Sentencia Pleno de Supreme Court (Panama), Pleno, 24 de Octubre de 2019

PonenteOlmedo Arrocha Osorio
Fecha de Resolución24 de Octubre de 2019
EmisorPleno

Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá

Sala: Pleno

Ponente: Olmedo Arrocha Osorio

Fecha: 24 de octubre de 2019

Materia: A. de Garantías Constitucionales

Primera instancia

Expediente: 162-18

VISTOS:

Ha ingresado para conocimiento del Pleno de la Corte Suprema de Justicia la Acción de A. de Garantías Constitucionales presentada por el licenciado F.Z.S., actuando en nombre y representación del señor S.S. y C.S.S., contra de la Resolución de 9 de septiembre de 2014, proferida por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá.

En dicha Resolución se decidió lo siguiente:

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, el PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la Sentencia N°32-10 de fecha 17 de junio de 2010, proferida por el Juzgado Segundo de Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, dentro del Proceso Ordinario instaurado por CAJA DE AHORROS contra CONSTRUCTORA STANSA, S.A., SALVADOR STANZIOLA y CONDOMINIO LOS DELFINES, S.A.

Le corresponde a este Tribunal Constitucional en esta etapa procesal, verificar la admisibilidad de la Acción Constitucional en estudio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 54 de la Constitución Nacional y los artículos 2615, 2616 y 2619 del Código Judicial, así como en lo expresado por la Jurisprudencia de esta Máxima Corporación de Justicia.

Dentro del caso en referencia, consta que la presente Acción de A. de Garantías Constitucionales ha sido interpuesta contra la Resolución de 9 de septiembre de 2014, la cual, al decir del accionante, vulnera o lesiona derechos o garantías consagrados en la Constitución.

De los hechos en que se fundamenta la presente Acción Constitucional, se advierte que el amparista sostiene que la Caja de Ahorros promovió una Demanda Ordinaria contra C.S.S., S.S. y C. Los Delfines S.A., que en dicho Proceso el Juzgado Segundo de Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, mediante Sentencia N° 32-10 de 17 de junio de 2010, le condenó sólo a ellos a pagar la suma de $617,988.98, a favor de la Caja de Ahorros en concepto de capital e intereses. Agrega el accionante que se interpuso Recurso de Apelación contra dicha sentencia y se anunció pruebas en segunda instancia.

Expone el activador constitucional que el Primer Tribunal Superior al conocer de la etapa de pruebas, rechazó las pruebas aducidas aplicando la disposición general sobre pruebas para la segunda instancia que tiene un carácter restringido, vulnerando el derecho de defensa probatoria o derecho de proponer pruebas que legalmente concede el artículo 1277 del Código Judicial.

Indica el accionante que recurrió contra el Auto que le rechazó las pruebas y en los alegatos reclamó que se conculcaba el derecho a probar, violando sus derechos y garantías constitucionales, al no haber podido producir pruebas en un juicio, por lo cual fueron vencidos. Adicionalmente, manifiesta que el Primer Tribunal Superior violó el derecho constitucional del Debido Proceso, al no permitir que los demandados produjeran pruebas para defenderse y deducir sus excepciones conforme a lo establecido en el artículo 1277 del Código Judicial.

Expresa el amparista que recurrió en Casación y la Sala Civil declaró mediante Resolución del 30 de agosto de 2017, no casar la Resolución de 9 de septiembre de 2014, proferida por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, la cual fue emitida a su criterio en abierta violación del Debido Proceso.

Corresponde ahora verificar el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad de la Acción Constitucional bajo estudio, además de verificar si el acto demandado es susceptible de ser analizado en esta instancia constitucional, en virtud de una presunta infracción a normas fundamentales.

Así las cosas, de la presente iniciativa constitucional se advierte que el amparista denuncia como acto acusado la Resolución de 9 de Septiembre de 2014, proferida por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, mediante la cual se confirmó la Sentencia N° 32-10 de fecha 17 de junio de 2010, del Juzgado Segundo de Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, dentro del Proceso instaurado por Caja de Ahorros contra C.S.S., S.S. y C. Los Delfines S.A, pero plantea sus argumentos frente a una decisión adoptada por el Primer Tribunal Superior de Justicia al momento de rechazar las pruebas aducidas en segunda instancia. Adicionalmente, debemos indicar que la Resolución atacada en la presente Acción de A., ya fue conocida por la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, mediante Resolución del 30 de agosto de 2017, en donde se decidió no casar la Resolución de 9 de septiembre de 2014, emitida por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial.

En ese sentido, el acto acusado en la presente Acción de A., (Resolución de 9 de septiembre de 2014), no es el acto que generó la supuesta vulneración al derecho de defensa que alega el amparista, imposibilitando a este Tribunal estudiar la posible vulneración o no de la violación a la garantía constitucional cuya infracción se denuncia.

Cabe señalar que para la aspiración de una decisión de fondo en acciones como la que nos ocupa, es de trascendental importancia que el A. se dirija contra la Resolución que conlleva la infracción de los derechos o garantías fundamentales consagradas en la Constitución, ya que de lo contrario, este yerro conllevaría a que la decisión que se profiera en el fondo respecto a la Acción de A. de Garantías Constitucionales, fuera ineficaz e infructuosa, por razón que la alegada vulneración a la Carta Magna subsistiría en virtud que la Resolución demandada en A. no fue la que causó la supuesta violación denunciada.

Al respecto, esta Corporación de Justicia en reiterados fallos ha manifestado lo siguiente:

Fallo de 18 de marzo de 2010.

"En ese sentido, la jurisprudencia ha sido pacífica al indicar que el A. debe estar dirigido contra el acto originario y que sólo puede admitirse contra el acto confirmatorio en los casos en que éste último revoque o modifique el acto originario. (v.g., Sentencias de 30 de septiembre de 1993, 5 de agosto de 1994 y 27 de enero de 2000 y Sentencia de 17 de Junio de 2003. Ponente: M.. A.H.).

En el presente caso, el Pleno encuentra que la resolución impugnada en sede de amparo, es un acto confirmatorio que no revoca ni modifica el acto originario. Esta circunstancia hace manifiestamente improcedente el A. presentado y lleva a la Corte a confirmar sin reparos, la resolución venida en apelación".

Fallo de 5 de enero de 2011.

"Y es que de acuerdo a jurisprudencia del Pleno de esta Corporación de Justicia, la orden de hacer o no hacer, acto, hecho u omisión que debe atacarse con una acción de amparo lo constituye el acto originario, pues es el que crea una situación de hecho que infringe derechos fundamentales. Por lo tanto, no cabe impugnar a través de ésta institución de garantía un acto confirmatorio, pues de lo contrario la infracción cometida quedaría impune".

Fallo de 31 de mayo de 2011.

"La deficiencia de haber impugnado el acto confirmatorio, resulta de trascendental importancia para la aspiración de una decisión de fondo en acciones como la que nos ocupa. Y es que este yerro conllevaría que la decisión que se profiriera en el fondo respecto a la acción de A. de Garantías Constitucionales, fuera ineficaz e infructuosa, ya que la alegada vulneración a la Carta Magna subsistiría, en virtud que la resolución donde se originó, es la de primera instancia y no la confirmatoria, que es la que se ha impugnado".

Fallo de 23 de julio de 2012.

Advierte esta Superioridad, que esta acción de garantía no ha sido dirigida contra un acto originario sino contra un acto confirmatorio, cabe manifestar que en reiteradas oportunidades hemos acotado que solo cabe promover esta acción constitucional contra un acto confirmatorio, cuando éste revoque o modifique el acto originario, no siendo esta la situación del negocio que examinamos (v.g. Sentencias de 17 de Junio de 2003 y de 23 de marzo de 2011).

Fallo de 21 de diciembre de 2012.

"Lo reseñado hasta este punto, y tomando en cuenta que la accionante impugna la Resolución No. DM-188 de 13 de septiembre de 2012, permite a este Tribunal Constitucional percatarse que la presente causa no puede ser admitida, por cuanto que, censura un acto confirmatorio, el cual, según criterio jurisprudencial sentado por este Pleno, no es recurrible mediante amparo de garantías constitucionales, pues en el evento que, esta iniciativa constitucional prosperase, y fuese concedido el amparo que ataca la Resolución de segunda instancia, tal declaratoria no tendría trascendencia alguna, ya que permanecería vigente y surtiendo todos sus efectos la actuación que dió origen a la impugnada en sede constitucional, es decir, la resolución de primera instancia".

Siendo ello así, este Tribunal Constitucional, considera que la presente Acción Constitucional no reúne las condiciones para su admisibilidad y por ello, debe pronunciarse.

Por tanto, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la Acción de A. de Garantías Constitucionales presentada por el licenciado F.Z.S., actuando en nombre y representación del señor S.S. y C.S.S., contra de la Resolución de 9 de septiembre de 2014, proferida por el Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá.

N.,

OLMEDO ARROCHA OSORIO

JOSÉ E. AYÚ PRADO CANALS -- CECILIO CEDALISE RIQUELME -- HERNÁN A. DE LEÓN BATISTA -- HARRY A. DÍAZ - LUIS RAMÓN FÁBREGA S. --- JERÓNIMO E. MEJÍA E. - SECUNDINO MENDIETA G.-ABEL AUGUSTO ZAMORANO

YANIXSA Y. YUEN (Secretaria General)

VLEX utiliza cookies de inicio de sesión para aportarte una mejor experiencia de navegación. Si haces click en 'Aceptar' o continúas navegando por esta web consideramos que aceptas nuestra política de cookies. ACEPTAR