Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 7 de Diciembre de 2018

PonenteOydén Ortega Durán
Fecha de Resolución 7 de Diciembre de 2018
EmisorPleno

VISTOS:

Para conocimiento del Pleno de la Corte Suprema de Justicia ha ingresado la Acción de A. de G. Constitucionales presentada por el licenciado L.E.C.G. en nombre y representación del señor R.A.M.B., en contra de la decisión dictada en Audiencia Oral realizada el día 25 de junio de 2018 por el Magistrado J. de G., J.M., dentro de la Carpetilla No. 138-15, mediante la cual negó la petición de declinatoria de competencia solicitada por la defensa.

ALEGATOS DEL ACCIONANTE

En su memorial, el Accionante manifiesta básicamente que el 25 de junio de 2018, en la audiencia de fase intermedia realizada en la carpetilla 138-15, se puso en conocimiento del Magistrado J. de G., J.M., la renuncia formal presentada por su representado al cargo como Diputado del Parlamento Centroamericano, situación que, a juicio de la defensa, trae como consecuencia que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia pierda competencia para seguir conociendo de la causa seguida a R.M.B..

Agregó el Amparista que "A pesar de lo anterior el Magistrado J. de G., mediante Decisión fechada veinticinco (25) de junio de dos mil dieciocho (2018), dentro de la Carpetilla número 138-15, profirió negar la petición de declinatoria de competencia solicitada por la defensa, y dispuso mantener la competencia, decisión que afecta las garantías fundamentales y/o derechos humanos del señor M.B., quien es privado de ser juzgado por su JUEZ NATURAL, uno de los elementos integrantes del DEBIDO PROCESO."

Asimismo, el Accionante señaló que, "El Código Procesal Penal establece que la competencia de un juez para conocer en determinados procesos se fija: a. Por razón de territorio; b. Por la naturaleza del asunto; c. Por su cuantía; o d. Por la calidad de las partes, que fue el factor considerado para el inicio de la investigación seguida a R.M.B., por lo que al momento de perder la calidad de Diputado del Parlamento Centroamericano (PARLACEN), desaparece el factor que le asignó competencia al Magistrado J. de G.J.M., y el (sic) Pleno de la Corte Suprema de Justicia, siendo necesario entonces su declinatoria a las autoridades correspondientes." En ese sentido, advirtió que, el Acto atacado vulnera los artículos, 17, 20 y 32 de la Constitución Política, así como los artículos 8 y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

INTERVENCIÓN DE TERCERO

Dentro de la tramitación del presente A. de G. Constitucionales, presentó solicitud para ser admitido como tercero interviniente, el M.H.A.D., quien fue designado por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia como M.F. dentro de la carpetilla 138-15, en la cual se dictó la decisión de 25 de junio de 2018, recurrida en A..

Entre los hechos en que fundamenta su solicitud, el Tercero Interviniente señaló que la Acción de A. presentada cumple con los requisitos formales necesarios para su admisibilidad, ya que del libelo de Demanda se advierte una posible infracción del debido Proceso constitucional, circunstancia que, a su juicio, amerita que el Pleno se pronuncie y determine, si ante la renuncia presentada por el señor R.M.B. ante el Parlamento Centroamericano, esta Corporación de Justicia mantiene o pierde la competencia de la carpetilla No. 138-15.

POSICIÓN DE LA AUTORIDAD DEMANDADA

Una vez admitida la presente Acción de A., se solicitó a la Autoridad demandada el envío de la actuación o en su defecto, un informe sobre los hechos materia de la misma. En este sentido, el Magistrado J. de G.J.M., mediante Nota de 19 de octubre de 2018, remitió el informe solicitado por el Magistrado Sustanciador, indicando lo siguiente:

"...

...

  1. La pérdida de la condición de Diputado de la Asamblea Nacional o de Diputado del Parlamento Centroamericano (en adelante PARLACEN) por renuncia al cargo, no hace que la Corte Suprema de Justicia pierda competencia, cuando la renuncia ocurre después de haberse presentado una acusación.

    Todo el argumento del amparista se sustenta en el hecho de que la pérdida de la condición de Diputado del PARLACEN del señor R.A.M.B. por renuncia al cargo, produce a juicio, la pérdida de competencia de la Corte Suprema de Justicia para conocer el proceso penal que se sigue en su contra. Su planteamiento discurre de esta forma: si la Corte Suprema de Justicia es competente para conocer de los procesos penales contra los Diputados de la Asamblea Nacional y de los Diputados del PARLACEN, la pérdida del cargo de Diputado hace que la Corte pierda competencia.

    ...

    Es decir, la pérdida, cambio o prórroga de competencia no se determina con una ecuación como la que hace la defensa, que consiste en este silogismo: si un tribunal es competente por la calidad de la parte, cuando esa parte pierde la condición que le asignaba competencia a este tribunal, dicho tribunal pierde competencia. Ello simple y sencillamente no funciona así, Porque le corresponde a la Ley establecer y regular todo lo concerniente a la competencia. Por lo cual, cuando una parte ha perdido la condición que sirvió para asignarle competencia a un tribunal, es indispensable, fundamental y necesario mirar qué dice el ordenamiento jurídico sobre la materia y no hacer un silogismo que simple y sencillamente desconoce que la competencia y su regulación es un asunto de índole legal. Y no se silogismos.

    ...

    En nuestro ordenamiento jurídico, antes de la presentación de una acusación, no existe una competencia definitiva. Tan sólo existe una competencia provisional, que es la que le permite a la fiscalía investigar y a los jueces decidir las cuestiones que se le planteen durante la fase de investigación. La investigación es una fase que tiene el propósito de recoger u obtener los elementos de convicción que le permitan al fiscal preparar y presentar la acusación contra una persona (artículo 272 del Código Procesal Penal), en el evento de que dichos elementos de convicción acrediten el delito y la vinculación de esa persona como autora o partícipe del delito.

    Por ello, si durante la fase de investigación los elementos de convicción demuestran, por ejemplo, que el hecho no ocurrió o que la persona no lo cometió o que actuó en legítima defensa, el proceso no avanza a la etapa de juicio y termina con un sobreseimiento. Como se trata de una fase dinámica - la de investigación- también es posible que varíen las situaciones que existían cuando se inició. De ahí que sea perfectamente válido que si durante la fase de investigación una persona ha perdido la condición que le otorgaba competencia provisional al fiscal y a un tribunal, esa variación haga que ese fiscal o tribunal pierdan competencia y que, por tanto, se le envíe al fiscal competente la causa para que la fase de investigación continúe, pues aún no se ha ejercido la pretensión punitiva a través de la presentación de una acusación, que es lo que fija la competencia definitiva del Tribunal.

    Como la fase de investigación tiene el fin de preparar la acusación, esta última, es decir, la acusación, es la figura estelar para el ejercicio de la pretensión punitiva del Estado. Ella es la que contiene todos los elementos que han de concurrir para que se pueda obtener una sentencia condenatoria.

    ...

    ... Al delimitar la acusación el contenido sobre el cual debe recaer la sentencia, ello determina la competencia del Tribunal, pues le corresponde al Tribunal ante el cual se presentó la acusación dictar la sentencia respectiva.

    Lo expresado demuestra por qué una vez presentada la acusación se establece definitivamente la competencia del tribunal que ha de conocer el proceso, en el sentido de que la variación de la situación de hecho que existía al momento en que se ejerció el derecho que tiene el Estado de solicitar la condena de una persona a través de una acusación, no variará la competencia del tribunal ante el cual se presentó la acusación. La única manera que ello cambie, es si una norma expresamente permite el cambio de competencia, luego de haberse ejercido el respectivo derecho (artículo 233 del Código Judicial).

    ...

    Ello es así, además, porque cuando se ha terminado la fase de investigación y el fiscal presenta el escrito de acusación, la situación en este escenario es definitivamente diferente a la existente durante la fase de investigación, porque con ese acto-el de la presentación de la acusación-se ejerce el derecho que tiene el Estado para pretender sancionar a una persona, con fundamento en los elementos de convicción que, a juicio del acusador, le permiten acreditar, en un juicio, el delito, la vinculación de la persona como autora o partícipe y el grado de culpabilidad que tiene, todo lo cual sirve para la determinación del monto de la pena.

    El ejercicio de la pretensión punitiva- de la pretensión del ius puniendo- cierra la posibilidad de que los hechos se vuelvan a investigar- ya que no es viable ordenar ampliación de investigación alguna- y obliga al tribunal a que dicte una sentencia, condenatorio o absolutoria, con base en los hechos que sustentan la pretensión punitiva: la pretensión de que a la persona acusada se le imponga una sanción por ser autora o partícipe de los hechos delictivos que se le atribuyen.

    ...

    En este orden de ideas, el artículo 233 del Código Judicial establece que la jurisdicción y la competencia se fijan o determinan teniendo en cuenta el "estado de hecho existente en el momento de la presentación de la demanda o de ejercerse el derecho respectivo", lo que significa que el estado de hecho, es decir, la situación existente al momento en que se presenta la demanda o se ejerce el derecho respectivo, es lo que determina y fija la competencia del tribunal ante el cual se ejerció el derecho.

    Ello trae como consecuencia que si una persona ostentaba un cargo de Diputado -lo cual le otorga competencia a la Corte Suprema de Justicia- dicho tribunal adquirirá competencia definitiva cuando ante el mismo se ejercite el derecho respectivo contra esa persona, es decir, cuando contra dicho Diputado se presente una acusación, pues la acusación es el instrumento legal mediante el cual el Estado ejercita su pretensión de penar el ius puniendi. "

    ...

    Adicionalmente el artículo 244 del Código Judicial establece que "La prórroga de la competencia sólo puede concederse respecto de los procesos civiles", es decir, que el cambio de la competencia por voluntad de las partes (eso es lo que significa prorrogar la competencia) sólo tiene lugar en los procesos civiles. Lo que, a contrario sensu, significa que no existe prórroga de la competencia en materia penal, como efectivamente establece el artículo 31 del Código Procesal Penal al señalar que "La competencia es improrrogable" (es decir, que la competencia no se puede variar por la voluntad de las partes, pues sólo la ley es la que puede hacer variar la competencia).

    ...

    ... En efecto, si competencia prorrogable significa cambio del tribunal competente por voluntad de las partes, por competencia improrrogable ha de entenderse prohibición de cambio del tribunal competente por voluntad de las partes, lo que significa que por voluntad de las partes no se puede variar la competencia del tribunal penal, motivo por el cual el señor M. no puede variar la competencia que tiene la Corte Suprema de Justicia por su pura voluntad: concretada en la renuncia al cargo de Diputado del PARLACEN. Posición que es confirmada por el artículo 253 del Código Judicial que dispone que "La competencia por razón de la calidad de las partes solamente puede ser prorrogada por la ley", lo que revela que es la ley la única que puede hacer variar la competencia de un tribunal y no la voluntad de las partes. De ahí que por la voluntad del señor M. no se puede variar -prorrogar- la competencia de la Corte, es decir, no puede escoger otro tribunal, ni mucho menos pretender hacerlo cuando se ha presentado desde (sic) año 2015 una acusación en su contra. Adicionalmente, la ley no ha establecido ningún supuesto en el que la competencia definida en los términos del artículo 233 del Código Judicial, esto es, cuando se ha ejercido el respectivo derecho-el derecho de acusar que tiene el Estado a través de una acusación presentada por un M.F.-, puede variar. No existe ninguna disposición que diga que la competencia de la Corte pueda variar, una vez se ha presentado una acusación contra un Diputado.

    En ese sentido, la pérdida de la condición de Diputado no es lo que ha hecho que en los casos citados por el amparista y en los casos que ha conocido la jurisprudencia del Pleno, se decline competencia ante los jueces inferiores. Lo que ha permitido la declinatoria ha sido el hecho de que en ninguno de esos casos existía una acusación presentada contra el Diputado, motivo por el cual no se había establecido la competencia definitiva de la Corte, en los términos explicados anteriormente.

    ...

    Como quiera que ninguno de los precedentes citados contempla un supuesto similar al que se presenta en la carpetilla identificada con el número 138-15 con relación al señor R.A.M.B., quien al momento de la alegada renuncia a la condición de DIPUTADO DEL PARLAMENTO CENTROAMERICANO (PARLACEN) ya se encontraba acusado y el proceso radicado en la fase intermedia, tales precedentes no son aplicables al problema jurídico que se plantea y no permiten establecer la conclusión a la que arriba el amparista.

    ...

  2. El Pleno de la Corte Suprema de Justicia ya reconoció que tiene competencia genérica u objetiva para reconocer el proceso penal que se sigue contra el señor R.A.M.B.

    La competencia se clasifica en competencia genérica u objetiva y en competencia funcional. La competencia genérica u objetiva es la que nos dice de qué asuntos conoce un tribunal y se determina por razón de la pena (la gravedad del hecho), de la materia (como el habeas corpus, por ejemplo) o por la calidad de las personas o de las partes que intervienen en el proceso - por ser Diputado o Ministro, por ejemploB. La competencia funcional es la que se tiene dentro de un proceso y que se asigna a los diversos funcionarios que intervienen en ese proceso tomando en cuenta las distintas fases, etapas o instancias. Por esa razón, por ejemplo, hay jueces de primera instancia y jueces de segunda instancia, con diversas competencias dentro de un mismo proceso. Sin embargo, es necesario destacar que la competencia funcional sólo puede ejercerse si antes, en el caso concreto, existe competencia genérica u objetiva. En efecto, el juez de segunda instancia, que tiene competencia, por ejemplo, para decidir un recurso que se ha interpuesto contra una decisión del juez de primera instancia, solamente puede decidir dicho recurso si en el caso concreto existe competencia genérica u objetiva, pues de lo contrario tendría que inhibirse. Lo mismo ocurre con el Pleno de la Corte Suprema de Justicia cuando conoce un recurso de apelación contra una decisión del Magistrado de G.: el Pleno solamente lo puede decir, si en el caso bajo examen existe competencia genérica u objetiva.

    ...

    En este orden de ideas, cuando un tribunal con competencia funcional para conocer de un asunto, materia o recurso, toma decisiones sobre lo que se le ha pedido o planteado, dicho tribunal está reconociendo que en ese casoexiste competencia genérica u objetiva, y que no ha encontrado ninguna razón para inhibirse de conocer el asunto, pues de haberla encontrado hubiese dictado un fallo inhibitorio.

    En el proceso penal que se sigue contra R.A.M.B., el Pleno de la Corte Suprema de Justicia ha proferido decisiones en ejercicio de su competencia funcional que implican y reconocen, sin lugar a dudas, que existe competencia genérica u objetiva para que el proceso penal que se sigue contra dicho señor se adelante en la Corte Suprema de Justicia. De lo contrario, se hubiese inhibido, porque ningún tribunal puede ejercer competencia funcional dentro de un proceso en el que no exista competencia genérica u objetiva.

    ...

    Lo expresado demuestra que el presente amparo no tiene sentido, pues el Pleno de la Corte, cada vez que, sin haberse inhibido de conocer sobre los temas planteados por la defensa, ha decidido sus peticiones y recursos, ha reconocido que la Corte Suprema de Justicia tiene competencia genérica u objetiva para conocer el proceso penal que se sigue contra el señor M.B..

    ...

    Por todas las razones anteriormente expuestas, se concluye que la decisión recurrida es un acto motivado. Fundado en derecho, y no vulnera los artículos 17, 20 y 32 de la Constitución Nacional, ni ningún derecho humano ni fundamental del amparista."

    CONSIDERACIONES y DECISIÓN DEL PLENO

    Expuestos así los argumentos centrales del Amparista, del Tercero Interviniente y de la Autoridad demandada, le corresponde a este Tribunal Constitucional de A. verificar si, en efecto, tal cual lo afirma el Accionante, el Magistrado J. de G., al emitir su decisión en la Audiencia Oral de 25 de junio de 2018 (carpetilla No. 138-15), de negar la petición de declinatoria de competencia, vulneró normas constitucionales, específicamente los artículos 17, 20 y 32 de la Constitución Política de la República de Panamá.

    Es importante indicar, que al Pleno de la Corte, como Tribunal Constitucional, le corresponde, a través de la figura de A. de G. Constitucionales, asegurar el estricto respeto de los derechos fundamentales que le asisten a toda persona para el desarrollo de un Proceso sin dilaciones injustificadas, con oportunidad razonable de ser oída por Tribunal competente, independiente e imparcial, de aportar pruebas y contradecir las aportadas por la contraparte, por medio de los Recursos establecidos por la ley, de manera que puedan defender efectivamente sus derechos, conforme lo preceptúa el artículo 32 de la Constitución Nacional.

    Según el autor uruguayo M.R.F., el debido Proceso, "lo que busca es lograr un proceso limpio y justo, que permita tomar la decisión correcta y minimizar las privaciones de derechos decididas por error o sin considerar ciertos aspectos", El numeral 1. del artículo 8. Del Pacto de San José de 1969 (Convención Americana sobre Derechos Humanos), expresa lo siguiente:

    "Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter".

    Para M.R.F., esta norma abarca cualquier Proceso, señalando que, "todo sujeto tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad" y que, "el Pacto de San José exige, además, la comunicación previa y detallada al inculpado de la acusación formulada". (RISSO FERRAND, M., "El Debido Proceso en la Constitución Uruguaya", A. de Derecho Constitucional Latinoamericano, 2011, Fundación Konrad Adenauder stiftung, pág. 121).

    Observa esta Corporación de Justicia que el Acto impugnado se emitió dentro del marco de un Proceso penal seguido al señor R.M.B. por la presunta comisión de los delitos contra la inviolabilidad del secreto, el derecho a la intimidad, entre otros, hechos querellados por los señores M.D., M.A.B., B.H.A., R.R.B. y otros.

    En virtud de dicho Proceso, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia mediante Resolución de 8 de junio de 2015, adscribió competencia y asumió el conocimiento del mismo, dada la calidad funcional del señor R.M.B., pues ostentaba el cargo de Diputado del Parlamento Centroamericano, competencia que se determinó atendiendo a las reglas establecidas en los artículos 39 y 487 del Código Procesal Penal.

    El día 25 de junio de 2018, se celebró audiencia dentro de la Carpetilla identificada con el número 138-15, en la cual el abogado defensor del señor R.M.B. solicitó la declinatoria de competencia para conocer del Proceso penal seguido en contra de su representado, en virtud que el mismo perdió la calidad de Diputado al presentar su renuncia al Parlamento Centroamericano. Luego de habérsele corrido traslado a las partes de dicha solicitud, el Magistrado J. de G. decidió lo siguiente: "niega la pretensión o petición de declinatoria de competencia solicitada por la defensa y declara que mantiene, retiene y no pierde ni perderá competencia ni este magistrado ni el Pleno de la Corte Suprema de Justicia por una pérdida del cargo de Diputado".

    Ahora bien, al entrar a examinar los hechos en que se fundamenta la Demanda de A., el Pleno advierte que la pretensión del Amparista consiste en que se conceda la presente Acción de A. promovida contra la decisión de 25 de junio de 2018, mediante la cual se negó la petición de declinatoria de competencia solicitada por la defensa del señor R.M.B., ya que considera que una vez se puso en conocimiento del Magistrado J. de G. de su formal renuncia al cargo de Diputado del Parlamento Centroamericano, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia perdía la competencia para seguir conociendo del Proceso, en razón que "al momento de perder la calidad de Diputado del Parlamento Centroamericano (PARLACEN), desaparece el factor que le asignó competencia al Magistrado J. de G., J.M.."

    La negativa por parte del Magistrado J. de G., de declinar a la esfera ordinaria la causa seguida a R.M.B. bajo el número 138-15, por haber perdido la calidad de Diputado del Parlamento Centroamericano, es catalogada por el Activador Constitucional como una actuación que va en contra de los derechos y garantías tutelados por la Constitución Política de Panamá en su artículo 32 , respecto a que la causa sea conocida y decidida por tribunales competentes, en los artículos 17 y 20 de la Carta Fundamental, así como de los artículos 8 y 24 de la Convención Americana de Derechos Humanos sobre el derecho a un J. Natural y la igualdad que tiene toda persona ante la Ley.

    Por su parte, el funcionario demandado dentro de la Acción Constitucional presentada contra la decisión dictada en Audiencia oral de 25 de junio de 2018 emitida por su Despacho, indicó entre otras que, "el artículo 233 del Código Judicial establece que la jurisdicción y la competencia se fijan o determinan teniendo en cuenta el "estado de hecho existente en el momento de la presentación de la demanda o de ejercerse el derecho respectivo", lo que significa que el estado de hecho, es decir, la situación existente al momento en que se presenta la demanda o se ejerce el derecho respectivo, es lo que determina y fija la competencia del tribunal ante el cual se ejerció el derecho. Ello trae como consecuencia que si una persona ostentaba un cargo de Diputado lo cual le otorga competencia a la Corte Suprema de Justicia -dicho tribunal adquirirá competencia definitiva cuando ante el mismo se ejercite el derecho respectivo contra esa persona, es decir, cuando contra dicho Diputado se presente una acusación, pues la acusación es el instrumento legal mediante el cual el Estado ejercita su pretensión de penar el ius puniendi. "

    Agregó la Autoridad demandada que, "el artículo 244 del Código Judicial establece que "La prórroga de la competencia sólo puede concederse respecto de los procesos civiles", es decir, que el cambio de la competencia por voluntad de las partes (eso es lo que significa prorrogar la competencia) sólo tiene lugar en los procesos civiles. Lo que, a contrario sensu, significa que no existe prórroga de la competencia en materia penal, como efectivamente establece el artículo 31 del Código Procesal Penal al señalar que "La competencia es improrrogable" (es decir, que la competencia no se puede variar por la voluntad de las partes, pues sólo la ley es la que puede hacer variar la competencia)... De ahí que por la voluntad del señor M. no se puede variar -prorrogar- la competencia de la Corte, es decir, no puede escoger otro tribunal, ni mucho menos pretender hacerlo cuando se ha presentado desde (sic) año 2015 una acusación en su contra. Adicionalmente, la ley no ha establecido ningún supuesto en el que la competencia definida en los términos del artículo 233 del Código Judicial, esto es, cuando se ha ejercido el respectivo derecho-el derecho de acusar que tiene el Estado a través de una acusación presentada por un M.F.-, puede variar. No existe ninguna disposición que diga que la competencia de la Corte pueda variar, una vez se ha presentado una acusación contra un Diputado".

    A juicio del funcionario demandado, no existe una competencia definitiva antes de la presentación de la Acusación, toda vez que considera que la competencia solo puede variar durante la fase de investigación ya que aún no se había ejercido la pretensión punitiva a través de la presentación de la Acusación. De allí que considera que una vez presentada la Acusación se establece definitivamente la competencia del tribunal que conocerá del Proceso. Indica que una vez el fiscal cierra la fase de investigación y presenta el escrito de Acusación la situación cambia porque con la presentación de la Acusación se ejerce el derecho que tiene el Estado de sancionar a una persona con fundamento en los elementos de convicción que le permitan acreditar un delito y la vinculación de una persona a dicho delito. Manifiesta que el ejercicio de la pretensión del "ius puniendi" cierra la posibilidad que los hechos se vuelvan a investigar y obliga al tribunal a que dicte una sentencia ya sea condenatoria o absolutoria.

    Finalmente, concluye la Autoridad demandada que la decisión recurrida es un acto motivado, fundado en derecho y no vulnera los artículos 17, 20 y 32 de la Constitución Nacional, ni ningún derecho humano ni fundamental del Amparista.

    Ahora bien, lo que procede determinar es si existe o no infracción alguna de los Derechos fundamentales que establece la Constitución. En este sentido, se hace necesario establecer si ha habido infracción al Debido Proceso o no, por parte del Magistrado J. de G., J.M., en relación con la decisión tomada en Audiencia celebrada el día 25 de junio de 2018.

    El Pleno de la Corte ha sostenido que el principio del debido Proceso está integrado, entre otros, por el derecho a ser juzgado por Autoridad competente, el derecho a ser juzgado conforme los trámites legales y el derecho a no ser juzgado más de una vez por la misma causa.

    Como se advierte, lo alegado por el Amparista, evidentemente, gira en torno al derecho a ser juzgado por Autoridad competente, lo cual guarda estricta relación con la competencia de quienes administran justicia, es decir, la Autoridad judicial a la que corresponde conocer y decidir determinada Causa, entendiéndose que existe la prohibición de procesamiento o juzgamiento por tribunales o jueces que no poseen tal competencia para dilucidar el caso.

    Al respecto, el Código Procesal Penal al distribuir la competencia de materias entre los distintos Tribunales reconoce que ella puede fijarse dependiendo de alguno de los siguientes factores:a. Por razón del territorio.b. Por la pena.c. Por factores de conexidad y d- Por la calidad de las partes (Cfr. art.31 C.P.P.).

    En este orden de ideas, es preciso señalar que mediante Acto Legislativo N° 1 de 27 de julio de 2004 se aumentaron las atribuciones constitucionales a la Corte Suprema de Justicia en cuanto a la investigación y juzgamiento de los miembros de la Asamblea Nacional de Diputados, en los artículos 155 y 206 numeral tercero de nuestra Constitución Nacional, los cuales transcribimos a continuación:

    Artículo 155: Los miembros de la AsambleaNacional podrán ser investigados y procesados por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, por la presunta comisión de algún acto delictivo o policivo

    ...

    "Artículo 206: La Corte Suprema de Justicia tendrá entre sus atribuciones constitucionales y legales, las siguientes:

    1. Investigar y procesar a los Diputados. Para efectos de la investigación, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia comisionará a un agente de instrucción.

      ..."

      En ese mismo sentido, la Ley N° 63 de 28 de agosto de 2008, "Que adopta el Código Procesal Penal", en el artículo 39 señala lo siguiente:

      "Artículo 39. Competencia del Pleno de la Corte Suprema. La Corte Suprema de Justicia será competente para conocer, en Pleno, de los siguientes negocios Penales:

    2. De los procesos penales y medidas cautelares contra los Diputados, el Procurador General de la Nación, el Procurador General de la Administración, los Ministros de Estado, los Magistrados del Tribunal Electoral o el Contralor General de la República, o de los cometidos en cualquier época por personas que, al tiempo de su juzgamiento, ejerzan alguno de estos cargos." (Resaltado por el Pleno)

      Resulta necesario manifestar lo dispuesto por la Ley No. 55 de 21 de septiembre de 2012, "Que modifica y adiciona artículos al Código Procesal Penal, relativos a los Procesos contra los miembros de la Asamblea Nacional", que entró en vigencia el primero (1°) de noviembre de 2012. Por su parte, el artículo 487 del Código Procesal Penal modificado por la Ley 55 de 2012, mantiene la competencia en el Pleno de esta Máxima Corporación de Justicia para investigar y procesar los actos delictivos y policivos seguidos contra los Diputados principales o suplentes de la Asamblea Nacional y del Parlamento Centroamericano.

      No está demás mencionar que antes que se aprobara la Ley N° 63 de 28 de agosto de 2008, el procedimiento de los juicios penales ante la Corte Suprema de Justicia estaban contenidos en el Capítulo IV, Título IX del Libro III del Código Judicial y la competencia de esta Corporación de Justicia estaba incluida en el artículo 2495-A de ese texto legal, el cual fue adicionado por el artículo 1 de la Ley 25 de 5 de julio de 2006 que dejaba claramente establecido "que corresponde al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, la investigación y el procesamiento de los actos delictivos y policivos seguidos contra un Diputado Principal o Suplente".

      Cabe señalar que la mencionada norma era consecuente con lo dispuesto en el numeral 2, literal b del artículo 86 del Código Judicial, el cual se encuentra vigente y es del siguiente tenor:

      "Artículo 86. Al Pleno de la Corte Suprema de Justicia le están privativamente atribuidas las siguientes funciones:

    3. A. al procedimiento señalado para cada caso:

      ...b. De las causas por delitos comunes o faltas cometidas por los Ministros de Estado, el Procurador General de la Nación, el Procurador de la Administración, los Miembros de la Asamblea Legislativa, los Comandantes y Miembros del Estado Mayor de la Fuerza Pública, el Contralor General de la República y los Magistrados del Tribunal Electoral, o cometidos en cualquier época por persona que al tiempo de su juzgamiento ejerza alguno de los cargos mencionados en este literal;c. ... " ( el Resaltado es del Pleno).

      Del análisis de las normas constitucionales y legales anteriormente citadas, este Tribunal Constitucional puede colegir que, al Pleno de la Corte Suprema de Justicia se le atribuye la competencia para conocer los Actos delictivos o policivos en los que se encuentre vinculado un Diputado de la Asamblea Nacional o del Parlamento Centroamericano, es decir, es la calidad de las partes el factor que determina la competencia de la Corte Suprema de Justicia para conocer de este tipo de Procesos.

      De igual manera, de las normas citadas se desprende un factor de competencia de naturaleza privativa al Pleno de la Corte Suprema de Justicia por razón de la condición de funcionario público, competencia que se limita o cobra vigencia solo en aquellos casos en que al tiempo del juzgamiento ostente uno de los cargos a que se refiere la Constitución y la Ley.

      Con relación a este tema, el catedrático A.F.R., en su obra "Derecho Procesal Penal Panameño. D.S.I. al Sistema Acusatorio," manifiesta lo siguiente:

      "Ahora bien, esta competencia por la calidad de la persona imputada está sujeta a dos condiciones, que serían al hecho que la competencia de esa autoridad superior o de mayor jerarquía se inicia y mantiene solo por el tiempo que la persona ocupa el cargo de la prerrogativa y por la otra que solo se aplica en caso de que la persona que tiene la prerrogativa sea el imputado, no cuando es víctima de un delito o cuando sea el denunciante de un hecho delictivo. Este aspecto merece algún comentario, pues debemos explicar que una persona natural que cometió un delito cuando no ocupaba un cargo de mando y jurisdicción y luego adquiere ese cargo por designación o por elección, como es el caso de los diputados, entonces conlleva la variación de la competencia de ese proceso, por lo que el J. que lo tenga en trámite deberá declararse no competente; y aquella persona que comete el delito cuando ocupaba el cargo y cuya competencia para juzgarlo sea en razón del mismo, variaría la competencia si la persona pierde o deja de ocupar el cargo que le daba la prerrogativa". (FUENTES RODRÌGUEZ, A.A.. Derecho Procesal Penal Panameño. D.S.I. al Sistema Acusatorio. 3ª Edición, S.E.S.A., Bogotá, Colombia 2016, pàg.249-250). (Destaca el Pleno)

      De lo subrayado podemos colegir que si la persona o funcionario comete el delito ocupando determinado cargo y por alguna razón deja de ostentarlo, la competencia para investigarlo o juzgarlo se cambiaría o perdería, pues la competencia de la Autoridad que mantiene el Proceso es solo por el tiempo que la persona ostenta el cargo que le otorgaba la prerrogativa.

      Ahora bien, en el presente caso donde es investigado el Diputado del Parlamento Centroamericano, el señor R.M.B., la Ley ha establecido una prerrogativa especial para valorar jurídicamente su conducta en atención a su investidura. Lo anterior resulta como consecuencia de la competencia privativa establecida "por la calidad de las partes", atendiendo las reglas básicas de determinación de la competencia consignadas en el artículo 39 del Código Procesal Penal. En ese sentido, debemos indicar que el Secretario de Asuntos Parlamentarios del Parlamento Centroamericano, A.J.B.S., mediante Nota de 5 de julio de 2018, certificó que R.M.B. a partir del día 27 de junio de 2018, no ostentaba la calidad de Diputado Centroamericano por la República de Panamá ante el Parlamento Centroamericano, en virtud de la renuncia efectuada el 21 de junio de 2018 (fs. 22 del cuadernillo de A. No. 683-18). Por tanto, si bien se presentó la documentación de la renuncia según la formalidad del Parlamento Centroamericano, lo cierto es que también se acompañó la nota de 21 de junio de 2018, suscrita por el señor R.M.B., dirigida al Presidente del Parlamento Centroamericano, en la que comunica su renuncia como Diputado del Parlamento Centroamericano. Con base en lo anterior, el Pleno de la Corte Suprema Justicia, como explicaremos más adelante, perdió la competencia para investigar y juzgar al ex diputado del Parlamento Centroamericano, señor R.M.B..

      Resulta útil indicar, que el Magistrado J. de Garantía fundamentó la negación de declinatoria de competencia en el artículo 233 del Código Judicial, por lo que es necesario puntualizar que, respecto a esta materia en particular hay una regulación expresa que contiene los criterios de determinación de competencia cuya aplicación a cada supuesto litigioso permite determinar cuál es el Juzgado o Tribunal llamado a conocer del respectivo negocio. Esto es así, ya que este asunto es perfectamente regulado en el artículo 31 del Código Procesal Penal que fija la competencia de los jueces y tribunales penales para conocer de determinados procesos por razón de territorio, por la pena, por factores de conexidad y por la calidad de las partes. Por otro lado, el artículo 39 del mismo Código le adscribe competencia al Pleno de la Corte Suprema de Justicia para conocer de los Procesos penales contra los Diputados, siempre y cuando estén ejerciendo dicho cargo al tiempo de su juzgamiento, por lo que al existir una norma especial en cuanto a la regulación de la competencia en los Procesos Penales, no es necesario remitirse a las disposiciones del Código Judicial, toda vez que el Código de Procedimiento Penal es el instrumento legal que rige los Procesos penales y aun cuando se trate de un Proceso penal contra un Diputado, debemos ceñirnos a los trámites y procedimientos que establece esta excerta legal.

      En ese orden de ideas, debemos indicar que el artículo 2 del Código Procesal Penal, consagra el Principio de estricta legalidad y en su segundo párrafo establece el derecho que tiene toda persona que habite en el territorio de la República de Panamá a acceder a los Jueces y Tribunales en las formas y condiciones determinadas en el respectivo Código, es decir, que todas las personas que estén sometidas a un Proceso penal en la República de Panamá deben tener la posibilidad de accesar a los Tribunales de Justicia y a los Jueces tal como lo establece dicha norma; por lo que, teniendo en cuenta que el Código Procesal Penal preceptúa las reglas de competencia para los Procesos Penales que se surtan en la República, en este caso en particular, corresponde la aplicación del artículo 39 como ya se ha explicado. Además, la propia Constitución Nacional establece que se le atribuye al Pleno de la Corte Suprema de Justicia la competencia para investigar y juzgar los Actos delictivos o policivos en los que se encuentre vinculado un Diputado de la Asamblea Nacional o del Parlamento Centroamericano, conforme los artículos 155 y 206 de dicho texto constitucional, sin distinguir la fase en que se encuentra un determinado Proceso. En tal circunstancia, debe tenerse en cuenta el viejo apotegma jurídico que nos dice que, cuando la Ley no distingue, no le es lícito al hombre distinguir.

      Sostiene la Autoridad Acusada en la contestación, que no puede variar la competencia después de la Acusación. Sin embargo, se cita el artículo 253 del Código Judicial que dispone que "la competencia por razón de la calidad de las partes solamente puede ser prorrogada por la ley", agregando que, "lo que revela que la Ley es la única que puede hacer variar la competencia del Tribunal y no la voluntad de las partes".

      Pero sucede que la Ley no hace referencia a la Acusación. Por tanto, la Ley no distingue en qué momento puede producirse la declinatoria de competencia, o sea, si es durante la Investigación o luego de la Acusación. No obstante, según la Autoridad demandada, "La pérdida de la condición de Diputado del Parlamento Centroamericano por renuncia al cargo, no hace que la Corte Suprema de Justicia pierda competencia, cuando la renuncia ocurre después de haberse presentado una acusación".

      Siendo así, el Pleno de la Corte es competente por la calidad de la persona que al tiempo de su juzgamiento ostente uno de los cargos a que se refiere específicamente la Constitución y la Ley. Cualquier esfuerzo interpretativo que sugiera lo contrario, atentaría contra el Principio de Legalidad Procesal frente a disposiciones creadas precisamente para este tipo de Procesos especiales.

      Como se aprecia, para que el Pleno sea competente de conocer de los Procesos penales contra los Diputados, es indispensable que el cargo de diputado se esté ejerciendo "al tiempo de su juzgamiento", indistintamente la época en que se cometió el alegado delito. En consecuencia, a falta de dicho requisito, el Pleno carecería de competencia al desaparecer o perderse la condición exigida por ley, perdiendo el Pleno la competencia del caso.

      Si bien como ha indicado la Autoridad demandada, que por voluntad de las partes no se puede variar la competencia del Tribunal penal, debemos advertir que, en el caso bajo estudio no se está variando la competencia del Tribunal penal por voluntad de las partes, sino, que es la propia ley la que dispone cuándo el Pleno de esta Corporación de Justicia es competente, siendo la propia ley la que ha establecido, a través de esa circunstancia, "al tiempo de su juzgamiento", que se determine cuándo el Pleno tiene o deja de tener competencia. En este contexto, se advierte que es la propia Constitución y la Ley las que establecen la competencia de los Tribunales para investigar y juzgar a los Diputados de la Asamblea Nacional y del Parlamento Centroamericano.

      De existir alguna duda respecto a lo preceptuado en el artículo 39 del Código Procesal Penal, con relación a la improrrogabilidad de la competencia en materia penal regulada en el artículo 31 del mismo cuerpo legal, debemos tener presente que, conforme al Principio General del Derecho, cuando las disposiciones tengan una misma especialidad o generalidad y se hallaren en un mismo Código, se preferirá la disposición consignada en el artículo posterior. Siendo así, el artículo posterior, o sea, el artículo 39 del Código Procesal Penal predomina sobre el anterior, en este caso, el artículo 31 del mismo Código. En consecuencia, no cambiaría la competencia por la voluntad de las partes, sino por disposición legal.

      La Autoridad demanda señala en parte de su Informe que, "la acusación fija competencia definitiva". En este aspecto, debe el Pleno de la Corte Suprema de Justicia indicar que, el Código Procesal Penal, establece en el Artículo 340 que cuando el Ministerio Público estime que la investigación proporciona fundamentos para someter a juicio al imputado presentará ante el J. de G. la Acusación, requiriendo la apertura a Juicio. Además, corresponde al Ministerio Público dar traslado de la Acusación a las partes en el Proceso y corresponderá al J. de G. señalar la fecha de la audiencia de Formulación de Acusación. Advierte el Pleno que, La Acusación tiene dos etapas, la de sustanciación del escrito de Acusación y otra, la sustanciación en la Audiencia Oral. Es decir, que no solo con la presentación de la Acusación por escrito se da por presentada o validada la misma, pues el Código de Procedimiento Penal exige una sucesión de Actos encaminados a sanear el Proceso antes de validar la Acusación. Es así, que luego que se presenta el escrito de Acusación se procede a correr traslado a la Defensa y en la Audiencia de Acusación es que se realizan las alegaciones previas de incompetencias, nulidades, impedimentos y recusaciones.

      Debe señalarse que la Audiencia de Formulación de Acusación tiene por objeto sanear el Proceso, fijar el litigio y establecer la controversia, como antesala del Juicio Oral, es decir, que es en esta etapa, conforme lo establece el Artículo 345 del Código de Procedimiento Penal, que se efectúa el saneamiento procesal para evitar los vicios procesales. Es por ello, que las partes tienen la oportunidad en esta Audiencia de realizar alegaciones previas, argumentando aspectos relacionado con la competencia, nulidades, impedimentos y recusaciones, lo que quiere decir, que aún en esta etapa Intermedia puede el J. de G. resolver las circunstancias de hecho y derecho sobre competencia, causales de nulidad, Recusaciones o Impedimentos.

      Conforme lo expuesto en el párrafo anterior, estima el Pleno que la Acusación permite la discusión, entre otros aspectos, de asuntos de competencia. Esta afirmación tiene su fundamento en el artículo 345 del Código Procesal Penal, cuando señala en su primera parte lo siguiente:

      "Audiencia. El J. de G. le dará la palabra a la defensa, al F. y al querellante para posibles alegaciones previas de incompetencias, nulidades, impedimentos y recusaciones. Si el querellante no asiste, se tendrá por desistida su acción penal.

      ..." (Destaca el Pleno).

      El párrafo transcrito del Artículo 345 hace referencia a la presentación de alegaciones previas de incompetencias. Es oportuno señalar que es en la Audiencia de Acusación en fase Intermedia que se reclama la falta de competencia. Por consiguiente, reitera este Tribunal Constitucional que una vez el señor R.M.B. dejó de ser Diputado del Parlamento Centroamericano, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia perdió la competencia para investigar y juzgar al señor M.B..

      Igualmente, aun cuando el F. de la Causa presente la Acusación, la misma puede estar sujeta a que el J. de G. ordene al F. que aclare, adicione o corrija la Acusación cuando no reúna los requisitos establecidos en la Ley o si las partes se pronuncian sobre dicha situación, tal como lo establece el segundo párrafo del Artículo 345 del Código Procesal Penal que a su letra dice:

      "Las partes también podrán pronunciarse oralmente si consideran que la acusación del F. y su adhesión o la acusación autónoma del querellante no reúnen los requisitos establecidos en este Código. El J. ordenará al F. o al acusado autónomo, o a ambos, que las aclaren, adicionen o corrijan." (Destaca el Pleno).

      Observa el Pleno que mediante la presentación del Recurso de Anulación las partes pueden alegar como causa de nulidad la incompetencia del Tribunal, tal como lo establece el numeral 2 del Artículo 172 del Código Procesal Penal. Es decir, la Competencia también se puede perder luego de dictada la sentencia correspondiente después del Juicio Oral.

      No resulta ocioso señalar que a diferencia del nuevo modelo de Corte Adversarial en donde las alegaciones sobre incompetencias se realizan en la fase intermedia, salvo que exista evidente violación de derechos fundamentales; en el Sistema Inquisitivo Mixto, las incidencias pueden ser presentadas durante todo el Proceso, es decir, la fase de investigación, fase intermedia e incluso en la audiencia de fondo. Igualmente en el Sistema Adversarial, el auto de apertura del juicio oral se efectúa luego de concluida la fase intermedia, lo que equivale al auto de enjuiciamiento en el Sistema Inquisitivo Mixto.

      El derecho de penar o sancionar (ius puniendi) que tiene el Estado, consiste en la facultad para conocer y decidir sobre la existencia de un delito y la aplicación de la pena, pero esta potestad del Estado, debe realizarse respetando y garantizando los derechos de los ciudadanos, es decir, que esta facultad del Estado debe estar limitada por los Principios consagrados en la Constitución Política y el Código Procesal Penal, tales como el Principio de Legalidad y del Debido Proceso, que no es otro que el derecho a ser juzgado por Autoridad competente. En el presente caso es entendido que el Ius Puniendi debe ser ejercido por el Estado mediante los Tribunales ordinarios.

      Es importante indicar que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia por disposición del Artículo 206 de la Constitución ejerce varias funciones incluyendo la Guarda de la Integridad de la Constitución conociendo y decidiendo sobre las Inconstitucionalidades presentadas así como de los A.s de G. Constitucionales presentados contra autoridades o funcionarios con mando y jurisdicción en toda la República o en dos o más provincias, conforme el numeral 1 del artículo 2616 del Código Judicial. Además, corresponde al Pleno de la Corte Suprema de Justicia investigar y procesar a los Diputados conforme lo establece el numeral 3 del referido Artículo 206.

      El Pleno de la Corte Suprema de Justicia puede ejercer una función como Tribunal Constitucional y otra como Tribunal Penal y cabe destacar que dentro del Proceso Penal seguido al señor R.M.B., el Pleno de la Corte Suprema de Justicia ha ejercido sus funciones como Tribunal de Apelaciones para conocer sobre Recursos de Apelaciones presentados por la defensa del señor R.M.B., así como por solicitudes de Medidas Cautelares o verificación de las mismas.

      Se debe indicar que es a través de la Acción de A. de G. Constitucionales presentado por la defensa del señor R.M.B. que este Tribunal Constitucional conoce de la solicitud de declinatoria de competencia solicitada, es decir, que estamos dentro de un Proceso Constitucional en el que se dirime si se han violentado o no derechos constitucionales, tal como lo hemos expresado en páginas anteriores.

      Por lo que se debe tener en cuenta que las funciones del Pleno de la Corte Suprema de Justicia en el Proceso penal son muy distintas a las funciones que se ejerce como Tribunal Constitucional, de allí que la decisión, en cuanto la violación del artículo 32 de la Constitución alegada en el presente A. de G. Constitucionales no guarda relación con las decisiones que se han adoptado como Tribunal de Apelaciones, dentro del Proceso Penal, sino que estas decisiones se han dado en virtud de los Recursos interpuesto por la defensa del señor R.M.B..

      Es con la Acción de A. de G. Constitucionales presentada, que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia tiene conocimiento de la solicitud de declinatoria de competencia planteada por la defensa del señor R.M.B. al J. de G. y es en esta instancia Constitucional que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, entra a resolver sobre la competencia.

      La Constitución Nacional y la Ley facultan al Pleno de la Corte Suprema de Justicia para conocer sobre este asunto que es de índole Constitucional y no legal, lo que quiere decir que la situación planteada por el Accionante dentro de la Acción de A. de G. Constitucionales se debe resolver conforme lo dispuesto en la Constitución Política, es decir, confrontando el Acto atacado con las normas constitucionales que se consideran infringidas. Lo cual dista de las funciones que mantiene el Pleno de la Corte Suprema de Justicia en el Proceso penal seguido al señor R.M.B., que guarda relación con Recursos interpuestos por la defensa dentro del Proceso y que han sido resueltos como Tribunal de Apelaciones como lo establece el artículo 486 del Código Procesal Penal.

      Como quiera que la presente acción de A. de G. Constitucionales ha sido presentada ante el Pleno, alegándose precisamente la falta de competencia del J. de G. y del Pleno para seguir conociendo de esta causa, es evidente que corresponde a esta Corporación de Justicia efectuar la declinatoria de la falta de competencia del Pleno, lo que impide seguir conociendo de la presente causa.

      Con fundamento en lo expuesto, el Pleno de la Corte, como Tribunal Constitucional tiene que concluir que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia no es competente para seguir conociendo de la Carpetilla identificada con el número 138-15, que contiene las querellas presentadas contra el señor R.M.B., toda vez que se produce, en tal circunstancia, una violación al debido Proceso consagrado en el artículo 32 de la Constitución Nacional, el cual establece lo siguiente:

      "Nadie será juzgado sino por autoridad competente y conforme a los trámites legales, ni más de una vez por la misma causa penal, administrativa, policiva o disciplinaria". (Destaca el Pleno).

      Es así, que el Principio del Debido Proceso se constituye en una institución, que entre otras garantías, asegura a las partes el no ser juzgado sino por Autoridad competente, por lo que al confrontar la Resolución impugnada con el artículo 32 de la Constitución Nacional, estima el Pleno de esta Corporación de Justicia que existe una evidente vulneración del debido Proceso.

      Luego de un análisis de la situación planteada, esta Corporación de Justicia concluye que corresponde conceder el A. de G. Constitucionales interpuesto por el licenciado L.E.C.G. en nombre y representación del señor R.A.M.B. y en consecuencia, declinar la Carpetilla No. 138-15 del Proceso penal respectivo a los Tribunales competentes.

      Con relación a quien corresponderá conocer de la presente Causa, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia considera oportuno advertir que estamos frente a un Proceso penal que inició bajo las reglas del nuevo Sistema Penal Acusatorio, en virtud que para dicho momento le era aplicable lo dispuesto en el artículo 556 numeral 5 del Código Procesal Penal; no obstante, si bien el Pleno de esta Corporación de Justicia pierde la competencia en virtud de haber perdido el señor R.M.B. la condición de Diputado del Parlamento Centroamericano (por la calidad de las partes), actualmente, no podemos desconocer que dicho Proceso fue surtido con arreglo a las normas del Código Procesal Penal, por lo que su continuación debe darse conforme a los principios que rigen el Procedimiento Penal vigente, es decir, que corresponderá al Tribunal de Juicio del Sistema Penal Acusatorio del Primer Distrito Judicial asumir y continuar con el trámite del Proceso penal seguido al prenombrado M.B. dentro de la carpetilla No. 138-15.

      El Proceso Penal seguido al señor R.M.B., por los delitos contra la inviolabilidad del secreto, derecho a la intimidad, entre otros, inició luego que la F.ía Auxiliar de la República, mediante oficios No. 1225, 1223, 1226, 122 y 1224, al igual que la F.ía Especializada contra la Delincuencia Organizada mediante oficios No. 1681 y 1682, compulsaran copias a esta Corporación de Justicia. Al admitirse la Causa por el Pleno, se nombró al Magistrado J. de G. y al M.F., quien desarrolló la investigación bajo los principios y reglas del Código de Procedimiento Penal. Igualmente, las actuaciones del M.F. fueron controladas por el Magistrado J. de G. quien también aplicó lo establecido en el Código Procesal Penal.

      Al iniciarse y tramitarse el Proceso Penal bajo las reglas del Sistema Penal Acusatorio, mal puede esta Corporación de Justicia remitir la causa al Sistema Inquisitivo, pues sería una incongruencia, variar las reglas del Proceso, en caso de llevarlo al Sistema Inquisitivo, en el que los principios, las reglas y trámites son distintos al Sistema Acusatorio, lo que desnaturalizaría el Proceso llevado a cabo hasta la fecha.

      El presente Proceso contenido en la carpetilla No. 138-15 debe continuar ante el Tribunal de Juicio del Sistema Penal Acusatorio. Es entendido que son válidas las actuaciones surtidas durante la Fase Intermedia, salvo la decisión dictada en Audiencia Oral realizada el 25 de junio de 2018 por el Magistrado J. de G., J.M., dentro de la Carpetilla 138-15, con relación a la negación de solicitud de perdida de competencia, en atención a que no se ha ocasionado perjuicio a los intervinientes, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 198 del Código Procesal Penal.

      Como quiera que dentro de la presente investigación se encuentra detenido el señor R.M.B., el mismo debe ser puesto a órdenes de la Autoridad correspondiente.

      Por otra parte, respecto a la solicitud presentada por el Magistrado H.A.D., como M.F., dentro del Proceso penal que se le sigue al señor R.M.B., para que se le tenga como Tercero Interviniente dentro de la presente Acción Constitucional, cabe señalar que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, por vía jurisprudencial, ha establecido que los terceros pueden intervenir en las demandas de A. a fin de ser oídos, en cumplimiento del debido Proceso, siempre que tengan interés legítimo en el resultado del mismo.

      Siendo así, se advierte que la Acción de A. que nos ocupa, fue interpuesta contra la decisión de negar la petición de declinatoria de competencia solicitada por la defensa, la cual fue dictada en Audiencia Oral realizada el día 25 de junio de 2018, dentro de la Carpetilla No. 138-15 en la cual funge como M.F., el licenciado H.A.D..

      De acuerdo con lo expuesto, resulta evidente que el interviniente tiene interés de la decisión que se adopte en la presente Iniciativa Constitucional, dado al rol que le atribuye la Ley de salvaguardar los derechos y garantías tanto de la víctima como del imputado, por lo tanto, el solicitante se encuentra legitimado para que se le tenga como Tercero Interviniente en la presente causa.

      En mérito de lo anterior, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, RESUELVE lo siguiente:

      1- CONCEDER la Acción de A. de G. Constitucionales presentada por el licenciado L.E.C.G. en su calidad de apoderado judicial del señor R.A.M.B..

      2- REVOCAR únicamente la decisión dictada en Audiencia Oral realizada el día 25 de junio de 2018, proferida por el Magistrado J. de G.J.M., dentro de la Carpetilla No. 138-15.

      3- DECLINAR LA COMPETENCIA del Proceso Penal seguido contra el señor R.M.B. por la presunta comisión de los delitos de Inviolabilidad del Secreto y Derecho a la Intimidad, Peculado, Abuso de Autoridad, Contra la Seguridad Informática y Asociación Ilícita en perjuicio de los señores M.D.A., B.P., M.A.B., B.H., R.R. y otros, al Tribunal de Juicio correspondiente del Sistema Penal Acusatorio del Primer Distrito Judicial de Panamá y en consecuencia, fíliese al detenido a órdenes de la Autoridad correspondiente.

      4- ADMITIR la Intervención de Tercero presentada por el M.F., H.A.D., dentro de la presente Acción de A. de G. Constitucionales.

      N.,

      A.R.D.C.(CON VOTO RAZONADO) -- ASUNCIÓN ALONSO MOJICA(CON VOTO RAZONADO) -- CECILIO CEDALISE RIQUELME (CON VOTO RAZONADO) -- S.M.G. --(CON VOTO RAZONADO)-- W.S.F.L.R.F.S.-.L.M.C.M. (CON SALVAMENTO DE VOTO) -- A.A.Z.(CON SALVAMENTO DE VOTO).

      YANIXSA Y. YUEN (Secretaria General)

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