Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Pleno), Pleno, 11 de Agosto de 2015

Ponente:Hernán A. De León Batista
Fecha de Resolución:11 de Agosto de 2015
Emisor:Pleno
 
CONTENIDO

VISTOS: El licenciado S.M.P., actuando en nombre y representación de GLORIA ESPINOSA e I.E., ha presentado acción de Amparo de Garantías Constitucionales contra la sentencia 026/JCD-08/2014 de 8 de septiembre de 2014, proferida por la Junta de Conciliación y Decisión N°8 de la Provincia de Coclé. Según consta, mediante la resolución atacada se dispuso declarar probado el despido injustificado de A.J.G., y se condenó a G.E., I.E., J.C.E. y O.E.D. (presuntos herederos de M.E., al pago de más de tres mil balboas en concepto de prestaciones laborales. Advierten las amparista, que esta resolución contraviene el artículo 32 de la Constitución Política, así como los artículos 553 numeral 2, 87, 211 y 675, numerales 3 y 4, todos del Código de Trabajo (el orden de las normas es el establecido por las recurrentes). Dicha afirmación se sustenta en que la Junta de Conciliación y Decisión no debió condenar a los presuntos herederos de quien fungía como la real y directa empleadora del señor A.J.. Agregándose a esto, que se les consideró empleadores directos para condenarlos, pero no así para notificarlos. Seguidamente, esta acción fue admitida y, en virtud de ello, la autoridad requerida brindó un informe al que adjuntó una serie de documentación sobre el proceso. En la respuesta brindada se hace referencia a distintos aspectos y antecedentes del proceso laboral, señalando además las pruebas que se incorporaron, las que se admitieron y las que no, así como también, se advierte que su decisión fue confirmada y, en virtud de ello, las partes posteriormente presentaron escrito de desistimiento y acuerdo extrajudicial, dando lugar al archivo del expediente. Consideraciones y decisión del Pleno: Tal y como consta en los antecedentes desarrollados, y dado que en esta causa se cumplió con la etapa de admisibilidad, corresponde resolver el fondo de la presente controversia. El análisis de rigor, obliga a esta Corporación de Justicia a revisar lo dicho en el recurso de apelación que confirmó la decisión atacada por esta vía, y que sólo la modifica respecto al cálculo para imponer la condena. A nuestro juicio, lo expuesto en el recurso de alzada permite verificar que en forma alguna le asiste la razón a las amparista. Ello es así, porque en la motivación de la misma se puede verificar, entre otros hechos, que las señoras Gloria e I.E. (amparista) contestaron la demanda y aceptaron la existencia de la relación de trabajo con la señora M.E. de Á. (Q.E.P.D.). Esto demuestra que las recurrentes tenían pleno conocimiento del proceso y los hechos del mismo, por lo que mal podría señalarse que no fueron notificadas, o que en su defecto desconocían la causa. Estas personas gestionaron dentro del proceso contestando la demanda. Por ello, no es jurídicamente procedente alegar la supuesta vulneración del debido proceso, y mucho menos en el sentido que se plantea en el concepto de infracción, es decir, que se le pretermitieron procedimientos que garantizan "el derecho a ser oído en proceso, a defenderse de las alegaciones de la contraparte, a aportar pruebas y en fin a contradecir y hacer uso de los recursos y medios impugnativos consagrados en nuestra legislación". Resulta muy delicado afirmar la contravención de todos estos elementos del debido proceso, cuando de la respuesta de la autoridad y demás constancias del caso, se logra verificar que se contestó a la demanda, entre otras gestiones; por tanto, no se le impidió ser oído. En atención a ese mismo hecho, tampoco puede señalarse que no se pudieron defender a través de alegaciones. Por otro lado, y tal como adelantamos, la autoridad requerida enumeró y se refirió a las distintas pruebas aportadas en la audiencia, lo que con ellas se demostraba y el por qué de su admisión o no. Por tanto, no se verifica la contravención del derecho de aportar pruebas, todo lo contrario. Similar suerte ocurre con lo relativo a la utilización de los medios de impugnación, ya que consta la decisión que resolvió un recurso de apelación. Todo lo antes dicho, demuestra que en forma alguna se han surtido las vulneraciones alegadas, por tanto, mal podría este Tribunal acceder a las pretensiones expuestas. El otro aspecto que se utiliza como sustento para solicitar que se revoque la decisión de primera instancia y la de alzada, es el hecho que se condenó a las amparistas y otros al pago de las correspondientes prestaciones laborales del trabajador, cuando en efecto ellos no eran los empleadores directos, sino la difunta M.E. de Á., razón por la que no deberían asumir dicha responsabilidad. No obstante esta afirmación, que vista de forma general pudiera hacer pensar que se tiene la razón, no es menos cierto que las normas laborales regulan la situación planteada de forma muy distinta a la que hacen ver las amparistas. Pero además de ello, vemos en el fallo de alzada, una clara explicación sobre el tema, que por la envergadura que tiene para la decisión que nos ocupa, pasamos a citar: "de hecho, el fallecimiento de la señora de Á. ocurre el día 2 de agosto de 2010 y luego de esa fecha se continúa enviando en su nombre las cotizaciones a la Caja de Seguro Social del trabajador. Lo anterior significa, que sus herederos continuaron con la prestación de los servicios del demandante, es decir, que éste permaneció laborando en la finca por espacio de dos años más y así demuestra también con el acta de conciliación de fecha 12 de septiembre de 2012 donde la demandada O.E. de D. reconoce los servicios por dos años, aunque lo haya hecho como una relación de trabajo nueva. Sobre el particular, es importante aclarar, que si bien la muerte del empleador es una forma de terminación de la relación de trabajo, la misma sólo se extingue cuando conlleva como consecuencia ineludible la terminación del contrato. Por tanto, si la actividad a la que se dedicaba la finca continuó, como parece ser el caso, con los hijos de la causante, entonces, se da una sustitución de empleador, porque tal evento o circunstancia lamentable, como lo es la muerte de la dueña del bien inmueble, no puede afectar al trabajador. Ello es así, por la permanencia y continuidad que caracteriza a la relación de trabajo sobre las cuales se constituye. Por tanto, si el empleador es una persona natural y ésta fallece, su muerte no produce inevitablemente la extinción de la relación de trabajo si los servicios que el trabajador brindada permanecen más allá de la muerte de aquélla. (Artículo 210, numeral 5 del C.T.). En la situación planteada, el trabajador A.J.G. continuó trabajando en la finca luego de la muerte de la señora MAGDALENA ESPINOZA DE ÁLVAREZ (q.e.p.d.) y esta circunstancia se demuestra con las pruebas documentales comentadas y la declaración del testigo A.S.S., quien da cuenta de los servicios brindados por el trabajador, después dela (sic) muerte de la señora M.E. de Á. (q.e.p.d.),". Teniendo presente esta motivación, que de por sí deja sin sustento los argumentos de las amparistas, también se logra verificar dentro del expediente, que luego del fallo de alzada emitido el 25 de noviembre de 2012, el día 22 de diciembre de ese mismo año se incorporó un escrito de desistimiento del proceso por parte del trabajador y, adicional, un acuerdo extrajudicial, dado que mediante cheques (que se adjuntan en copias), se cancelan las prestaciones y costas judiciales a las que se condenó. En este último escrito, también se solicita el archivo del expediente (fjs 181 a 185 expediente). A nuestro juicio, este cúmulo de motivaciones, hechos y pruebas, no da lugar a otra conclusión que la de confirmar el planteamiento indicado preliminarmente, en el sentido que en este caso no se surte ni evidencia vulneración alguna de los derechos constitucionales invocados, muy por el contrario, las gestiones realizadas por las amparistas a lo largo de todo el proceso, demuestran la concurrencia de los elementos del debido proceso que se alegaban vulnerados. En esta controversia no se establece circunstancia alguna que permita comprender, por qué luego de contestada la demanda, surtida la audiencia donde las partes aportaron pruebas, se presenta y decide la apelación, se desiste del proceso, se presenta acuerdo extrajudicial, se aportan cheques del pago de la condena y se archiva el expediente, ahora las amparistas aducen la vulneración de sus derechos constitucionales, y pretenden dejar sin efecto, decisiones que cumplieron. Esto, en atención a todo lo antes dicho, demuestra una actitud cuestionable de parte de las amparistas y su apoderado. Quienes ante un franco conocimiento de sus gestiones a lo largo del proceso, y la inexistencia de lo que alegaban, activan todo el engranaje judicial (que de por sí se encuentra congestionado, y al que si bien tienen derecho a acceder) para plantear circunstancias que se contradicen con sus propias gestiones. Por esta razón, es necesario tener siempre presente el contenido del artículo 530 del Código de Trabajo que a la letra señala lo siguiente: "Las partes deben comportarse con lealtad y probidad durante el proceso y el J. hará uso de sus facultades para rechazar, con arreglo a la Ley, cualquier solicitud o acto que implique una dilación manifiesta o ineficaz del litigio o cuando se convenza de que cualquiera de las partes o ambas se sirvan del proceso para realizar un acto simulado o para perseguir un fin prohibido por la Ley". Dicho esto, y constatada la no vulneración de derechos constitucionales, se procede a no conceder la acción presentada. En consecuencia, el Pleno de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CONCEDE la acción de Amparo de Garantías Constitucionales interpuesta por el licenciado S.M.P., actuando en nombre y representación de GLORIA ESPINOSA e I.E., contra la sentencia 026/JCD-08/2014 de 8 de septiembre de 2014, proferida por la Junta de Conciliación y Decisión N°8 de la Provincia de Coclé. N.. HERNÁN A. DE LEÓN BATISTA HARRY ALBERTO DÍAZ GONZÁLEZ -- LUIS RAMÓN FÁBREGA SÁNCHEZ -- JERÓNIMO MEJÍA E. -- HARLEY J. MITCHELL D. -- ABEL AUGUSTO ZAMORANO -- OYDÉN ORTEGA DURÁN -- GABRIEL E. FERNÁNDEZ M -- VICTOR L. BENAVIDES P. YANIXSA Y. YUEN C. (Secretaria)