Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Pleno), Pleno, 30 de Diciembre de 2015

Ponente:Hernán A. De León Batista
Fecha de Resolución:30 de Diciembre de 2015
Emisor:Pleno

VISTOS: Luego de conocidos los detalles en que se fundamentó el acto atacado, así como los argumentos en que se sustenta la acción de amparo presentada, procede esta Corporación de Justicia a resolver lo que en derecho corresponda. La presente iniciativa constitucional recae en el acto por el cual, el Director de Propiedad Horizontal del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT), resolvió "NEGAR la solicitud en la Queja Administrativa de presentar una marginal ante el Registro Público, girar oficio al Banco General para suspender cualquier trámite correspondiente a las cuentas del P.H. TORRES EL DORADO, por falta de competencia de la Dirección de Propiedad Horizontal del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial." Además, aclaró que es la Asamblea de Propietarios quien deberá tomar la decisión de quienes conformarán o no la Junta Directiva de P.H. TORRES EL DORADO y no la Dirección de Propiedad Horizontal. La decisión impugnada fue emitida dentro del Proceso Administrativo de Queja interpuesta por RAUL NAVARRO Y TEDOLINDA CEDEÑO DE NAVARRO ante la Dirección de Propiedad Horizontal del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT), contra P.B., quien ostenta el cargo de P. de la Junta Directiva del P.H. TORRES EL DORADO. En primer lugar, observamos que la situación jurídica que corresponde analizar consiste en lo medular en que, según los amparistas, el Director de Propiedad Horizontal del MIVIOT, violentó las garantías constitucionales contenidas en los artículo 32, 18 y 47 de la Constitución Nacional, al no tomar en cuenta su petición formal, pues nunca se refirió, en su parte resolutiva, respecto la ilegalidad y la suspensión de P.B. como P. de la Junta Directiva de la Asamblea de Propietarios del Edificio P.H. Torres El Dorado. De acuerdo con los amparistas, la Dirección de Propiedad Horizontal del MIVIOT, negó la inscripción de una marginal en el Registro Público y un oficio al Banco General, solicitudes que se hicieron para el inicio del proceso como medidas cautelares. Agregan que de conformidad con el artículo 164 de la ley 38 de 2000, la autoridad que decida un recurso debe resolver cuantas cuestiones se hayan planteado en el Proceso y que el acto impugnado no decidió sobre la solicitud que se encuentra en el libelo de la demanda. Asimismo, los amparistas son del criterio que según el artículo 475 del Código Judicial, el Juzgador debe fallar en cuanto al punto controvertido que, en este caso, es la ilegalidad y suspensión del P. por violación a la Ley. Observamos, entonces, que la queja presentada por los amparistas ante la Dirección de Propiedad Horizontal del MIVIOT, contra el señor P.B., se refieren a la legalidad de éste último en el cargo de P. de la Junta Directiva de la Asamblea de Propietarios del P.H. Torres El Dorado, alegando que el mismo no es propietario de ningún inmueble en el Edificio. Al confrontar esta conducta con la situación fáctica corroborada, vemos que los hechos que sustentan la queja presentada, tienen por objeto la remoción del señor P.B., como P. de la Junta Directiva de la Asamblea de Propietarios del P.H. Torres El Dorado, aunado a la solicitud de medidas cautelares consistentes en la inscripción de una marginal en el Registro Público indicando la suspensión del señor B., como P. de la Junta Directiva y la remisión de un oficio al Banco General para suspender cualquier trámite correspondiente al manejo de la cuenta de la Asamblea de Propietarios. Ahora bien, frente a lo expuesto, es importante resaltar que de conformidad con el artículo 56 de la Ley 31 de 18 de junio de 2010 (Que establece el Régimen de Propiedad Horizontal), "Los miembros de la Junta Directiva de que trata el artículo anterior serán de libre nombramiento y remoción de la Asamblea de Propietarios, mediante el voto de, por lo menos, 51% de la totalidad de los propietarios." (subraya y resalta el Pleno) Asimismo, el artículo 83 de la mencionada Ley 31 de 2010, señala que "El Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial, a través de la Dirección de Propiedad Horizontal, conocerá de todos los trámites relativos al Régimen de Propiedad Horizontal y tendrá entre sus funciones las siguientes: 1.Acoger y resolver las solicitudes para la constitución del Régimen de Propiedad Horizontal sobre una o varias fincas. 2.Revisar y aprobar los Reglamentos de Copropiedad de las fincas a incorporar al Régimen de Propiedad Horizontal y sus respectivas reformas, conforme a los requisitos establecidos 3.Absolver consultas técnicas y legales, verbales y escritas, relativas al Régimen de Propiedad Horizontal, y emitir las certificaciones correspondientes. 4.Servir de instancia de orientación y conciliación ante los conflictos que se pudieran presentar entre propietarios, no menor de 20% de la totalidad o la Junta Directiva o el Administrador de unidades inmobiliarias incorporadas al Régimen de Propiedad Horizontal, siempre que los peticionarios demuestren estar al día en sus pagos de los gastos comunes, salvo que se trate de violaciones a esta Ley o al Reglamento de Copropiedad. 5.Requerir a la Junta Directiva o a la Administración, inscrita en el Registro Público, el informe sobre su gestión, por solicitud del 20% de los propietarios que se encuentren al día con sus pagos de los gastos comunes de las unidades inmobiliarias o proyectos incorporados al Régimen de Propiedad Horizontal. 6.Calificar la validez de las sesiones, actas y resoluciones de la Asamblea de Propietarios y de la Junta Directiva de conformidad con lo establecido en la presente Ley y el Reglamento de Copropiedad 7.Conocer y resolver las quejas en relación con las decisiones de la Asamblea de Propietarios, Junta Directiva y Administrador, a fin de que se cumpla con esta Ley y el Reglamento 8.Emitir las resoluciones aprobando o no la desafectación del Régimen de Propiedad Horizontal. 9.Velar por el cumplimiento de la presente Ley. 10. Sancionar, cuando así lo estime procedente, a quienes incumplan las disposiciones de esta Ley o de los Reglamentos respectivos. Las sanciones que se establezcan tendrán un mínimo de cincuenta balboas (B/.50.00) y un máximo de mil balboas (B/.1,000.00). El Órgano Ejecutivo reglamentará esta materia. 11. Cualquiera otra que le confiera esta Le y su reglamentación. La competencia que se le adscribe al Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial para el conocimiento de las situaciones descritas en el presente artículo es sin perjuicio de lo que señala el Código Judicial en materia de jurisdicción y competencia. Sobre el particular, como bien se advierte del contenido de las normas citadas y como le fue expuesto a los amparistas en la Resolución impugnada, la Dirección de Propiedad Horizontal carece de competencia para efectos de ordenar la inscripción de una marginal en el Registro Público o para oficiar a una entidad bancaria con referencia a algún trámite realizado por parte de quien, para ese entonces, ostentaba la representación legal de la Asamblea de Propietarios del P.H Torres El Dorado, así como tampoco para ordenar la remoción o escogencia de un miembro de la Junta Directiva, pues dicha facultad está reservada exclusivamente a la Asamblea de Propietarios en la forma y en los términos fijados en la Ley y el Reglamento respectivo. Adicionalmente, cabe señalar que según el artículo 84 de la citada Ley 31 de 2010, "Todas las controversias relativas al Régimen de Propiedad Horizontal, salvo las excepciones establecidas en esta Ley, serán de competencia de la jurisdicción ordinaria, según las reglas de competencia que establece el Código Judicial." De igual forma, el artículo 85 de la dicha Ley señala que "los casos relacionados con esta Ley que deban ser ventilados en la jurisdicción ordinaria se ajustarán a los trámites del proceso sumario..." Dentro de este contexto, cabe anotar que la competencia en lo judicial es la facultad de administrar justicia en determinadas causas, tal como lo dispone el artículo 234 del Código Judicial y se fija por razón del territorio, la naturaleza del asunto, por su cuantía o por la calidad de las partes según el artículo 235 ibídem. Así las cosas, para el caso que nos ocupa (tratándose de actos administrativos), la competencia en razón de la naturaleza del asunto o materia se refiere a las actividades o tareas que legítimamente puede desempeñar el órgano, entidad, autoridad o institución, es decir, al objeto de los actos y a las situaciones de hecho ante las que puede dictarlos. Por consiguiente, de acceder a la pretensión de los quejosos (ahora amparistas) el Director de Propiedad Horizontal del MIVIOT, estaría incurriendo en la adopción de decisiones que sólo podían ser dictadas por la Asamblea de Propietarios (respecto a la remoción o escogencia del P. de la Junta Directiva) y a la jurisdicción ordinaria (respecto a las medidas cautelares solicitadas). Es decir, el acto pudiese estar viciado de incompetencia en razón de la materia. Dado que el debido proceso legal es una garantía constitucional de orden instrumental, en virtud de la cual debe asegurarse a las partes en todo proceso legalmente establecido, la oportunidad razonable de ser oídas por un tribunal competente, de pronunciarse respecto de las pretensiones y manifestaciones de la parte contraria, de aportar pruebas lícitas relacionadas con el objeto del proceso, de contradecir las aportadas por la contraparte, y de hacer uso de los medios de impugnación consagrados por la ley contra resoluciones judiciales, de tal manera que las personas puedan defender efectivamente sus derechos, y estas garantías no fueron desconocidas a los señores R.N. y TEODOLINDA CEDEÑO DE NAVARRO, este Tribunal debe denegar las pretensiones de los amparistas. Ello es así, toda vez que las alegaciones hechas por los activadores constitucionales respecto a las pretensiones contenidas en su queja, carecen de respaldo jurídico pues no se fundamentan en ninguna norma de carácter legal que le otorgue competencia a la Dirección de Propiedad Horizontal para resolver las mismas. Esta Corporación de Justicia, luego del estudio de las constancias procesales habidas en el expediente, difiere de los criterios externados por los amparistas, al considerar que se han conculcado las garantías contenidas en los artículos 32, 18 y 47 de la Constitución Nacional, por cuanto no se evidencia infracción de ninguna de las garantías contentivas del debido proceso, del incumplimiento o extralimitación en las funciones del Director de Propiedad Horizontal, ni mucho menos afectación de los bienes o propiedad de los amparistas. En consecuencia, no habiéndose advertido por parte del Pleno arbitrariedad alguna en la actuación del funcionario demandado, por las razones que se han dejado expuestas, debe desestimarse la pretensión constitucional de la parte accionante y, en su lugar, denegarse la petición de revocatoria de la resolución demandada. En virtud de las consideraciones expuestas, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CONCEDE la Acción de Amparo de Garantías Constitucionales propuesta por el licenciado D.Z.R. en representación de R.N. y TEODOLINDA CEDEÑO DE NAVARRO contra la Resolución P.H. No.12-15 de 25 de mayo de 2015, dictada por la Dirección de Propiedad Horizontal del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial Notifíquese, HERNÁN A. DE LEÓN BATISTA HARRY ALBERTO DÍAZ GONZÁLEZ- LUIS RAMÓN FÁBREGA SÁNCHEZ JERÓNIMO MEJÍA E.- HARLEY J. MITCHELL D. ABEL AUGUSTO ZAMORANO- OYDÉN ORTEGA DURÁN JOSÉ EDUARDO AYU PRADO CANALS- NELLY CEDEÑO DE PAREDES YANIXSA Y. YUEN C. (Secretaria General)