Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 21 de Septiembre de 2020

PonenteHernán A. De León Batista
Fecha de Resolución21 de Septiembre de 2020
EmisorPleno

Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá

Sala: Pleno

Ponente: H.A. De León Batista

Fecha: 21 de septiembre de 2020

Materia: Amparo de Garantías Constitucionales

Primera instancia

Expediente: 21-2020

Vistos:

Conoce el Pleno de la Corte Suprema de Justicia la Acción de Amparo de Garantías Constitucionales promovida por el Licenciado A.B.P.A. actuando en nombre y representación de A.A.V.C., contra el Decreto de Personal No. 175 de fecha 27 de agosto de 2019 proferido por el Ministerio de Economía y Finanzas.

  1. DE LA ORDEN IMPUGNADA:

Dentro de la presente acción se aportó original del Decreto de Personal No. 175 del 27 de agosto de 2019, en cual decreta lo siguiente:

ARTÍCULO PRIMERO: Dejar sin efecto el nombramiento del servidor público A.A.V.C., con Cédula de Identidad Personal No. 8-252-744, en el cargo de A.F.I. (con funciones de Inspector de Juego I), Código No. 0073011, Posición No. 5041, Salario Mensual de B/.800.00, con cargo a la Partida No. 0.16.0.3.001.02.02.001, contenido en el Decreto Ejecutivo de Personal No. 51 de 25 de abril 2011.

ARTÍCULO SEGUNDO: Reconocer al servidor público las prestaciones económicas que por ley le corresponde.

ARTÍCULO TERCERO: Se advierte al interesado que contra el presente Decreto sólo procede el Recurso de Reconsideración, del cual podrá hacer uso dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la notificación.

FUNDAMENTO DE DERECHO

Artículo 300 de la Constitución Política de la República de Panamá; artículo 629 del Código Administrativo; artículo 2 del Texto Único de la L. No. 9 de junio de 1994, modificado por la No. 23 de 12 de mayo de 2017; artículo 35 de la L. No. 38 de 2000 y Resolución No. 38 de 9 de julio de 2019 de la Dirección General de Carrera Administrativa del Ministerio de la Presidencia.

PARÁGRAFO: Para los efectos fiscales este Decreto de Personal rige a partir de la notificación.

  1. HECHOS EN QUE SE FUNDAMENTA LA DEMANDA.

    Señaló el accionante que, el señor A.A.V.C., es la única fuente de sustento de sus padres discapacitados ambos adultos mayores en estado de vulnerabilidad a causa de una discapacidad.

    Manifestó que, fungía como A.F.I., con funciones de Inspector de Juego I, Sala de Inspección de Hipódromos, Código No. 0073011, Posición No. 5041, salario mensual de B/.800.00, en el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), en forma ininterrumpida desde el 25 de abril de 2011, hasta el día 15 de noviembre de 2019, fecha en que fue destituido.

    Considera el letrado que, su representado fue destituido injustificada e ilegalmente, sin causa alguna, mediante la orden de hacer contenida en el Decreto de Personal No. 175 de 27 de agosto de 2019 emitido por el Presidente de la República por conducto del Ministerio de Economía y Finanzas en donde había sido nombrado, violando el debido proceso.

    Argumenta que, su representado goza de fuero laboral, protección especial y está amparado por el régimen especial de estabilidad laboral derivado de las normas legales de protección establecidas por el Estado a favor de las personas que se encuentren en situación de vulnerabilidad a causa de una discapacidad.

    Estima que, a su representado lo protege el contenido de la L. No. 42 de 27 de agosto de 1999, en sus artículos 1, 2, 3, 7, 8, 41, 42 y 43 que garantizan el derecho a un empleo productivo y remunerado en igualdad de condiciones, en especial, el derecho a la alimentación de las personas con algún grado de discapacidad o que padecen de alguna discapacidad.

    Indicó que el servidor público A.A.V. CRUZ es la única fuente de sustento de sus padres discapacitados ambos en situación o estado de vulnerabilidad, principalmente el señor A.M.V.P., con cédula 8-51-383, adulto mayor de 93 años discapacitado con enfermedades crónicas, degenerativas de hipertensión arterial, senil en silla de ruedas, a causa de una discapacidad.

    Manifiesta que, a pesar de los padecimientos de su padre, el señor V.C. fue destituido de su empleo sin una causa justificada, por la autoridad demandada, acción por medio de la cual, según sus consideraciones, se violan sus derechos fundamentales y se viola la garantía constitucional del debido proceso legal, en concepto de violación directa por omisión, por falta de aplicación, contenido en el artículo 32 de la Constitución Política.

    De igual manera, considera el accionante que, el acto demandado viola el principio de legalidad ya que fue dictado en contravención de las normas legales aplicables al caso concreto, e infringe normas como la L. 42 del 27 de agosto de 1999, sobre discapacidad, la L. Especial No. 59 de 28 de diciembre de 2005, modificada por la L. No. 25 del 19 de abril de 2018, y la Convención Sobre los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, de la cual Panamá es signataria, aprobada mediante L. No. 25 de 10 de julio de 2007.

    Señaló que ambos padres dependen del señor V. CRUZ lo que implica que el debido proceso en este caso, supone no solo proteger o cumplir una función de garantía al procedimiento, sino que también supone, una garantía para proteger la dignidad humana de las personas con discapacidad, por extensión a los padres u tutores de las personas con discapacidad, en el sentido de proteger integralmente la familia, de acuerdo a las 100 Reglas de Brasilia, sobre el Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad, adoptada en nuestro país, según acuerdo del Pleno de la Corte Suprema de Justicia No. 245 del 13 de abril de 2011.

    Manifestó que, el Decreto de Personal No. 175 de 27 de agosto de 2019, que deja sin efecto el nombramiento de personal, no estaba en firme y debidamente ejecutoriado, no se había agotado la vía gubernativa, por lo que según sus consideraciones, no es, ni era legal, suspender los pagos al servidor público, ya que este acto no puede surtir efectos jurídicos alguno, dicha medida es arbitraria y violatoria de derechos humanos, no solo del servidor público que es la única fuente de sustento de sus padres discapacitados, sino de toda su familia, ya que colocó en un cerco de hambre a A.A.V.C. y a toda su familia, razón por la cual no se le pude dejar desprotegido.

    Según sus conclusiones, lo correcto sería darle una estabilidad laboral que garantice su salario, en vez de la destitución, a fin de que pueda cumplir las necesidades básicas elementales y las de toda su familia.

    Sostuvo que la medida de haber suspendido los pagos al señor A.A.V. CRUZ antes de haber sustentado su recurso de reconsideración en detrimento de toda su familia es violatoria del artículo 32 de la Constitución Política y de los artículos 170, artículo 200 numeral 4, artículo 201 numeral 43, de la L. 38 del 31 de julio de 2000.

    Acotó que en el caso que nos ocupa, la facultad discrecional de la autoridad nominadora sobre la remoción se ve limitada por la propia L. Especial No. 42 de 1999, ya que solo podría ordenar la remoción o despido mediante la comprobación de una causa legal que amerite su remoción o sobre la base de la aplicación y comprobación de una causa legal justificada de destitución debidamente acreditada y motivada conforme a la legislación vigente.

    Señaló que es obligación ineludible y fundamental del Estado garantizar que las personas con discapacidad al igual que todos los ciudadanos gocen de los derechos que la Constitución Política y las leyes le confieren, de manera que, todo trabajador discapacitado, padre, madre, tutor o el representante legal de la persona con discapacidad, no podrá ser despedido o destituido ni desmejorado en su posición, salario o; todo trabajador discapacitado de la empresa privada como los hijos del servidor público con discapacidad tendrá derecho a permanecer en su puesto de trabajo sin perjuicio y menoscabo de su salario.

    Expresó que los derechos fundamentales y garantías establecidas en las L.es y en los Convenios Internacionales en materia laboral, fija una especial protección estatal en beneficio de todos los trabajadores la cuales son aplicables restrictivamente con el principio de favorabilidad en beneficio del trabajador y la dignidad de la persona humana, por ello, el Estado panameño está comprometido a adoptar estas medidas y debe ser considerado en este caso.

    Con relación a las normas constitucionales vulneradas señaló que se vulnera el artículo 32 de la Constitución Política por omisión y falta de aplicación, ya que la destitución del señor A.A.V.C. no fue expedida de conformidad a la L., ni conforme a derecho, la misma se dio sin causa legal justificada alguna, por lo que viola sus derechos fundamentales al ser el único sustento familiar y con ello su derecho legítimo a la alimentación al tenor de lo que dispone la L. 42 de 27 de agosto de 1999 en los artículos 1, 2 , 3 , 7, 8, 41, 42, y 43 los cuales garantizan el derecho a un empleo productivo y remunerado en igualdad de condiciones, en especial el derecho a la alimentación de las personas con algún grado, o que padecen una discapacidad, asimismo protege a los que están en estado de vulnerabilidad a causa de la misma.

    Además, estimó vulnerados por omisión y falta de aplicación, los artículos 17, 19, 74 y 300 de la Constitución Política.

    Con respecto al artículo 17 indicó que es deber del Estado asegurar la efectividad de los derechos individuales y sociales; además sostuvo que dicha norma establece la obligación que tienen las autoridades de la República y de quienes ejercen el control de su actividad, de proteger la vida, honra y bienes de las personas, de asegurar la efectividad de los derechos y deberes individuales e igualmente, de hacer cumplir la Constitución y las leyes.

    Según sus consideraciones el acto impugnado vulnera el derecho a estabilidad en el cargo condicionada a la competencia, lealtad y moralidad en el servicio.

    Con relación a los artículos 19 y 74 de la Constitución Política reitera lo expuesto, señalando que, la destitución del señor A.A.V.C. no fue expedida de conformidad con la L., ni conforme a derecho, como única fuente de sustento de sus padres discapacitado y en una situación de vulnerabilidad, como lo protege la L. No. 25 del 19 de abril de 2018, pues, fue destituido sin causa legal justificada, además vulnerando lo que dispone la L. 42 de 27 de agosto de 1999, en los artículos 1, 2, 3, 7, 8, 41, 42 y 43 que garantizan el derecho a un empleo productivo, digno, remunerado y además garantizan el derecho a alimentación a una persona con discapacidad o en estado de vulnerabilidad, a causa de una discapacidad.

    Por estas consideraciones estima el accionante que debe revocarse el acto impugnado y reincorporar a su cargo al servido público, a fin de que los derechos infringidos con dicho acto sean reestablecidos, ya que no fue despedido conforme a los trámites que establece la L..

    Con relación al artículo 300 de la Constitución Política explicó que el concepto de la violación es directa por omisión y por falta de aplicación toda vez que la facultad discrecional como autoridad nominadora sobre su remoción se ve limitada por la propia L. Especial, a pesar de ello fue destituido, sin causa legal alguna, a su juicio solo se podría ordenar su remoción o despido mediante la comprobación de una causa legal que amerite su remoción o; sobre la base de la aplicación y comprobación de una causa legalmente justificada de destitución, por ello, debe concederse el presente amparo.

    Acotó que, el artículo 302 de la Constitución Política refuerza tales afirmaciones, cuando indica que los nombramientos, ascensos, suspensiones, traslados, destituciones, cesantía y jubilaciones serán determinados por la ley; y no necesariamente serán el resultado del poder discrecional o absoluto de la autoridad nominadora.

    Señaló que de lo expuesto se colige la vulneración constitucional del acto impugnado, en concepto de violación directa por omisión y falta de aplicación en relación directa con los artículos 4, 17, 32 y 300 de la Constitución Política, además la falta de aplicación, con relación en los artículos 2 y 8.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos.

    Según sus conclusiones, dicho acto vulnera el derecho a la estabilidad en el cargo condicionada a la competencia, lealtad y moralidad en el servicio.

    Señaló que, que el artículo 19 de la Constitución Política indica que no existen fueros, privilegios, ni discriminación por razón de raza, nacimiento, discapacidad, clase social, sexo, religión o ideas políticas, distinción o desigualdad procesal, garantías que, a su juicio, el acto impugnado vulnera, ya que existe una evidente y clara distinción discriminatoria con respecto a los trabajadores discapacitados, al no aplicar la L. No. 42 de 1999 y la L. No. 59 de 2005, reformada por la L. No. 25 de 19 de abril de 2018.

    Sostuvo que en el caso en mención los derechos subjetivos del colaborador público quedaron desprotegidos en forma directa por la aplicación de un despido antijurídico, inhumano, injustificado y violatorio de la L., lo que hace una clara distinción de desigualdad procesal.

    Explicó que la ley general no puede estar por encima de una ley especial la cual tiene primacía y mayor jerarquía de aplicación, a su juicio, en este caso, prevalece la aplicación de la L. No. 42 de 27 de agosto de 1999, el Decreto Ejecutivo No. 88 de 12 de noviembre de 2002 y la L. Especial No. 59 de 28 de diciembre de 2005, modificada por la L. No. 25 de 19 de abril de 2018 como leyes especiales en materia laboral, aplicables para las personas discapacitadas y los procedimiento que estas leyes establecen, para los casos de despidos o destitución de discapacitados.

    En virtud de estas consideraciones solicita se conceda el amparo de garantías constitucionales, se revoque el acto impugnado y su acto confirmatorio y, en consecuencia de ello, se ordene el reintegro inmediato de A.A.V.C., a su puesto de trabajo. (Fojas 3-32).

  2. INFORME DE LA AUTORIDAD REQUERIDA.

    Luego de interpuesto y analizado el libelo de la acción constitucional, se dispuso su admisión y, por lo que el Ministerio de Economía y Finanzas, a través de Nota MEF-2020-21683 de fecha 21 de abril de 2020, suscrita por el Jefe de Asesoría Legal del Despacho Superior, señaló las siguientes consideraciones:

    Honorable Magistrado Sustanciador:

PRIMERO

El señor A.A.V.C., portador de la cédula de identidad personal N.. 8-252-744 fue nombrado en el cargo de A.F.I., posición N.. 5041, a través del Decreto de Personal No. 51 de 25 de abril de 2011, expedido por el Ministerio de Economía y Finanzas . Con motivo del citado acto condición, el señor A.A.V.C., tomó posesión del cargo el día 28 de abril de 2011, adquiriendo de esta forma la condición de servidor público, adscrito al Ministerio de Economía y Finanzas.

SEGUNDO

En el marco del ejercicio de la función pública, mediante el Decreto de Personal N.. 175 de 27 de agosto de 2019, se dejó sin efecto el nombramiento del servidor público A.A.V.C., decretado por medio del Decreto de Personal No. 51 de 25 de abril de 2011. El comentado acto se basó en el artículo 300 de la Constitución Política de la República de Panamá; artículo 629 del Código Administrativo; el artículo 2 del Texto Único de la L. 9 de 20 de junio de 1994 "Que regula la Carrera Administrativa"; el artículo 35 de la L. 38 de 31 de julio de 2000 y la Resolución N.. 038 de 9 de julio de 2019 proferida por la Dirección General de Carrera Administrativa del Ministerio de la Presidencia.

TERCERO

La decisión precedente se enmarcó principalmente en el artículo 2 del Texto Único de la comentada L. 9 de 20 de junio de 1994, (sic) define a los servidores públicos que mantienen la condición de funcionarios de carrera administrativa, como aquellos que "han ingresado a la carrera administrativa según las normas de la presente L., y que no pertenecen a ninguna otra carrera ni están expresamente excluidos de la carrera administrativa por la Constitución o las L.es". En este sentido el ahora A. no mantiene la condición de servidor público de carrera administrativa, al tenor del artículo 51 Lex cit, pues su ingreso a la Administración no se articuló sobre la base de los criterios de selección por sistema de méritos sino de libre nombramiento y remoción, por ende, no gozaba de la estabilidad laboral, al tenor de lo señalado en el numeral 1 del artículo 143 de la norma precitada. Lo anterior, faculta al jefe del ejecutivo a desvincular a (sic) de la Administración a los funcionarios que no mantienen la condición de funcionarios de carrera administrativa o bajo el amparo de otra carrera establecida en el artículo 305 de la Constitución Política de la República de Panamá, tal como lo dispone el artículo 629 del Código Administrativo.

CUARTO

En atención a la comentada desvinculación laboral, se le reconoció a (sic) al prenunciado ex - servidor público, en el mismo acto condición las prestaciones económicas que le corresponden por L. y su derecho a recurrir en reconsideración este acto administrativo, en un término de cinco (5) días hábiles contados a partir de su notificación. Contra esta decisión el ex funcionario, presentó, en tiempo oportuno Recurso de Reconsideración, fundamentando en su escrito que su destitución no se basó en alguna causa de índole disciplinaria o por incapacidad en el ejercicio de su cargo, por lo que se procedió a su desvinculación sin justificación legal de acuerdo, al procedimiento estatuido en la L. 9 de 20 de junio de 1994.

QUINTO

El enunciado Recurso de Reconsideración fue resultado (sic) mediante la Resolución Administrativa 076 de 30 de septiembre de 2019, manteniendo en todas sus partes el Decreto de Personal N.. 175 de 27 de agosto de 2019. Al respecto, en la parte motiva del citado acto administrativo se reiteró lo anotado en el comentado acto de destitución, que el recurrente no mantenía la condición de funcionario de carrera administrativa, por ende, el concepto de destitución desarrollado en el numeral 16 del artículo 2 del Texto Único de la L. 9 de 20 de junio de 1994 no le era aplicable puesto que el mismo define esta acción de personal como: "La desvinculación definitiva y permanente del Servidor Público de Carrera Administrativa, por las causales establecidas en el Régimen disciplinario, o por incapacidad o incompetencia en el desempeño de su cargo" (sic)

SEXTO

Sobre el particular, la Corte Suprema de Justicia, a través de la Sala Tercera de lo Contencioso, Administrativo y L. en fallo de 31 de agosto de 2018, puntualizó lo siguiente:

"Es de lugar destacar que, no se observa en el expediente que la parte actora haya pasado por algún procedimiento de selección de personal, por medio de concurso de méritos, para adquirir la posición que ocupaba, por lo que se trata de un servidor público de libre nombramiento y remoción, quedando su cargo bajo la potestad discrecional de la Administración, y no requiriendo un procedimiento administrativo sancionador para removerlo.

Aunado a lo anterior, debemos advertir que las evaluaciones de desempeño realizadas al funcionario y que constan en el expediente no responden a un concurso de méritos para ocupar un cargo, sino al desempeño mostrado para el periodo contratado, por lo que no debe confundirse como una evaluación que busca calificar su desempeño como aspirante al cargo que ejercía.

En este sentido, la remoción y desvinculación del cargo de la demandante se fundamenta, tal como se observa en el acto administrativo demandado, en el ejercicio de la facultad discrecional de la autoridad nominadora, ya que el servidor público no se encuentra amparado por el derecho a la estabilidad en el cargo, derecho inherente de los servidores públicos de carrera. En estos casos la Administración puede ejercer la facultad de resolución "ad nutum", es decir, la facultad de revocar el acto de nombramiento fundamentada en la voluntad de la Administración y su discrecionalidad, según la conveniencia y la oportunidad."

(El resaltado es nuestro)

Desde el punto de vista jurisprudencial, la citada corporación de justicia ha explicado jurídicamente como opera la desvinculación de un servidor público de libre nombramiento y remoción frente a un servidor público de sistema de méritos o de carrera, a partir de la forma en que ingresó al Sector Público y de la misma forma puede ser desvinculado de él.

SEPTIMO

Por otra parte, respecto a la protección contemplada en la L. 59 del 28 de diciembre de 2005, por la cual se adoptan medidas de protección laboral para personas con enfermedades crónicas y degenerativas, en su artículo primero señala que "Todo trabajador nacional o extranjero, a quien se le detecte enfermedades crónicas, involutivas y/o degenerativas, así como insuficiencia renal crónica, que produzcan discapacidad laboral", señalando con posterioridad en su artículo 4 que los servidores públicos bajo esta condición pueden ser desvinculados de la Administración cuando se invoquen para ello alguna causa justa prevista en la L.. Como se parecía la L. 59 de 2005, prevé una protección laboral reservada única y exclusivamente para el trabajador o funcionario público que padece de una enfermedad crónica, amparo que no es extensivo a los familiares de estos.

OCTAVO

En atención a los argumentos vertidos por el A. sobe (sic) la vulneración de la ley No. 42 de 27 de agosto de 1999 que establece la equiparación de oportunidades para las personas con discapacidad, cabe destacar que la protección laboral instituida en ella requiere de una serie de requisitos que debe cumplir la persona que considera se encuentra aparada (sic) por este derecho. En primer lugar, la referida L. en su artículo su artículo (sic) 45-A dispone protección de personas con discapacidad y extrapola su ámbito de aplicación a los padres, madres o tutores/as de personas con discapacidad. Al hacer una revisión de la documentación inserta en el expediente de personal del señor A.A.V.C., no existe documentación que acrediten le han asignado la tutela sobre sus progenitores, y por ende tampoco existe documentación legal en el comentado expediente que respalde el padecimiento de alguna discapacidad de sus padres. Sobre el particular, el Código de la Familia al regular la institución de la tutela, señala las tres formas en que la misma se concede o bien se adquiere es decir por Testamento, L. o por mandato de Juez, situación que no se da en el caso bajo estudio.

NOVENO

Por otra parte, no existen constancias incorporadas al expediente de personal del ex funcionario que comprueben que el señor A.M.V.P., portador de la cédula de identidad personal, (sic) se encuentra dentro de las personas sujetos a tutela al tenor de los (sic) dispuesto en el artículo 390 del Código de la Familia, es decir que hubiese sido sujeto de un proceso de interdicción civil en el cual se designase a su hijo A.A.V.C. como su tutor legal, ya que será la única figura aplicable a su persona, por cuanto el señor A.M.V.P. no es un menor de edad y no es un discapacitado profundo, de acuerdo, al hecho quinto planteado en la precitada demanda de Constitucional de Amparo de Garantías Fundamentales; el Código de la Familia, establece y regula la institución de la tutela en el ámbito del Derecho de Familia, la cual supone una serie de requisitos y procesos que concluyeron con un dictamen judicial de la autoridad competente, previo pronunciamiento del Ministerio Público, en calidad de defensor, e inscripción en el Registro Civil de la orden de un Juez.

DECIMO

Sin perjuicio de lo anterior, el señor A.A.V.C. no aportó a su expediente de personal la documentación idónea para determinar la calidad de discapacitado del señor A.M.V.P., en cumplimiento de los señalado en el Decreto Ejecutivo Num. 36 de 11 de abril de 2014, modificado por el Decreto Ejecutivo Num. 74 de 14 de abril de 2015 y el Decreto Ejecutivo Num.36 de 11 de abril de 2014, a la fecha no se ha cumplido con la designación formal y en cumplimiento del Código de la Familia, de su persona como tutor de su señor padre, requisito sine quanum (sic) para que sea sujeto de la aplicación del artículo 42-A de la L. Num. 42 de 27 de agosto de 1999. En virtud de todo lo expuesto, la orden de hacer contemplada en el Decreto de Personal Num. 175 de 27 de agosto de 2019, por el cual se desvincula al señor A.A.V.C., fue elaborado y ejecutado de acuerdo al principio del debido proceso, dispuesto en el artículo 32 de la Constitución Política de la República de Panamá.

D.H.M.S., (fojas 124 a128).

  1. CONSIDERACIONES DEL PLENO.

Luego de exponer las consideraciones vertidas por la amparista, así como el informe remitido por la autoridad demandada, entra el Pleno a pronunciarse sobre el fondo del negocio.

Dentro de la presente causa se observa que el acto impugnado es el Decreto de Personal No. 175 del 27 de agosto de 2019 que deja sin efecto el nombramiento del servidor público A.A.V.C., lo cual se considera violatorio de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 4, 17, 19, 32, 74 y 300 de la Constitución Política.

Además se indica que, al proferir el acto impugnado se desconoció el contenido de la L. No. 42 del 27 de agosto de 1999, reglamentada por el Decreto Ejecutivo de 12 de noviembre de 2002; de igual manera, se desconoció el contenido de la L. No. 59 del 28 de diciembre de 2005, modificada por la L. No. 25 del 19 de abril de 2018.

Las vulneraciones a los normas constitucionales se explican señalando que, a pesar de que el señor A.A.V. CRUZ es el único sustento de sus padres discapacitados, ambos adultos mayores y en condición de vulnerabilidad, fue destituido de su empleo desconociendo las protecciones que precisan las leyes antes señaladas.

Se aduce que, la destitución no se llevó a cabo de acuerdo a los procedimientos que establece la L. (debido proceso), puesto que estaba amparado por una L. Especial o; por un régimen de estabilidad por medio del cual, la facultad discrecional de la autoridad nominadora sobre remoción, se ve limitada o protegida por dicha ley especial, al ser él (A.A.V. CRUZ) la única fuente de ingreso de sus padres discapacitados, ambos adultos mayores en estado de vulnerabilidad.

En ese sentido, al entrar a analizar lo expuesto debemos remitirnos al contenido de la L. de la L. 42 de 1999, reformada por la L. 15 de 31 de mayo de 2016, específicamente en el artículo 54, que adiciona el artículo 45-A, en dicha ley se indica lo siguiente:

Artículo 45-A. La persona con discapacidad, padres, madres, tutor o el representante legal de la persona con discapacidad no podrá ser despedido o destituido ni desmejorado de su posición o salario, salvo que el empleador o superior acredite con antelación una causal establecida en la ley que justifique la terminación de la relación laboral.

En los casos de los servidores públicos no se admitirá como causal el libre nombramiento y remoción, salvo que se trate de funcionarios nombrados en cargos de confianza.

Los servidores públicos que ocupen cargos que sean declarados insubsistentes serán nombrados en otra posición dentro de la respectiva institución.

Los trabajadores con discapacidad gozarán de estabilidad laboral, por lo que sus empleadores deberán asegurar su inclusión en la planilla laboral permanente de la empresa o institución correspondiente, una vez hayan aprobado el periodo probatorio.

De la norma antes citada, se desprende que la protección que dicha L. desarrolla, es para las personas con discapacidad y alcanza a la propia persona con discapacidad, sus padres, madres o el tutor, pero no tiene un alcance para proteger la estabilidad laboral de los hijos de las personas con alguna discapacidad, como se intenta plantear dentro de la presente causa.

Esta Máxima Corporación de Justicia, con relación al artículo 45-A de la L. 42 del 27 de agosto de 1999, adicionado por la L. 15 de 31 de mayo de 2016, ha señalado que dicha norma se desprenden dos puntos muy importantes: el primero es la posibilidad de que una persona distinta a aquella que padece la discapacidad pueda exigir la protección laboral, siempre que ostente la condición de padre, madre, tutor o representante legal de la persona con discapacidad y; el segundo la necesidad de que en estos casos se acredite con antelación una causal establecida en la ley que justifique la terminación del trabajador, dejando en claro que no entenderá como causal el "libre nombramiento y remoción", salvo que se trate de funcionarios nombrados en cargos de confianza.

Es decir, lo que busca la norma es garantizar el empleo a quienes padezcan alguna discapacidad, a la madre y el padre de niños o personas con discapacidad y a quienes sean tutores/as o representantes legales de las personas que ostentan dicha condición; no obstante, el reconocimiento de la protección señalada, parte de la acreditación de la discapacidad de la persona la cual el servidor público afirma tener la representación legal.

En fallo del 18 de junio de 2020 se indicó lo siguiente:

...Como se desprende de la lectura de la L. No. 59 de 28 de diciembre de 2005, sobre la protección laboral para personas con enfermedades crónicas, involutivas y/o degenerativas que produzcan discapacidad laboral, específicamente, de su artículo 2, esta protección-a no confundir con la dispensada por L. No. 42 de 27 de agosto de 1999, que establece la equiparación de oportunidades de personas con discapacidad-, se dirige únicamente al trabajador. En este sentido, establece el artículo 1 de L. No. 59 de 2008-modificado por la L. No. 25 de 2018 que "Todo trabajador, nacional o extranjero, a quien se le detecte enfermedades crónicas, involutivas y/o degenerativas, así como insuficiencia renal crónica, que produzcan discapacidad laboral, tiene derecho a mantener su puesto de trabajo en igualdad de condiciones a las que tenía antes del diagnóstico médico" (Énfasis suplido por el Pleno). Este carácter personalísimo de la tutela que ofrece la L. No. 59 de 28 de diciembre de 2005 se desprende también de su artículo 2, que señala que "El padecimiento de enfermedades crónicas, involutivas y/o degenerativas, así como de insuficiencia renal crónica, que produzcan discapacidad laboral parcial, no podrá ser invocado como una causal de despido por las instituciones públicas ni por los empleadores particulares, si el trabajador cumple con los requisitos para mantenerse laborando en un cargo que sea compatible con su jerarquía, fuerza, aptitudes, preparación, destreza y con su nueva condición".

Se trata pues de una protección que se le reconoce al trabajador que se ve afectado por una enfermedad crónica, involutiva y/o degenerativa que produzca una discapacidad laboral parcial, en cuanto lo que se propone el legislador es evitar que vea alterada sus condiciones de trabajo. Huelga decir que, el hecho de que un familiar del trabajador padezca una enfermedad crónica, involutiva y/o degenerativa, no genera una discapacidad de tipo laboral en el trabajador, menos aún está llamada a alterar sus condiciones de trabajo, de allí que no amerite mayor análisis los argumentos que refieren la infracción de las garantías constitucionales por el desconocimiento de la protección consagrada en la L. No. 59 de 28 de diciembre de 2005.

Respecto a la tutela consagrada en la L. No. 42 de 27 de agosto de 1999-que establece la equiparación de oportunidades de personas con discapacidad-, que también afirma el promotor de la presente acción constitucional subjetiva le fue desconocida por el acto demandado, l jurisprudencia de esta M., en estricto apego al texto de dicha ley, la ha reconocido a aquel trabajador del que depende una persona con discapacidad (fallos de 12 de diciembre de 2013 y 16 de noviembre de 2018), a los efectos de reconocer a esta los derechos que emanan no solo de la L. 42 de 1999, sino también otros instrumentos legales de carácter supranacional como la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Convención Interamericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra las Personas con Discapacidad.

Se hace pues necesario precisar la extensión de la tutela reclamada por el demandante. A tales efectos, corresponde citar el artículo 45-A de la L. No. 42 de 27 de agosto de 1999, adicionado por la L. No. 15 de 31 de mayo de 2016 y vigente al momento de dictarse el acto demandado.

Artículo 45-A. La persona con discapacidad, padres, madres, tutor o el representante legal de la persona con discapacidad no podrá ser despedido o destituido ni desmejorado de su posición o salario, salvo que el empleador o superior acredite con antelación una causal establecida en la ley que justifique la terminación de la relación laboral.

En los casos de los servidores públicos no se admitirá como causal el libre nombramiento y remoción, salvo que se trate de funcionarios nombrados en cargos de confianza.

Los servidores públicos que ocupen cargos que sean declarados insubsistentes serán nombrados en otra posición dentro de la respectiva institución.

Los trabajadores con discapacidad gozarán de estabilidad laboral, por lo que sus empleadores deberán asegurar su inclusión en la planilla laboral permanente de la empresa o institución correspondiente, una vez hayan aprobado el periodo probatorio.

...

Es evidente que el reconocimiento de la protección en comentario, parte de la acreditación de la discapacidad de la persona sobre la cual el servidor público afirma tener la representación legal, representación que, en este caso, podría resultar del vínculo jurídico (madre-hijo) que mantiene el demandante con Á.O.A.C.. No obstante lo anterior, advierte el Pleno que no consta en este expediente constitucional que la condición de salud de Á.O.A.C., invocada por el amparista, haya sido de conocimiento de la autoridad nominadora, al momento de la expedición del decreto de personal demandado. (Ver fallo del 18 de junio de 2020, Acción de Amparo de Garantías Constitucionales propuesta por el licenciado H.J.M.A., actuando en su propio nombre y representación, contra el Decreto de Personal No. 197 de 3 de septiembre de 2019 emitido por el Presidente de la República, por conducto del Ministerio de Economía y Finanzas, MAGISTRADO PONENTE JOSÉ EDUARDO AYÚ PRADO CANALS).

Expuesto lo anterior, vale la pena indicar que en el caso que nos ocupa no se aportaron constancias de un proceso judicial, en el cual se haya otorgado la tutela de su padre al amparista A.A.V. CRUZ conforme a los procedimientos, del cual se pueda inferir que a V.C. le alcance la protección que la L. establece, como tutor o representante legal de su padre el señor A.M.V..

A pesar de que, se aporta una serie de documentos (fojas 39 a 51) dentro de los cuales se observa a foja 39 copia cotejada ante Notario Público, de un documento en el cual el D.D.E.V.I., indica que el señor A.V. tiene 93 años de edad y depende de su hijo el S.A.A.V. CRUZ con cédula de identidad 8-252-744 (amparista), para poder asistir a sus citas médicas y movilizarse, ya que, por su edad está senil.

No obstante, dicha nota no demuestra que el señor A.M.V. portador de la cédula 8-51-383 hubiese sido sujeto de un proceso judicial en el cual se haya designado al amparista A.A.V.C.; como tutor o, responsable legal de su padre A.M.V., a fin de que pudiese tener el alcance y la protección que establece la L. 42 de 1999, al tutor o el representante legal de la persona con discapacidad.

En otros aspectos, con respecto a lo alegado con relación a L. No. 59 del 28 de diciembre de 2005, modificada por la L. No. 25 del 19 de abril de 2018 debemos señalar que, en su artículo 1 dicha ley establece lo siguiente:

Artículo 1 Todo trabajador, nacional o extranjero, a quien se le detecte enfermedades crónicas, involutivas y/o degenerativas, así como insuficiencia renal crónica, que produzcan discapacidad laboral, tiene derecho a mantener su puesto de trabajo en igualdad de condiciones a las que tenía antes del diagnóstico médico.

Al remitirnos a los planteamientos expuestos, no se constata que los argumentos estén dirigidos a sustentar que A.A.V. CRUZ (amparista) fue despedido por alguna condición de salud crónica que este padezca propiamente, ni se aportan elementos de pruebas que demuestren esta situación, sino que se trata de explicar que la vulneración de derechos de V. CRUZ (amparista) surge de la situación que padece su padre, señalando que el mismo está en condiciones de vulnerabilidad, padece enfermedades crónicas, su hijo es el sustento y; a pesar de ello fue despedido sin realizarse el debido trámite.

Ahora bien, el Decreto de Personal No. 175 del 27 de agosto de 2019 (acto impugnado), por medio del cual se deja sin efecto el nombramiento del señor A.A.V.C., explica en su parte motiva que el prenombrado V. CRUZ, no ha sido incorporado a la Carrera Administrativa, ni posee ninguna otra condición legal que le asegure estabilidad en el cargo, además indica que carece de inamovilidad o estabilidad reconocida por ley, al haber sido designado con base a la facultad ejercida por la autoridad nominadora, siendo estas las razones en las cuales se sustenta el Decreto de Personal No. 175 del 27 de agosto de 2019.

Expuesto lo anterior, no observa esta Máxima Corporación de Justicia, que lo alegado en esta causa, encaje en algunas de las situaciones que protege la L. No. 59 del 28 de diciembre de 2005, modificada por la L. No. 25 del 19 de abril de 2018, a los trabajadores nacionales o extranjeros a quienes se le detecten enfermedades crónicas, sino que, son otros asuntos los fundamentos sobre los cuales se deja sin efecto el nombramiento del señor V.C..

Principalmente, es de lugar destacar que, en la presente causa las alegaciones sobre la vulneraciones constitucionales expuestas, no indican que es A.A.V. CRUZ quien sufre alguna enfermedad crónica, como es el supuesto que protege dicha L., con el objeto de que se le garantice tal protección, sino que, se dirigen los argumentos a la situación de vulnerabilidad que explican sufre el padre de V.C., discapacitado con enfermedades crónicas y degenerativas de hipertensión arterial, en silla de rueda y, que él (V. CRUZ) es la única fuente de sustento de éste.

En ese sentido, dicha protección no resulta extensiva a los padres del trabajador que sufran enfermedades crónicas, pues, al remitirnos al artículo 1 de la L. No. 59 del 28 de diciembre de 2005, modificada por la L. No. 25 del 19 de abril de 2018 dicha norma señala que todo trabajador, nacional o extranjero a quien se le detecte enfermedades crónicas, que produzcan discapacidad laboral, tiene derecho a mantener su puesto de trabajo en igualdad de condiciones.

Concatenado a lo anterior, la autoridad demandada al rendir su informe dejó establecido que el amparista no mantiene ninguna condición de servidor público de carrera administrativa, como lo establece la L. 9 de 20 de junio de 1994 (en base a la competencia profesional, al mérito y a la moral pública de los aspirantes), sino que, su ingreso a la administración no se articuló sobre la base de criterios de selección por sistema de méritos, sino de libre nombramiento y remoción, por ende, no gozaba de estabilidad laboral.

Siendo así las cosas, resulta oportuno señalar que, esta Máxima Corporación de Justicia ha señalado en diversos pronunciamientos cuáles son los aspectos que comprenden la violación al debido proceso y, ha sentado el criterio que la violación al debido proceso ocurre cuando se desconocen o pretermiten trámites esenciales del proceso que efectivamente conlleven a la indefensión de los derechos de cualesquiera de las partes.

Aunado a ello ha expresado, que la garantía del debido proceso comprende tres derechos, a saber: el derecho a ser juzgado por autoridad competente; el derecho a ser juzgado conforme a los trámites legales pertinentes; y el derecho a no ser juzgado más de una vez por la misma causa penal, policiva o disciplinaria; por ello se asegura que se trata de una institución garantizadora de los derechos fundamentales.

Al respecto, es de lugar destacar que, en el caso que nos ocupa, no encontramos ninguna de las situaciones antes señaladas que protege la garantía del debido proceso y que haya tenido lugar en detrimento de los derechos del señor A.A.V.C..

En otros aspectos, dentro de la explicación de las vulneraciones constitucionales se indicó que al señor A.A.V. CRUZ se le suspendieron los pagos antes de haber sustentado su recurso de reconsideración, en detrimento de su familia, lo cual es considerado violatorio del artículo 32 de la Constitución Política y de lo contenido en la L. 38 del 31 de julio de 2000, pues no estaba en firme, ni debidamente ejecutoriado el decreto de personal, es decir, no se había agotado la vía gubernativa.

Según sus consideraciones, no es, ni era legal, suspender los pagos al servidor público A.A.V.C. ya que, este acto no podía surtir efectos jurídicos alguno.

Sobre el particular, es dable aclarar que en la demanda de amparo de garantías constitucionales, objeto de estudio, en el apartado donde se explica cuál es el acto que se demanda, se observa claramente que se indicó que la acción de derechos fundamentales es contra la orden de hacer contenida en el Decreto de Personal No. 175 de 27 de agosto de 2019, el cual decreta dejar sin efecto el nombramiento del señor A.A.V.C., por las consideraciones que en ese Decreto de Personal se indican.

Por ello, los hechos antes señalados (suspensión del pago al señor V. CRUZ) constituyen una actuación distinta a lo que se demanda a través de la presente causa, lo que implica emplear otro procedimiento y analizar otros elementos, propios de una acción de derechos fundamentales dirigida contra ello específicamente.

Además, no se aportaron mayores constancias de lo alegado con relación a la suspensión del pago, a fin de que tanto la autoridad demandada, como el Pleno pudiese pronunciarse con respecto a esa situación, pues, la suspensión de pago como se plantea, dentro de la presente causa, no está incluido, no forma parte, ni fue ordenada por el Decreto de Personal 175 de 27 de agosto de 2019.

Teniendo en cuenta, las consideraciones antes expuestas, confrontando lo expresado en esta acción, con el contenido de la L. No. 42 del 27 de agosto de 1999, reglamentada por el Decreto Ejecutivo No. 88 de 12 de noviembre de 2002, y modificada por la L. 15 de 31 de mayo de 2016 que incorpora el artículo 45-A, igualmente con la L. No. 59 del 28 de diciembre de 2005, modificada por la L. No. 25 del 19 de abril de 2018.

Así,como con las normas constitucionales que se arguyen vulneradas y, demás alegaciones realizadas por el apoderado judicial del amparista, estima el Pleno que, dentro de la presente causa, no se ha acreditado la violación de las garantías fundamentales invocadas por el amparista.

Como consecuencia de lo anterior,la acción de amparo de garantías constitucionales propuesta por el Licenciado A.B.P.A., en representación de A.A.V.C., no debe ser concedida, a lo que se procede de inmediato.

En virtud de lo antes expuesto, el Pleno de la Corte Suprema, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la L., NO CONCEDE la acción de amparo de garantías constitucionales interpuesta por el licenciado A.B.P.A., en representación de A.A.V.C., contra el Decreto de Personal No. 175 de fecha 27 de agosto de 2019 emitido por el Presidente de la República.

N.,

HERNÁN A. DE LEÓN BATISTA

LUIS RAMÓN FÁBREGA S. - MARÍA EUGENIA LÓPEZ ARIAS -- ANGELA RUSSO DE CEDEÑO -- CARLOS ALBERTO VÁSQUEZ REYES - OLMEDO ARROCHA OSORIO -- JOSÉ E. AYÚ PRADO CANALS -- CECILIO CEDALISE RIQUELME - MARIBEL CORNEJO BATISTA.

YANIXSA Y. YUEN C. (Secretaria General)

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