Sentencia Pleno de Supreme Court (Panama), Pleno, 3 de Marzo de 2015

PonenteAbel Augusto Zamorano
Fecha de Resolución 3 de Marzo de 2015
EmisorPleno

VISTOS:

Conoce el Pleno de la Corte Suprema de Justicia de la acción amparo de garantías promovido por el Licenciado C.P.B., en nombre y representación del señor K.M.F.L., en representación de su hija adolescente K.R.F.W., contra la Resolución de 2 de julio de 2008, expedida por el Tribunal Superior de N. y Adolescencia.

  1. ACTO OBJETO DEL AMPARO

    Mediante el acto impugnado, la autoridad demandada ordenó "REVOCAR en todas sus partes el Auto Penal No. 30 de 11 de marzo de 2008, emitido por el Juzgado Primero Penal de Adolescentes del Primer Circuito Judicial de Panamá, en el sentido de declarar no probado el incidente de controversia presentado a efecto de anular el proceso penal seguido a la adolescente F.W., por la presunta comisión de Delito contra la Vida y la Integridad Personal (Lesiones Personales Culposas) en perjuicio de L.C.E.B., y "CONTINUAR con el trámite procesal correspondiente".

    En contraste, el auto penal revocado ordenaba "DECRETAR LA NULIDAD de todo lo actuado" dentro del proceso de marras, así como "EL ARCHIVO DE LA CAUSA".

  2. GARANTÍAS FUNDAMENTALES QUE SE ESTIMAN INFRINGIDAS

    En primer lugar, el amparista alega que, al proferir el acto impugnado, la autoridad demandada violó el derecho fundamental al debido proceso de la adolescente F.W., consagrado en el artículo 32 de la Constitución, debido a que "le fue restringido un derecho fundamental como lo es la libertad corporal de libre tránsito sin haber sido vinculada al hecho que se le imputa, medida de la que no fue notificada en virtud del estado incipiente de la investigación y que tampoco se le había designado un defensor de oficio a fin de ser asistida y vigilados sus derechos y garantías."

    Señala el amparista que dicho acto es violatorio del artículo 16, numeral 4 del Régimen Especial de Responsabilidad Penal para la Adolescencia, que desarrolla el mencionado derecho fundamental, y según el cual "es derecho de los adolescentes sometidos a una investigación o proceso penal el no ser privados de su libertad ilegalmente ni ser limitados en el ejercicio de sus derechos más allá de los fines ni por medios distintos de los establecidos en el ya mencionado Régimen."

    En segundo lugar, el amparista alega como derecho fundamental violado el derecho a la libertad personal, consagrado en el artículo 21 de la Constitución, debido a que "la medida cautelar decretada carece de motivación y no logra explicar en qué consiste las exigencias cautelares que la justifican, es decir, cuáles eran los elementos que hacían inferir o suponer que la adolescente investigada evadiría la acción de la justicia, teniendo en cuenta que hasta ese momento no se había realizado gestión alguna por parte de la agencia instructora, a fin de localizar a la precitada adolescente."

    Manifiesta el apoderado del amparista que "a pesar de estar ante la comisión de un delito y de que existen indicios que relacionan a mi patrocinada con el delito investigado, no se advierten los propósitos que justifiquen la imposición de la misma, menos aún cuando estima el Tribunal que la imposición de cualquier medida cautelar debe ser el resultado de una vinculación directa del o la adolescente investigado con el delito."

    Continúa alegando el amparista que "por otro lado, se advierte que el funcionario de instrucción decretó la medida cautelar a solicitud del Licenciado E.V. ABADÍA quien aún no se había constituido como querellante. A pesar de que le había sido conferido poder especial en calidad de abogado sustituto por parte de la ofendida,... se aprecia que dicho poder estaba dirigido a que la representara "en el proceso de tránsito"... Llama poderosamente la atención cuanto que no se explica la razón de que todo ello fue realizado luego de haber admitido y decretado la medida cautelar solicitada de quien carecía de legalidad para presentar tal solicitud."

    Finalmente, señala el amparista que "el representante del Ministerio Público luego de decretar la medida cautelar... dispuso mediante diligencia de 17 de diciembre de 2007, la realización de una diligencia de conciliación. Dicha actuación no ha sido totalmente clara, toda vez que del contenido de la misma se observa una incongruencia en la parte motiva y la resolutiva ya que inicialmente se deja constancia de que no se llegó a acuerdo indicándose al final de la misma lo contrario, en virtud de lo cual inclusive se señala que tal acuerdo suspende el proceso.. De ser cierta la existencia del aludido acuerdo conciliatorio entre las partes como se señaló, nos preguntamos las razones por las cuales un día posterior a dicha diligencia la agencia instructora decide realizarle cargos a la adolescente K.R.F.W.... lo cual indica que o jamás existió tal acuerdo conciliatorio o que se continuó con la tramitación del proceso a pesar de haberse dispuesto suspensión."

  3. INFORME RENDIDO POR LA AUTORIDAD DEMANDADA

    Mediante Nota 033-TSN suscrita por el Magistrado Suplente EDGAR TORRES, la autoridad demandada compareció en el presente proceso constitucional, con el fin de explicar su actuación en los siguientes términos:

    "...esta C. resolvió recurso vertical de apelación promovido por el Licenciado PETER BROWN, mediante resolución de 2 de julio de 2008, revocando la nulidad declarada en primera instancia y ordenando la continuación del proceso, toda vez que, a juicio de esta Corporación de Justicia, de la actuación no se desprendían causales de nulidad, según lo plasmado en el fallo de primera instancia.

    Lo anterior, fue resuelto, luego de revisar la actuación en general, concluyéndose que entre las diligencias consideradas viciadas de nulidad tanto por la defensa como por la Juez "A Quo", no concurrían efectivamente circunstancias que pudiesen anular el proceso penal juvenil seguido a la adolescente K.R.F., por la comisión de delito de "Lesiones Personales" en perjuicio de la señora L.C.E.B..

    Entre los fundamentos de hecho y de derecho esgrimidos por este colegiado, exponemos los siguientes:

    1. El poder especial, amplio y suficiente, conferido a los L.C.D.Á. y V. ABADÍA ante el Juzgado Segundo de N. y Adolescencia de Panamá, es válido ante el Juzgado Primero Penal de Adolescentes, por cuanto el artículo 49 del RERPA claramente establece que se permitirá la validación de las actuaciones de una jurisdicción en otra, siempre y cuando no se menoscaben los derechos y garantías del adolescente. Por tanto, tratándose incluso de la misma jurisdicción, mal podríamos considerar que existe ilegitimidad de la personería, respecto a los representantes legales de la ofendida.

    2. La medida cautelar consistente en prohibición de salida de país de la joven K.R.F., fue adoptada de acuerdo a los presupuestos contemplados en los artículos 54 y 55 de la Ley 40 de 1999, reformada.

    3. Esta medida cautelar se adoptó en respeto al derecho de defensa de la prenombrada, por cuanto el agente instructor, el día 10 de septiembre de 2007, al declarar iniciada la investigación, ordena la asignación de defensa técnica para la sumariada.

    4. Sobre el derecho de defensa cuestionado en su momento por la defensa técnica, apreciamos que el Juzgado Segundo de N., mediante Auto No. 160-07 ADM designó formalmente al Licenciado HERNÁN DE LEÓN como defensor de la joven K.R.F., a fin de garantizar la prevalencia de sus derechos fundamentales, siendo esta actuación perfectamente válida ante el Juzgado Primero Penal de Adolescentes, a la luz del citado artículo 49 del RERPA.

    5. La medida precautoria adoptada por el F., consistente en el impedimento de salida del país de la investigada, estuvo debidamente fundamentada, por cuanto el F. en resolución calendada 12 de octubre de 2007, hizo constar que el despacho adelantaba investigación en contra de la adolescente, por la presunta comisión del delito de "Lesiones Personales" en perjuicio de la señora E.B., en virtud de un accidente de tránsito acaecido el día 24 de julio de 2007, haciéndose mención de las lesiones sufridas por la ofendida (45 días de incapacidad, fojas 10 del expediente) (artículo 54 RERPA).

    6. En la resolución comentada, también se hizo mención de la existencia del grave peligro de evasión, por cuanto, la joven involucrada proporcionó sus datos, generales y versión de los hechos en idioma inglés.

    7. Consta en el expediente además que la posterior ubicación y localización de la adolescente, se tornó compleja, por cuanto la joven no había suministrado de forma completa y clara su dirección."

  4. DECISIÓN DE LA CORTE

    FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN

    1. Competencia

    El Pleno de la Corte Suprema de Justicia es competente para conocer de las demandas de amparo de garantías constitucionales que se propongan contra órdenes de hacer o de no hacer expedidas por autoridades con mando y jurisdicción en toda la República, de conformidad con lo que consagra expresamente el artículo 54 de la Constitución Política, en concordancia con el numeral 1 del artículo 2616 del Código Judicial.

    2. Legitimación activa

    En el presente caso, la demanda ha sido propuesta mediante apoderado especial por el ciudadano K.M.F.L., en representación de su hija adolescente K.R.F.W., quien en el libelo de la demanda alega la violación de preceptos de rango constitucional que tutelan derechos humanos, situación que permite corroborar que la parte actora reúne las exigencias de legitimidad activa para entablar la acción ensayada.

    3. Naturaleza del acto impugnado

    El acto judicial impugnado es la Resolución de 2 de julio de 2008, proferida por el Tribunal Superior de N. y Adolescencia, que revocó en apelación el auto penal mediante el cual la Juez Primera Penal de Adolescentes del Primer Circuito Judicial de Panamá decretó la nulidad del proceso penal seguido contra la adolescente F.W.. Por consiguiente, se trata de una orden de hacer susceptible de lesionar derechos humanos, siendo por tanto demandable por vía de amparo.

    4. Problema jurídico

    El problema jurídico que se plantea en la presente controversia consiste en establecer si la orden de proseguir con la encuesta penal en contra de la adolescente F.W. y mantener vigente la medida cautelar de impedimento de salida del país que pesa sobre ella, dictada por la autoridad demandada, es violatoria de sus derechos al debido proceso y a la libertad personal, lo cual justificaría sustraer del mundo jurídico el acto impugnado.

    En su pretensión, la parte actora reclama la anulación del mencionado acto, sosteniendo que el mismo infringe el texto manifiesto de los artículos 32 y 21 de la Constitución Política.

    5. Análisis de los cargos de infracción constitucional planteados

    5.1. La alegada violación del debido proceso como causal de

    El artículo 32 de la Constitución dice así:

    "Artículo 32. Nadie será juzgado, sino por autoridad competente y conforme a los trámites legales, y no más de una vez por la misma causa penal, administrativa, policiva o disciplinaria."

    Este precepto constitucional ha sido desarrollado por la Ley No. 40 de 26 de agosto de 1999, "Del Régimen Penal Especial para la Adolescencia" (G.O. 23,874 de 28 de agosto de 1999), también conocido como RERPA, el cual prevé garantías penales especiales, adicionales a las ya previstas en la normativa constitucional y legal.

    Observa el Pleno que las causales de nulidad de los procesos penales de adolescentes se encuentran establecidas en el artículo 18 del RERPA, subrogado por el artículo 3 de la Ley No. 46 de 6 de junio de 2003 (G.O. 24,821 de 12 de junio de 2003):

    ARTÍCULO 18. Nulidad absoluta de las actuaciones violatorias de los derechos de la adolescencia. Son causales de nulidad absoluta de lo actuado y conllevan el archivo de la causa, la violación de los derechos y garantías individuales contenidas en los artículos 16 y 17 de esta Ley, por lo que se deberá proceder de acuerdo con lo establecido en el artículo 1950 del Código Judicial. Igualmente se consideran causales de nulidad las contempladas en el Capítulo X, Título III del Libro Tercero del Código Judicial.

    En tal sentido, analizaremos las normas del RERPA a las que hace referencia la anterior disposición, con especial indicación de los numerales citados por la juez de la causa como fundamento legal para declarar la nulidad del proceso penal de adolescentes

    1. El artículo 17 del RERPA establece lo siguiente:

    "ARTÍCULO 17. Garantías procesales especiales. A los adolescentes y a las adolescentes se les garantizará un tratamiento justo y una decisión expedita, de acuerdo con las reglas del debido proceso, las cuales comprenden, además de los derechos que se reconocen en la jurisdicción penal ordinaria, las siguientes:

    1. Derecho al contradictorio procesal. A ser oídos personalmente, o por medio de representante, según fuere su opción, por las autoridades que intervienen en la investigación y juzgamiento de las infracciones que se les imputan;

    2. Derecho a ser defendidos por abogado. A ser defendidos por abogado en forma permanente, desde el inicio de la investigación hasta el cumplimiento de la sanción si la hubiera, quien tendrá derecho a fotocopiar el expediente para uso exclusivo del caso;

    3. Derecho a ser informado. A recibir información clara y precisa, de acuerdo con el grado de desarrollo de su entendimiento, de parte de la autoridad judicial especial competente, acerca de cada una de las actuaciones procesales que se desarrollen en su presencia, así como del significado y las razones de las decisiones, de manera que se cumpla con la finalidad educativa del proceso penal de adolescentes;

    4. Derecho de defensa. A presentar todas las pruebas y argumentos necesarios para su defensa, en condiciones de igualdad y sin otra consideración que la defensa de sus derechos;

    ...

    7. Derecho a la búsqueda de la conciliación. A que, en los casos en que ello proceda, se procure un arreglo conciliatorio con la persona ofendida en cualquier fase del proceso;

    ...

    10. Derecho de impugnación. A impugnar las resoluciones judiciales que se dicten durante el proceso, según lo establece la presente Ley, y a solicitar la revisión de las sanciones y medidas cautelares que se les impongan." (Subraya la Corte.)

    Hemos subrayado los numerales 2 y 4 por cuanto consideramos que, de los seis numerales citados en la declaratoria de nulidad del proceso penal de adolescentes, son los únicos que guardan relación con el cargo de infracción al debido proceso planteado por el amparista.

    La norma antes citada debe ser leída en concordancia con el artículo 2295 del Código Judicial, el cual señala:

    "ARTÍCULO 2295. Se entienden siempre sancionados con nulidad los actos cumplidos con inobservancia de las disposiciones concernientes a:

    1. La no participación del Ministerio Público en el proceso y en los actos procesales que lo requieran de acuerdo con la ley; y

    2. La no intervención, asistencia y representación del imputado en los casos que la ley establece.

    Será causal de nulidad del acto el empleo de promesa, coacción o amenazas para obtener que el imputado declare." (Subraya la Corte.)

    A este respecto, observa el Pleno que la juez de la causa motivó así la declaratoria de nulidad del proceso penal de adolescentes, en lo referente a la garantía del derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado, en su relación con la medida cautelar dictada en su contra por el F. Primero de Adolescentes del Primer Circuito Judicial:

    "...si bien es cierto según consta dicho despacho profirió diligencia cabeza de proceso el día 10 de septiembre de 2007, por medio de la cual aprehendió el conocimiento del hecho punible y aproximadamente un mes después y a solicitud realizada por el Licenciado V. ABADÍA, dispuso la alegada restricción sin siquiera haber realizado intento alguno de localizar a la precitada adolescente, toda vez que no se observa que la boleta de citación realizada por la agencia instructora haya sido debidamente gestionada, pues, en la parte inferior de la misma no se consignó ninguna información al respecto (v. f. 54).

    ...

    Sobre el particular, advierte el Tribunal que a la adolescente K.R.F.W. le fue restringido un derecho fundamental como lo es la libertad corporal en libre tránsito sin haber sido vinculada al hecho que se le imputa, medida de la que no fue notificada en virtud del estado incipiente de la investigación y que tampoco se le había designado defensor de oficio a fin de ser asistida y vigilados sus derechos y garantías."

    Una prolija revisión del expediente del proceso penal de adolescentes que sirve de antecedente al presente proceso constitucional da cuenta que, en efecto, desde el ingreso del expediente a la F.ía, el 10 de septiembre de 2007, hasta la presentación del poder del Licenciado C.P.B. el 14 de noviembre de 2007 (f. 13), la adolescente F.W. no tenía defensa, y es dentro de este término, el 12 de octubre de 2007, que el agente instructor ordenó la medida cautelar de impedimento de salida del país. Sin embargo, llama la atención que no se dio la misma diligencia para designarle un defensor de oficio, pues incluso, se indica que el poder fue bastanteado el 11 de diciembre de 2007.

    De esta manera, el Pleno estima probada la violación del derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado, aducida por el amparista.

    2. El artículo 2294 del Código Judicial dice así:

    "ARTÍCULO 2294. Son causas de nulidad en los procesos penales:

    1. La ilegitimidad de personería del querellante, cuando el proceso sea de aquéllos en que no puede procederse de oficio;

    2. La falta de jurisdicción o de competencia del tribunal;

    3. No haberse notificado al imputado o a su defensor el auto de enjuiciamiento;

    4. Haberse incurrido en el error relativo a la denominación genérica del delito, a la época y lugar en que se cometió o con respecto a la persona responsable o del ofendido; y

    5. No haberse notificado legalmente los autos y las providencias que acogen o niegan pruebas." (Subraya la Corte.)

    De la anterior lista numerus clausus, encontramos que la única causal aplicable al caso es la expresada en el numeral 1. Por tanto, para determinar si en efecto se configuró dicha causal, como concluyó la juez de la causa en el auto penal revocado por el acto impugnado, se hace necesario examinar los requisitos para la intervención de la víctima del acto infractor en los procesos penales de adolescentes, de conformidad con lo que establece el artículo 46 del RERPA:

    "ARTÍCULO 46. La persona ofendida. La persona ofendida o afectada por la comisión de acto infractor, participará directamente en la audiencia de conciliación y podrá ser llamada a declarar como testigo en el proceso.

    La persona ofendida tiene derecho a recibir orientación legal por parte del Ministerio Público, así como a nombrar apoderado judicial que represente sus intereses durante el proceso y colabore con el Ministerio Público, sin que ello le confiera el carácter de parte en el proceso. Por medio de su abogado, la persona ofendida podrá interponer sólo los recursos que le permita la presente Ley.

    El apoderado judicial de la persona ofendida sólo podrá intervenir en los casos y mediante las formas que establece esta Ley." (Subraya la Corte.)

    En el RERPA, no se observa norma alguna que faculte expresamente a la víctima para solicitar la imposición de una medida cautelar al adolescente vinculado a un acto infractor, por lo que debemos asumir que dicha posibilidad no existe. En cambio, en un proceso penal ordinario, la víctima sí puede intervenir en forma autónoma luego de constituirse en querellante.

    Sin embargo, el hecho que dicha medida cautelar haya sido solicitada por el apoderado de la víctima es irrelevante, toda vez que el fiscal que la dictó sí era competente para ello, al tenor del artículo 27, numeral 5 del RERPA. Además, resulta imposible invocar la ilegitimidad de la personería como causal de nulidad, por dos razones: 1) el RERPA le impide a la víctima ser parte en el proceso, y por ende, constituirse en querellante, y 2) el acto infractor que se investiga no es de instancia privada. El artículo 49 del RERPA es, por tanto, inaplicable al presente caso, al no haber actuación alguna que convalidar, procedente de otra jurisdicción, como medio para subsanar dicha causal de nulidad.

    Por consiguiente, el Pleno estima no probada la ilegitimidad de personería alegada por el amparista.

    5.2.La alegada violación del derecho a la libertad personal como consecuencia accesoria de la violación del derecho al debido proceso

    El artículo 21 de la Constitución dice así:

    ARTÍCULO 21. Nadie puede ser privado de su libertad, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente, expedido de acuerdo con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la Ley. Los ejecutores de dicho mandamiento están obligados a dar copia de él al interesado, si lo pidiere.

    El anterior precepto ha sido desarrollado por el artículo 16 del RERPA, que establece lo siguiente:

    "ARTÍCULO 16. Garantías penales especiales. Además de los mencionados en el artículo anterior, los adolescentes y las adolescentes, en virtud de su condición de persona en desarrollo, tienen los siguientes derechos y garantías, consagrados en los siguientes principios:

    ...

    4. Principio del respeto a la libertad corporal. A no ser privados de su libertad ilegalmente y a no ser limitados en el ejercicio de sus derechos, más allá de los fines ni por medios distintos de los que establece la presente Ley;

    ...

    7. Principio de la presunción de inocencia. A que se les presuma inocentes durante todo el tiempo que dure la investigación y el proceso, pues sólo la resolución que le pone fin al proceso puede establecer su responsabilidad en la comisión del hecho que se les imputa;

    ...

    10. Principio de la legalidad de la restricción de derechos. A que toda limitación o restricción de sus derechos sea ordenada sólo por las autoridades establecidas en la presente Ley;

    ..." (Subraya la Corte.)

    Hemos subrayado el numeral 4 por cuanto consideramos que, de los tres numerales citados en la declaratoria de nulidad del proceso penal de adolescentes, es el único que guarda relación con el cargo de infracción al debido proceso planteado por el amparista.

    En tal sentido, al haberse dictado medida cautelar de impedimento de salida del país, estamos en presencia de una "limitación en el ejercicio de los derechos", en este caso los de circulación y de residencia, de la adolescente F.W., consagrado en los numerales 2 y 3 del artículo 22 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ratificada por Panamá mediante Ley No. 15 de 28 de octubre de 1977 (G.O. 18,468 de 30 de noviembre de 1977):

    "ARTÍCULO 22. Derecho de Circulación y de Residencia

    ...

    2. Toda persona tiene derecho a salir libremente de cualquier país, inclusive del propio.

    3. El ejercicio de los derechos anteriores no puede ser restringido sino en virtud de una ley, en la medida indispensable en una sociedad democrática, para prevenir infracciones penales o para proteger la seguridad nacional, la seguridad o el orden públicos, la moral o la salud públicas o los derechos y libertades de los demás." (Subraya la Corte.)

    El derecho de circulación y residencia ha sido integrado al catálogo de derechos fundamentales del Estado panameño en virtud del artículo 4, y del párrafo segundo del artículo 17 de la Constitución.

    Así pues, para determinar si el impedimento de salida del país se atiene a los fines a que se refiere el numeral 4 del artículo 16 de la Ley No. 40 de 1999, es necesario incorporar a nuestro análisis el artículo 54 Lex cit., que sirve de fundamento para la adopción de dicha medida cautelar, prevista por el numeral 3 del artículo 55 de la misma excerta legal:

    "ARTÍCULO 54. Supuestos y propósitos. Las medidas cautelares sólo proceden cuando concurren determinados supuestos y en atención a propósitos específicos. El funcionario que instruye la investigación deberá constatar la comisión de un hecho punible, estar en posesión de graves indicios sobre la responsabilidad del adolescente o de la adolescente contra quien se decreta la medida y contar con información suficiente que justifique la adopción de la medida.

    Los propósitos que justifican la adopción de una medida cautelar son los siguientes:

    1. Proteger a la víctima, al denunciante o al testigo;

    2. Asegurar las pruebas; o

    3. Impedir la evasión de la acción de la justicia." (Subraya la Corte.)

    "ARTÍCULO 55. Clases. En los casos en que se produzcan los supuestos y haya la necesidad de adoptar una medida conforme a los propósitos definidos en el artículo anterior, el fiscal de adolescentes, o el juez penal de adolescentes, podrá ordenar de oficio la aplicación de alguna de las siguientes medidas cautelares:

    ...

    3. La prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad o ámbito territorial que fije el tribunal;..." (Subraya la Corte.)

    En su motivación de la declaratoria de nulidad del proceso penal de adolescentes, la juez de la causa conceptuó que "se advierte que la medida cautelar decretada carece de motivación y no logra explicar en qué consisten las exigencias cautelares que la justifican, es decir, cuáles eran los elementos que hacían inferir o suponer que la adolescente investigada evadiría la acción de la justicia, teniendo en cuenta que hasta ese momento no se había realizado gestión alguna por parte de la agencia instructora a fin de localizar a la citada adolescente."

    En tal sentido, observa el Pleno que, en apariencia, tal como indicó la autoridad demandada en los numerales 2, 5 y 6 de su informe de conducta, la medida cautelar de impedimento de salida del país impuesta por la F.ía no rebasó los fines establecidos por los numerales 1 y 3 del artículo 54 del RERPA.

    De hecho, dicha medida cautelar, prevista por el numeral 3 del artículo 55 de la misma excerta legal, es el medio idóneo para conseguir el fin previsto y responde al principio de proporcionalidad que debe regir los actos de autoridad que limiten derechos fundamentales (Cfr. Sentencia de 29 de junio de 2007). No se trata, por tanto, de una violación per se del derecho fundamental a la presunción de inocencia, consagrado en el artículo 22 de la Constitución, como erróneamente afirmó el amparista al interponer el incidente de controversia decidido en segunda instancia por el acto impugnado.

    Tampoco pareciera prima facie que dicha medida cautelar carezca de justificación, por cuanto que, como indica el acto impugnado en su parte motiva:

    ...en la resolución de fecha 12 de octubre de 2007, ... el F. inicia su escrito precisamente haciendo alusión a la comisión de un hecho punible consistente en lesiones personales en perjuicio de la señora L.E., emergiendo probable vinculación de la joven K.R.F.W., como consecuencia de una colisión acreditada mediante informe policivo de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre entre ambas personas, acreditándose las lesiones mediante informe de evaluación médico legal practica a la víctima (Fj. 10).

    ...

    En conclusión, se acreditó la materialización de un hecho punible, con los documentos remitidos al despacho que acreditan su ocurrencia (informe policivo); con la evaluación médico legal practicada a la víctima, así como la probable vinculación de la adolescente, quien incluso fuere mencionada por la ofendida en poder conferido al L.V.A. y que como ya hemos señalado mantiene vigencia en virtud del artículo 49 del RERPA, que permite la validación de las actuaciones judiciales realizadas en otros Despachos, máxime tratándose de la misma jurisdicción.

    Sin embargo, el solo argumento de la F.ía, en cuanto a que la medida cautelar no tenía como propósito establecer la calidad de imputada de la adolescente, sino evitar que el proceso resultara ilusorio para la ofendida, asegurando su comparecencia para promover la diligencia de conciliación (fs. 15-17 del antecedente), es violatorio del debido proceso y desnaturaliza un acto que es eminentemente voluntario, de conformidad con el artículo 69 del RERPA:

    "ARTÍCULO 69. Concepto, naturaleza y límites de la conciliación. La conciliación es un acto voluntario entre la persona ofendida o su representante y el adolescente o la adolescente. Los adolescentes y las adolescentes tendrán derecho a que sus padres, tutores o representantes los acompañen durante la audiencia de conciliación. Los adolescentes que hayan cumplido los dieciséis años tendrán derecho a que sus padres, tutores o representantes no se encuentren presentes durante la audiencia de conciliación.

    De esta manera, el Pleno estima probada la violación del derecho a la circulación y residencia, aducida por el amparista.

    5.3.Consideraciones finales

    Observa este tribunal de garantías que el interés superior del menor, el cual se encuentra consagrado en el artículo 3, numeral 1 de la Convención sobre Derechos del Niño, instrumento jurídico internacional ratificado mediante Ley No.5 de 1990 fue el que movió a la juez de la causa a decretar la nulidad del proceso y el archivo del expediente, intentando así dar cumplimiento a la obligación general prevista por el artículo 5 del RERPA, tal como quedó consignado en la motivación de dicha decisión:

    Es menester acotar que la Constitución Política y la Ley otorgan a los jueces la función de custodiar los derechos y garantías de los ciudadanos y en este caso a los jueces penales de adolescentes corresponde la debida salvaguarda de los derechos y garantías constitucionales y legales de los adolescentes entre los 14 y 18 años de edad no cumplidos, así como de otras personas comprendidas dentro del ámbito subjetivo de aplicación de la Ley 40 de 1999 y que se ven enfrentadas a un proceso penal.

    Ello no es una exigencia caprichosa, tiene como sustento filosófico, como sustrato ideológico, el asegurarle a todo ciudadano que va a vivir en un Estado respetuoso de esos derechos y garantías de las que es titular, es decir, que va a vivir en un Estado Democrático de Derecho y, aun en aquellos casos en los cuales la conducta perseguida sea grave, tiene el Juez que salvaguardar esos derechos y garantías.

    En el caso específico del proceso penal de adolescentes se debe además, salvaguardar el interés superior del adolescente, tal como lo establece la Convención de los Derechos del Niño (aprobada mediante Ley 15 de 6 de septiembre de 1999, en su artículo 3, y el artículo 5 de la Ley 40 de 26 de agosto de 1999, reformada por las Leyes 46 de 6 de junio de 2003, 48 de 30 de agosto de 2004 y 15 de 22 de mayo de 2007), pero no considerando éste como un concepto indeterminado, carente de contenido específico y, por tanto, permisivo de excesiva discrecionalidad en el juzgador, sino en su correcta y concreta interpretación como un principio garantista que implica la satisfacción integral de los derechos procesales y penales que el ordenamiento jurídico le reconoce, de manera que cuando ellos sean violentados no se ignore dicha situación ya sea porque se atiendan razones defensistas o resocializadoras radicales que sacrifiquen garantías mínimas que le corresponden y le deben ser reconocidas a él como le serían reconocidas a cualquier otro ciudadano.

    Por consiguiente, la decisión de la juez de la causa de declarar la nulidad del proceso penal de adolescentes y ordenar el archivo del expediente es, además, consistente con la obligación del Estado de garantizar el control de convencionalidad de los tratados internacionales de Derechos Humanos, conforme ha sido explicada por la Corte Interamericana:

    "En relación con la obligación general de adecuar la normativa interna a la Convención, la Corte ha afirmado en varias oportunidades que "[e]n el derecho de gentes, una norma consuetudinaria prescribe que un Estado que ha celebrado un convenio internacional, debe introducir en su derecho interno las modificaciones necesarias para asegurar la ejecución de las obligaciones asumidas". En la Convención Americana este principio es recogido en su artículo 2, que establece la obligación general de cada Estado Parte de adecuar su derecho interno a las disposiciones de la misma, para garantizar los derechos en ella reconocidos, lo cual implica que las medidas de derecho interno han de ser efectivas (principio de effet utile).

    La Corte ha interpretado que tal adecuación implica la adopción de medidas en dos vertientes, a saber: i) la supresión de las normas y prácticas de cualquier naturaleza que entrañen violación a las garantías previstas en la Convención o que desconozcan los derechos allí reconocidos u obstaculicen su ejercicio, y ii) la expedición de normas y el desarrollo de prácticas conducentes a la efectiva observancia de dichas garantías. Precisamente, respecto a la adopción de dichas medidas, es importante destacar que la defensa u observancia de los derechos humanos a la luz de los compromisos internacionales en cuanto a la labor de los operadores de justicia, debe realizarse a través de lo que se denomina "control de convencionalidad", según el cual cada juzgador debe velar por el efecto útil de los instrumentos internacionales, de manera que no quede mermado o anulado por la aplicación de normas o prácticas internas contrarias al objeto y fin del instrumento internacional o del estándar internacional de protección de los derechos humanos." (Caso H.P. vs. Panamá, Sentencia de 12 de agosto de 2008 (Excepciones Preliminares, Fondo, R. y Costas), párr. 180. Subraya la Corte.)

    Es por ello que, atendiendo igualmente al interés superior del menor, este tribunal de garantías estima necesario pronunciarse a favor de la pretensión del amparista.

    En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, Pleno, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONCEDE la Acción de Amparo de Garantías Constitucionales promovida por el Licenciado C.P.B., en nombre y representación del señor K.M.F.L., en representación de su hija adolescente K.R.F.W., contra la Resolución de 2 de julio de 2008, expedida por el Tribunal Superior de N. y Adolescencia.

    N. y Cúmplase,

    ABEL AUGUSTO ZAMORANO

    OYDÉN ORTEGA DURÁN -- JOSÉ EDUARDO AYU PRADO CANALS -- VICTOR L. BENAVIDES P. -- HERNÁN A. DE LEÓN BATISTA -- HARRY ALBERTO DÍAZ GONZÁLEZ -- LUIS RAMÓN FÁBREGA SÁNCHEZ -- JERÓNIMO MEJÍA E. -- HARLEY J. MITCHELL D.

    YANIXSA Y. YUEN C. (Secretaria General)

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR