Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Pleno), Pleno, 13 de Diciembre de 2017

Ponente:Cecilio A. Cedalise Riquelme
Fecha de Resolución:13 de Diciembre de 2017
Emisor:Pleno

VISTOS:

Conoce el P. de la Corte Suprema de Justicia Acción de H.C. interpuesta por el Licenciado A.G.B. a favor del señor A.E.P.D., contra la F.ía Segunda Especializada Contra la Delincuencia Organizada.

  1. La Acción de H.C.:

    El Licenciado A.G.B., presentó demanda de H.C. en favor del señor A.E.P.D., indicando que se le ha dictado detención preventiva a través de una resolución que sólo hace referencia a que su mandante hizo cinco (5) transferencias desde su cuenta en un banco de la localidad a una cuenta de la sociedad anónima denominada GIRBRA, S., que según averiguaciones es de propiedad de un exfuncionario público de la empresa PETROECUADOR, a saber A.F.B.. Añade, que en autos no existe ninguna prueba indiciaria que establezca que los fondos que mantenía tuvieran algún vínculo o nexo a los hechos o tipos penales que dan origen al blanqueo de capitales.

    Manifiesta en otro sentido, que su representado fue aprehendido el 14 de agosto por el personal de la F.ía, al momento que cumplía con la medida impuesta por los Magistrados de la Sala Penal, de reportarse los días lunes y viernes de cada semana, conforme a lo dispuesto en el acto de audiencia de formulación de extradición efectuado el día 27 de enero de 2017.

    Continúa expresando, que existe un doble juzgamiento porque la causa objeto de investigación contiene los mismos hechos motivadores de la investigación adelantada por las autoridades de Ecuador, y que son las que sirven de sustento al proceso de extradición que se adelanta en la Cancillería de la República de Panamá.

    En ese mismo sentido indica, que el F. Superior al momento de ordenar la ejecución de la orden de detención que profirió el 7 de julio, no tomó en consideración elementos importantes como que su representado fue condenado en la República de Ecuador por el delito que se investiga, aun cuando esa investigación se enmarque dentro de un tipo penal distinto; además, en Panamá se le adelanta un proceso de extradición a petición de la República de Ecuador.

    Manifiesta en esa línea, que en el presente caso la detención ordenada por el F. deviene en ilegal, toda vez que se vulneraron los artículos 32 y 17 de la Constitución Política; artículo 7, 8 y 25 de la Convención Americana de Derechos Humanos; y artículos 2574 y 2575 del Código Judicial.

    Finalmente solicita, se declare ilegal la detención ordenada mediante Resolución de fecha 7 de julio de 2017, emitida por la F.ía Segunda Especializada Contra la Delincuencia Organizada.

  2. Informe de la Autoridad Demandada:

    Librado el mandamiento, procedió el Agente de Instrucción a rendir el informe de rigor, de la siguiente manera:

    "PRIMERO: Sí se ordenó la detención preventiva de A.E.P. DOMADOR, mediante Resolución No. 5 de Medida Cautelar, de fecha 7 de julio de 2017.

SEGUNDO

Las razones de hecho y de derecho para ordenar la detención preventiva de A.E.P.D., se encuentran en la Resolución No. 5 de Medida Cautelar, de fecha 7 de julio de 2017, de la cual se adjunta, al presente oficio, en copia autenticada.

TERCERO

Que A.E.P.D., se encuentra detenido preventivamente en las instalaciones de la Dirección de Investigación Judicial de la Policía Nacional de Panamá, a órdenes de este Despacho. Sin embargo, en virtud del presente mandamiento de H.C., desde este momento el prenombrado está a disposición de Magistrado Sustanciador...".

  1. Antecedentes

    La encuesta penal tiene su génesis con la Resolución de fecha 21 de julio de 2016, por la Procuraduría General de la Nación, que remite la investigación al Despacho Especializado para adelantar las diligencias correspondientes. Dicha información guarda relación con la presunta realización de transacciones que activaron las alertas del sistema preventivo de los delitos de blanqueo de capitales y el financiamiento del terrorismo, específicamente, la cuenta corriente identificada con el número 01-202-018046 perteneciente a la sociedad GIRBRA, S., cuyo firmante es el señor A.F.B.P., de nacionalidad ecuatoriana.

    Se incorporaron al proceso reseñas noticiosas internacionales que dan a conocer la detención del ex director de la entidad estatal de la República de Ecuador, PETROECUADOR, A.F.B.P., por encontrarse vinculado a supuestos actos de corrupción y enriquecimiento injustificado. De igual modo, se relacionó al nombrado con una pluralidad de empresas de papel constituidas en la República de Panamá, en las cuales figuran sus familiares, agregándose que los mismos fueron beneficiados con contratos millonarios.

    De acuerdo a la información suministrada, entre las sociedades vinculadas se encuentran PIDMAG, S.; ESCART, S.; GIRBRA, S.; CAPAYA, S. y RGH INVESTMENT INC., las dos últimas constituidas el 18 de enero de 2013, con capital de B/.10,000.00. Se añade, que las sociedades en mención mantenían el mismo director y presidente, señor I.R.S., padrastro de A.B., quien se desempeñó como J. de Mantenimiento Zonal en Esmeraldas de la Corporación Eléctrica del Ecuador.

    Se indica que GIRBRA, S., fue creada el 3 de octubre de 2011, con un capital de B/. 10,000.00, cuyo presidente es el señor I.R.S. y el tesorero I. GUERRA CARRERA, quien funge como contratista de PETROECUADOR, a través de la empresa TOTALENERGY CIA. LTDA y donde figuró como secretaria JELICE HERRERA FERRÍN, consorte de A.B.P..

    Se destacaron actividades comerciales y se dejó consignado que 10 años antes, B.P., ingresó a PETROECUADOR, como Director del Programa de Rehabilitación de la Refinería Esmeraldas, posteriormente, se desempeñó como G. General Subrogante y G. de Logística y Abastecimiento. Se añade, que fue designado G. General de PETROECUADOR y 5 meses después, en abril de 2016, mientras El Portal de Ecuador anunciaba la publicación de la investigación, renunció alegando razones familiares. Además se agrega, que durante 8 años que estuvo al frente del proyecto de rehabilitación de la planta fue responsable de los contratos más cuantiosos y según documentos del registro Público de Panamá y de la Superintendencia de Compañías del Ecuador, es dueño junto a su esposa JELICE HERRERA, de 5 empresas en Panamá que no especifican con precisión qué actividad realizan y 3 en Ecuador, de nombre SERVBRAHE DEL ECUADOR, S., ESMECBRAH DEL ECUADOR y HESOMITE DEL ECUADOR, administradas por JELICE HERRERA y varios parientes de A.B.P..

    En ese mismo orden se destaca, que el nombrado A.B.P. fue el gestor de una serie de proyectos por sumas cuantiosas, los cuales no fueron adjudicados de forma regular, sino por régimen especial.

    Mediante Providencia fechada 26 de julio de 2016, se incorporó al proceso copias autenticadas de la solicitud de Asistencia Judicial Internacional N° 01-16, librada por la F.ía Provincial de Pichincha, República de Ecuador, y de la denuncia presentada en contra de A.B.P., ex director de PETROECUADOR, por el Ingeniero de P.P.M.P., en su calidad de G. General de la empresa pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR, relacionada con actos punibles en los cuales incurrió A.B.P., durante su gestión.

    Consta el Oficio No. FPP-FEAT-PTR-2016-003332-0 de fecha 24 de mayo de 2016, suscrito por F.B., Agente F. de la F.ía Provincial de Pichincha, donde hace referencia a las siguientes sociedades:

    1. RGH Investment Inc.,

    2. Capaya, S.,

    3. E., S.,

    4. PIDMG, S.,

    5. G., S.,

    6. A.I.L. y,

    7. J.I..

    A través de la Resolución fechada 28 de julio de 2016, se dispuso la aprehensión provisional de bienes, títulos, valores y cuentas bancarias de todo tipo en los que aparece como firmante o beneficiario el señor A.B.P., así como los activos de la sociedad GIRBRA, S., inscrita a Ficha No. 749012, Documento No. 2057302 de la Sección de Mercantil del registro Público de Panamá, por considerar que son productos derivados de la comisión del delito de blanqueo de capitales, relacionados con la corrupción de servidores públicos y enriquecimiento injustificado.

    Se cuenta con el estudio de las aperturas de cuentas (transacciones) de la sociedad GIRBRA, S., en bancos locales.

    Se cuenta con el estudio de las transferencias recibidas en la cuenta bancaria número 102030235 de GIRBRA, S., en HELM BANK (Panamá) S., donde se observa que A.E.P. DOMADOR, envió las siguientes transacciones:

    · Transferencia de US$ 100,000.00 el 23 de julio de 2015 (fs. 951).

    · Transferencia de US$ 100,000.00 el 29 de julio de 2015 (fs. 949).

    · Transferencia de US$ 100,000.00 el 20 de noviembre de 2015 (fs. 932).

    · Transferencia de US$ 95,000.00 el 30 de noviembre de 2015 (fs. 931).

    · Transferencia de US$ 100,000.00 el 10 de diciembre de 2015 (fs. 930).

    Consta el informe de indicios de responsabilidad penal suscrito por la Ingeniera M.G., Directora de Auditoría de Sectores Estratégicos de la Contraloría General del Estado de la República del Ecuador, quien entre sus conclusiones indica que "se determinó que los depósitos y acreditaciones en las cuentas de ahorro y corriente de los bancos Pichincha, Guayaquil y B. del señor A.B.P., su cónyuge e hijas menores de edad, adicionales a los ingresos remunerativos percibidos en la EP PETROECUADOR, no cuentan con documentación de respaldo que permitan determinar el origen de los fondos por 544 184,79 USD, en tal virtud se determina la existencia de indicios de Responsabilidad Penal".

    Se tiene el documento emitido por la Unidad Judicial Penal con sede en el Distrito Metropolitano de Quito y debidamente certificado por el D.J.M., Secretario Ad-Hoc de la F.ía de Delitos Contra la Administración Pública relacionado al penal proceso seguido a A.B.P., A.E.P. DOMADOR y otros.

  2. Consideración del P.:

    Después de un recorrido por los antecedentes que rodean la acción constitucional de H.C., se adentrará esta Corporación de Justicia a emitir su posición respecto a la decisión dispuesta por el Agente de Instrucción.

    Antes, vale mencionar que el H.C. segúnel D.C.H.C., en su Diccionario de Derecho Procesal, es la "Garantía constitucional extraordinaria destinada a tutelar el derecho de libertad personal contra detenciones o arrestos ejecutados contra cualquier persona fuera de los supuestos y formalidades exigidas por la ley". (CUESTAS G., C.. "Diccionario de Derecho Procesal Penal". Publicación de la Escuela Judicial, I.O., S., Panamá, 2000, pág. 36)

    El H.C. como instituto procesal constitucional es el remedio idóneo para defender el importante derecho a la libertad personal ambulatoria, la cual permite la disposición de los demás bienes reconocidos y amparados por nuestro ordenamiento jurídico, además por los Convenios y Tratados Internacionales ratificados como Ley de la República.

    En ese sentido tenemos, la Declaración Universal de Derechos Humanos, adoptada y proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en Resolución del 10 de diciembre de 1948, donde recomienda a los Estados el reconocimiento del derecho a hacer efectivo un recurso contra los actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución. De igual forma, la Convención Americana de Derechos Humanos, conocida como Pacto de San José, Costa Rica, en su artículo 7, ordinal 6, ratificada por Panamá a través de la Ley 15 del 28 de octubre de 1977 y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 9, inciso 4, aprobada mediante Ley 14 del 28 de octubre de 1976, reconoce el preciado derecho que tiene toda persona privada de su libertad de recurrir ante un tribunal competente a fin que a la brevedad posible se resuelva la legalidad de esa detención. Dicha normativa es del tenor siguiente:

    Artículo 7 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

    1. ...

    2. Toda persona privada de libertad tiene derecho a recurrir ante un juez o tribunal competente, a fin de que éste decida, sin demora, sobre la legalidad de su arresto o detención y ordene su libertad si el arresto o la detención fueran ilegales. En los Estados Partes cuyas leyes prevén que toda persona que se viera amenazada de ser privada de su libertad tiene derecho a recurrir a un juez o tribunal competente a fin de que éste decida sobre la legalidad de tal amenaza, dicho recurso no puede ser restringido ni abolido. Los recursos podrán interponerse por sí o por otra persona.

      Artículo 9 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.

    3. ...

    4. Toda persona que sea privada de libertad en virtud de detención o prisión tendrá derecho a recurrir ante un Tribunal, a fin que éste decida a la brevedad posible sobre la legalidad de su prisión y ordene su libertad si la prisión fuera ilegal.

      Lo arriba mencionado es acatado a través del artículo 4 de nuestra Constitución Política y, precisamente, la norma Constitucional rectora en este tipo de proceso es el artículo 21, el cual establece que "Nadie puede ser privado de su libertad, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente, expedido de acuerdo con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la Ley...".

      En la Constitución Política de la República de Panamá se pueden distinguir tres modalidades del H.C.:

      Artículo 23. Todo individuo detenido fuera de los casos y la forma que prescriben esta Constitución y la Ley, será puesto en libertad a petición suya o de otra persona, mediante la acción de hábeas corpus que podrá ser interpuesta inmediatamente después de la detención y sin consideración a la pena aplicable... H.C. Reparador

      ...El hábeas corpus también procederá cuando exista una amenaza real o cierta contra la libertad corporal... H.C. Preventivo

      ...cuando la forma o las condiciones de la detención o el lugar en donde se encuentra la persona pongan en peligro su integridad física, mental o moral o infrinja su derecho de defensa. H.C. Correctivo.

      Para los efectos técnicos de la presente acción, nos encontramos ante un H.C. Reparador, habida cuenta que existe una orden de detención y la misma se hizo efectiva, de acuerdo a lo indicado por el accionante y además por el Ministerio Público al momento de brindar respuesta al mandamiento que hiciese esta Corporación de Justicia.

      Ahora bien, al analizar la posición vertida por el accionante, observamos que para reclamar la viabilidad de la acción constitucional en favor del señor A.E.P.D., utiliza como argumento que la vinculación de su mandante no se encuentra acreditada y que únicamente se le relaciona por cinco (5) transferencias que se hicieron. Además agrega, que existe un doble juzgamiento porque el señor P.D., ya fue condenado en la República de Ecuador por los mismos hechos que ahora se investigan en Panamá.

      Antes de verificar lo arriba mencionado, advierte esta Corporación que en las acciones constitucionales de H.C. es estrictamente necesario adentrarnos en las formalidades legales que generaron la orden de detención.

      En los antecedentes que acompañan el cuadernillo, observamos que se cumplió con requisitos formales establecidos en la norma constitucional, es decir, la diligencia escrita, motivada y expedida por autoridad competente, la cual se consulta de foja 17792 a 17867 de los antecedentes, donde se dispuso la detención provisional del señor A.E.P.D., por la presunta comisión de un delito de blanqueo de capitales. Aunado, tal medida cautelar de carácter personal se encuentra consagrada en los artículos 2140 y 2152 del Código Judicial, normativa procesal vigente para la causa que ocupa nuestra atención.

      Tenemos en ese sentido, que para aplicar la detención provisional se debe confrontar los presupuestos contenidos en las mencionadas disposiciones, de las cuales se desprende que la medida cautelar procederá, cuando el delito tenga señalada una pena mínima de 4 años de prisión y exista prueba que acredite el delito y la vinculación del imputado a través de un medio probatorio que produzca certeza jurídica de ese acto y exista, además, posibilidad de fuga, desatención al proceso, peligro de destrucción de pruebas, o que pueda atentar contra la vida o salud de otra persona o contra sí mismo.

      Adentrándonos al caso concreto tenemos que, al señor A.E.P. DOMADOR se les sigue un proceso por un delito cuya posible pena a aplicar oscila entre cinco (5) a doce (12) años de prisión.

      En cuanto a la acreditación del hecho punible y a la vinculación que se tiene con éste, ambos a través de medios probatorios, se advierte que la acreditación del delito se encuentra satisfecha con los elementos de prueba mencionados en apartados precedentes y que guardan relación con la documentación suministrada por la República de Ecuador sobre una investigación realizada en ese país contra el señor A.B., quien fungía como gerente general de PETROECUADOR, por supuestos actos de corrupción y enriquecimiento injustificado, que además fueron multiplicados en nuestro país y que activaron las alertas del sistema preventivo de delitos de blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo.

      En ese orden, se logró descubrir que en Panamá se crearon sociedades que formaban parte de las presuntas actividades ilícitas y que de acuerdo a la información proporcionada y sustentada en documentación incorporada en autos, estas sociedades transferían y recibían grandes sumas de dinero producto de las supuestas conductas reprochables.

      Por su parte, respecto a la vinculación del señor A.E.P. DOMADOR con el supuesto hecho punible, se observan las siguientes piezas de convicción:

      Del estudio de las transferencias recibidas en la cuenta bancaria número 102030235 de GIRBRA, S., en HELM BANK (Panamá) S., se observa que A.E.P. DOMADOR, envió las siguientes transacciones:

      · Transferencia de US$ 100,000.00 el 23 de julio de 2015 (fs. 951).

      · Transferencia de US$ 100,000.00 el 29 de julio de 2015 (fs. 949).

      · Transferencia de US$ 100,000.00 el 20 de noviembre de 2015 (fs. 932).

      · Transferencia de US$ 95,000.00 el 30 de noviembre de 2015 (fs. 931).

      · Transferencia de US$ 100,000.00 el 10 de diciembre de 2015 (fs. 930).

      Además, consta el documento emitido por la Unidad Judicial Penal con sede en el Distrito Metropolitano de Quito y debidamente certificado por el D.J.M., Secretario Ad-Hoc de la F.ía de Delitos Contra la Administración Pública relacionado al penal proceso seguido a A.B.P., A.E.P. DOMADOR y otros

      En síntesis, se encuentra satisfecho el aspecto objetivo y subjetivo, y además la posible pena a imponer es superior al mínimo que exige la norma procesal, debiendo agregar que hasta el momento los elementos enunciados en párrafos que anteceden orientan a concluir que los hechos revisados dan lugar a suponer la posible vinculación del detenido en el supuesto ilícito, sin que ello represente una decisión anticipada del proceso, habida cuenta que es al juzgador quien le corresponde verificar el caudal probatorio y determinar si existe o no responsabilidad para con el hecho acaecido, máxime que una decisión del P. declarando legal una medida cautelar, no prohíbe que en el futuro se ensaye nuevamente presentar otro H.C., con nuevos elementos.

      Resulta oportuno además mencionar, que en este caso concurre un presupuesto importante que justifica tal medida cautelar, pues el señor A.E.P.D., de nacionalidad venezolana, no mantiene domicilio propiamente establecido en Panamá, particularidad que sumada a las anteriores, precisan un peligro de desatención.

      En cuanto a los aspectos argumentados por la profesional del derecho, esta Superioridad no desconoce aquellos, empero corresponde al Tribunal natural determinarlo en la etapa correspondiente.

      Siendo así, considera esta Superioridad que se han reunido los requisitos necesarios para decretar la detención provisional, atendiendo al principio de proporcionalidad, que reconoce que la medida debe ser proporcional a la naturaleza del hecho y a la posible sanción a aplicar.

      Ponderado lo anterior, sólo resta a esta Corporación de Justicia declarar legal la detención provisional decretada contra el señor A.E.P. DOMADOR.

  3. Parte Resolutiva:

    En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, P., administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARALEGAL la medida cautelar personal de detención provisional decretada contra el señor A.E.P. DOMADOR.

    N.,

    CECILIO A. CEDALISE RIQUELME

    HERNÁN A. DE LEÓN BATISTA -- HARRY ALBERTO DÍAZ GONZÁLEZ -- EFRÉN C. TELLO C -- JERÓNIMO MEJÍA E. -- OYDÉN ORTEGA DURÁN -- ANGELA RUSSO DE CEDEÑO -- ABEL AUGUSTO ZAMORANO -- ASUNCIÓN ALONSO MOJICA

    YANIXSA Y. YUEN C. (Secretaria General)