Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Pleno), Pleno, 9 de Octubre de 2015

Ponente:Nelly Cedeño de Paredes
Fecha de Resolución: 9 de Octubre de 2015
Emisor:Pleno
 

VISTOS: En grado de Apelación, conoce el P. de la Corte Suprema de Justicia, la alzada en el expediente correspondiente a la Acción de A. de Garantías Constitucionales presentado por el Licenciado H.A.O.B., en su propio nombre y representación, contra el Auto No. 46815-JPNA-F, de 4 de mayo de 2015, proferido por el Juzgado Primero de N. y Adolescencia del Primer Circuito Judicial de Panamá, por medio del cual se dispuso lo siguiente: "ADMITE la presente demanda de REGLAMENTACIÓN DE VISITAS interpuesta por el señor H.A.O.B. en contra de la señora M.D.C.C., a favor de los niños H.A. y H.O.O.C. Por consiguiente se señala el veintiuno (21) de enero de dos mil dieciséis (2016), a las ocho y treinta (8:30 A.M.) para realizar la Audiencia Oral..." I.- DECISIÓN DEL TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA. Correspondió al Tribunal Superior de N. y Adolescencia conocer en primera instancia, el presente negocio constitucional. Dicha Autoridad decidió mediante Sentencia de 1 de julio de 2015, CONCEDER la Acción de A. de Garantías Constitucionales presentada por el licenciado H.A.O.A., en su propio nombre y representación y, en consecuencia REVOCA la decisión tomada mediante Auto No. 46815-JPNA-F de 3 de mayo de 2015, por el Juzgado Primero de N. y Adolescencia del Primer Circuito Judicial de Panamá, dentro del proceso sumario de familia (Reglamentación de Visitas), impetrado por el amparista en contra de M.D.C.C., a favor de los menores H.O. y H.A.O; además, ORDENA al tribunal de primera instancia, proceda con una nueva fecha de audiencia oral en tiempo razonable, en concordancia con lo esbozado en la presente resolución. Dicho Tribunal considera que, en atención a lo dispuesto en el artículo 791 del Código de Familia (procedimiento sumario), la resolución impugnada vulnera el debido proceso consagrado en el artículo 32 de la Constitución Política y las garantías judiciales previstas en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos, por lo que resultaba viable la interposición de la presente acción extraordinaria. Expone el Tribunal de A. que, la decisión amparada no se dictó de conformidad con lo que corresponde en derecho. No obstante, señala que es pertinente reconocer el "rimero laboral" que ostenta el Tribunal primario, pero más allá de la materialidad que les atañe, como garantes de justicia debemos avocarnos a lo que nos manda la ley, convenios y tratados internacionales, y aplicar el derecho de acuerdo a lo que corresponda, más aún cuando estamos frente a una legalidad inherente que le atribuye tanto al accionante como a sus hijos, en aras de que a través de una resolución expedita se fortalezca el afecto y la relación entre padre e hijos, para que no se lesione la relación parental, y en consecuencia, el interés superior de los menores de edad, regulado en la normativa familiar en el artículo 329. El Tribunal señaló que en efecto, se evidencia que la orden de hacer requiere revocación inmediata por la gravedad e inminente daño, pues al haberse fijado una fecha de audiencia oral fuera de los parámetros establecidos por la normativa constitucional, convencional y familiar (artículo 791 del Código de la Familia), se incurre en la vulneración del debido proceso y las garantías judiciales contenidas en el artículo 8 de la Convención Americana de Derechos Humanos. En ese sentido, el Tribunal considera que le asiste razón al accionante, toda vez que los procedimientos y trámites en el proceso consisten en el conjunto de normas jurídicas generales que regulan los actos y resoluciones emitidas a través de los cuales los tribunales ejercitan su potestad jurisdiccional, y ante la omisión de este precepto se vulnera la normativa constitucional del debido proceso en conjunto con los estamentos aducidos por la Convención Americana de Derechos Humanos. Finalmente, conmina al tribunal de primera instancia, proceda con una nueva fecha de audiencia oral en un tiempo razonable en el expediente No. 257-15 de Reglamentación de Visita de los niños H.O. y H.A.O.C., fundada por el señor H.A.O.B., en contra de M.C., ello de conformidad con lo planteado en la presente resolución. II.- SUSTENTACIÓN DE LA APELACIÓN. Consta de fojas 47 a 56 del cuadernillo de A., el recurso de apelación interpuesto por el Licenciado Marco Tulio Londoño, apoderado especial de la Licenciada M.B.D.A., J. Primera de N. y Adolescencia del Primer Circuito Judicial de Panamá, el cual fue anunciado e interpuesto en tiempo oportuno contra la Resolución de uno (1) de julio de dos mil quince (2015), por el Tribunal Superior de N. y Adolescencia. Dicho recurso fue concedido en el efecto devolutivo, mediante Resolución de 23 de julio de 2015. Señala el recurrente que, el artículo 791 del Código de la Familia es una norma procedimental, que regula los procesos sumarios aplicables a los procesos de Reglamentación de Visitas de padres e hijos. En ese sentido, señala que el Tribunal hizo una interpretación literal del referido artículo, pues no examinó que, además de fijar la fecha de audiencia, exige etapas previas, pues una vez que se admite la demanda, se le concede al J. la facultad de dictar medidas cautelares o tutelares que respondan, según las pruebas que se les presenten. Y que, en el caso no existir tales elementos corresponde al J. recabar previamente las pruebas procedentes y fijar la fecha y la hora de la audiencia dentro del término de tres (3) días. Manifiesta el recurrente que, antes de fijar la audiencia la J. tuvo que valorar las pruebas aportadas con la demanda, para determinar si existe la necesidad de dictar una medida cautelar para pronunciarse de inmediato al respecto. Agrega que, ello significa que la Ley otorga facultad al J. para dictar resoluciones judiciales en el curso del proceso para el reconocimiento de lo que se indica es la tutela judicial efectiva en el plazo razonable. Argumenta el apoderado judicial de la recurrente que, en el presente caso, quedó demostrado que no eran necesarias medidas urgentes, ya que se dejó claro en el hecho séptimo de la demanda de Reglamentación de Visitas, el amparista "mantiene comunicación casi a diario con sus hijos, vía telefónica celular", "también indica en su demanda que los niños mantienen comunicación con el padre dos fines de semana al mes (fs. 3)". Por otro lado, señala que lo aceptado en la demanda unido a pruebas documentales (fotografías) que se aportaron a la misma, demuestran que no se ha interrumpido la comunicación entre padres e hijos, en consecuencia, no se acreditó hecho que ameritara tomar medidas cautelares de protección a favor de los hijos; por consiguiente, estima que, la J. ejerció la facultad que le otorga la referida norma de recabar previamente las pruebas procedentes. Agrega que, consta a foja 68 que a solo dos días de admitida la demanda, la J. ordenó la realización de una entrevista psicológica a los adolescentes hijos del amparista, para determinar si tenían afectación, que la obligara a tomar medidas de protección a favor de los hijos, previo al acto de audiencia. Manifiesta el recurrente que, en cuanto al término fijado en el proceso para la celebración de la audiencia, el tribunal recalcó de manera impresionante el término de ocho (8) meses para la fijación de fecha de audiencia expresando que se ha dilatado de forma exagerada la celebración del primer acto de audiencia. Evidentemente, señala el recurrente, no se observó que el proceso no estuvo paralizado porque la J. dispuso diligencias oficiosas. Por otro lado señala que, en el informe que rinde su representada, alude a una serie de condiciones bajo las cuales desempeña la función de administrar justicia; entre ellas, básicamente el volumen de procesos que atienden los Tribunales Especiales de N.; la limitación de un Defensor del Menor que está designado dos (2) días a la semana al Juzgado, cuya comparecencia a las audiencias y otras diligencias es obligada, bajo sanción de nulidad (artículos 738 y 770 del Código de la Familia). En ese sentido, señala que más que "rimero laboral" los Jueces de N. y Adolescencia asumen un verdadero calvario laboral. En lo que va del año, tan solo en el Juzgado Primero de N. y Adolescencia, se han celebrado doscientos setenta y cuatro (274) audiencias, sin contar con días inhábiles, significa que se celebran a razón de cuatro (4) a cinco (5) audiencias diarias. Agrega que, es cierto que en los procesos familiares tienen señalados plazos limitados para fijar y celebrar la fecha de audiencia; sin embargo, evidentemente es imposible atender esos plazos como estrictamente impone la Ley. Finalmente, estima que el Tribunal de A. no reconoció mayor relevancia a las razones invocadas por la J. para fijar las fechas de audiencia en plazos muy distantes, por el contrario, se refirió la exigencia impositiva de aplicar la Ley, por tratarse de reconocimiento de garantías procesales fundamentales, por encima de cualquier otras razones. Por las razones expuestas, solicita se revoque la resolución emitida por el Tribunal Superior de N. y Adolescencia del 1 de julio de 2015, que concede la acción de amparo de garantías constitucionales. III.- CONSIDERACIONES DEL PLENO. Agotado el recorrido procesal correspondiente, procede que el P. de la Corte Suprema de Justicia entre a resolver la alzada en la presente acción de A. de Garantías Constitucionales. Observa esta Corporación de Justicia que los procesos de reglamentación de visitas, como es el caso en estudio, se rigen por las normas del procedimiento sumario, establecidas en los artículos del 790 a 794 del Código de Familia. Ahora bien, la resolución impugnada vía constitucional de amparo (Auto No. 46815-JPNA-F de 4 de mayo de 2015), dictada por el Juzgado Primero de N. y Adolescencia del Primer Circuito Judicial de Panamá, dispuso Admitir la demanda de Reglamentación de Visitas interpuesta por el señor H.A.O.B. en contra de la señora M.D.C.C., a favor de los niños H.A. y H.O. O.C., por consiguiente, se señala el veintiuno (21) de enero de dos mil dieciséis (2016), a las ocho y treinta (8:30 a.m.) para realizar la Audiencia Oral. El Tribunal Constitucional primario concedió la acción constitucional, y ordenó al Tribunal de primera instancia, que proceda con una nueva fecha de audiencia oral en tiempo razonable, por considerar que dicha decisión amparada no se realizó de conformidad con lo que corresponde en derecho. Advierte que, el auto que resuelve tal decisión es ostensiblemente violatorio porque de forma exagerada dilata la celebración del primer acto de audiencia (8 meses) después de haber admitido la demanda en un proceso donde la audiencia debe ser inmediata. Explica el Tribunal Superior, en su decisión, que le asiste razón al accionante, toda vez que los procedimientos y trámites en el proceso consisten en el conjunto de normas jurídicas generales que regulan los actos y resoluciones emitidas a través de los cuales los tribunales ejercitan su potestad jurisdiccional, y ante la omisión de este precepto se vulnera, la normativa constitucional del debido proceso en conjunto con los estamentos aducidos por Convención Americana de Derechos Humanos (artículo 8 de la Ley 15 de 28 de octubre de 1977-Pacto de San José). Por otra parte, a juicio de la amparista, la resolución impugnada a través de la presente acción constitucional es un acto de mero trámite que señala fecha para celebrar un acto propio de los procesos orales; no manda ni prohíbe que se haga algo. Considera además que, el Tribunal hizo una interpretación literal del artículo 791 del Código de la Familia, pues no examinó que, además de fijar la fecha de audiencia, exige etapas previas, ya que una vez que se admite la demanda, se le concede al J. la facultad de dictar medidas cautelares o tutelares que correspondan, según las pruebas que se les presenten. Es una etapa previa, señala el recurrente, que permite al J. hacer el primer pronunciamiento si fuese necesario antes de celebrar la audiencia. Agrega que, en el presente caso no eran necesarias medidas urgentes. Y que, en cuanto al término fijado en el proceso para la celebración de la audiencia, el Tribunal destacó de manera impresionante, el término de ocho (8) meses para la fijación de fecha de audiencia, expresando que se ha dilatado en forma exagerada la celebración del primer acto de audiencia. Evidentemente, no se observó que el proceso no estuvo paralizado porque la J. dispuso diligencias oficiosas. Esta Corporación de Justicia, en primer lugar, debe reiterar que ha sido superado el antiguo concepto de orden de hacer o no hacer, pues la admisión o no de un amparo estará determinada por la posibilidad de que se vulnere un derecho fundamental previsto en la Constitución Nacional, en los Convenios y Tratados Internacionales sobre derechos humanos vigentes en Panamá y en la Ley. Si bien el artículo 54 de nuestra Carta Magna, al referirse a la materia amparable, alude expresamente a órdenes de hacer o no hacer, el artículo 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos o Pacto de San José (protección judicial), que Panamá suscribió y ratificó, habla de "actos que violen derechos fundamentales"; siendo que el artículo 17 párrafo segundo (2°) de la Constitución Nacional dispone que "los derechos y garantías que consagra esta Constitución, deben considerarse como mínimos y no excluyentes de otros que incidan sobre los derechos fundamentales y la dignidad de la persona". Así, en materia de A. de Garantías Constitucionales, el P. "ha venido haciendo un examen más minucioso de los temas que se debaten en las acciones de amparo, con la finalidad de establecer que dicha acción sea más efectiva para la tutela de las garantías fundamentales; como es el caso de un nuevo alcance que le ha dado al contenido del artículo 54 de la Constitución Nacional, respecto al concepto de orden de hacer y no hacer. De ahí, que manifiesta la necesidad de examinar caso por caso, para determinar si en realidad lo planteado por el amparista se enmarca dentro del Plano constitucional y de esa forma lograr una verdadera efectividad de esta institución de garantía". (Sentencia de 8 de febrero de 2011). Con base en lo expuesto, esta Superioridad comparte plenamente lo señalado por el Tribunal Superior de N. y Adolescencia, al considerar que, si bien es cierto, no podemos pasar por alto las razones invocadas por la J. para fijar la fecha de audiencia en un plazo muy distante (8 meses), en virtud de la carga laboral, y que no está al alcance del J. de N. y Adolescencia administrar justicia con la población actual y las competencias que comprenden los distritos de Panamá, Chepo, Chimán, Taboga y B., que alcanzan materias como tránsito, procesos de protección (maltrato físico, verbal y psicológico, maltrato por negligencia, maltrato por abuso sexual, riesgo social), de familia (pensión alimenticia y pensión prenatal, guarda y crianza, reglamentación de visitas, filiación, impugnación de paternidad, adopción, autorización de venta de bienes, restitución internacional, inhabilitación, impedimento de salida) y otros procesos, que en su mayoría se debe cumplir con el principio de oralidad, lo que se traduce en audiencias. Sin embargo, debemos cumplir con lo que nos manda la Ley, Convenios y Tratados Internacionales, y aplicar el derecho de acuerdo a lo que corresponda, más aún cuando nos encontramos frente a un derecho inherente que le atañe tanto al accionante como a sus hijos, en aras que, a través de una resolución expedita se fortalezca el afecto y la relación entre padre e hijos, para que no se lesione la relación parental; y en consecuencia, el interés superior de los menores de edad, previsto en el artículo 329 del Código de la Familia. El artículo 791 del Código de Familia, norma procedimental que regula los procesos sumarios aplicables a los procesos de Reglamentación de Visitas, dispone lo siguiente: ARTÍCULO 791. Si con la demanda se presentan pruebas que acrediten plenamente lo demandado, el J. dispondrá las medidas cautelares y tutelares que correspondan y, de inmediato, citará a audiencia al actor, a su contraparte y demás interesados. En caso contrario, hará lo necesario para recabar previamente las pruebas procedentes y fijará el día y hora de la audiencia dentro de un término no mayor de tres (3) días. La norma citada claramente establece que, una vez admitida la demanda, se le concede al J. la facultad de dictar medidas cautelares y tutelares que correspondan, según las pruebas que se les presenten, y que en caso de no existir tales elementos, corresponde al J. recabar previamente las pruebas procedentes y fijar la fecha y hora de la audiencia, dentro de un término no mayor de tres (3) días. Lo antes expuesto deja en evidencia que la Resolución atacada en sede de A., entra en conflicto con la garantía constitucional del debido proceso consagrada en el artículo 32 de la Constitución, en lo que respecta al derecho de ser oído. La referida norma establece: ARTÍCULO 32. Nadie será juzgado sino por autoridad competente y conforme a los trámites legales, ni más de una vez por la misma causa penal, administrativa, policiva o disciplinaria. Siguiendo al D.A.H. podemos señalar que el debido proceso consiste en una institución instrumental en virtud de la cual debe asegurarse a las partes en todo proceso: a) la oportunidad razonable de ser oídas por un tribunal competente, predeterminado por la ley, independiente e imparcial; b) de pronunciarse respecto de las pretensiones y manifestaciones de la parte contraria; c) de aportar pruebas lícitas relacionadas con el objeto del proceso y d) de contradecir las aportadas por la contraparte, de hacer uso de los medios de impugnación consagrados por ley contra resoluciones judiciales motivadas y conformes a derecho, de tal manera que las personas puedan defender efectivamente sus derechos. (Cfr. H., A., "El Debido Proceso", Editorial Temis, S. A. Santa Fé de Bogotá-Colombia, 1996, pág.54). Este derecho a ser oído se encuentra recogido de modo expreso en el artículo 8, Sección 1, de la Convención Americana de Derechos Humanos, ratificada por Panamá mediante la Ley 15 de 28 de octubre de 1977 que dispone: Artículo 8 CADH. 1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la Ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter. ... (El énfasis es del P.). En conclusión, al haberse fijado una fecha de audiencia oral fuera de los parámetros establecidos por la norma constitucional, convencional y familiar, se incurrió en la vulneración del debido proceso y las garantías contenidas en el artículo 8 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. En virtud de lo expuesto, resulta procedente confirmar la decisión emitida por el Tribunal Superior de N. y Adolescencia, que concede la acción de amparo de garantías constitucionales, y ordena a la J. Primera de N. y Adolescencia del Primer Circuito Judicial de Panamá, proceda con una nueva fecha de audiencia oral en tiempo razonable, y así pasa a declararse. En consecuencia, la Corte Suprema, P., administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la Resolución dictada por el Tribunal Superior de N. y Adolescencia, de uno (1) de julio de dos mil quince (2015), que CONCEDE la Acción de A. de Garantías Constitucionales interpuesta por el Licenciado H.A.O.B., en su propio nombre y representación, contra el Auto No. 46815-JPNA-F, de 4 de mayo de 2015, proferido por el Juzgado Primero de N. y Adolescencia del Primer Circuito Judicial de Panamá; y que en consecuencia, le ORDENA al Tribunal de primera instancia, proceda con una nueva fecha de audiencia oral en tiempo razonable. N..- NELLY CEDEÑO DE PAREDES HERNÁN A. DE LEÓN BATISTA -- HARRY ALBERTO DÍAZ GONZÁLEZ -- GISELA AGURTO AYALA -- LUIS MARIO CARRASCO -- HARLEY J. MITCHELL D. -- ABEL AUGUSTO ZAMORANO -- OYDÉN ORTEGA DURÁN -GABRIEL E. FERNÁNDEZ YANIXSA Y. YUEN C. (Secretaria)