOL, versiones Verde, Freexing P., C. y M.B., sin amparo de ley, conculca ambas libertades. En virtud de lo anterior, manifiesta que la acción de amparo presentada busca reparar las evidentes violaciones al debido proceso, libertad de expresión, a la propiedad privada de las marcas y distintivos de los productos de su representada, BRITISH AMERICAN TOBACCO PANAMÁ, S.A., a la libertad de empresa, y a los derechos del consumidor que resulta procedente en virtud del principio pro libertate y "por esa vía la exigencia del principio de legalidad para la imposición de limitaciones a la libre empresa". Concluye señalando que, si el J., en este caso la Administración, en la figura de la Directora General de Salud Pública, decide, está obligado a dar las razones por las cuales ha tomado la decisión que corresponde, con una justificación que es un Razonamiento Lógico interno y una justificación externa, que se refiere a la motivación y argumentación judicial o de la autoridad que decide el caso en la Administración. IV.- INFORME DE LA AUTORIDAD DEMANDADA: Mediante Nota No. 1354-DGSP-AL de 20 de mayo de 2014, la Directora General de Salud Pública del Ministerio de Salud, Dra. I.B. de M., rindió informe relacionado con la acción de amparo promovida en su contra, señalando en primer lugar que, la Dirección General de Salud Pública es la unidad técnica administrativa del Ministerio de Salud, encargada de atender el tema del control del tabaco. Manifiesta que la Dirección General de Salud Pública aprueba anualmente los pictogramas y advertencias que deberán aparecer impresos en las cajetillas o empaques de productos de tabaco y atiende todas las solicitudes de aprobación, de los diseños de las cajetillas de cigarrillos. Señala además que la sociedad BRITISH AMARICAN TOBACCO PANAMÁ, S.A., presenta a consideración de la Dirección General de Salud Pública, con fecha 27 de octubre de 2014, los pictogramas a utilizar en las cajillas BELMONT, VICERROY, DUNHILL y KENT. Expone la funcionaria demandada que las objeciones presentadas en las Notas No. 3015-DGS, 3016-GDS, 3018-DGS, 3014-DGS, todas de 13 de noviembre de 2014; y Nota No. 3088-DGS de 18 de noviembre de 2014, están vinculadas con aspectos promocionales y de publicidad de los diseños utilizados en sus cajillas; por ende, tanto la degradación de colores como los otros términos utilizados y que fueran objetados representan una forma de promoción y publicidad que está totalmente prohibida en la República de Panamá, tal como consta en la Ley 13 de 24 de enero de 2008, en estricto cumplimiento del CONVENIO MARCO para el Control de Tabaco ratificado por Panamá por la Ley 40 de 2004, y las directrices que los países han aprobado en las reuniones de la Conferencia de las Partes, para un mejor desarrollo e implementación. Argumenta la Directora General de Salud Pública que, en aras de cumplir con la función estatal del Ministerio de Salud de velar por la salud de la población, el artículo 171 del Código Sanitario, modificado por la Ley 13 de 2008, señala que es prohibida toda publicidad o propaganda sobre drogas u otros productos que no sean previamente aprobados por el Ministerio de Salud. En este mismo orden, señaló que, el Artículo 38 del Decreto Ejecutivo 230 de 6 de mayo de 2008, dispone que todo anuncio, publicidad o propaganda que pretenda promover bebidas alcohólicas y otras drogas lícitas ..... deberán ser sometidas a la consideración de la Dirección General de Salud Pública, para su aprobación. Finalmente, mencionó que el control de los productos de tabaco, por parte del Ministerio de Salud está fundamentado en la Ley 40 de 2004, la Ley 13 de 2008, el Decreto Ejecutivo 230 de 2008, Decreto Ejecutivo 611 de 2010 y las Directrices emanadas del Convenio Marco de la OMS, adoptadas por las Conferencias de Las Partes. III.- CONSIDERACIONES Y DECISIÓN DEL PLENO. Cumplidas las ritualidades procesales que la Ley exige para esta clase de demandas, en su aspecto formal, se encuentra el Pleno de la Corte Suprema en condiciones de resolver sobre las consideraciones de fondo planteadas por la amparista, y a ello se pasa previa las siguientes consideraciones: En primer lugar, es oportuno recordar que el amparo de garantías es una acción de naturaleza constitucional que asegura la protección de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política de la República, así como en los Tratados y Convenios Internacionales suscritos y ratificados por Panamá sobre Derechos Humanos. Concretamente, el amparo es una garantía constitucional para la tutela de derechos constitucionales que han sido lesionados por la emisión de un acto de autoridad pública que por su gravedad e inminencia del daño requiere una pronta y efectiva reparación. En el caso en estudio, los actos censurados constituyen las Notas No. 3015-DGS, 3016-GDS, 3018-DGS, 3014-DGS, todas de 13 de noviembre de 2014; y Nota No. 3088-DGS de 18 de noviembre de 2014, emitidas por la Directora General de Salud Pública del Ministerio de Salud, mediante las cuales le comunica a la sociedad amparista, BRITISH AMERICAN TOBACCO PANAMÁ, S.A., que los nuevos diseños de las marcas "VICERROY, versiones C., Verde, Azul Corto, Azul Largo, R. caja suave y R. caja Dura; DUNHILL, versiones R. y B.; K., versiones B. y S.; BELMONT; KOOL, versiones Verde, Freexing P., C. y M.B.", no fueron aprobadas al ser evaluados por la Comisión Nacional para el Estudio del Tabaquismo. La firma forense RODRÍGUEZ-ROBLES & ESPINOSA, apoderada judicial de la amparista, considera como punto principal, que la autoridad demandada al emitir los actos administrativos demandados, sin explicar las razones o argumentos jurídicos de la improbación, dejó en total indefensión a su representada, para poder sustentar sus argumentos contra tales decisiones, mediante la interposición de los recursos que agotasen la vía gubernativa al desconocer, con precisión y detalle, las causas por las cuales fueron rechazadas sus solicitudes y ordenarse cambios o modificaciones, sin que medie fundamento ni sustento de índole legal alguno. Concretamente, la amparista expone que la acción de amparo presentada busca reparar las evidentes violaciones al debido proceso, libertad de expresión, a la propiedad privada de las marcas y distintivos de los productos de su representada, BRITISH AMERICAN TOBACCO PANAMÁ, S.A., a la libertad de empresa, y a los derechos del consumidor que resulta procedente en virtud del principio pro libertate. Ahora bien, es oportuno señalarle a la amparista que la acción de amparo de garantías está instituida para tutelar derechos de índole constitucional, y no aspectos relacionados a la ilegalidad o legalidad del acto impugnado; por consiguiente, este Tribunal de Amparo limitará su estudio a los cargos de injuricidad constitucional que se le atribuyen a los actos censurados, no así los cargos de ilegalidad señalados por la amparista. La jurisprudencia tradicional de este Pleno de la Corte Suprema de Justicia, ha señalado que "si se viola alguno [de los elementos del debido proceso] de tal manera que se afecte la posibilidad de las personas de defender efectivamente sus derechos (ya sea por violación del derecho a ser oído; por falta de la debida notificación, ausencia de bilateralidad, o contradicción del derecho a aportar pruebas; de la posibilidad de hacer uso de medio de impugnación contra resoluciones judiciales; falta total de motivación de éstas; tramitación de procesos no regulados mediante ley; pretermisión de una instancia; seguirse un trámite distinto al previsto en la ley -proceso monitorio en vez de uno ordinario; ejecución de sentencia en vez de proceso ejecutivo; notificación por edicto cuando debe ser personal; sentencia arbitraria que, por ejemplo, desconozca la cosa juzgada material-) ante tribunal competente, la sanción correspondiente será la nulidad constitucional" (HOYOS, A.. El debido proceso. Editorial Temis, S. A. Santa Fe de Bogotá. 1995. P.. 89-90)". De acuerdo con lo anterior, debe entenderse que en todo tipo de actuación judicial como administrativa es imprescindible que la autoridad cumpla sin excepción con el debido proceso legal. En efecto, el debido proceso constituye una garantía esencial para el desarrollo de cualquier actuación administrativa, así como presupone límites a la Administración en el ejercicio de los poderes que la ley le atribuye. Así, lo tiene señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos, desde el caso R.B. y otros vs. Panamá: En cualquier materia, inclusive en la laboral y la administrativa, la discrecionalidad de la administración tiene límites infranqueables, siendo uno de ellos el respeto de los derechos humanos. Es importante que la actuación de la administración se encuentre regulada, y ésta no puede invocar el orden público para reducir discrecionalmente las garantías de los administrados. Por ejemplo, no puede la administración dictar actos administrativos sancionatorios sin otorgar a los sancionados la garantía del debido proceso. (Cfr. Corte IDH, C.B. y otros vs. Panamá, Sentencia de 2 de febrero de 2001. Fondo, R. y Costos, párr. 126) (Subrayado es del Pleno). En el asunto bajo estudio, debemos observar que si bien los actos acusados han sido dictados producto del ejercicio de la facultad de la autoridad, no puede pasarse de vista que dicha actuación aun cuando hubiese sido en el ejercicio de dicha potestad, debe cumplir con un elemento mínimo indispensable para la garantía del derecho al debido proceso y la tutela judicial efectiva, esto es, la motivación del acto. En otras palabras, el derecho al debido proceso previsto en el artículo 32 de la Constitución es infringido en la medida que la autoridad administrativa desconoce alguno de los elementos y principios que se desdoblan de este derecho instrumental. Entre ellos, como decimos, es fundamental que la autoridad justifique su actuación a través de una motivación razonada, que permita conocer al particular los motivos por los cuales se ha adoptado determinado decisión en contra de sus derechos. Así lo deja ver la doctrina especializada, al sostenerse que: Desde esta perspectiva, la motivación de los actos administrativos constituye un plus respecto a la justificación. Un acto administrativo, aun sin ser arbitrario -porque ha sido dictado con una justificación verdadera y suficiente-, puede ser contrario a derecho, por cuanto no ha sido motivado. Y de ello no puede extraerse, sin más, la consecuencia de que la falta de motivación constituya un vicio formal -ergo sancionable por la vía de la anulabilidad-, porque fácilmente puede detectarse en la falta de motivación una vulneración del derecho fundamental del artículo 24.1 de la Constitución y causante de un vicio de nulidad al amparo del art. 62.1.a) de la Ley 30/1992. La declaración de vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva por falta de motivación es realizada de forma muy restrictiva por los Tribunales. Normalmente, exigen que se haya ocasionado indefensión y declaran, como regla general, que ésta no existe en tanto que el interesado dispone de la posibilidad de acudir a los Tribunales a defender sus derechos. (Vid. G.P., M., "La Motivación de los Actos Administrativos", en RODRÍGUEZ-ARANA, J., et al (eds.), Visión Actual del Acto Administrativo (Actas del XI Foro Iberoamericano de Derecho Administrativo, República Dominicana, 2012, p. 504). La motivación del acto administrativo es una garantía inserta en el derecho al debido proceso previsto en el artículo 32 de la Constitución Política de la República de Panamá, en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y en los artículos 34 y 155 de la Ley 38 de 2000, sobre procedimiento administrativo, que señalan que las actuaciones administrativas de todas las entidades públicas deben efectuarse con arreglo al debido proceso y que la motivación del acto administrativo como uno de los aspectos fundamentales para el emisión de un acto administrativo. Así lo establece con claridad el artículo 155 de la Ley 38 de 2000, cuando señala que serán motivados, con sucinta referencia a los hechos y fundamentos de derecho los actos que afecten derechos subjetivos. Así pues, en cumplimiento del debido proceso toda actuación de los poderes públicos debe estar compuesto por: [...] un razonamiento o una explicación o una expresión racional del juicio, tras la fijación de los hechos de que se parte tras inclusión de éstos en una norma jurídica. [...] La suficiencia o insuficiencia de la explicación deberá determinarse a la vista del caso concreto. En este sentido, la motivación ha de ser "suficientemente indicativa", lo que significa para nuestra jurisprudencia que "su extensión estará en función de la mayor o menor complejidad de lo que se cuestione o de la mayor o menor dificultad del razonamiento que se requiera, lo que implica que puede ser sucinta o escueta, sin necesidad de amplías consideraciones, cuando no son precisas ante la simplicidad de la cuestión que se plantea y que se resuelve. (Op. cit., p. 513). En ese contexto, el Doctor en Derecho Español F.C.B., en su libro La Tutela Judicial Efectiva, ha señalado que la finalidad de la motivación, que en un Estado Democrático de Derecho legitima la función jurisdiccional, es múltiple ya que: 1.- Permite el control de la actividad jurisdiccional por parte de la opinión pública, cumpliendo así con el requisito de publicidad. 2.- Logra el convencimiento de las partes, eliminado la sensación de arbitrariedad y estableciendo su razonabilidad, al conocer el por qué concreto de la resolución. 3.- Permite la efectividad de los recursos. 4.- Pone de manifiesto la vinculación de la autoridad a la Ley. (C.B., F., LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. B., Casa Editorial, SA., Barcelona, 1994). Por otro lado, R.P., en su obra Derecho Administrativo I: Parte General, conceptualiza la motivación de un acto administrativo, de la siguiente manera: Se entiende que un acto administrativo se encuentra motivado en el caso en que su parte dispositiva o resolutiva establezca de forma clara, expositiva y detallada los motivos, razones o fundamentos que justifican que la Administración Pública adopte una determinada decisión en base a lo contemplado previamente en la Ley. (PARADA, R.. Derecho Administrativo I: Parte General, 17ava edición, España, Editorial Marcial Pons, 136-137). En ese mismo sentido, el D.J.J.B., en su obra Derecho Administrativo, Tomo I, Principios Generales del Derecho Administrativo, señala que la finalidad de la motivación es: 1. Servir de mecanismo de control del acto administrativo, que es en la mayoría de los casos en las que más se requiere. 2. Se precisa con mayor certeza y exactitud el contenido propio de la voluntad expresada por la Administración Pública. 3. C. como elemento justificativo de la actividad administrativa ante la opinión pública en general (J.B., J.J., Principios Generales del Derecho Administrativo, Tomo I, Cultural Portobelo, Panamá, 1001, Página 215). Ahora bien, es importante aclarar que lo expuesto en párrafos precedentes, no significa que esta Corporación de Justicia, pueda ir en contra de las normas que tutelan la salud de la población, ni contra los avances logrados por la República de Panamá en materia para el control del tabaco, máxime cuando encontramos afectaciones serias a la salud, médicamente comprobadas, por el consumo de productos derivados del tabaco y de los daños ocasionados a la salud de terceros, tal como lo ha señalado en otras oportunidades esta Superioridad, recordando que de conformidad con el artículo 50 de nuestra Carta Magna el interés particular deberá ceder ante el interés público o social. La Constitución Política, en su artículo 109, establece como función esencial del Estado velar por la salud de la población de la República, siendo que el individuo como parte de la comunidad, tiene derecho a la promoción, protección, conservación, restitución y rehabilitación de la salud y obligación de conservarla, entendida ésta como el completo bienestar físico, mental y social. Es importante mencionar además, que la República de Panamá fue uno de los primeros países en ratificar el Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco (Ley 40 de 7 de julio de 2004), que establece como objetivo proteger las generaciones presentes y futuras contra las devastadoras consecuencias sanitarias, sociales, ambientales y económicas del consumo de tabaco y de la exposición al humo de tabaco proporcionado un marco de las medidas de control del tabaco que habrán de aplicar las partes a nivel nacional, regional e internacional a fin de reducir de manera continua y sustancial la prevalencia del consumo de tabaco y la exposición al humo de tabaco. Además, a través de la Ley 13 de 24 de enero de 2008, se adoptan medidas para el control del tabaco y sus efectos nocivos en la salud, estableciendo en su artículo primero lo siguiente, "la presente ley tiene como objeto adoptar medidas para proteger la salud de la población panameña del efecto nocivo y de los perjuicios que tiene el tabaco para la salud, en virtud de la Constitución Política." Siendo Panamá, el primer país americano en sancionar la prohibición absoluta de la publicidad, promoción y patrocinio de los productos de tabaco. No obstante, a la vista de las normas constitucionales, convencionales y legales, es claro que el acto administrativo que adolezca de la debida motivación es contrario a la garantía de los derechos esenciales previstos en nuestro ordenamiento constitucional. En esa línea, esta Superioridad concluye que los actos atacados se emitieron con prescindencia u omisión de los trámites fundamentales que implican violación del debido proceso legal, razón por la cual debe procederse a reconocer la violación a tal derecho fundamental. Así las cosas, a efectos de restaurar el derecho fundamental vulnerado, el Pleno de esta Corporación de Justicia conmina a la Directora General de Salud Pública del Ministerio de Salud, a que emita su decisión con la correspondiente explicación y motivación fáctica y jurídica, que permita a la parte que se considere afectada, poder interponer los recursos que le Ley le asigne, con el conocimiento de los aspectos que fueron valorados para tomar la decisión en comento. Por consiguiente, la CORTE SUPREMA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONCEDE el amparo de garantías constitucionales promovido por la firma forense firma forense RODRÍGUEZ-ROBLES & ESPINOSA, en representación de la misma sociedad anónima BRITISH AMERICAN TOBACCO PANAMÁ, S.A., en consecuencia, SE DEJA SIN EFECTO los actos impugnados, contenidos en las Notas No. 3015-DGS, 3016-GDS, 3018-DGS, 3014-DGS, todas de 13 de noviembre de 2014, y la Nota No. 3088-DGS de 18 de noviembre de 2014, dictadas por la Directora General de Salud Pública del Ministerio de Salud; y ORDENA a la autoridad demandada emitir su decisión debidamente motivada. N..- NELLY CEDEÑO DE PAREDES H.A.D.L.B. --H.A.D.G. --L.R.F.S. -(Con Salvamento De Voto)- JERÓNIMO MEJÍA E. -- HARLEY J. MITCHELL D. -- ABEL AUGUSTO ZAMORANO -- OYDÉN ORTEGA DURÁN JOSÉ EDUARDO AYU PRADO CANALS YANIXSA Y. YUEN C. (Secretaria)

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