Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Pleno), Pleno, 13 de Noviembre de 2015

PonenteLuis Ramón Fábrega Sánchez
Fecha de Resolución13 de Noviembre de 2015
EmisorPleno

VISTOS: En grado de apelación ingresa la Acción de A. de Garantías Constitucionales, interpuesta por la firma forense CUBILLA & ASOCIADOS, CORP., actuando en nombre y representación de la Orden de Frailes Menores (O.F.M.) de la provincia Franciscana Nuestra Señora de Guadalupe en Centro América y Panamá, contra la Providencia No. 313-14 de 29 de octubre de 2014 emitida por la Directora Regional de Trabajo y Desarrollo Laboral de Chiriquí, licenciada M.D.. I. ANTECEDENTES DEL RECURSO El acto que pretende impugnarse por esta vía constitucional, es la providencia 313-14 de 29 de octubre de 2014, emitida por la Directora Regional de Trabajo y Desarrollo Laboral de Chiriquí, licenciada M.D., en la que se admite el pliego de peticiones presentado por el Sindicato Industrial de Empresa de Unión Panameña de Trabajadores de Centros Educativos Particulares (UPATRACEP). La acción está fundamentada en que la Directora de Trabajo y Desarrollo Laboral, mediante la providencia 313-14 de 29 de octubre de 2014, admitió el referido pliego de peticiones y ordenó su Traslado al Colegio San Francisco de Asís, concediéndole el término de cinco (5) días para que lo contestara y presentara sus descargos. Considera se han vulnerado los artículos 435 y 436 del Código de Trabajo, toda vez que no se cumplió con el debido proceso ya que no se notificó dentro de los dos (2) días siguientes al recibo del pliego y que la Dirección Regional de Trabajo debe notificar al empleador de la existencia del conflicto dentro del término de dos (2) días siguientes al recibo, sin embargo, esa entidad no cumplió con ello pues el pliego fue recibido el 20 de octubre, se admitió el 29 de ese mismo mes y fue hasta el siete (7) días después que se le notificó al empleador. En ese mismo orden señala que el pliego fue admitido a pesar de que existe en trámite otro pliego de peticiones el cual fue recibido el 18 de septiembre de 2014, y, en el que se promovió amparo de garantías constitucionales que en la actualidad se tramita en la Corte Suprema de Justicia. Por su parte el Tribunal de primera instancia consideró mediante la sentencia apelada, que no se ha vulnerado el debido proceso consagrado en el artículo 32 de la Constitución Nacional ya que la autoridad demandada ha cumplido con el procedimiento previa verificación de los requisitos que debe cumplir el pliego de peticiones ya que considera que el hecho que no se haya efectuado la notificación dentro de los dos (2) días siguientes en que se recibió el pliego, no quiere decir que se ha violado el debido proceso pues el funcionario antes de correr traslado debía verificar el cumplimiento de algunos presupuestos exigidos por el Código Agrario lo cual de no llevarse a cabo previamente pudiera ser violatorio del debido proceso como bien contempla la jurisprudencia de esta Corte, citada en la sentencia recurrida. Con base a lo expuesto, el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, denegó la acción constitucional que ahora corresponde revisar en segunda instancia. II.- FUNDAMENTO DEL RECURSO Mediante escrito visible de foja 117 a 119 del cuadernillo de la acción, el recurrente sustenta la alzada en los siguientes términos: "PRIMERO: Dentro de la sentencia Civil del trece (13) de noviembre de 2014, emitida por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial de Chiriquí, En Pleno, establece en los fundamentos del Tribunal de A. entre otras cosas que: " ... En ese sentido ha de indicarse que no encuentra este tribunal, cómo la resolución atacada vulnera el debido proceso consagrado en el artículo 32 de al Constitución Política de la República, ya que la autoridad demandada ha cumplido con el procedimiento que le exige la ley laboral, previa verificación de los requisitos que debe cumplir el pliego de peticiones". Nosotros censuramos esta posición, toda vez que nos parce ilógico, que una norma de procedimientos laboral, como lo es el artículo 435 del Código de Trabajo, que le indica al A-quo, lo que en efecto se debe cumplir, una vez recibido el pliego de peticiones, dentro de los dos días siguientes, la Dirección Regional o General de Trabajo deberá notificar al empleador o empleadores de la existencia del conflicto. Y a la falta de notificación como lo señala la norma, se está dejando de cumplir con el debido proceso, puesto que el mandamiento normativo le indica lo que tienen que hacer, sin embargo, el funcionario demandado hace lo contrario a la norma, y el hecho de que el Juzgador Primigenia en su decisión, dice que no se ha violado el debido proceso, producto de su interpretación, nos parece y pone en total indefensión a nuestro representado, porque no es el funcionario demandado, quien tiene que acompañar con otras pruebas, lo que solicita el accionante del pliego de peticiones, por el contrario, quien tiene la carga de la prueba es el peticionario que promueve el pliego de peticiones, a quien le es dable y tiene la obligación de acompañar todas las pruebas que en efecto debe aportar con su solicitud y en este caso, vemos que de acuerdo a la interpretación y a la mención de un fallo de la Corte Suprema de Justicia, todos debemos caminar y hacer lo que indica este fallo, del cual siento, que este criterio puede variar en el fondo, ya que no comparto el hecho de que sean funcionarios, los que aporten las pruebas al actor, producto de una verificación y que es mencionado en la sentencia recurrida, por el contrario, quien presenta una solicitud y petición, debe acompañar todo el material probatorio y le quedaría sólo al funcionario demandado, verificar que toda la documentación presentada por el actor, este adecuada (sic) y en debida forma, como lo estableen preceptos normativos del Código de Trabajo, para que así se cumpla con el término de los dos (2) días, una vez se recibe el pliego, se proceda a notificar en debida forma, al empleador. Es por ello, que discrepamos con la sentencia censurada y nos avocamos a que sean los Honorables Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, quienes entren a valorar en el fondo nuestra disconformidad." ... DECISIÓN DEL PLENO Expuesta las consideraciones del amparista, este Tribunal procede a resolver de la siguiente manera. Se aprecia en el expediente de antecedentes, que el día 20 de octubre de 2014, se recibió en esa Dirección Regional el pliego de peticiones presentado por el Sindicato Industrial de Empresa de Unión Panameña de Trabajadores de Centros Educativos Particulares (UPATRACEP) en contra del Colegio San Francisco de Asís, ordenando a través de la providencia 313-14 de 29 de octubre de 2014 correrle traslado a esta empresa, por el término de cinco días. Ante las circunstancias descritas corresponde a este Tribunal establecer si se ha garantizado el debido proceso tal y como lo prevé el artículo 32 de la Constitución Política de la República . Vemos entonces que para la admisión del pliego de peticiones presentado ante la Dirección Regional de Trabajo, es necesario que este se acompañe de la documentación que requiere el artículo 428 del Código Laboral, el cual establece lo siguiente: "1. Copia autenticada de la resolución que al efecto haya aprobado la Asamblea General de la organización de trabajadores de que se trate; 2. Nombre y firma de todos los trabajadores que apoyan el pliego; 3. Si el pliego lo presenta un grupo de trabajadores, debe acompañarse copia del acuerdo respectivo, firmada por todos los que apoyan el pliego; 4. Certificación del Ministerio de Trabajo y Bienestar Social en la cual conste la inscripción del Sindicato." El pliego de peticiones presentado por (UPATRACEP) fue acompañado con la documentación requerida en el artículo 428 del citado Código; es decir, la resolución mediante la cual UPATRACEP aprueba el pliego de peticiones (fs. 6-7 del expediente de antecedentes); nombre y firma de los trabajadores que apoyan el pliego de peticiones (f.8) y la certificación del Ministerio de Trabajo, Departamento de Organizaciones Sociales, en la cual consta la inscripción del sindicado (f. 5); no obstante se procedió a verificar la veracidad de la información proporcionada por dicho sindicato por lo que la Dirección Regional de Trabajo de Chiriquí llevó a cabo las diligencias de verificación, como consta a fojas 10-15 del expediente principal. Una vez verificado lo anterior, se aprecia que la funcionaria demandada procedió a admitir dicho Pliego de Peticiones y ordenó el traslado respectivo a la empresa Colegio San Francisco de Asís, por el término de cinco (5) días. Entre los argumentos que fundamentan la acción, el amparista señala que la dirección del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral no cumplió con el debido proceso, pues el artículo 435 del Código de trabajo establece que dentro de los dos (2) días siguientes al recibo del pliego se debe notificar el pliego y no fue hasta siete días después que se hizo. En ese sentido ha de indicarse que con base al criterio que ha venido sosteniendo el Pleno, no es posible considerar que la resolución atacada vulnera el debido proceso consagrado en el artículo 32 de la Constitución Política de la República ya que la autoridad demandada previa verificación de los requisitos que debe cumplir el pliego de peticiones, corrió traslado del mismo en la forma como lo establecen las normas pertinentes., por lo que tal y como ha sido interpretado y plasmado en diferentes fallos, el hecho que no se haya efectuado la notificación dentro de los dos días siguientes en que se recibió el pliego, no puede entenderse como una actuación arbitraria que viole el debido proceso pues el funcionario antes de correr traslado debía verificar el cumplimiento de los presupuestos exigidos por el Código de Trabajo en su conjunto y no de manera aislada como ya manifestó el Tribunal del Primera instancia. Al respecto debemos acotar que este tema, la Corte se ha pronunciado en múltiples ocasiones debido las constantes acciones de amparo que han sido interpuestas contra la Dirección General de Trabajo, relacionados con la presentación y traslado de pliegos de peticiones, lo que ha trascendido al grado que llevó al Pleno a ponderar este trámite de forma integral, y evitar con ello el desamparo de las partes involucradas. En ese sentido, se concluye que la función de fiscalización en el cumplimiento de los requisitos que debe reunir el pliego de peticiones corresponde a la Dirección General o Regional de Trabajo, por lo que en el caso que puedan surgir dudas sobre la veracidad del contenido del pliego, la Dirección General de Trabajo puede investigar si la empresa realmente se dedica a una actividad relacionada con aquella a la que pertenecen los miembros del sindicato que gestiona el pliego, solicitando la certificación correspondiente del Ministerio de Comercio e Industrias, que también podrían aportar los trabajadores, antes de correr traslado del pliego al empleador y obligarlo a contestar y a participar en la conciliación. Así es necesario puntualizar, en relación con la función de fiscalización de los requisitos inherentes al pliego de peticiones que le asigna la norma citada a la Dirección de Trabajo, que ha sido evidente según la ponderación llevada a cabo por la Corte y que se ha plasmado en la jurisprudencia, que esta función incide en el término de traslado y que no es posible limitarla al momento de la entrega del pliego, por cuanto se requiere una labora investigativa por parte del funcionario, a fin de determinar que el pliego de peticiones cumple o no con los requisitos establecidos en el Código de Trabajo, específicamente en los artículos 427, 428 y 433, ya que de correrse traslado sin verificar este aspecto, conduciría a la vulneración del debido proceso en detrimento de la otra parte ya que sería igualmente una arbitrariedad obligar a una empresa o empleador a celebrar una convención colectiva con un sindicato al cual no están afiliados los trabajadores que laboran para la misma. Este fue el criterio plasmado mediante sentencia de 8 de octubre de 2001, la cual transcribimos en su parte pertinente: "En este sentido, el Pleno de esta Corporación de Justicia ha manifestado que no puede tramitarse un pliego que no cumpla con los requisitos legales correspondientes, porque, de lo contrario, se incurriría en una violación al debido proceso. De este modo, este Tribunal reconoce que si bien la normativa tutela el derecho de los trabajadores a reclamar del empleador las más apropiadas condiciones de trabajo, como bien se señaló, el ejercicio de este derecho debe observarse un mínimo de requisitos legales, que de no cumplirse, impiden que pueda obligarse al empleador a iniciar un proceso que, en el peor de los casos, podría culminar en huelga". Con el análisis que precede, resulta de importancia reiterar que el debido proceso se integra con los derechos de ser juzgados por tribunal competente, independiente e imparcial preestablecido en la ley; permitir la bilateralidad y contradicción; aportar pruebas en su descargo; obtener una sentencia de fondo que satisfaga las pretensiones u omisiones; la utilización de los medios de impugnación legalmente establecidos; que se ejecute la decisión jurisdiccional proferida cuando ésta se encuentre ejecutoriada; que los derechos reclamados puedan hacerse efectivos y que la decisión satisfaga los trámites procedimentales esenciales, es decir, que de restringirse alguno se incurriría en una actuación arbitraria y creando un estado de indefensión por inobservancia de los principios de contradicción y bilateralidad. De ahí que a consideración del Pleno no ha sido conculcado el debido proceso en el caso bajo estudio, pues, no solamente es necesario el cumplimiento aislado de lo que ordenan los artículos 435 y 436, sino que resulta imprescindible observar las obligaciones que le impone al funcionario los artículos 401, 427(numerales 2 y 5), 428 y 433 del Código de Trabajo, los cuales deben cumplirse previo al procedimiento de conciliación. Respecto al incumplimiento del término de dos (2) días establecido en el artículo 435 del Código de Trabajo, este Pleno considera que la misma no es relevante en vista de que la falta de notificación al empleador, sobre la presentación del pliego de peticiones, no produjo afectación al debido proceso. Esto es así, en apego a jurisprudencia dictada en casos similares, en la que se ha establecido que "la violación al debido proceso por causa de haberse desconocido el procedimiento, sólo tiene lugar cuando la omisión es grave y puede causar indefensión" (Registro Judicial, enero de 1995, pág. 12), lo que no ha sido acreditado en esta causa; aunado a que lo que se ha venido ponderando con prevalencia, es que la falta de una investigación previa o comprobación de ciertos requisitos que la misma normativa laboral también exige, puede ocasionar en igual medida una vulneración por la omisión de trámites legalmente establecidos. Dentro del caso en estudio, se evidencia a foja 10 del expediente de antecedentes que, si bien la autoridad retardó el traslado del pliego de peticiones a la empleadora, fue en cumplimiento de ciertos requisitos que también consigna nuestro máximo ordenamiento laboral, los cuales son precisos agotar antes de conminar a una empresa a contestar un pliego de peticiones e iniciar un procedimiento de negociación con un sindicato. Para concluir, respecto a que se presentó un pliego de peticiones con fecha anterior, debemos señalar que no vemos constancias en autos que acrediten que ya se aprobó una convención colectiva de trabajo y entre las partes por lo que corresponde imprimírsele el trámite al pliego en estudio. En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la sentencia de trece (13) de noviembre de dos mil catorce (2014), que DENIEGA el A. de Garantías Constitucionales promovido por la firma CUBILLAS & ASOCIADOS CORP., en representación de ORDEN DE FRAILES MENORES DE LA PROVINCIA FRANCISCANA NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE EN CENTRO AMÉRICA Y PANAMÁ, contra la providencia No.313-14 de 29 de octubre de 2014 emitida por la Directora Regional de Trabajo del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral. N., LUIS RAMÓN FÁBREGA SÁNCHEZ JERÓNIMO MEJÍA E. -- HARLEY J. MITCHELL D. -- A.A.Z. (Voto Explicativo )-- O.O.D. J.E.A.P.C. --N.C. DE PAREDES -- HERNÁN A. DE LEÓN BATISTA -- HARRY ALBERTO DÍAZ GONZÁLEZ YANIXSA Y. YUEN C. (Secretaria) VOTO EXPLICATIVO DEL MAGISTRADO A.A.Z. Con el respeto que me caracteriza, tengo a bien manifestarle que aunque comparto el criterio plasmado en la sentencia, considero que debe agregarse a la parte motiva del fallo un aspecto de forma que no podemos pasar por alto y es que el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial incurre permanentemente en el error de denominar sus sentencias de A. de Garantías Constitucionales y H.C. "Sentencias o Autos Civiles", como en esas decisiones actúa como Tribunal Constitucional, como garante de la integridad de la Constitución y de los derechos fundamentales allí consagrados, por lo tanto esas sentencias son de tipo constitucional, error que debe ser corregido radicalmente pues en materia de A. de garantías constitucionales, existe control constitucional difuso, el cual tiene como finalidad mantener la supremacía normativa de la Constitución por cualquier juez, sin importar jerarquía, y es así como este Control Constitucional lo establece el artículo 2616 del Código Judicial quien le asigna competencia a los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, cuando se trata de actos que procedan de servidores públicos con mando y jurisdicción en una provincia, para la guarda de la integridad Constitucional. Es importante resaltar en torno a este tema que, parte esencial del desarrollo científico del derecho procesal constitucional es la implementación de un juez natural, para así determinar con precisión su manera de actuar en la protección del linaje constitucional del ordenamiento jurídico, así como en la protección de los derechos constitucionales en casos concretos. Es decir que, de acuerdo a nuestra normativa, la Magistratura Constitucional no siempre es ejercida por quienes ostentan la condición de Magistrados del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, toda vez que puede ser desarrollada por otros funcionarios del Órgano Judicial que hacen parte de la "Jurisdicción Constitucional", esta función se ejerce de conformidad con las competencias atribuidas por el precitado artículo 2616 del Código Judicial, quien asigna a los Tribunales Superiores el ejercicio de la jurisdicción constitucional, los que a su vez deben emitir fallos o sentencias que no pueden denominarse de forma equivocada "sentencias o autos civiles" por ser contrario a la función que para tales efectos le asigna la ley, y ese error debe enmendarse por ese tribunal del Tercer Distrito Judicial. Es importante que los Magistrados del Tercer Tribunal Superior tengan presente que cuando actúan conociendo H.C. y A. de Garantías Constitucionales son miembros del Tribunal Constitucional y por esa razón es distinto a cuando actúan en la jurisdicción civil. No haber corregido esto, ante las reiteradas ocasiones que lo hemos señalado, es no tener presente la actualización que debe poseer un operador de justicia. En ese orden de ideas, el jurista, H.A., en su obra el Proceso Constitucional de A. ha señalado que la "sentencia de amparo no es una condena. Su contenido y alcance se constriñe a controlar el acto impugnado para determinar si violó derechos fundamentales y de ser el caso dejarlo sin efecto. El juez constitucional en estos casos ampara, controla, ordena dejar sin efecto actos de autoridad que a su juicio vulneran o atentan contra los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución y más recientemente en la ley y en tratados de derechos humanos" (ARAUZ, H., El Proceso Constitucional de A., Imprenta Artisca, Panamá, 2012, p.308 y 309). En ese marco de ideas, encontramos que la doctrina se ha referido a la sentencia civil acotando que se trata de una resolución judicial dictada por un juez que pone fin a la litis civil, asunto completamente distinto a lo Constitucional. Por último, debo manifestar que el tercer párrafo de la foja 2 hace referencia al Código Agrario, cuando lo correcto es Código de Trabajo. Por los motivos expuestos, hago este voto explicativo. Fecha ut supra, A.A.Z. YANIXSA Y. YUEN (SECRETARIA GENERAL)