Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Pleno), Pleno, 6 de Febrero de 2018

Ponente:Angela Russo de Cedeño
Fecha de Resolución: 6 de Febrero de 2018
Emisor:Pleno
 

VISTOS:

Conoce el Pleno de la Corte Suprema de Justicia la acción de hábeas corpus remitida por el Tribunal de Apelaciones del Primer Distrito Judicial, propuesta por el licenciado A.R.S. a favor de R.L.O.L. contra el D. General del Sistema Penitenciario.

ANTECEDENTES

PRIMERO

El licenciado A.R.S. procurador judicial de R.L.O.L. para el día 20 de septiembre de 2017, presentó ante la Primera Oficina Judicial de Panamá, Acción de Hábeas Corpus a favor de su representado y en contra del Juzgado Decimotercero de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de la Provincia de Panamá.

El día miércoles 20 de septiembre de 2017, ante el Tribunal de Apelaciones del Primer Distrito Judicial, se llevó a cabo audiencia de Hábeas Corpus a favor del señor R.L.O.L. dentro del proceso que se le siguió por el delito contra la libertad individual (secuestro), en perjuicio de C.J.P.. En ese acto de audiencia el Licenciado A.R.S. sustenta la presente acción constitucional en los siguientes términos:

Al señor R.L.O.L. se le siguió un proceso en la República de Panamá en el Juzgado Décimo Tercero de lo Penal del Primer Circuito Judicial de la Provincia de Panamá, por un delito contra la libertad individual. La audiencia preliminar le fue notificada por correo certificado, en tanto que la audiencia de fondo le fue notificada mientras se encontraba detenido en Colombia pendiente de una extradición solicitada tanto por Panamá como por Los Estados Unidos de América. En la audiencia ordinaria realizada en el Juzgado Decimotercero de lo Penal del Primer Circuito Judicial de la Provincia de Panamá, el abogado defensor advirtió a la Juez de la causa que el señor R.O. estaba siendo enjuiciado en los Estado Unidos de América, por los mismos hechos, y por tanto se estaba cometiendo un doble juzgamiento; a pesar de lo señalado la Juez dictó la sentencia condenatoria N° 4 del 1 de septiembre de 2011, mediante la cual se le impuso a R.L.O.L. la pena de 12 años de prisión como autor del delito de secuestro en detrimento de C.P.S..

Señala el abogado defensor que el artículo 21 de la Constitución de la República de Panamá, establece los requisitos para ordenar la detención de una persona, entre ellos especificó, que dicha detención debe realizarse de acuerdo a las formalidades establecidas en la Ley. En este punto señaló que su representado fue juzgado en ausencia; que el señor R.O. no estuvo presente en Panamá para rendir indagatoria en el despacho instructor, tampoco en la audiencia preliminar y mucho menos en la audiencia ordinaria, lo cual viola lo señalado en el artículo 14 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos que establece que el imputado debe estar presente al momento de su juzgamiento.

Considera el accionante que la Juez de instancia al tener conocimiento que el señor R.O. estaba detenido en otro país y que se le estaba juzgando por los mismos hechos, debió suspender la audiencia hasta tanto su representado pudiera estar presente, sin embargo, no lo hizo y continúo con la audiencia, dictando una sentencia condenatoria en contra del señor OROBIO LOBON.

Expuso que el numeral 2 del artículo 2575 del Código Judicial señala que, "para los efectos del artículo anterior se considera, además, como acto sin fundamento legal, la privación de la libertad de una persona a quien intenta juzgar más de una vez por las misma falta o delito".

Acotó que en la carpetilla consta que el señor R.O.L. fue condenado por un Tribunal de Los Estados Unidos de América; que en esa sentencia se hace alusión que a su defendido se le condenó a la pena de 60 meses de prisión; además se incorporó a la carpetilla, el proceso administrativo de extradición llevado a cabo en la República de Colombia a solicitud de Los Estados Unidos de América, por el secuestro del señor C.J.P., ya que la víctima es ciudadano norteamericano, quien al momento que se cometió el delito estaba en la República de Panamá.

Sostiene que la ilegalidad de la detención consiste en que la resolución que dicta la detención de su representado es emitida por el Juzgado Décimo Tercero de lo Penal del Primer Circuito de la Provincia de Panamá, que condenó a su representado por un delito, el cual ya había sido juzgado en otra jurisdicción. Acotó que en la sentencia dictada por el Tribunal de instancia se desatendió el contenido del artículo 14 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, que obliga a que los imputados estén presentes en el juicio; además se violenta el principio de doble juzgamiento ya que su defendido ya había sido juzgado y condenado en Los Estados Unidos de América por los mismos hechos por los cuales fue condenado en Panamá.

En base a lo anterior y acreditada la existencia de un doble juzgamiento en contra del señor R.L.O.L. solicita se declare ilegal la detención ordenada en contra de su representado y se ordene su inmediata libertad.

SEGUNDO

El Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito de Panamá le da la palabra al señor R.L.O.L., quien reafirma que fue extraditado de Colombia hacia Los Estados Unidos de América, donde fue condenado por un Tribunal de ese país a la pena de sesenta meses de prisión por el secuestro del señor C.J.P. ocurrido en la República de Panamá, pena que cumplió en un Centro Carcelario de Los Estados Unidos.

TERCERO

El Tribunal Superior de Apelaciones del Primer Distrito de Panamá al resolver la presente acción de hábeas corpus se inhibe de conocer la misma y lo remite ante esta corporación de justicia, al considerar que los hechos ocurrieron bajo el sistema penal inquisitivo y como la autoridad demandada es el D. del General del Sistema Penitenciario, el Libro IV del Código Judicial, que regula la acción de hábeas corpus señala que la autoridad competente para conocer de la presente acción es el Pleno de la Corte Suprema de Justicia.

SUSTANCIACIÓN

Mediante proveído de fecha de 27 de septiembre de dos mil diecisiete (2017), fue repartida y se admitió la presente Acción de Hábeas Corpus, de manera que ese mismo día, se procedió a solicitar el informe correspondiente a la Autoridad demandada.

Así, consta que mediante Nota N° 1527-DAL-DGSP de veintisiete (27) de septiembre de dos mil diecisiete (2017), la Autoridad demandada, D. General de Sistema Penitenciario, indicó a esta Superioridad lo siguiente:

El suscrito en su condición de D. General del Sistema Penitenciario no ha ordenado ni verbalmente ni por escrito, la detención del señor R.L.O.L., con cédula de identidad personal N° E-8-77501.

Los motivos o fundamentos son desconocidos, en virtud de que no ordenamos la detención del prenombrado.

Sí tenemos bajo nuestra custodia al señor R.L.O.L., con cédula de identidad personal N° E-8-77501, quien se encuentra detenido en el Centro Penitenciario La Joya desde el 22 de julio de 2016, por el delito de Secuestro en perjuicio de C.P.S., condenado a la pena de trece (13) (sic) años de prisión, en virtud de Sentencia Mixta Condenatoria N° 4 del 1 de septiembre de 2011, emitida por el Juzgado Decimotercero de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá.

CONSIDERACIONES DEL PLENO

La Acción de Hábeas Corpus tiene por objeto revisar si la detención de una persona ha sido proferida cumpliendo con las formalidades que prescribe la Constitución y la Ley, fundamentalmente, si la orden ha sido emitida por Autoridad competente, si consta por escrito, si se describen los hechos y circunstancias que acreditan tanto la ejecución de la conducta punible, como la vinculación de la persona cuya detención se ordena.

Estos requisitos están contendidos en el artículo 21 de la Constitución Nacional constituyéndose en un derecho que tiene la persona que se sienta agraviada o sienta que se han tomado medidas que atentan contra su libertad corporal, de interponer la Acción de Hábeas Corpus, para que sea revisada por parte de la Autoridad superior, la legalidad o ilegalidad de esa detención.

Previo a entrar a determinar si se dan los presupuestos legales para ordenar la detención del señor R.L.O.L., pasaremos a realizar un recuento de las piezas procesales que sustentan la presente acción de hábeas corpus.

Se aporta debidamente autenticada transcripción del acto de audiencia ordinaria N° 50 realizada el día 7 de julio de 2011, celebrada ante el Juzgado Decimotercero de lo Penal del Primer Circuito de la Provincia de Panamá, en la que se hizo constar que el señor R.L.O.L. no estaba presente en el acto de audiencia, pero se hizo énfasis que se encontraba debidamente notificado de dicho acto mediante carta de asistencia internacional (ver fs. 4 de la carpetilla).

En el acto de audiencia el Licenciado Carlos Fuentes, defensor técnico del señor R.L.O.L. señaló:

"Mi representado el señor R.L.O.L., mantiene dos causas por el mismo hecho, en dos lugares o jurisdicciones distintas, Panamá y Los Estados Unidos.

En su momento solicitamos al Tribunal, que a sabiendas de que el señor R.L.O., se encontraba privado de la libertad en Colombia pendiente de un proceso de extradición, se hicieron los requerimientos para traerlo a la causa, con la finalidad que rindiera sus descargos, ya que éramos conscientes de que esta situación se estaba dando y esto podría dar al traste con la nulidad, no solo de la causa que se le indilga al señor R.L.O.L., sino que a todo el proceso, ya que le está ventilando dos causas por el mismo hecho en dos lugares distintos, y lo anterior se encuentra acreditado en autos, consideramos que esto se merece un pronunciamiento por parte del Tribunal, en cuanto a la competencia de un doble juzgamiento dentro de la presente causa que podría añadir la nulidad procesal del presente proceso" (fs. 15 de la carpetilla).

De fojas 25 a 73 corre la Sentencia Mixta N° 04 del 1 de septiembre de 2011, mediante la cual el Juzgado Decimotercero de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, declaró penalmente responsable a R.L.O.L. y lo condenó a la pena de doce (12) años de prisión como autor del delito de secuestro en detrimento de C.J. PADRÓN.

En la sentencia se plasmó como antecedente:

"Primero: La encuesta penal inicia el día 4 de abril de 2008, con el informe de novedad confeccionado por las unidades de policía Valentía García y T.E. de la Dirección de Investigación Judicial de la División Contra el Libertad Individual, mediante la cual pone en conocimiento de las autoridades, que a la una de la tarde, se dio recepción de una llamada telefónica que informaba de la previsión de libertad del señor C.J.P., cubano de 66 años, por parte de unos sujetos en las inmediaciones del edificio Zeu, en Costa del Este, al momento que se movilizaba en su automóvil marca Toyota Land Cruser, color gris, con matrícula N° 427006" (fojas 26).

Entre uno de los fundamentos jurídicos expuesta en la Sentencia Condenatoria, en relación al doble juzgamiento se indicó:

"Con respecto al doble juzgamiento, debemos indicar que dentro del expediente no consta pieza procesal alguna que nos indique que a R.L.O.L., se le sigue en Estados Unidos un proceso similar al que tenemos dilucidado.

Aunado a ello, dicho planteamiento sobre el doble juzgamiento ya fue expuesto anteriormente en el acto de audiencia preliminar (v. fs. 4063-4064), siendo resuelta dicha petición en el auto de enjuiciamiento criminal N° 26 de 27 de mayo de 2010 ( v. fs. 4074), por lo que habiendo un pronunciamiento pór parte de la Juzgadora, este Tribunal procede a Rechazar de Plano la solicitud de doble juzgamiento" (fojas 44-45)

De fojas 82 a 114 es consultable copias debidamente autenticadas y apostilladas por el Departamento de Estado, Estado de New York; de la sentencia y transcripción de co-acusado del proceso criminal "Los Estados Unidos de América vs. R.O.L..

Se estableció en la sentencia dictada el día 8 de agosto de 2012, que el señor R.O.L. se declaró culpable de los cargos: Conspiración para involucrarse en toma de rehenes; toma de rehén (fs. 92).

En la audiencia celebrada el día 8 de agosto de 2012, en la Corte Distrital de Los Estados Unidos, Distrito Sur de Nueva York, el señor L.O.L. al dirigirse a la Corte expresó:

"Buenas tardes su Señoría. Primero que todo, quiero agradecerle por permitirme decir unas cuantas palabras. Principalmente, quiero disculparme ante la familia del señor PADRÓN y ante el señor PADRÓN específicamente, porque después de todo este tiempo en que he estado aquí, conozco muy bien el dolor y sufrimiento por el que una familia pasaría cuando tomamos este tipo de decisiones.

Y tan sólo quiero pedirle a D. que tal vez él o ellos y sus familias ahora hayan recuperado la paz y tranquilidad que les fueron arrebatadas ese día. Y sólo quiero pedirle a usted muy respetuosamente que, de acuerdo con el crimen que cometí, reciba yo una sentencia justa" (fojas 112).

Al dictar la Sentencia el Juez de Distrito Hon. J.S.R. señaló:

"Entonces creo que ya he indicado porque, incluso después de tomar en cuenta todos los factores bajo la Sección 3553 (a), una sustancial reducción es apropiada en este caso.

Así que la sentencia de la Corte, es que el defendido es sentenciado a 60 meses de prisión, para que corran concurrentemente por los cargos uno y dos. Como es altamente factible que el defendido sea deportado con posterioridad a la misma, no se impondrá ningún plazo de liberación supervisado.

Además, no se impondrá ninguna multa en razón al momento sustancial de restitución, el cual por supuesto, es poco factible que sea pagado, pero estoy obligado a imponer, que es una restitución de 3 millones de dólares. También hay una evaluación especial de $ 200.00, que es obligatorio y debe ser pagada.

Al dictar la presente sentencia, la Corte asume que, si fuera requerida cooperación adicional por parte del defendido, el defendido continuará cumpliendo con las condiciones de su convenio de cooperación. Y esta es una condición de la Sentencia" (fojas 113).

De fojas 116 a 212 es consultable, debidamente apostillada por el Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de Colombia, copias del proceso de extradición seguido al señor R.L.O.L. solicitado por el Departamento de Estado de Los Estados Unidos de América dentro de la investigación por el secuestro de un ciudadano estadounidense en el exterior.

Entre los hechos establecidos para fundamentar la solicitud de extradición por parte del Departamento de Estado de Los Estados Unidos se indicó:

"13. En la acusación formal de reemplazo, se imputa al acusado el cargo de concierto, a sabiendas e intencionalmente, desde abril de 2008 hasta febrero de 2009, para tomar como rehén a un ciudadano estadounidense en Panamá, manteniéndolo en cautiverio cerca de la frontera colombo-panameña y comunicarse con sus parientes en Los Estados Unidos para pedir dinero de rescate..." (fs.165-166).

Se incorpora a la solicitud de extradición la declaración jurada del Agente del F.B.I., C.M.C., quien expone como antecedentes de la investigación lo siguiente:

"El 4 de abril de 2008, una víctima estadounidense, que residía y trabajaba en Panamá, fue secuestrada por fuerzas asociadas al Frente 57 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Las FARC) con la ayuda de O.L. y de algunos oficiales de la policía corrupta de Panamá. Poco después del secuestro, me enteré de que algunos agentes especiales de la Administración para el Control de Drogas, que trabajaban en otra investigación del Frente 57, interceptaron lícitamente varias conversaciones telefónicas en las cuales miembros del Frente 57 hablaron sobre el secuestro y la víctima estadounidense.

Las pruebas contra el acusado y sus coacusados (en adelante llamados colectivamente "los acusados" incluyen, sin carácter limitativo, intercepciones judiciales autorizadas de conversaciones por teléfonos usados por los acusados para realizar sus actividades, llamadas sobre rescates grabadas licita y consensualmente por familiares de la víctima, pruebas físicas, fotografías y las declaraciones de testigos cooperadores, el testimonio de la víctima estadounidense y de sus familiares, y otras pruebas.

La investigación ha revelado que el 4 de abril de 2008, o alrededores de esa fecha, en las cercanías de Costa del Este, Panamá, O.L. y otros cómplices, incluso varios oficiales de la policía panameña, secuestraron a C.J. PADRÓN por recate en nombre del Frente 57 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias en Colombia (FARC). Padrón es ciudadano de Los Estados Unidos y hombre de negocios residente en Panamá en esa época. El Frente 57 de las FARC opera alrededor de la frontera Colombiana con Panamá, en la provincia de panameña de Darién y el Departamento de colombiano de Chocó. Apoya sus actividades terroristas y de las FARC, entre otras cosas, por medio de la toma de rehenes.

Específicamente, las pruebas que indican que el secuestro fue originalmente planeado e iniciado por O.L., un cómplice delictivo del Frente 57 que sirvió de intermediario de este último en el secuestro. A comienzos de febrero de 2008, O.L. abordó a una persona (CC-1) en relación con un posible objetivo de secuestro en Panamá, OROBIO LOBON solicita a CC-1 se comunicara con el Frente 57 para obtener fondos para el secuestro y el pago de los oficiales de policía panameños que lo ayudarían. CC-1 así lo hizo y suministraron a O.L. un total de $ 35,000.00.

Con el nombre de "Tachuela", O.L. consiguió luego a un oficial de policía panameño que, a su vez, consiguió a otros oficiales de policía para ayudar en la operación de parada del tráfico donde se aprehendió al Padrón. El 4 de abril de 2008, los oficiales seguidos de cerca por O.L., realizaron una operación de parada del tráfico para detener a PADRÓN. Después de una breve interacción con los oficiales, unos hombres del auto móvil de O.L. hicieron entrar por la fuerza a PADRÓN al automóvil de este último en el que se lo llevaron. A PADRÓN lo llevaron luego a la selva de la frontera de Colombia Panamá donde fue detenido por el Frente 57. En los diez meses siguientes, varios representantes de la FARC hicieron docenas de llamadas a la familia de Padrón a Miami, Florida, para exigir el pago de rescate a cambio de su libertad. El hijo de Padrón viajó a Panamá a entregar el dinero del rescate. Una vez en Panamá, uno de los coacusados de O.L. le proporcionó al hijo de PADRÓN las coordenadas geográficas de un lugar dentro de Panamá. El 20 de febrero de 2009, o alrededores de esa fecha, el hijo de Padrón alquiló un helicóptero y pidió al piloto que se dirigiera a las coordenadas previamente citadas. En el sitio de las coordenadas, el hijo de Padrón lanzó el dinero desde el helicóptero y regresó a la ciudad de Panamá. Padrón fue liberado el 23 de febrero de 2009" (fojas 189-192).

Se incorpora copia autenticada de la declaración jurada rendida por el señor C.J.P.S. el día 3 de abril de 2009, ante la Fiscalía Especializada en Crimen Organizado, en la que indicó:

"El día 4 de abril de 2008, era alrededor de las 12:00 P.M., salí del edificio TORRE SEUS, con el objeto de buscar mi almuerzo, aproximadamente a una cuadra y media vi por el espejo retrovisor a un carro que entendí que era un patrulla de la Policía Nacional haciendo señales con las luces de la sirena para que me detuviera, me detuve se bajó uno de los policías y vino a mi ventanilla, me pidió mi licencia, después que la miro, me dijo que yo había cometido una infracción de tráfico, porque había salido del edificio por la parte izquierda, entonces él me dijo bájese y vaya donde la patrulla para que hable con el oficial, me bajé y fui hasta la patrulla por la parte de la acera y el otro policía que estaba en la patrulla ya se había bajado y estaba parado en la acera, entonces me pidió la cédula, pero en ese momento llega un carro civil como de color oscuro, no sé qué marca era, y se paró detrás del patrulla, de ese carro se bajaron cinco hombres vestidos de civil, el que lucía más fuerte, venía caminando adelante y ya traía las esposa en la mano y dijo "yo no quiero ver cédula nos tienes que acompañar a la base", y procedió a ponerme las esposas con las manos atrás y se sentó uno a cada lado mío y dos se sentaron adelante, supongo que en el carro civil quedaba otro porque uno de los que iba en mi vehículo hablaba con otros, el que me puso las esposas no se montó conmigo en el carro, ese lo volví a ver más adelante, de allí salieron diciendo que tenían que ir a la base, y hablaban como si estuviera hablando con un C. y le preguntaban donde querían que me llevarán. Ellos salieron de Costa del Este, tomaron corredor y después tomaron toda la Avenida Balboa, atravesaron la calle que sigue el Mercado de Marisco y dieron a la calle ancha que da al Puente de Las Américas, como yo sabía que las oficinas de la policía no estaban por esa área, allí me percate que era un secuestro...(fojas 226-227).

Sigue narrando el señor C.J.P.S.:

"... hasta que por fin llegamos a un lugar donde tenían una caleta hecha con techos de hilo de nailon, allí me pusieron un mosquitero y me dijo ese lugar es para usted y no debe irse a ninguna parte, allí todo fue una rutina, porque allí estuve como unos dos o tres días, hasta que llegó el negociador que se hacía llamar ALEXIS, era un hombre negro, fuerte, con muchas sortijas de oro y plata, amistoso y me dijo que ellos me habían traído, porque me habían estudiado, y que el estaba pensando en unos 22 millones de dólares y yo le respondí que no tenía donde sacar ese dinero, y luego me dijo que lo mínimo por lo que me iba era por 16 millones de dólares si no me quedaba allá...para el día 20 de febrero como a la 1:00 p.m., llegó el tal ALEXIS me dijo viejo usted es hombre libre... (fojas 230-231).

Expuestas las principales piezas procesales le corresponde al Pleno de la Corte decidir sobre la legalidad o no de la orden de detención dictada contra R.L.O.L., en los términos previstos en los artículos 2574 y 2575 del Código Judicial.

En este sentido el artículo 2574 del Código Judicial señala:

"Artículo 2474: Todo individuo detenido fuera de los casos y la forma que prescribe la Constitución y la ley, por cualquier acto que emane de las autoridades, funcionarios o corporaciones públicas del órgano o rama que fuera, tiene derecho a un mandamiento de Hábeas Corpus, a fin de comparecer inmediata y públicamente ante la justicia para que lo oiga y resuelva si es fundada tal detención o prisión y para que, en caso negativo, lo ponga en libertad y restituya así las cosas al estado anterior."

Por su parte el artículo 2575 del Código Judicial preceptúa:

Artículo 2575: Para los efectos del artículo anterior se consideran, además, como acto sin fundamento legal:

1. La detención de un individuo con merma de las garantías procesales previstas en el artículo 22 de la Constitución;

2. La privación de la libertad de una persona a quien intenta juzgar más de una vez por la misma falta o delito;

3. La detención de una persona por orden de una autoridad o funcionario carente de la facultad para ello;

4. La detención de una persona amparada por una ley de amnistía o por un decreto de indulto; y

5. El confinamiento, la deportación y la expatriación sin causa legal."

Aprecia el Tribunal Constitucional que la privación de libertad actualmente padecida por R.L.O.L., acontece en el marco de un proceso penal seguido en su contra, por la comisión del delito de secuestro, en virtud del cual se dictó la Sentencia Mixta N° 04 fechada 1 de septiembre de 2011, mediante la cual se declaró penalmente responsable a R.L.O.L. y lo condenó a la pena de doce (12) años como autor del delito de secuestro en perjuicio de C.J. PADRÓN.

Frente a este hecho el Licenciado A.R.S. sostiene que la detención ordenada en contra del señor R.L.O.L. es ilegal ya que no se cumplieron con las formalidades para su juzgamiento, por cuanto el señor R.O. no pudo rendir sus descargos ni estuvo presente en el proceso que se le siguió en Panamá, violentando así lo expuesto en el artículo 14 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos que establece que el imputado debe estar presente al momento de su juzgamiento. Agrega además, que dicha detención deviene en ilegal por su representado ya había sido juzgado en Los Estados Unidos de América por los mismos hechos y sentenciado a la pena de 60 meses de prisión, de tal forma que el juicio llevado en Panamá violenta la prohibición de doble juzgamiento.

La Corte observa que dentro de la presente acción constitucional, se invocan dos aspectos fundamentales, a saber; por un lado el hecho que a R.L.O.L. se le violentaron las garantías fundamentales ya que no fue juzgado conforme a los trámites legales, por cuanto todo el proceso penal se llevó en su ausencia; y por otro lado, se violó la prohibición constitucional que señala que nadie puede ser juzgado más de una vez por la misma causa penal, lo cual ocurrió en el presente caso ya que la Corte Distrital de Los Estados Unidos, Distrito de Nueva York, sentenció a 60 meses a OROBIO LOBON por los cargos de Conspiración para involucrarse en toma de rehenes y toma de rehén, cuya víctima fue C.P.; hechos estos que son los mismos por los cuales fue juzgado y condenado nuevamente en Panamá.

Sobre el primer aspecto planteado por el activador constitucional para considerar sin fundamento legal la orden de prisión dictada en contra su cliente, referente a que al señor O.L. no se le respetaron las garantías procesales; el Tribunal Constitucional advierte que en efecto se han conculcado las garantías procesales prevista en el artículo 22 de la Constitución Política, lo cual de acuerdo al numeral 1 del artículo 2575 del Código Judicial permite considerar la orden de prisión como un acto sin fundamento.

El artículo 22 de la Constitución Política de la República señala:

Artículo 22: Toda persona detenida debe ser informada inmediatamente y en forma que le sea comprensible, de las razones de su detención y de sus derechos constitucionales y legales correspondientes.

Las personas acusadas de haber cometido un delito tienen derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad en juicio público que le haya asegurado todas las garantías establecidas para su defensa. Quien sea detenido tendrá derecho, desde ese momento, a la asistencia de un abogado en las diligencias policiales y judiciales.

De la norma transcrita se puede señalar como formalidades previstas para considerar legal una orden de detención, que la misma haya sido emitida por escrito, por autoridad competente, conforme a las formalidades legales y por motivo previamente definido en la Ley; no obstante, frente a estas exigencias formales, agrega la norma constitucional garantías que se le deben respetar a la persona acusada para que la orden o privación de libertad sea considerada legal, como lo son: se respete la presunción de inocencia; el derecho a la celebración de un juicio público; se deben asegurar todas las garantías establecidas para su defensa, así como a la asistencia de un abogado en las diligencias policiales y judiciales, desde el preciso momento de su detención.

En esa línea de pensamiento, apreciamos que la detención de R.L.O.L. fue ordenada mediante resolución escrita, por la Juez Decimotercera de Circuito Penal del Primer Circuito Judicial de la Provincia de Panamá, juez natural del proceso penal seguido contra el prenombrado, por delito de secuestro, en perjuicio de C.J.P..

Ahora advierte el Tribunal Constitucional que al señor R.L.O.L. no se le garantizó un juicio con respecto a las garantías establecidas para ejercer su derecho a defensa, ya que del análisis de las principales piezas procesales acopiada a la presente acción de hábeas corpus es evidente que el señor R.L.O.L. no se encontraba en nuestro país en las diferentes etapas procesales que conllevó la instrucción del proceso por el delito de secuestro cometido en perjuicio del señor C.J.P.S., es decir; al momento que se llevaba a cabo la instrucción del sumario, cuando se dio la fase intermedia o de calificación y al momento de celebrarse la audiencia de fondo; todo lo cual permite concluir que se juzgó en ausencia al señor O.L., lo cual violenta garantías fundamentales, como lo es el derecho de defensa procesal.

En este sentido la Corte Interamericana de Derechos Humanos entiende como derecho de defensa procesal lo siguiente:

"Derecho de defensa procesal, consiste en: el derecho de toda persona a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley en la sustanciación de cualquier acusación penal en su contra o para la determinación de sus derechos de carácter civil, laboral, fiscal u otro cualquiera".

Dentro de este derecho de defensa procesal está el derecho a ser oído por un juez o tribunal competente, el cual tiene como finalidad que la persona acusada tenga acceso al juez que lo va a procesar a efecto que pueda dirigirse de manera personal y realizarle peticiones o exponerle su versión respecto al hecho por el cual está siendo juzgado.

En este sentido la Corte Interamericana de los Derechos Humanos al resolver el caso B.D. y otros Vs. Uruguay, mediante sentencia del 13 de octubre de 2011, expuso en relación al derecho a ser oído por un tribunal lo siguiente:

"120. El Tribunal ha desarrollado el derecho a ser oído protegido en el artículo 8.1 de la Convención, en el sentido general de comprender el derecho de toda persona a tener acceso al tribunal u órgano estatal encargado de determinar sus derechos y obligaciones, el cual en cierto tipo de procesos debe ejercerse de manera oral. Asimismo, al pronunciarse sobre la observancia de las garantías del debido proceso en la investigación de violaciones de derechos humanos, la Corte ha indicado que implica el deber estatal de garantizar que las víctimas o sus familiares tengan "amplias posibilidades de ser oídos" "en todas las etapas de los respectivos procesos, [de manera que] puedan formular sus pretensiones y presentar elementos probatorios y que éstos sean analizados de forma completa y seria por las autoridades antes de que se resuelva sobre hechos, responsabilidades, penas y reparaciones".

122. El examen requerido en el presente caso amerita que la Corte precise el alcance del derecho a ser oído establecido en el artículo 8.1 de la Convención Americana. Ese derecho implica, por un lado, un ámbito formal y procesal de asegurar el acceso al órgano competente para que determine el derecho que se reclama en apego a las debidas garantías procesales (tales como la presentación de alegatos y la aportación de prueba). Por otra parte, ese derecho abarca un ámbito de protección material que implica que el Estado garantice que la decisión que se produzca a través del procedimiento satisfaga el fin para el cual fue concebido. Esto último no significa que siempre deba ser acogido sino que se debe garantizar su capacidad para producir el resultado para el que fue concebido".

Verificada la documentación presentada advierte el Tribunal Constitucional que de fojas 116 a 212 es consultable copia de la solicitud de extradición del señor R.L.O.L. peticionada por el Departamento de Estado de Los Estados Unidos de América a la República de Colombia, dentro de la investigación que se le siguió en Los Estados Unidos de América al señor O.L. por el secuestro de un ciudadano estadounidense en el exterior. Esta solicitud fue formalizada por el Departamento de Estado de Los Estados Unidos de América el día 3 de junio de 2009; mediante Resolución N° 035 del 12 de marzo de 2010, el Ministerio del Interior y Justicia de la República de Colombia, CONCEDE la extradición del ciudadano colombiano R.L.O.L. y ORDENÓ su entrega al Estado requirente (fojas 196-201). Contra esta resolución se anunció recurso de reconsideración y una vez surtido el mismo el Ministerio del Interior y Justicia de la República de Colombia mediante resolución N° 136 del 26 de mayo de 2010, confirmó la Resolución Ejecutiva N° 035 del 12 de marzo de 2010, por medio de la cual se concedió la extradición del ciudadano colombiano R.L.O.L. (fojas 203-212).

Expuesto lo anterior el Tribunal Constitucional advierte que el señor R.L.O.L. no se encontraba físicamente en nuestro país al momento que se llevó a cabo la audiencia de calificación del sumario el día 20 de mayo de 2010, sino que estaba en la hermana República de Colombia a la espera de un proceso de extradición hacia Los Estados Unidos de América, por lo que no pudo ejercer su derecho a ser oído ante el Juez o Tribunal que conoció la presente causa.

Frente a este panorama no comprende esta Corporación de Justicia cómo el Tribunal de Instancia logró notificar al señor R.L.O.L. de la fecha de audiencia preliminar, ya que dicha notificación de acuerdo a lo establecido en el artículo 2301 del Código Judicial debe ser personal, tomando en cuenta y así ha quedado acreditado, que el prenombrado O.L. estaba en la República de Colombia; lo que evidencia sin mayores esfuerzos que el procesado R.L.O.L. no se encontraba notificado de dicho acto de audiencia, lo que impedía su comparecencia ante el Tribunal de la causa y por consiguiente no se observaron las garantías procesales previstas en el artículo 22 de la Constitución.

Llama poderosamente la atención del Tribunal Constitucional el hecho que a pesar que los abogados defensores del señor R.L.O.L. le advirtieron al Juzgado Decimotercero de Circuito Penal del Primer Circuito Judicial de la Provincia de Panamá, que su patrocinado se mantenía detenido en la República de Colombia, la Juez continuó con el procedimiento; cuando lo que correspondía en derecho era utilizar los conductos legales pertinentes para que el señor R.L.O.L. fuese traslado a nuestro país para que estuviera presente y así ejercer su derecho a defensa tal como lo garantiza nuestra constitución política, así como los convenios internaciones en materia de derechos humanos suscritos por Panamá.

Frente a este panorama la Corte advierte que ante una detención con merma de las garantías procesales previstas en el artículo 22 de la Constitución Política, se da uno de los presupuestos previstos en el artículo 2575 del Código Judicial para considerar como un acto sin fundamento la orden de prisión dictada por el Juzgado Decimotercero de Circuito Penal del Primer Circuito Judicial de la Provincia de Panamá, contra el señor R.L.O.L..

El segundo supuesto planteado por el licenciado A.R.S., para considerar ilegal la orden de detención dictada en contra de su representado, es el hecho de violarse la prohibición constitucional que nadie puede ser juzgado más de una vez por la misma causa penal, al considerar que la Corte Distrital de Los Estados Unidos, Distrito de Nueva York, sentenció a 60 meses de prisión a OROBIO LOBON por los cargos de Conspiración para involucrarse en toma de rehenes y toma de rehén, cuya víctima fue C.P., hechos estos que son los mismos por los cuales fue juzgado y condenado nuevamente en Panamá.

En este sentido observa esta Superioridad que el numeral 2 del artículo 2575 del Código Judicial determina como un acto sin fundamento legal para sustentar una orden de detención, cuando esa orden de privación de libertad se fundamenta sobre hechos que ya fueron juzgados.

El artículo 2575 del Código Judicial señala:

Artículo 2575: Para los efectos del artículo anterior se consideran, además, como acto sin fundamento legal:

1. ...;

2. La privación de la libertad de una persona a quien intenta juzgar más de una vez por la misma falta o delito;

3. ...;

4. ...; y

5. ...

El numeral dos de la referida norma hace referencia a la prohibición constitucional del doble juzgamiento contemplada en el artículo 32 que expresa: "nadie será juzgado..., y no más de una vez por la misma causa penal, administrativa, policiva o disciplinaria".

Esta prohibición está contemplada en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, específicamente en el numeral 7 del artículo 14 que preceptúa:

Artículo 14:

...

...

...

...

...

...

Nadie podrá ser juzgado ni sancionado por un delito por el cual haya sido ya condenado o absuelto por una sentencia firme de acuerdo con la ley y el procedimiento penal de cada país.

Por su parte la Convención Americana de los Derechos Humanos expresa en el numeral 4 del artículo 8 lo siguiente:

Artículo 8:

...

...

...

El inculpado absuelto por una sentencia firme no podrá ser sometido a nuevo juicio por los mismos hechos.

...

En relación a esta temática, nuestra jurisprudencia ha sido constante y sobre el particular ha señalado que son cuatro los presupuestos para que opere el principio de doble juzgamiento en la esfera penal. Estos son: la existencia de un proceso anterior, identidad de causa, identidad de sujetos, y la existencia de una condena, una sentencia absolutoria o un sobreseimiento definitivo a favor de los mismos sujetos. Para que se produzca el fenómeno de doble juzgamiento, deben concurrir todos los presupuestos de forma armónica. (Cfr. Sentencia de la Sala Penal de 17 de diciembre de 1998 y Sentencia del Pleno de la Corte Suprema de 19 de octubre de 2006).

El examen de los criterios enlistados en líneas superiores versus las constancias que informan el presente proceso penal, permiten colegir que nos encontramos ante una orden de prisión sin fundamento legal ya que el señor R.L.O.L. fue juzgado y sentenciado por la Corte Distrital de Los Estados Unidos, Distrito Sur de Nueva York, por el hecho de haber sido privado de libertad para el mes de abril de 2009.

En este sentido advierte esta Corporación de Justicia, que nos encontramos ante dos procesos fundamentados en los mismos hechos, pues la causa que se siguió en nuestro país hace referencia a la privación de libertad que sufrió el señor C. PADRÓN ciudadano norteamericano el día 4 de abril de 2008, en el Sector de Costa del Este; al igual que el proceso que se le siguió al señor R.O.L. en Los Estados Unidos de América, ante la Corte Distrital de Los Estados Unidos del Distrito Sur de Nueva York, una vez que fue extraditado hacia ese país proveniente de la República de Colombia; existiendo así identidad de causa (proceso penal) e identidad de sujetos (acusado R.O.L., víctima CECELIO PADRÓN).

Consta además que el señor R.O.L. estuvo detenido en Los Estados Unidos de América desde el día 10 de julio de 2010 (ver fojas 111), por el hecho investigado y mediante Sentencia del 8 de agosto de 2012 fue condenado a la pena de 60 meses de prisión que corrieron concurrentemente para los cargos de Conspiración para involucrarse en toma de rehenes y toma de rehén, cuya víctima fue PADRÓN (fojas 109-113).

Lo anterior permite a esta alta Corporación de Justicia llegar a la conclusión que la privación de libertad que sufre el señor R.L.O.L. en el presente caso deviene sin fundamento legal, ya que dicha orden de prisión se emite dentro de un proceso en el cual se ha juzgado al beneficiado de la presente acción a pesar que ya había sido procesado, juzgado, condenado y cumplió su sentencia por la misma causa, en Los Estados Unidos de América.

Es importante señalar que si bien esta Superioridad ha establecido que la acción de hábeas corpus no es la vía idónea para determinar si se ha dado un doble juzgamiento, lo cierto es que sí puede y debe entrar a considerar el tema de doble juzgamiento, con el único propósito de determinar si la detención es legal o no, ya que todo individuo detenido fuera de los casos y forma que prescribe la Constitución y la Ley debe ser puesto en libertad, mediante la acción de hábeas corpus.

Sobre el doble juzgamiento el Pleno de la Corte Suprema de Justicia en fallo 31 de julio de 2007, bajo la ponencia del Magistrado V.T.L., al resolver el recurso de apelación promovido contra la Sentencia de Primera Instancia Nº40 de 8 de junio de 2007, proferida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, dentro de la acción de Hábeas Corpus instaurada a favor de C.R. DE LA GUARDIA PLATA contra la Fiscalía Décima Tercera del Primer Circuito Judicial de Panamá, señaló:

"... debemos advertir que si bien es cierto la acción de Hábeas Corpus está instituida para verificar si la orden de detención fue proferida de acuerdo a las normas legales que la rigen, no hay que perder de vista que existen ciertos aspectos como los que se analizan en el caso que nos ocupa, que pueden conllevar a la indebida o ilegal decisión de imponer una medida cautelar de carácter personal. Es decir, que pueden concurrir una serie de circunstancias que pueden incidir en la legalidad de la orden que se profiere. Máxime cuando nuestra disposición procesal establece que uno de los presupuestos que puede dar lugar a que una decisión en este sentido sea ilegal, es que se pretenda detener o en este caso limitar la libertad ambulatoria, a una persona que se pretenda juzgar dos veces por un mismo hecho. Es por ello, que discrepamos en cierta medida con lo indicado por el Segundo Tribunal Superior de Justicia y en consecuencia, entramos a analizar ciertos aspectos que merecen nuestra consideración legal".

En otro fallo similar el Pleno de la Corte Suprema de Justicia mediante resolución del 28 de octubre de 2015, bajo la ponencia del Magistrado H.D., al resolver acción de Hábeas Corpus Preventivo presentada por la Licenciada J.S.B., a favor del señor R.R.C., contra la Fiscalía Cuarta Superior del Primer Distrito Judicial, indicó:

Bajo ese marco, el Pleno considera que la activadora constitucional busca que este Tribunal revise el proceso, en virtud de que alega que el trámite de solicitud de detención provisional contra su representado constituye una violación a la cosa juzgada material y a la prohibición constitucional de doble juzgamiento, ya que la Sentencia de 11 de septiembre de 2014, proferida por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia liberó de los cargos a RAMOS CAMARGO por los hechos ocurridos el día 14 de agosto de 2007; pronunciamiento que goza del carácter de definitivo, final y obligatorio y con rango de cosa juzgada material.

Reiterada jurisprudencia de este Tribunal ha señalado que la acción de hábeas corpus no es el mecanismo idóneo para resolver la pretensión del accionante, en el sentido que se declare que existía cosa juzgada o no dentro del proceso penal.

Frente a lo expuesto debemos aclarar que si bien el Tribunal de Hábeas Corpus no es competente para declarar en la parte resolutiva de un fallo que decide un hábeas corpus, que existe cosa juzgada dentro de un proceso penal, lo cierto es que sí puede y debe entrar a considerar el tema de la cosa juzgada, con el único propósito de determinar si la detención es legal o no, ya que todo individuo detenido fuera de los casos y forma que prescribe la Constitución y la Ley debe ser puesto en libertad, mediante la acción de hábeas corpus (Artículo 23 de la Constitución Política de la República), pues la detención que se decrete existiendo cosa juzgada deviene en ilegal al encontrarse al margen de lo permitido por las normas constitucionales y legales.

Expuesto lo anterior y realizado un análisis prolijo de cada una de las piezas procesales que conforman el presente cuadernillo el Tribunal Constitucional llega a la conclusión que la orden de detención que sufre el señor R.L.O.L. deviene de un acto sin fundamento legal ya que se dispuso con merma en las garantías procesales previstas en los artículos 22 y 23 de la Constitución Política de la República de Panamá.

PARTE RESOLUTIVA

En consecuencia, EL PLENO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, RESUELVE lo siguiente:

DECLARA ILEGAL la orden de Detención dictada contra el señor R.L.O.L. dictada por el Juzgado Decimotercero de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de la Provincia de Panamá.

ORDENA la inmediata libertad de R.L.O.L. siempre y cuando no tenga otra causa pendiente.

N.,

A.R.D.C..

A.A.Z.-.J.E.A.P.C. -- C. A. CEDALISE RIQUELME -- H.A.D.L.B.-.H.A.D.G.-.E.C.T.C.-.J.M.E.-.O.O.D..

YANIXSA Y. YUEN C. (Secretaria General)