Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Pleno), Pleno, 24 de Octubre de 2019

PonenteOlmedo Arrocha Osorio
Fecha de Resolución24 de Octubre de 2019
EmisorPleno

Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá

Sala: Pleno

Ponente: Olmedo Arrocha Osorio

Fecha: 24 de octubre de 2019

Materia: A. de Garantías Constitucionales

Primera instancia

Expediente: 474-19

VISTOS:

Conoce el Pleno de la Corte Suprema de Justicia de la Acción de A. de Garantías Constitucionales promovida por el licenciado E.G.V.K., actuando en nombre y representación de los señores E.G.N. y J. De La Cruz González Navas, contra la Resolución No. ANATI - 090-4-18 del 3 de abril de 2018, dictada por la Dirección Nacional de Titulación y Regularización de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras.

En esta etapa procesal, corresponde al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, verificar el cumplimiento de los requisitos de admisibilidad de la Acción Constitucional que nos ocupa, de acuerdo con lo previsto en el artículo 54 de la Constitución Nacional y los artículos 2615, 2616 y 2619 del Código Judicial, así como de lo expresado por la Jurisprudencia de esta Máxima Corporación de Justicia.

Dentro del caso en estudio, esta Corporación de Justicia observa que la presente Acción de A. de Garantías Constitucionales se interpone contra un Acto, según el cual, al decir del A., vulnera o lesiona derechos o garantías consagrados en la Constitución, al igual que se consignó el nombre del servidor público que impartió la orden.

En los hechos en que se fundamenta la presente Acción Constitucional, se expone que dentro del Proceso de Sucesión Intestada del señor F.G.G. (Q.E.P.D.), el Juzgado Primero Municipal Civil del Distrito de C., Provincia de C., declaró a los señores E.G.N. y J. De La Cruz González Navas, herederos universales del fallecido; que en consecuencia, se les adjudicó la Solicitud de Adjudicación No.3-1780 de 14 de septiembre de 1967, los declaró en posesión legítima de los bienes herenciales que quedaron en su poder al ocurrir la muerte del causante; se ordenó que toda persona que tuviese en su poder bienes muebles inventariados de propiedad de los causantes los entregase a los herederos y que la Autoridad Nacional de Tierras (ANATI) cancelara toda inscripción que pesara sobre la Solicitud de Adjudicación No.380 de 14 de septiembre de 1969.

Manifiesta que la Dirección Nacional de Titulación y Regularización de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras, emitió la Resolución No. ANATI - 090-4-18 del 3 de abril de 2018, mediante la cual entre otras cosas, anula la Solicitud de Adjudicación No.3-1780 de 14 de septiembre de 1967, lo cual considera el Amparista, viola el debido proceso, normas constitucionales, trámites legales y procesales, ya que "...al pretenderse se ejecute una orden dictada por una autoridad sin la competencia y jurisdicción para esta pretensión; y luego de un largo proceso de sucesión intestada; y que a su vez, contradice e incumple con un mandato emitido por un juzgador judicial, que posee la competencia e incumple con un mandato emitido por un juzgador judicial, que posee la competencia y la jurisdicción en estos menesteres. Además, que acarrea consecuencias legales y daños a los demandantes y herederos universal (sic), al no emitirse por la ANATI, la certificación de solicitud de adjudicación a título oneroso No. 3-1780 del 14 de septiembre de 1967, y que está contenida en la orden de hacer dentro del AUTO No. 340 del veinticinco (25) de febrero de dos mil quince (2015)". Además, manifiesta que contra la resolución demandada anunció y sustentó Recurso de Reconsideración, lo cual nunca fue contestado por la Dirección Nacional de Titulación y Regularización, ni por el Administrador de la Autoridad Nacional de Tierras (ANATI).

Se observa que el Activador Constitucional señala que se ha infringido el artículo 32 de la Constitución Nacional; no obstante, no encontramos en las argumentaciones del Amparista, cuál es la repercusión grave e inminente en el actuar de la Autoridad demandada que consecuentemente, requiera de un estudio constitucional, ya que solo se limita a hacer mención de la norma presuntamente infringida, pero no plantea el alcance desfavorable que la acción demandada causa a sus mandantes.

En este sentido, el letrado O.C.R.M., en su libro "La Demanda de A. de Garantías Constitucionales" cuando se refiere al Principio de oportunidad y de Lesividad, señala:

"Es necesario que el acto, la orden de hacer o no hacer que se acusa vía amparo de garantías constitucionales, haya causado un perjuicio o agravio al amparista, entendiendo este como la causación de un daño a una persona en correlación con la o las garantías constitucionales que a ella se le atribuyen.

La inminencia del daño significa que se trate de un perjuicio actual, no pasado u ocurrido hace mucho tiempo, o bien que ya hubiese surtido sus efectos.

Inminente quiere decir que amenaza o está para suceder prontamente, pero eliminando simples especulaciones, posibilidades o eventualidades de causación de un agravio.

Esto requiere que se logre poner de manifiesto -mediante datos objetivos-, los elementos dañosos futuros, no por apreciación subjetiva, o por temor genérico, sino porque la autoridad dé manifestaciones reales de que está por afectarse una garantía constitucional." (La Demanda de A. de Garantías Constitucionales, Manual Práctico para su Admisibilidad, Segunda Edición, corregida y actualizada, Editorial M&P, Panamá, 2018, pág. 71).

En otro orden de ideas, debemos señalar que el Amparista ha interpuesto la presente demanda habiendo transcurrido más de un (1) año de haberse notificado del Acto demandando y a pesar de que nos ha manifestado que impugnó mediante Recurso de Reconsideración lo resuelto por la Autoridad Nacional de Administración de Tierras y que nunca le respondieron, este argumento no es óbice para interponer una Demanda Constitucional, ya que en reiteradas ocasiones esta Corte ha externado que si se considera que el Acto Administrativo ha lesionado derechos fundamentales, el afectado puede acudir a la Sede Constitucional, sin necesidad de agotar los medios de impugnación, en virtud del principio de preferencia. Al respecto, cabe referenciar lo expuesto con el Fallo de 24 de abril de 2015, en el que se destaca lo siguiente:

"...con relación al tema del agotamiento de los medios de impugnación, esta Corporación de Justicia se ha referido en los siguientes términos:

"Primeramente, la resolución recurrida señaló, entre las razones para declarar no viable la acción impetrada, que el activador constitucional no agotó la vía gubernativa, para poder recurrir a través del amparo constitucional.

Ante esta postura, es importante indicar que no existe disposición legal que exija que en materia administrativa deba agotarse la vía gubernativa para poder accionar la jurisdicción constitucional por vía de la acción de amparo de derechos constitucionales. Tal exigencia (agotar la vía gubernativa) viene dada por la Ley exclusivamente para poder acudir a la jurisdicción contencioso - administrativa.

En contraste, del contenido del tercer párrafo del artículo 2615 del Código Judicial se evidencia que la acción de amparo procede contra todo acto que vulnere derechos constitucionales, veamos:

"Esta acción de A. de Garantías Constitucionales puede ejercerse contra toda clase de acto que vulnere o lesione los derechos o garantías fundamentales que consagra la Constitución que revistan la forma de una orden de hacer o no hacer, cuando la gravedad e inminencia del daño que representan requieren de una revocación inmediata".

No obstante, con relación al agotamiento de los medios y trámites legales, esa figura está prevista exclusivamente para cuando se pretenda amparar constitucionalmente resoluciones judiciales, en cuyo caso deberán agotarse en principio los medios impugnativos ordinarios que procedan contra esas decisiones, conforme lo destaca el numeral 2 del artículo 2615 del Código Judicial, que establece lo siguiente:

"Solo procederá la acción de amparo cuando se hayan agotado los medios y trámites previstos en la ley para la impugnación de la resolución judicial de que se trate...".

Como se aprecia, la exigencia legal transcrita solamente tiene aplicación, cuando se trata de decisiones judiciales. De acuerdo a lo establecido en la doctrina, los preceptos que establecen limitaciones para el ejercicio de derechos fundamentales se deben interpretar restrictivamente. Por ello, no puede hacerse extensivo la obligación de agotar los medios impugnativos a los Actos Administrativos.

Como quiera que las normas constitucionales y legales que rigen la materia de amparo de garantía constitucional no hacen referencia a las resoluciones administrativas por lo que no es viable, cuando se vulnera una garantía constitucional, exigir requisitos adicionales a los no contemplados en el ordenamiento jurídico, como lo es el agotamiento de la vía contencioso administrativa". (A. de Garantías Constitucionales". Fallo de 4 de septiembre de 2008. M.. J.M.).

El Pleno ha expresado que la acción que un acto de naturaleza administrativa que implique la afectación de un derecho de índole fundamental, puede impugnarse ante las autoridades jurisdiccionales competentes para hacer efectiva la tutela de tales derechos por medio del amparo de derechos fundamentales, sin que medie la instauración previa de un proceso Contencioso Administrativo."

Ante la situación planteada, esta Corporación de Justicia, estima necesario reiterar que la Acción de A. es una acción autónoma, que puede ser presentada contra cualquier Acto susceptible de lesionar, afectar, alterar, restringir, amenazar o menoscabar un derecho fundamental, previsto no solamente en la Constitución Nacional, sino en los Convenios y Tratados Internacionales sobre derechos humanos vigentes en Panamá y en la Ley, cuando por la gravedad e inminencia del daño se requiera una revocación inmediata.

Del análisis del caso bajo estudio, observamos que lo que se nos expone no logra trascender el ámbito constitucional, pues dichas consideraciones no nos permiten vislumbrar en qué forma se desatendió o violó el debido Proceso, sino más bien la disconformidad que mantiene el A. con la decisión tomada por la Autoridad demandada.

Por lo tanto, al no existir una posible vulneración de derechos fundamentales en la presente Causa, esta Superioridad es del criterio que lo procedente, es la inadmisibilidad de la presente Acción de A. de Garantías Constitucionales.

En mérito de lo expuesto, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la Acción de A. de Garantías Constitucionales promovida por el licenciado E.G.V.K., actuando nombre y representación de los señores E.G.N. y J. De La Cruz González Navas, en contra de la Resolución No. ANATI - 090-4-18 del 3 de abril de 2018, dictada por la Dirección Nacional de Titulación y Regularización de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras.

N.,

OLMEDO ARROCHA OSORIO

JOSÉ E. AYÚ PRADO CANALS - CECILIO CEDALISE RIQUELME - HERNÁN A. DE LEÓN BATISTA - HARRY A. DÍAZ (Salvamento de Voto) - L.R.F.S.-.J.E.M.E.-.A.R.D.C.-.A.A.Z.(. de Voto)

YANIXSA Y. YUEN (Secretaria General)