Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 3 de Septiembre de 2020

PonenteHernán A. De León Batista
Fecha de Resolución 3 de Septiembre de 2020
EmisorPleno

Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá

Sala: Pleno

Ponente: H.A. De León Batista

Fecha: 03 de septiembre de 2020

Materia: H.C.

Primera instancia

Expediente: 383-2020

Vistos:

Conoce el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, la acción de H.C. interpuesto por la licenciada D.V. en favor de J.M.F.S. contra el Segundo Tribunal Superior de Justicia.

I.A. del proponente de la Acción Constitucional.

Sostuvo el accionante que, la génesis del presente proceso fue el día 4 de octubre de 2014 con el reconocimiento de un cadáver que había sido trasladado al Complejo Hospitalario Doctor M.A.G. de la ciudad de Colón, procedente del corregimiento de Puerto Pilón, Vista El Mar, sector de La Plantación, producto de una balacera, luego de las diligencias pertinentes se identifica el cadáver de F.E. ROJAS ANGULO, con cédula 3-90-1724 (q.e.p.d.).

Indicó que, producto de las investigaciones preliminares realizadas por el Ministerio Público por el delito contra la vida e integridad personal en perjuicio de F.E.R.Á., cédula 3-90-1724 (q.e.p.d.); la Fiscalía Sexta Superior del Primer Distrito Judicial, emite la Resolución calendada 7 de agosto de 2015, la cual en la parte resolutiva, dispone recibir declaración indagatoria a su representado el señor J.M.F.S., por la presunta comisión del delito contra la vida e integridad personal, en la modalidad de homicidio, en perjuicio de F.E.R.A. y, de igual manera en la misma resolución ordena la medida cautelar de detención preventiva, en contra del precitado F.S..

Señaló que, en el expediente constan los informes de aprehensión para las autoridades competentes, en donde se explica la aprehensión de su representado J.M.F.S., fecha desde la cual se encuentra detenido el mismo.

Acotó que, al analizar la situación jurídica de su representado se puede observar que existe una afectación de derechos fundamentales, de la norma sustantiva y los convenios internacionales en materia penal, pues el señor F.S. se encuentra detenido desde el 25 de noviembre de 2015 hasta la fecha, es decir han transcurrido 4 años, 7 meses y 18 días, mismo tiempo en que no se ha hecho efectiva la resolución emitida por la Fiscalía Sexta Superior del Primer Distrito Judicial, calendada el 7 de agosto de 2015 en la cual se dispone recibirle declaración indagatoria a J.M.F.S..

A su juicio, toda medida cautelar de detención provisional debe fundamentarse en los principios de excepcionalidad, legalidad, necesidad, proporcionalidad y razonabilidad, principios reconocidos en los instrumentos internacionales avalados por el Estado.

La postulante considera que, dichos instrumentos internacionales avalados por el Estado, no han sido valorados, ni tomados en cuenta, para con su representado pues, sin tomarle una declaración indagatoria, sin establecer consideraciones previas, se le decretó una detención provisional y a la fecha aún no ha recibido justicia en tiempo razonable.

La accionante cita el artículo 46 de la Constitución Política que preceptúa sobre la retroactividad de la ley en materia criminal, además citó el artículo 14 del Código Penal que dispone que, la Ley favorable al imputado se aplicará retroactivamente.

De igual manera, citó como referencia los artículos 12 y 15 del Código Procesal Penal, que tratan sobre el control judicial de la afectación de derechos fundamentales y la justicia en tiempo razonable.

Basado en estas consideraciones, solicita que se tenga en cuenta lo expuesto de hecho y de derecho además, se declare ilegal la detención del señor J.M.F.S. por no ajustarse a derecho.

Igualmente, considera que la detención del precitado F.S. se dio en menoscabo de las formalidades exigidas por la Ley, en contra de las garantías fundamentales previstas en la Constitución, los instrumentos legales en materia penal y de las Convenciones Internacionales de las cuales nuestro país es signatario.

  1. Informe de la Autoridad Demandada

Una vez admitida la presente acción constitucional, se giró el respectivo mandamiento de H.C. ante el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá, quien mediante oficio No. 456-2020 de fecha 13 de julio de 2020 señaló lo siguiente:

"PRIMERO: La detención preventiva de J.M.F.S., fue dispuesta en la diligencia emitida por la Fiscalía Sexta Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá, el 7 de agosto de 2015, en virtud, de habérsele formulado cargos por delito contra la vida y la integridad personal (homicidio), en perjuicio de F.E. ROJAS ANGULO (Q.E.P.D.) (fs. 551-562).

Esta medida fue mantenida por este Tribunal mediante Auto de Ira, Inst. No. 37 (Llamamiento a Juicio) fechado 9 de mayo de 2016, (fs. 678-696).

SEGUNDO

Los motivos de hecho y de derecho para disponer su detención preventiva, están contenidas en la resolución dispuesta por el Ministerio Público, constante de folios 551-562 del expediente y en el respectivo auto encausatorio (fs. 678-696).

TERCERO

Si, actualmente el señor J.M.F.S. se mantiene detenido a órdenes de este Despacho, en virtud de haberse adjudicado a esta Sala el conocimiento de dicho proceso.

El proceso se encuentra pendiente de realizar la audiencia, fijada para el día DOCE (12) DE OCTUBRE DE 2020."

  1. Consideración del Pleno

En este momento procesal, corresponde al Pleno de la Corte resolver la controversia constitucional sometida a su consideración, para lo cual procede a determinar si la medida cautelar personal de detención preventiva aplicada a J.M.F.S., cumple con las formalidades que regentan su legitimidad y que se encuentran consagradas en los artículos 21 y 22 de la Constitución Política y desarrollados en los artículos 2140 y 2152 del Código Judicial.

En ese sentido, resulta necesario destacar como cuestión preliminar que, la función que por ley le está encomendada adelantar al Tribunal de habeas corpus, recae en el estudio de la resolución que decreta la medida restrictiva de la libertad personal, confrontándola con el estricto acatamiento de las formalidades constitucionales y legales contempladas en los preceptos señalados en el párrafo que precede, sin que sea posible entrar en consideraciones exhaustivas sobre la correcta apreciación de medios de prueba o aspectos de fondo que, en su debida instancia procesal, le corresponderá conocer y resolver al juzgador ordinario de la causa penal.

Sobre este particular aspecto, la doctrina nacional enseña que "el habeas corpus es una garantía constitucional de protección específica y concreta de la libertad corporal. Por tanto, no está dirigido este mecanismo procesal a la tutela de todos los derechos consagrados ni a unas cuantas de las libertades reconocidas. Su finalidad es única, proteger la libertad personal frente a las restricciones arbitrarias, violatorias de la Constitución y la ley" (G.M., R.. El Habeas Corpus, Primera Edición, E.L., Panamá, 1995, p.32).

De acuerdo a lo expuesto, el análisis de la acción constitucional planteada debe concretarse a verificar si la detención fue emitida por autoridad competente y de acuerdo a las formalidades constitucionales y legales.

Dicho lo anterior, cabe señalar que a juicio de la solicitante, al decretar la medida de detención provisional en diligencia fechada 7 de agosto de 2015 no se valoró, ni se tomó en cuenta los principios de excepcionalidad, legalidad, necesidad, proporcionalidad y razonabilidad. Además, no se realizó la diligencia indagatoria dispuesta por la Fiscalía que instruye la causa y, sin establecer consideraciones previas se le decretó la detención provisional a J.M.F.S.; lo que trae como consecuencia que no haya recibido justicia en tiempo oportuno.

Ahora bien, en el caso particular se puede constatar que la detención preventiva del señor J.M.F.S. fue decretada mediante mandamiento escrito de fecha siete (7) de agosto de 2015, dictado por autoridad competente, en este caso la Fiscalía Sexta Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá.

En la diligencia de detención, la Fiscalía que instruye la causa expresó los medios probatorios demostrativos del hecho punible y la vinculación del imputado, además, explicó que dicha medida se le impone considerando la pena contemplada para ese delito, la cual supera los cuatro (4) años de prisión, la peligrosidad que reviste la conducta que se le atribuye, la posibilidad de desatención del proceso, así como la posibilidad de nuevos atentados que se puedan dar contra los testigos.

Por esta razón, estimó que la medida de detención preventiva contra J.M.F.S. resulta, proporcional, necesaria y razonable, en este caso donde es apremiante proteger a los testigos en la investigación.

De igual manera, se comprueba que la mencionada diligencia sumarial precisa la conducta delictiva que se le atribuye al señor J.M.F.S., siendo éstas las contenidas en el Título I, Sección 1ra, Libro II del Código Penal, que se refieren a delitos Contra la Vida y la Integridad Personal, (Homicidio).

Sobre el comportamiento delictivo que se le atribuye al señor F.S., cabe agregar que la pena a aplicar en estos ilícitos oscila entre 10 a 20 años de prisión.

En ese sentido la Agencia de Instrucción indicó que, consta la diligencia de inspección y reconocimiento del cadáver de F.E. ROJAS ANGULO (Q.E.P.D.) además, expresó que existen constancias del Protocolo de Necropsia No. N/14-10-06-229 de fecha 7 de octubre de 2014 donde se consigna que la causa de muerte de la víctima fue por choque H., perforaciones pulmonares y herida perforante por proyectil de arma de fuego en el tronco.

De igual manera, expresó que se incorporó a la investigación el certificado de defunción del ciudadano F.E. ROJAS ANGULO (Q.E.P.D.).

En relación al señor J.M.F.S., manifiesta el Ministerio Público que, en ampliación de declaración indagatoria J.A. DE LEÓN PALACIOS, indicó que el sujeto alias "FODE" es primo de J.S., responde al nombre de J.M.F.S., tuvo conocimiento del acontecimiento donde perdió la vida F.E. ROJAS ANGULO (Q.E.P.D.).

Además, este sujeto (alias "FODE") estuvo entre las personas que lo sacó del lugar donde se dieron los hechos, en un vehículo Fortuner, de color gris ratón, al igual indicó que, ese día se dirigió a la residencia de la madre de FODE, en Puerto Escondido, sector 2-4, quien le abrió la puerta a eso de las cuatro de la mañana. Finalmente, J.A. DE LEÓN PALACIOS manifestó que "FODE" le pidió que guardara silencio respecto del homicidio de F.E. ROJAS ANGULO (Q.E.P.D.), que no dijera nada con relación a BEBY, MAWA y el otro sujeto que los acompañaba.

Por otro lado, la Agencia de Instrucción indicó que dentro de la investigación rinde declaración jurada IRASEMA YUZETH ROJAS ANGULO, hermana del occiso, quien señaló que luego del homicidio de su hermano F.E. ROJAS ANGULO (Q.E.P.D.) conversó con su cuñada LEISY y esta le dijo que el día del hecho habían estado cinco (5) personas en el carro, de los cuales ella había reconocido a BEBY y JOEL. Luego de esto, ellos le enseñaron una foto de "FODE" y ella les manifestó que él también había estado, que cuando ella se asomó vio a JOEL y a BEBY disparando hacia La Plantación, además les indicó que "FODE" había sido el que había disparado hacia arriba para la casa donde ella estaba con los niños.

Precisamente, los elementos antes resaltados que son los consignados en la providencia que dispone la detención preventiva de J.M.F.S., constituyen indicios que comprometen al presente, su vinculación penal con en el delito que se le atribuye, puesto que, de ellas se desprenden los señalamientos antes mencionados contra el precitado F.S. y se le imputa la supuesta presencia y participación dentro del hecho en el cual pierde la vida F.E. ROJAS ANGULO (Q.E.P.D.).

Por todas las consideraciones antes indicadas, en este momento procesal, sobra hacer cualquier otro comentario en cuanto a distintos presupuestos procesales y penales propios de la causa instruida, entre otros, contra J.M.F.S. pues, como viene dicho los temas que se refieren a esta materia, como serían los de tipificación penal, el grado de participación criminal de los procesados y la eficacia de los medios de prueba, no son competencia de esta Corporación de Justicia, ni propios de la iniciativa constitucional propuesta.

Es necesario tener presente que, en materia de detención preventiva se requiere la existencia de graves indicios contra la persona a quien se pretende privar de su libertad personal, entendiéndose por tal un serio motivo de credibilidad que se encuentre fehacientemente comprobado en el proceso, que no sea equívoco o que pueda sufrir seria objeción.

La labor jurídica desempeñada hasta ahora permite determinar que la orden de detención girada contra J.M.F.S., no adolece de ningún defecto o informalidad que vicie o afecte la legalidad de dicha diligencia, como se advirtió, la orden de detención preventiva fue decretada por autoridad competente, mediante mandamiento escrito que hace constar el hecho punible atribuido, los elementos probatorios que lo comprueban y los que figuran en el proceso contra el acusado.

En ese orden de ideas, es del caso resaltar que aun cuando la solicitante indica que existe una afectación de derechos fundamentales a su representado pues, a pesar del tiempo que lleva detenido (4 años, 7 meses y 18 días) no se ha hecho efectivo lo dispuesto en la resolución emitida por la Fiscalía Sexta Superior del Primer Distrito Judicial que ordenó recibirle declaración indagatoria al señor J.M.F.S., vale la pena indicar que, este proceso se está tramitando bajo las reglas del sistema inquisitivo, el cual se maneja de acuerdo a las normativas contenidas en el Libro III del Código Judicial, por lo que bajo estas consideraciones, en dicho código de procedimiento se establecen los mecanismos para atacar las actuaciones de los agentes del Ministerio Público y presentar sus inconformidades, dentro de la instrucción del sumario.

Además en dicho procedimiento del Código Judicial, se establecen los momentos procesales oportunos para realizar dichas actuaciones; no obstante, esta acción está instituida para asuntos relacionados con la libertad personal y las restricciones arbitrarias de esta libertad, violatorias de la Constitución y la ley.

Siendo ello así, es oportuno señalar que las normas del Libro III del Código Judicial, establecen la posibilidad al procesado de realizar solicitudes respetuosas y presentar recursos ante el ente jurisdiccional, cuando las considere necesarias por violación de derechos fundamentales; por ello, tal disconformidad que plantea la solicitante en este caso con la ejecución de una diligencia propia de la instrucción del sumario, al presente no conlleva precisamente una ilegalidad de la orden de detención dispuesta en su momento contra J.M.F.S..

Además, debe esta Máxima Corporación de Justicia explicar que, la solicitante hace referencia al artículo 46 de la Constitución Política, al artículo 14 del Código Penal, y los artículos 12 y 15 del Código Procesal Penal, solicitando se decrete ilegal la detención preventiva que mantiene su representado J.M.F.S., por no ajustarse a derecho.

Al respecto, considera el Pleno que tales normativas no son aplicables al caso objeto de estudio pues, si bien el artículo 12 del Código Procesal Penal establece un límite o tiempo perentorio para la aplicación de la detención provisional al imputado, señalando que la misma no puede exceder de un año, salvo las excepciones que establece el mismo Código, no podemos dejar de lado que este proceso inició en el año 2014, (específicamente, 4 de octubre de 2014) cuando no estaba vigente esta norma.

El trámite de este expediente se dio desde el año 2014 hasta el presente año 2020, antes que entrara en vigencia dicha regulación, es decir, que entrara en vigencia, el segundo párrafo del artículo 12 del Código Procesal Penal pues, según lo que establece el artículo 557 del Código Procesal Penal, dicha regulación entraba en vigencia el 2 de septiembre de 2016, con posterioridad a la fecha en que inició la causa en la que se encuentra vinculado J.M.F.S..

El artículo 556 del Código Procesal Penal establece lo referente a la vigencia espacial del Código Procesal Penal, indicando en su numeral 4 que, desde el 2 de septiembre de 2016 se aplicarán las disposiciones de dicho Código a los hechos que ocurran dentro del Primer Distrito Judicial y en sus respectivos circuitos judiciales.

De igual manera, el artículo 553, que se refiere a la aplicación temporal de la ley procesal, señala que las disposiciones del Código Procesal Penal sólo se aplicarán a los hechos cometidos desde su entrada en vigencia y respecto a los procesos iniciados; el 554 establece, que "Los procesos penales iniciados con anterioridad a la entrada en vigencia de este Código continuarán su trámite con arreglo a los preceptos legales vigentes al momento de su investigación".

Siendo ello así, y tomando en consideración que el hecho investigado ocurrió en el año 2014 previo a la fecha antes mencionada (2 de septiembre de 2016), no es aplicable a la presente causa la normativa del Código Procesal Penal con relación a la detención provisional.

Por las consideraciones antes expuestas, no cabe aplicar lo establecido en el segundo párrafo del artículo 12 del Código Procesal Penal, aun cuando ya esté vigente pues, el proceso dentro del cual se encuentra vinculado el beneficiario de la presente acción J.M.F.S. inició antes de su vigencia y precisamente está en curso bajo las reglas del Libro III del Código Judicial.

En ese sentido, este proceso está por realizar audiencia plenaria este año 2020, tal como lo expresó el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, al rendir informe mediante Oficio No. 456-20 del 13 de julio de 2020, en el cual se indicó que, se encuentra pendiente de realizar la audiencia fijada para el día 12 de octubre de 2020.

Por último, debemos reiterar que, la detención preventiva de J.M.F.S. es legal, al presente no se precisan violaciones a las garantías fundamentales y a las normativas expresadas por la postulante pues, las autoridades competentes han cumplido con el procedimiento constitucional.

El proceso es conocido por autoridad competente; las conductas reprochables en que supuestamente ha incurrido el procesado tienen pena mínima superior los 4 años de prisión; contra el mismo existen piezas que lo vinculan al hecho punible investigado, por lo que se le llamó a juicio, quedando pendiente de celebrar la audiencia plenaria.

Además, la detención preventiva fue decretada mediante una resolución por escrito y mantenida en el auto de llamamiento a juicio que dictó el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá, permitiendo todo esto sustentar, tanto la debida vinculación del procesado, como la medida cautelar personal impuesta y cuestionada por la acción incoada.

Por las consideraciones que se dejan expuestas, el PLENO DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, DECLARA LEGAL la orden de detención preventiva dispuesta contra J.M.F.S., con cédula 3-719-563 por parte de la Fiscalía Sexta Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá.

N.,

HERNÁN A. DE LEÓN BATISTA

LUIS RAMÓN FÁBREGA S. - MARÍA EUGENIA LÓPEZ ARIAS -- ANGELA RUSSO DE CEDEÑO -- CARLOS ALBERTO VÁSQUEZ REYES -- O.A.O.-.J.E.A.P.C.-.C.C.R.-.M.C.B..

YANIXSA Y. YUEN C. (Secretaria General)

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