Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Pleno), Pleno, 6 de Febrero de 2019

PonenteAbel Augusto Zamorano
Fecha de Resolución 6 de Febrero de 2019
EmisorPleno

VISTOS:

  1. ACTO OBJETO DEL AMPARO

    La actuación contra la cual el señor J.R.C.T. solicita a esta Corporación que se emita decisión de A. de Garantías Constitucionales, consiste en la alerta migratoria, certificada por la Autoridad regente de la materia, que consta en los registros de impedimento del Servicio Nacional de Migración. El contenido de la certificación es el siguiente:

    Que, en el Registro de Impedimento del Servicio Nacional de Migración, CONSTA ALERTA MIGRATORIA, en contra del señor J.R.C.T., varón de nacionalidad española, nacido el 6 de junio de 1955, portador de pasaporte N° AAF48563, por seguridad nacional

  2. FUNDAMENTO DE LA ACCIÓN Y GARANTÍAS FUNDAMENTALES QUE SE ESTIMAN INFRINGIDAS

    En los hechos que fundamentan la acción se señala que el señor C.T., de nacionalidad española, contaba con Carnet del Servicio Nacional de Migración de la República de Panamá N°517140, así como la condición de Residente Permanente, expedido por Resolución N°3259 de 4 de diciembre de 2015, por residir muchos años en el país; y, estando en España, fue retenido por un proceso penal, y por gestión de la Policía Civil de España, dicha investigación penal también se realizó en Panamá.

    Expresa el actor que, este asunto fue superado exitosamente, por lo que viajó a la ciudad de Panamá a atender asuntos personales el 11 de junio de 2017, sin embargo, fue retenido en el Aeropuerto Internacional de Tocumen y conducido a las oficinas de migración dentro de esa terminal aérea, en donde le quitaron la cédula de residente permanente, le informaron del impedimento de entrada a Panamá y fue obligado a abordar un avión de regreso a España.

    Sostiene también la apoderada judicial del activador constitucional que, en la República de Panamá en junio de 2015, se inició investigación en la Fiscalía de Delincuencia Organizada, por petición de la Guardia Civil de Zaragoza, España, contra su poderdante, por la supuesta comisión de Delito Contra el Orden Económico (Blanqueo de Capitales, Uso Indebido de Tarjetas de Crédito y Delito Financiero); no obstante, los cargos imputados en ambos países, a razón de los mismos hechos investigados en España, equivocadamente fueron calificados como delito cuando se trataban de actividades comerciales legítimas, autorizadas por licencia comercial en España y Panamá, tal como concluyeron ambas investigaciones.

    Indica que se dictó Auto de Sobreseimiento Provisional N°71 de 19 de octubre de 2017, de todos los imputados, por el Juzgado Décimo Séptimo de Circuito Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá; así como el Auto de 27 de febrero de 2018, por el Juzgado de Instrucción Siete de Zaragoza, que decreta el Sobreseimiento Provisional de la causa y se ordena el archivo del expediente, y seguido dejó sin efectos para todos los investigados la prohibición de abandonar el territorio nacional, las medidas de bloqueo de saldos de cuentas y depósitos bancarios, así como la prohibición de gravar y enajenar los bienes muebles, en dicho país.

    Luego de los hechos expuestos, aducen que el activador constitucional no ha incurrido ni se encuentra en ninguna de las circunstancias contenidas en el artículo 65 del Decreto Ley N°3 de 22 de febrero de 2008, por las cuales se deportará y ordenará el impedimento de entrada al territorio nacional, ni los procedimientos contenidos en los artículos 66 y 67 de dicha norma.

    En razón de lo expuesto, se denuncia la infracción, de forma directa, por omisión, de los artículos 27 y 32 de la Constitución Política, relativos a la libertad de tránsito dentro de la República de Panamá y al derecho al debido proceso.

    En torno a la violación al debido proceso, señala el activador constitucional que se ha impuesto una sanción administrativa de impedimento de entrada al país, ignorando las circunstancias y el procedimiento dispuesto en el Decreto Ley N°3 de 22 de febrero de 2008, lo que le impide el derecho de defensa, pues al arribar al Aeropuerto Internacional de Tocumen se le intercepta y retiene por las autoridades de migración, se le retira la cédula panameña y se le devuelve a España, sin que mediara ningún proceso legal.

    En este mismo sentido, aduce que se infringe el derecho al libre tránsito y su derecho de residente y es sancionado con expulsión del país, e impedimento de entrada, vulnerando con ello el artículo 27 de la Constitución Política.

  3. INFORME DE LA AUTORIDAD DEMANDADA

    Luego de que esta Corporación de Justicia admitiera la presente acción constitucional y le requiriera a la Autoridad migratoria que envié copia de la actuación e Informe sobre los hechos materia de esta acción, la Asesora Legal del Servicio Nacional de Migración, mediante Nota de 03 de octubre de 2018, cuya corrección fue remitida mediante Nota SNM-DG-954-2018 de 31 de octubre de 2018, actuando en nombre y representación del Director General del Servicio de Migración, informa lo siguiente:

    "El día 6 de junio de 2017 se recibe en el Servicio Nacional de Migración Nota No. SE-CSN-1221-17, de fecha 2 de junio de 2017, proferida por la Secretaria Ejecutiva del Consejo de Seguridad Nacional, cuyo contenido pone en conocimiento de que han recibido información relevante en materia de seguridad nacional sobre el S.J.R.C.T., llevándolos a concluir que representa un riesgo y amenaza para la seguridad nacional y el orden público; toda vez que al mismo se le procesa por Delito de Enriquecimiento Ilícito, Asociación Ilícita para D., delitos contra la Seguridad Jurídica de los medios Electrónicos y mantiene en la actualidad una medida cautelar.

    En virtud del (sic) de la información recibida se ingresa a la base de datos del Sistema Integrado de Migración, Alerta Migratoria con el fin de dar aviso a todos los Puestos de Control Migratorio de la institución a nivel nacional, para que en el evento que el prenombrado COSCOLÍN TORRIJOS, intente ingresar al país, se verifique su historial migratorio y se hagan las averiguaciones con el resto de los estamentos de seguridad para la validación de la información recibida y se proceda con lo establecido en el Decreto Ley No. 3 de 22 de febrero de 2008, en su Artículo 50, numeral 5, el cual otorga facultades al Servicio Nacional de Migración para impedir su entrada o tránsito por el país por constituir un riesgo o amenaza a la seguridad nacional o a la comunidad internacional.

    Es importante mencionar que este despacho no ha realizado ningún trámite administrativo en contra del señor COSCOLÍN TORRIJOS" que conlleve a la aplicación de un impedimento de entrada, dado que esta medida se aplica únicamente como sanción a aquellos extranjeros que incurran en infracciones administrativas migratorias; y en este caso en particular la decisión adoptada de establecer un aviso a los Puestos de control Migratorio mediante nuestros sistemas informáticos, trata de un mecanismo para la detección de posibles riesgos por la presencia de un extranjero que pueda representar una amenaza o peligro para la nación, lo cual es una legítima facultad del Servicio Nacional de Migración como instituto encargado de garantizar la eficiencia de los controles migratorios potestativos de todo Estado Soberano.

    Por otro lado, la aplicación del Artículo 50, numerales del 1 al 7 del Decreto Ley N°3 de 22 de febrero de 2008 no requieren de una resolución ampliamente motivada, toda vez que el Decreto Ejecutivo N° 320 de 08 de agosto de 2008 hace referencia en su artículo 267, que solamente el numeral 8 de dicho artículo requiere de la resolución sustentada que deberá emitir el Director General del Servicio Nacional de Migración.

    Que, el Artículo No. 35 del Decreto Ley N°3 de 22 de febrero de 2008 establece que por razones de seguridad y orden público, los estamentos de seguridad, el Ministerio público y las autoridades judiciales deberán comunicar, de manera inmediata, al Servicio Nacional de Migración sobre la existencia de investigaciones o procesos judiciales en los que aparezca involucrado un extranjero."

    Adjunto con el Informe de Conducta de la entidad, se remite la Nota No.SE-CSN-1221-17 de 02 de junio de 2017, remitida por la Secretaría Ejecutiva del Consejo de Seguridad al Director General del Servicio Nacional de Migración, a la que se hace referencia en el Informe mencionado, que corrobora lo señalado, y en la cual se aprecia que por motivos de seguridad nacional, este estamento de seguridad solicita a la Autoridad migratoria que se le cancele al ciudadano español en referencia, el permiso de residencia permanente, y adoptar la medida de impedimento de entrada.

  4. DECISIÓN DE LA CORTE

    Luego de surtidos los trámites legales correspondientes, esta Máxima Corporación de Justicia, con fundamento en la competencia que le confiere el artículo 2616, numeral 1, del Código Judicial, procede a decidir la Acción de A. de Garantías presentadapor el ciudadano español J.R.C.T. contra la ALERTA MIGRATORIA que consta en los registros de impedimento del Servicio Nacional de Migración, medida certificada mediante Nota No.SNM-513-IMP-2018 de fecha 6 de agosto de 2018, expedida por el Director General del Servicio Nacional de Migración.

    La medida adoptada por la Autoridad migratoria es considerada por el activador constitucional, violatoria de los artículos 27 y 32 de la Constitución Política, relativos a la libertad de tránsito dentro de la República de Panamá y al derecho al debido proceso, pues señala que se le ha impuesto una sanción administrativa de impedimento de entrada al país y expulsión del país, ignorando las causales y el procedimiento dispuesto en el Decreto Ley N°3 de 22 de febrero de 2008, artículos 65, 66 y 67, lo que le impide el derecho de defensa, el derecho al libre tránsito y su derecho de residente que esa Autoridad le había conferido, pues también se le retiró la cédula panameña de residente.

    Luego de expuestos los argumentos de las partes intervinientes en la presente acción, es importante recordar que, la Acción de A. constituye, dentro del sistema democrático y constitucional de Derecho, un mecanismo o instrumento extraordinario dispuesto a asegurar la defensa de los derechos fundamentales, frente a todo acto emitido por servidor público que pueda menoscabar, vulnerar, transgredir o afectar derechos y garantías fundamentales, que nuestra Carta Fundamental e instrumentos de derechos humanos llama a garantizar que requiera una inmediata revocación.

    Respecto al A. como instrumento de garantía específico, la jurista e investigadora peruana, J.M.I.R., consultora en materia de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario, dentro de la obra Convención Americana sobre los Derechos Humanos Comentada, publicación a cargo de la FUNDACIÓN KONRAD ADENAUER, al sistematizar los estándares establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en su jurisprudencia más relevante, respecto a la protección judicial establecida en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, se refiere así:

    "... el Tribunal ha precisado que la protección judicial supone, "en términos amplios, la obligación a cargo de los Estados de ofrecer, a todas las personas sometidas a su jurisdicción, un recurso judicial efectivo contra actos violatorios de sus derechos fundamentales".20 De esta manera, al interpretar el texto del artículo 25 de la Convención, la Corte ha sostenido que "la obligación del Estado de proporcionar un recurso judicial no se reduce simplemente a la mera existencia de los tribunales o procedimientos formales o aún a la posibilidad de recurrir [ante estos]".21 Es decir que, "además de la existencia formal de los recursos, éstos deben dar resultados o respuestas a las violaciones de derechos contemplados ya sea en la Convención, en la Constitución o en las leyes".22 Consecuentemente, el sentido de la protección otorgada por el artículo 25 "es la posibilidad real de acceder a un recurso judicial para que la autoridad competente y capaz de emitir una decisión vinculante determine si ha habido o no una violación a algún derecho que la persona que reclama estima tener y que, en caso de ser encontrada una violación, el recurso sea útil para restituir al interesado en el goce de su derecho y repararlo".23 Así, no basta con que los recursos estén previstos por la Constitución o la ley o con que sean formalmente admisibles, sino que es preciso que tengan efectividad en los términos del artículo 25.

    ...

    Asimismo, al ser uno de los recursos que entra en el ámbito del artículo 25 de la Convención, "tiene que cumplir con varias exigencias, entre las cuales se encuentra[n] la idoneidad y la efectividad".95 En ese sentido, el recurso de amparo debe ser idóneo "para proteger la situación jurídica infringida, por ser aplicable a los actos de autoridad que implican una amenaza, restricción o violación a [dichos] derechos protegidos", 96 y efectivo, "conforme a los principios de concentración, celeridad, contradictorio y motivación de los fallos, [y] derechos de defensa." (I.R., J.M.. Convención Americana sobre los Derechos Humanos Comentada. C.S. / P.U. (editores). K.A.S., FUNDACIÓN KONRAD ADENAUER, Programa Estado de Derecho para Latinoamérica, impreso en Bolivia, 2014, P.. 612,620)

    Conforme a la finalidad de esta acción, debe indicarse que por este medio se pretende el restablecimiento del derecho fundamental del debido proceso y libertad de tránsito a favor del activador constitucional, respecto de la medida adoptada por las Autoridades migratorias, de la cual advierte, en primer lugar, que constituye una sanción administrativa sin que mediara procedimiento ni las causales establecidas para que se dictamine un impedimento de entrada al país; además, advierte que si bien fue sujeto de investigación penal, tanto en España como en Panamá, en virtud de la solicitud del primer país, en ambas investigaciones, que se realizaban por los mismos hechos, resultó con sobreseimiento.

    Con arreglo a estos cargos, lo que se impugna en esta jurisdicción constitucional, con cargo de violatorio a los derechos constitucionales, es la actuación consistente en la "alerta migratoria" registrada contra el ciudadano español J.R.C.T., que le impide el ingreso al territorio panameño; medida esta que será revisada y analizada en lo procedente.

    El Servicio Nacional de Migración, de acuerdo al Decreto Ley No.3 de 22 de febrero de 2008, cuerpo legal que la crea, instaura la carrera migratoria y dicta otras normas en materia migratoria, es una institución que presta la función pública de seguridadpública y de gestión administrativa en cuanto al servicio migratorio para los extranjeros, correspondiéndole las facultades de supervisión, control de registros de entradas y salidas de extranjeros y nacionales del territorio nacional, así como la aplicación de las políticas migratorias, velando por el control efectivo de la estadía de los mismos en el país, dentro de los límites establecidos en la ley.

    Más específicamente, respecto al tema que nos atañe, el artículo 6 de dicho Decreto Ley, asigna como funciones de esta entidad, las siguientes:

    Artículo 6.

    El Servicio Nacional de Migración tiene las siguientes funciones:

    ...

    3. Ejercer el control migratorio y el registro de las entradas y salidas del territorio nacional de nacionales y extranjeros.

    4. Autorizar, negar o prohibir la entrada o la permanencia de extranjeros en el territorio nacional y ordenar su deportación, expulsión o devolución, de conformidad con la Constitución Política de la República y la ley.

    ...

    18. A., custodiar y detener a los extranjeros que infrinjan las disposiciones de la legislación migratoria, en los términos previstos en el presente Decreto Ley.

    19. Realizar las investigaciones necesarias para prevenir, identificar y contrarrestar las infracciones relacionadas con el régimen jurídico migratorio, y coadyuvar con las autoridades competentes en las investigaciones relacionadas con las infracciones a la legislación penal.

    El primer aspecto a observar, es que el activador constitucional señala que no se cumplió con el debido proceso, ya que no se siguió el procedimiento establecido en los artículos 66 y 67 del Decreto Ley N°3 de 22 de febrero de 2008, en comprobación de las causales señaladas en el artículo 65, del mismo cuerpo legal. De la revisión de estas normas, el Tribunal se percata que las mismas hacen referencia a las causas de deportación y su procedimiento, mediante el cual se establece como consecuencia el impedimento de entrada al país por un periodo determinado, en las condiciones establecidas en el artículo 69 del mismo Decreto Ley.

    Lo anterior implica que el procedimiento y causas que el actor arguye como debido proceso infringido, no corresponde a los hechos que fundamentan su acción, en concordancia con el Informe rendido por la Autoridad migratoria, quien señala como fundamento legal de la misma, lo dispuesto en los artículos 35 y 50 del Decreto Ley No.3 de 2008, relativas a la comunicación que por razones de seguridad y orden públicos debe recibir de los estamentos de seguridad, Ministerio Público y autoridades judiciales en relación a investigaciones o procesos judiciales; y las causales de no admisión o por las cuales la autoridad migratoria podrá negar a cualquier extranjero su ingreso o tránsito por el país, así como revocarle la correspondiente visa o permisos, respectivamente.

    Artículo 35 Por razones de seguridad y orden público, los estamentos de Seguridad, el Ministerio Público y las autoridades judiciales deberán comunicar, de manera inmediata, al Servicio Nacional de Migración sobre la existencia de investigaciones o procesos judiciales en los que aparezca involucrado un extranjero, para lo cual deberá indicar el delito que se le imputa, las medidas cautelares ordenadas en su contra y su levantamiento, así como los resultados obtenidos.

    Para efectos de lo establecido en el párrafo anterior, el Servicio Nacional de Migración creará los mecanismos tecnológicos y formalizará los convenios y protocolos necesarios con las instituciones involucradas, con el objeto de salvaguardar la información suministrada de conformidad con la ley.

    CAPÍTULO III

    CAUSALES DE NO ADMISIÓN

    Artículo 50. El Servicio Nacional de Migración podrá negar a cualquier extranjero su ingreso o tránsito por el país, así como revocarle la correspondiente visa o permiso, en los siguientes casos:

    1. Existencia de una orden de autoridad competente que impida su entrada.

    2. Presentar a la autoridad competente, documentación nacional o extranjera, material o ideológicamente fraudulenta o adulterada, con el propósito de obtener la visa de ingreso al territorio nacional.

    3. Intentar ingresar al territorio nacional con un documento que no cumple con los requisitos que exige la legislación vigente.

    4. Tener antecedentes penales del país de origen o procedencia.

    5. Constituir un riesgo o amenaza a la seguridad nacional o a la comunidad internacional.

    6. P. de alguna enfermedad que el Ministerio de Salud califique como riesgo sanitario, o provenir de un país o región que la Organización Mundial de la Salud o la Organización Panamericana de la Salud hayan declarado de alto riesgo epidemiológico.

    7. Haber sido deportado o expulsado del país y la orden se mantiene vigente.

    8.Infringir el presente Decreto Ley o su reglamentación.

    De la información remitida por la autoridad de migración, sobre los hechos materiales de esta acción, se aprecia que la alerta migratoria, y el consecuente impedimento de entrada al país, es una medida adoptada a solicitud de una entidad de seguridad, en este caso, el Consejo de Seguridad, y por razones de seguridad nacional, en referencia a las investigaciones penales de que estaba siendo objeto el ciudadano español. También se advierte que, la medida no obedece a ningún procedimiento sancionatorio, según refiere el actor en sus cargos de violación ni producto de las razones legales que alega, sino que, al momento de dictarse la alerta migratoria, se hace con fundamento a lo señalado por la comunicación recibida de parte del Consejo de Seguridad.

    Es de advertirse que el Informe emanado por el Consejo de Seguridad Nacional, máximo organismo consultivo que establece y articula las políticas y medidas de seguridad y defensa del Estado; es un acto administrativo peculiar, que dentro del proceso administrativo migratorio se convierte en un dictamen emitido por un organismo técnico que, dentro de sus características, encontramos la de manejar información de carácter restringido, que se inserta con la finalidad de que se adopte una decisión que impacta el estatus migratorio del señor COSCOLÍN TORRIJO, frente a una serie de situaciones e investigaciones penales suscitadas.

    En razón de ello, el señor COSCOLÍN TORRIJO, en su condición de extranjero, debía someterse a las políticas migratorias establecidas por el Estado, a través de dicha Institución que ejerce funciones de seguridad pública en materia migratoria, sustentados en los preceptos legales del régimen migratorio panameño, es decir, que las medidas adoptadas son jurídicamente procedentes, puesto que es a la Autoridad migratoria quien le corresponde el control y vigilancia de las medidas, restricciones y permisos migratorios, y se encuentra debidamente facultada para ello, en atención a lo dispuesto en el Decreto Ley No.3 de 22 de febrero de 2008.

    Respecto a lo explicado, es importante señalar que, a las Autoridades de migración de un país, le corresponde ese papel de detectar quién puede o no ingresar a nuestro territorio como consecuencia de las políticas migratorias, pues ella tiene la misión de garantizar la vida, los bienes y la seguridad, y por esa razón, frente a un Estado Social y Democrático de Derecho, se establecen reglas de conducta y de comportamiento, tanto para los nacionales como para los extranjeros, en desarrollo a lo que señala la Constitución Política, en su artículo 14, cuando dispone que la inmigración será regulada por la Ley en atención a los intereses sociales, económicos y demográficos del país:

    Artículo 14. La inmigración será regulada por la Ley en atención a los intereses sociales, económicos y demográficos

    De la misma forma, en materia migratoria, el Derecho Internacional reconoce la soberanía de los Estados para determinar en su legislación interna, los requisitos de ingreso y permanencia dentro de sus fronteras, de quienes no son sus nacionales. Consecuentemente, las causales que impiden o restringen el ingreso o permanencia a ciertos extranjeros, en la mayor parte de los casos, se encuentran acordes al estándar internacional, permitiendo justificarlas sobre la base de criterios ideológicos, sanitarios, delictivos, moralidad, orden público y de seguridad, bajo el entendimiento que al adoptarse la medida debe efectuarse en cumplimiento de los trámites y procedimientos a favor del extranjero, en observancia del debido proceso.

    Ciertamente, el impedimento de entrada a un país de un extranjero es una medida grave que puede afectar derechos fundamentales de las personas migrantes, por tanto, al ser adoptadas, requiere que se cumplan los presupuestos y los procedimientos previamente establecidos, considerando que es incuestionable que un Estado puede legítimamente rehusarse a admitir a extranjeros o aceptar su ingreso, bajo el cumplimiento de ciertas condiciones; o expulsarlos, si el Estado tiene razones o motivos determinantes de la medida.

    No obstante, se debe considerar que la medida de impedimento del ingreso al territorio nacional, en las circunstancias en que se presenta en este caso, más que una sanción, es productode una potestad de la función de policía de seguridad, dentro de la cual se tiende a garantizar la paz y orden público, a través de sistemas de control que enmarcan sus acciones en la prevención, persecución y sanción, entre otras.

    Los motivos de este tipo de medida, que se aplique a los extranjeros en general, deben preverse y definirse en el ordenamiento jurídico interno de cada Estado, con la única reserva de que esos motivos no deben ser contrarios a las obligaciones del Estado ni a los derechos humanos, en virtud del derecho internacional, no debiendo obedecer a medidas arbitrarias, discriminatorias o abusivas del derecho y en denegación de justicia, como en nuestra legislación efectivamente se regula. Es preciso que se realice una valoración del motivo de dicha restricción, la cual debe efectuarse de buena fe y de manera razonable, a la luz de todas las circunstancias, en particular, de la gravedad de los hechos, el comportamiento del extranjero en cuestión y el carácter actual de la amenaza a que los hechos dan lugar, y por las autoridades que la ley faculte para ello.

    En este sentido, la seguridad nacional y el orden público son motivos frecuentemente invocados para justificar la adopción de este tipo de medidas restrictivas migratorias, teniendo el Estado un margen de apreciación para aplicar el concepto de orden público, entrando a considerar los estándares de los derechos humanos.

    En el Derecho Internacional encontramos que en esta materia se señala en el artículo 13 del Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos, ratificado por Panamá mediante la Ley No.15 de 28 de octubre de 1976, lo manifestado a continuación:

    "El extranjero que se halle legalmente en el territorio de un Estado Parte en el presente Pacto sólo podrá ser expulsado de él en cumplimiento de una decisión adoptada conforme a la ley; y, a menos que razones imperiosas de seguridad nacional se opongan a ello, se permitirá a tal extranjero exponer las razones que lo asistan en contra de su expulsión, así como someter su caso a revisión ante la autoridad competente o bien ante la persona o personas designadas especialmente por dicha autoridad competente, y hacerse representar con tal fin ante ellas". (IIDH, Instrumentos Internacionales de Protección de Derechos Humanos, Pacto Internacional de Derecho Civiles y Políticos. S.J., Costa Rica. 1999. P.. 849)

    En la Observación General N°15 del Comité de Derechos Humanos de fecha 11 de abril de 1986, sobre la situación de los extranjeros con arreglo a este Pacto, se indica con relación a la aplicación del artículo transcrito, lo señalado a renglón seguido:

    "9. Este artículo es aplicable a todos los procedimientos que tengan por objeto la salida obligatoria de un extranjero, se describa ésta en el derecho nacional como expulsión o de otra forma. Si estos procedimientos entrañan detención, tal vez también sean aplicables las salvaguardias del Pacto relativas a la privación de la libertad (arts. 9 y 10). Si la detención obedece concretamente a fines de extradición, tal vez sean aplicables otras disposiciones del derecho nacional o internacional. Normalmente se debe permitir que todo extranjero expulsado se dirija a cualquier país que acceda a recibirlo. Los derechos establecidos en el artículo 13 sólo protegen a los extranjeros que se encuentren lícitamente en el territorio de un Estado Parte. Ello significa que para determinar el carácter de esa protección debe tenerse en cuenta el derecho nacional relativo a las exigencias en materia de entrada y estancia y que, en particular, quienes hayan entrado ilícitamente y los extranjeros que hayan permanecido más tiempo que el permitido por la ley o indicado en el permiso que se les haya extendido, no están amparados por sus disposiciones. No obstante, si la cuestión controvertida es la licitud de su entrada o permanencia, toda decisión a este respecto que desemboque en su expulsión o deportación debe adoptarse con arreglo a lo previsto en el artículo 13. Corresponde a las autoridades competentes del Estado Parte, de buena fe y en el ejercicio de sus atribuciones, aplicar e interpretar el derecho interno, observando, sin embargo, las exigencias previstas en el Pacto, como la igualdad ante la ley (art. 26).

    1. El artículo 13 regula directamente sólo el procedimiento y no los fundamentos sustantivos de la expulsión. No obstante, al permitir solamente las expulsiones "en cumplimiento de una decisión adoptada conforme a la ley", su objetivo es claramente impedir las expulsiones arbitrarias. Por otra parte, otorga a cada extranjero el derecho a que se adopte una decisión en su propio caso y, por lo tanto, el artículo 13 no se cumple con leyes o decisiones que dispongan expulsiones colectivas o en masa. Este entendimiento, en opinión del Comité, queda confirmado por otras disposiciones relativas al derecho a aducir argumentos contra la expulsión y a que la decisión sea sometida a revisión ante la autoridad competente o bien ante la persona o personas designadas por ella, y a hacerse representar ante ellas. Se deben dar a los extranjeros plenas facilidades para entablar recursos en contra de la expulsión de manera que ese derecho sea efectivo en todas las circunstancias de su caso. Los principios del artículo 13 relativos a la apelación de la expulsión y al derecho a la revisión del caso por la autoridad competente sólo pueden dejar de aplicarse por "razones imperiosas de seguridad nacional." En la aplicación del artículo 13 no se puede discriminar entre las diferentes categorías de extranjeros." (O. of the High Commissioner for Human Rights, La situación de los extranjeros con arreglo al Pacto. 11/04/86. OBSERVACION GENERAL 15. (General Comments) 27º período de sesiones, 1986, párrafos #9 y #10. págs3 y 4. )

    Se aprecia en las explicaciones que anteceden sobre los estándares internacionales que los motivos de orden público y seguridad nacional, para la expulsión del territorio de un Estado de un ciudadano extranjero, pueden inclusive, por su importancia, pretermitir ciertos procedimientos, llevándonos a reflexionar sobre las medidas o políticas migratorias que los Estados se han visto en la necesidad de adoptar en materia de seguridad, ante los acontecimientos que se vienen suscitando en la actualidad internacional.

    El profesor emérito del Departamento de Lingüística y Filosofía N. Chomsky, en su obra "¿Quien domina el Mundo?", que es sin duda un encarnizado, implacable y meticuloso libro, que nos proporciona la explicación indispensable de los conflictos y peligros claves de nuestro tiempo, en donde se hace un análisis minucioso y concienzudo de la presente situación internacional, si bien es cierto que lo dedica al estudio crítico de las políticas predominantes militaristas e ilimitadas de los Estados Unidos de América, para mantener su escala mundial, nos deja alguna reflexión del papel que deben tener los Estados en materia de seguridad, y en esa dirección, en su última frase del Capítulo 22 denominado "El Reloj del Apocalipsis", nos dice:

    "Este es el mundo en el que hemos estado viviendo y en el que vivimos hoy. Las armas nucleares plantean un peligro constante de destrucción inmediata. No obstante, en principio sabemos cómo aliviar la amenaza, incluso eliminarla, una obligación aceptada (y descuidada) por las potencias nucleares que han firmado el TNPN. La amenaza del calentamiento global no es instantánea, aunque es funesta a largo plazo y podría incrementarse de repente. En este caso no está del todo claro, que tengamos la capacidad de afrontarla, pero no cabe duda de que cuanto más lo retrasamos más brutal será la calamidad.

    Las perspectivas de una supervivencia digna a largo plazo no son altas a menos que haya un cambio de rumbo significativo. Gran parte de la responsabilidad está en nuestras manos; la oportunidad también." (CHOMSKY, N.. ¿Quién domina el Mundo?. Traducido por J.G.. Bogotá, Colombia. Ediciones B, S.A.ª reimpresión, diciembre 2016. P.. 294-295)

    Esta última reflexión, en donde el referido autor estadounidense señala que la responsabilidad está en nuestras manos y nuestra oportunidad también, debe llevarnos a que podamos entender que las políticas migratorias de los Estados en materia de seguridad están dirigidas precisamente a analizar esta reflexión de este destacado autor, en donde debemos llevar a la conclusión de que la Autoridad requiere de esos controles migratorios para que, en ese sentido de proporcionalidad, prevalezca la paz y la seguridad en el presente y en nuestros países, pues la tecnología, así como otros factores, como el Internet, han establecido un desafío o un cambio fundamental en la supervivencia de la civilización y de los ciudadanos o nacionales, y por tanto, a la Autoridades de la República, en este caso a las autoridades de migración, le corresponde ese papel de detectar quién puede o no ingresar a nuestro territorio como consecuencia de las políticas migratorias.

    En este orden de ideas, y en el marco de las regulaciones migratorias nacionales, así como del contenido del expediente, ha de señalarse que si el señor J.R.C.T., de nacionalidad española, considera que ha habido variación es su estatus de investigado, y tiene objeciones respecto a la medida adoptada, y que en la actualidad las circunstancias han variado, de forma tal que objeta las razones que sustenta la medida y el Informe del Consejo de Seguridad, lo procedente es que dichas actuaciones sean desvirtuadas previamente, de conformidad con las acciones que la ley establece para ello, puesto que reiteramos del examen realizado de las constancias procesales, las actuaciones demandadas gozan de presunción de legalidad, misma que debe ser respetada.

    En caso de que se considerase que se mantiene una medida inmotivada o carente de fundamento, aun tratándose de medidas aplicadas en virtud de alguna disposición de la ley migratoria, puede ser ventilada ante un órgano jurisdiccional, por medio de las acciones que la ley establece para tal fin, como sucede en el caso de marras.

    Conforme a ello, se requiere que sean las autoridades migratorias, en primera instancia, junto con el estamento de seguridad pública que solicitó las medidas, como organismos técnicos administrativos en uso de las facultades que la ley les confiere, quienes deben, en primera instancia, realizar la ponderación de las circunstancias que motivaron la medida adoptada, las variaciones suscitadas, y la causal predeterminada en la ley, para mantener o levantar las restricciones adoptadas.

    Dentro de este escenario jurídico, es imperativo señalar que las leyes establecen distintas acciones para que a una persona, se le pueda tutelar sus derechos, motivo por el cual, debe haber congruencia entre el tipo de acción que se ejerce y el derecho susceptible de tutela, y en este sentido, corresponde que el activador constitucional someta a la Autoridad migratoria, las razones por las cuales estima que ya han variado las circunstancias por las cuales fue dictada la medida, pues es la autoridad competente, reiteramos, para realizar las evaluaciones pertinentes, quedando lo que resuelva al control de las autoridades judiciales, pues no es el objeto de esta acción sustituir a las autoridades administrativa en el ejercicio de su función pública, sino revisar que la misma no se ejerza en forma arbitraria y en lesión o contradicción de los derechos fundamentales y humanos.

    En consecuencia, del análisis expuesto, es que se debe concluir que la medida de "alerta migratoria" fue registrada por el Servicio Nacional de Migración de acuerdo con las facultades conferidas a dicha Autoridad, y debidamente fundamentadas en razones de hecho y de derecho, de acuerdo al contenido normativo, y la solicitud elevada por el consejo de Seguridad; y las circunstancias por las cuales se mantiene dicha medida, debe ser objeto de revisión y evaluación por las autoridades que ejercen la función pública competente para ello; por lo que no se han acreditado los cargos de violación de los artículos 27 y 32 de la Constitución Política, relativos a la libertad de tránsito dentro de la República de Panamá y al derecho al debido proceso.

    En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia - PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CONCEDE la Acción de A. de Garantías Constitucionales interpuesta por J.R.C.T., mediante su apoderada judicial la firma forense RUBIO, Á., S.&.A., en contra de la Alerta Migratoria, la cual es certificada mediante Nota No.SNM-513-IMP-2018 de fecha 6 de agosto de 2018, expedida por el Director General del Servicio Nacional de Migración.

    N.,

    ABEL AUGUSTO ZAMORANO

    JOSÉ EDUARDO AYU PRADO CANALS -- CECILIO A. CEDALISE RIQUELME -- H.A.D.L.B.H.A.D.G.-.L.R.F.S.-.J.M.E.-.O.O.D.-.A.R.D.C..

    YANIXSA Y. YUEN C. (Secretaria General)