Sentencia Pleno de Supreme Court (Panama), Pleno, 1 de Junio de 2020

PonenteHernán A. De León Batista
Fecha de Resolución 1 de Junio de 2020
EmisorPleno

Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá

Sala: Pleno

Ponente: H.A. De León Batista

Fecha: 01 de junio de 2020

Materia: Hábeas Corpus

Primera instancia

Expediente: 218-2020

Vistos:

Conoce el Pleno de la Corte Suprema de Justicia de la Acción de Hábeas Corpus interpuesta por el Licenciado J.A.P.L. a favor de R.O.B.L. contra la F.ía Anticorrupción de Descarga de la Procuraduría General de la Nación.

I.A. del proponente de la Acción Constitucional

El apoderado judicial del señor R.B., centra su argumento afirmando que desde el día 28 de septiembre de 2019, su representado fue detenido preventivamente como consecuencia de la Medida Cautelar de Detención No.293 de 20 de septiembre de 2019, emitida por la F.ía Anticorrupción de Descarga de la Procuraduría General de la Nación, por la supuesta comisión de actos ilícitos dentro del "Proceso de Rescate Administrativo del Sistema de Transporte Público Colectivo de Pasajeros para la Implementación del Nuevo Sistema de Movilización Masiva en los Distritos de Panamá y San Miguelito", la cual consta en el expediente No.81-2012.

Al respecto, agrega que la detención provisional del señor B. se hizo efectiva coincidiendo con el momento en que la F.ía Anticorrupción de Descarga de la Procuraduría General de la Nación, concluyó la fase sumaria para redactar la Vista F., por lo cual al señor B.L., no se le ha diligenciado la declaración indagatoria dispuesta por dicha autoridad del Ministerio Público. Que hace más de seis (6) meses el señor B. no ha tenido la oportunidad procesal de hacer sus descargos, porque la Vista F. correspondiente, aún no ha sido realizada, lo que se agrava más por la circunstancia de ser parte en un proceso altamente complejo, en que el expediente cuenta con 600 tomos y existen más de 700 personas sometidas a investigación penal.

Asimismo, señala que el Órgano Judicial dispuso cerrar el Juzgado Octavo de Circuito, Ramo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, quien había adscrito competencia al resolver solicitud de fianza de excarcelación, pero que por imposibilidad económica el señor R.O.B.L., no ha podido consignar la suma impuesta por dicho juzgado.

Destaca el jurista que para cuando el juez competente reciba la Vista F. y luego proceda a citar a cerca de 700 implicados y a sus respectivos defensores técnicos, el señor R.O.B.L., permanecerá detenido provisionalmente por mucho tiempo sin tener la oportunidad de ser oído, haciendo sus descargos, lo que transgrede el numeral 5 del artículo 7 y el numeral 1 del artículo 8 del Pacto de San José.

Explica también que la demanda se formaliza en el momento que está vigente el Estado de Emergencia Nacional establecido por el Consejo de Gabinete mediante Resolución de Gabinete No.11 de 13 de marzo de 2020, a raíz de la pandemia infecciosa del virus COVID-19; siendo ésta una circunstancia excepcional y grave, pues, al mantener recluido al señor R.O.B.L., quien padece de -hipertensión arterial- en el centro penitenciario La Joyita, con sobrepoblación de internos, sin mayores controles de higiene y salubridad que esto conlleva, se aumenta el nivel de riesgo para que él sea contagiado del coronavirus y por su situación personal de salud, derive una afectación más grave que pueda ocasionar su muerte. Que la citada Resolución de Gabinete no suspende total, ni parcialmente las garantías fundamentales como lo regula el artículo 55 de la Constitución Política.

Adicionalmente, destaca que el señor R.O.B.L., no tiene antecedentes penales y es sustento económico de su entorno familiar, por lo que cumple con los requisitos para que se le disponga la aplicación de la medida cautelar personal de detención domiciliaria, máxime que en éstos momentos se ejecuta el PLAN NACIONAL COVID-19 y está vigente el Toque de Queda establecido por el Decreto Ejecutivo No.490 de 17 de marzo de 2020, que ha sido ampliado por el Decreto Ejecutivo No.507 de 24 de ma4rzo de 2020, y modificado por el Decreto Ejecutivo No.513 de 27 de marzo de 2020.

En virtud de lo anterior, solicita que se revoque la detención preventiva ordenada contra el señor R.O.B.L. y, en su lugar, se establezca medida cautelar personal de detención domiciliaria, o la medida que estime la Corte. Que de accederse a la aplicación de la medida solicita, además, que se expida un salvoconducto especial para que su cónyuge, pueda transitar y acudir al centro penitenciario para recogerlo y llevarlo a su domicilio familiar y conyugal.

  1. Informe de la Autoridad Demandada

    Una vez admitida la presente acción constitucional, se giró el respectivo mandamiento de habeas corpus ante la F.ía Anticorrupción de Descarga de la Procuraduría General de la Nación, quien manifiesta que mediante Providencia de Medida Cautelar No.293 de 20 de septiembre de 2019, dispuso aplicarle la detención provisional al señor R.O.B.L.. Que los motivos y fundamentos de hecho y de derecho se encuentra inmersos en la citada providencia de medida cautelar.

    Adicionalmente, la señora F. señala que pese a que el señor R.B. fue citado para que compareciera a su Despacho a rendir sus descargos y hacer uso de su derecho a la defensa, éste no se presentó, no obstante, no es la última etapa procesal para escuchar cuanto tenga que decir respecto a los cargos que se le imputan, por lo que en la etapa correspondiente podrá hacer uso de su derecho a ser escuchado y valorar su versión de los hechos. Que el mismo está debidamente notificado del proceso, ya que ha gestionado ante el Tribunal, incidencias y solicitud de fianza.

    Agrega el informe, que el señor B. tenía conocimiento que con su actuar estaba contrariando disposiciones legales, las cuales trascienden a la esfera penal, lesionando el bien jurídico tutelado frente a estos ilícitos, lo cual es la Administración Pública. Por lo que concluye la agente de instrucción que, bajo toda estructura, se tenía un único propósito, el cual consistía en obtener el beneficio económico de los dineros y fondos del erario, sin derecho a ello.

  2. Consideración del Pleno

    En este momento procesal, corresponde al Pleno de la Corte resolver la controversia constitucional sometida a su consideración, para lo cual procede a determinar si la medida cautelar personal de detención preventiva aplicada a R.O.B.L., cumple con las formalidades que regentan su legitimidad y que se encuentran consagradas en los artículos 21 y 22 de la Constitución Nacional y desarrollados en los artículos 2140 y 2152 del Código Judicial.

    En ese sentido, resulta necesario destacar, como cuestión preliminar, que la función que por L. le está encomendada adelantar al Tribunal de Habeas Corpus, recae exclusivamente en el estudio de la resolución que decreta la medida restrictiva de la libertad personal, confrontándola con el estricto acatamiento de las formalidades constitucionales y legales contempladas en los preceptos señalados en el párrafo que precede, sin que sea posible entrar en consideraciones exhaustivas sobre la correcta apreciación de medios de prueba o aspectos de fondo que, en su debida instancia procesal, le corresponderá conocer y resolver al juzgador ordinario de la causa penal.

    Sobre este particular aspecto, la doctrina nacional enseña que "el habeas corpus es una garantía constitucional de protección específica y concreta de la libertad corporal. Por tanto, no está dirigido este mecanismo procesal a la tutela de todos los derechos consagrados ni a unas cuantas de las libertades reconocidas. Su finalidad es única, proteger la libertad personal frente a las restricciones arbitrarias, violatorias de la Constitución y la ley" (G.M., R.. El Habeas Corpus, Primera Edición, E.L., Panamá, 1995, p.32).

    Por su parte, criterios jurisprudenciales emitidos por esta Superioridad confirman que la Acción de Hábeas Corpus tiene por objeto revisar si la detención de una persona ha sido proferida cumpliendo con las formalidades que prescribe la Constitución y la L., fundamentalmente si la orden ha sido emitida por autoridad competente, si consta por escrito, si se describen los hechos y circunstancias que acreditan tanto la ejecución de la conducta punible, como la vinculación de la persona cuya detención se ordena.

    En ese sentido, pasamos a verificar si la providencia que decretó la detención preventiva del señor R.O.B.L., adolece de algún vicio que la invalide.

    En primer lugar, esta Corporación de Justicia se percata que el accionante solo se limita a resaltar que el mandamiento escrito se expide sin haberse escuchado los descargos del imputado. Al respecto, si bien es cierto, en la etapa de instrucción sumarial existe un caminar cronológico, no obstante, esto no significa que las actuaciones tienen un proceder mecánico. La ilegalidad de una restricción de la libertad corporal no puede recaer simplemente en si el agente de instrucción la dicta antes o después de escuchar a los posibles responsables. Como apreciaremos más adelante, es un conjunto de elementos los que deben tomarse en cuenta para detener preventivamente y si el F. los considera reunidos antes de indagar, esto visto aisladamente, no constituye per se una ilegalidad.

    Así las cosas, se advierte que la causa penal donde figura como uno de los sujetos imputados R.O.B.L., se inicia en virtud de la denuncia presentada por el entonces Director General de la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre, en la que refirió que se venían suscitando ciertos hechos en el denominado "PROCESO DE RESCATE ADMINISTRATIVO DEL SISTEMA DE TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DE PASAJEROS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL NUEVO SISTEMA DE MOVILIZACIÓN MASIVA EN LOS DISTRITOS DE PANAMÁ Y SAN MIGUELITO" en lo relativo a las cancelaciones y reasignaciones de cupos de transporte colectivo, dirigidas a causar perjuicio a las arcas del Estado, lo que dio inicio a las investigaciones. Que, al mismo tiempo de esta denuncia, se denunció que, a raíz del Proceso de Compensación, las prestatarias o concesionarias del servicio de transporte, específicamente a partir del año 2011, insistían en aportar nuevos listados de cupos para ser compensados en las rutas corredores, ascendiendo a 117 buses, que no aparecían en el primer censo.

    En tal sentido, en la denuncia se explica que el Proceso de Compensación fue creado para resarcir a aquellos transportistas que, por motivos de la implementación del nuevo sistema de transporte terrestre denominado M., dejarían de percibir los ingresos en sus hogares, sin embargo, algunos de los concesionarios que se beneficiaron de las compensaciones, bajo la concesión de los cupos enlistados en este apartado, no pueden argumentar que este cambio, les perjudicaría sus ingresos, pues se observó que no era ésta la fuente de sus ingresos, ya que no se encontraban prestando sus servicios. Que uno de los requisitos para optar por una indemnización, además de estar paz y salvo con el Municipio, era estar paz y salvo con la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre, por lo que era exigible el pago anual de una imposición administrativa, es decir, la tasa correspondiente al pago de placa nueva emisión (placa distintiva del Certificado de Operación), que indicaba la vigencia del cupo y, por ende, su operatividad. Por lo que el incumplimiento anual de este gravamen indicaba, igualmente, que el operador del transporte tenía suspendido el servicio. No obstante, se consintió por parte de funcionarios gestores, el pago de placas atrasadas, hasta por diez años, luego de iniciado el Proceso de Compensación, reflejando una supuesta operatividad y efectividad del contrato.

    Se agrega que se orquestó, no solo por un número plural del gremio de los transportistas, sino por la dirigencia activa de las organizaciones transportistas (concesionarias y prestatarias) y por los funcionarios gestores del Proceso de Compensación, la ocurrencia de conductas delincuenciales que llevaron al despilfarro de los caudales del Estado los cuales, en su pura esencia, era para apalear las necesidades que pudieran tener, en un tiempo prudencial, los transportistas con el Estado, en este caso, el trasportista que dejaría de prestar el servicio.

    En el caso particular del señor R.O.B.L., se advierte que en las sumarias reposa el Expediente administrativo contentivo del Certificado de Operación No.8B-946, evidenciándose que el mismo era su propietario y que no operó por años en ruta alguna, bajo los presupuestos que exigía la L.; y, aun así, fue beneficiado con una indemnización producto de la gestión que realizó dentro de rescate administrativo.

    Adicionalmente, se señala que, una vez publicitado el Proceso de Compensación, en el referido expediente administrativo se revela una secuencia de hechos por parte del señor B., a saber:

    -El 7 de septiembre de 2011, el señor R.B. presentó muestras de interés para participar en el Proceso de Rescate y suscribió con la A.T.T.T. Acuerdo de V. y, ese mismo día, ordenó la cancelación del Certificado de Operación, Liberación de la unidad que lo amparaba y su inscripción en el Municipio y Registro Único Vehicular. Es decir, no había cumplido con los trámites para compensación y ya se le ordenaba la liberación de la unidad y su inscripción en el Municipio y Registro Único Vehicular.

    -El 15 de septiembre de 2011, la A.T.T.T., se actualizó el Certificado de Operación 8B-946, a nombre de R.B., para que operara en la ruta Villa Rica-Vía España-Chorrillo.

    -El 16 de septiembre de 2011, el señor B. realizó los pagos de placas atrasadas que no retiró correspondientes a los años 2008, 2009, 2010 y 2011 (cubriendo con ello el gravamen que, de años anteriores, con la finalidad de que el cupo estuviera paz y salvo). Que el no pago de esta imposición administrativa (que debía realizarse anualmente para garantizar la vigencia del cupo) indicaba que no prestaba el servicio, pues no daba fe de la vigencia del cupo y de su operatividad (L. 14 de 1993, L. 15 de 1995, Decreto Ejecutivo 640 de 2007 y demás disposiciones concordantes)

    -El 17 de enero de 2012, se confeccionó cheque No.08081 a nombre de R.B., por la suma de B/.25,000.00, en concepto de pago por compensación, el cual es retirado por el mismo el 01 de junio de 2012, día que hizo entrega de la unidad.

    Ahora bien, se desprende de las constancias procesales que la detención preventiva que recae sobre el señor R.O.B.L. fue decretada mediante mandamiento escrito de fecha 20 de septiembre de 2019, dictado por autoridad competente, en este caso, la F.ía Anticorrupción de Descarga de la Procuraduría General de la Nación, expedida de acuerdo a las formalidades legales y por motivos previamente definidos en la L., con lo cual se evidencia el acatamiento de los dispuesto por el artículo 21 de la Constitución Política.

    Del mismo modo, se comprueba que la mencionada diligencia sumarial precisa las conductas delictivas que se le atribuyen a R.B., siendo éstas las contenidas en el Capítulo I, Título X del Libro II del Código Penal, que se refieren a delitos Contra la Administración Pública, en la modalidad de las Diferentes Formas de Peculado.

    Sobre el comportamiento delictivo que se le atribuye al señor B., cabe agregar que el mismo cumple con uno de los requerimientos legales para decretar la detención preventiva, cuál es que el hecho punible se encuentre sancionado con pena mínima de prisión que supere los cuatro años.

    Por su parte, en cuanto al deber de hacer constar los elementos probatorios para la comprobación del o los hechos punibles y de las pruebas que vinculan al beneficiario de la acción con los ilícitos imputados, tenemos que en la resolución que ordena la detención preventiva del señor B., se indica de manera puntual que de conformidad con el Expediente administrativo contentivo del Certificado de Operación No.8B-946, denota que éste fue beneficiado de una compensación que no le correspondía, toda vez que el cupo mantenía 4 años de placas atrasadas, las cuales actualizó luego de iniciado el Proceso de Compensación, resultando evidente la intensión de ser beneficiado económicamente, sin cumplir con las disposiciones legales y reglamentarais aplicables, por lo que la conducta desplegada se enmarca dentro de los presupuestos del tipo penal que se investiga (diferentes formas de peculado)

    Así, concluye el agente de instrucción que dentro de la presente investigación constan elementos de convicción idóneos y demostrativos del hecho punible y la vinculación del imputado R.B., independientemente de las excepciones aducidas por su representante a este momento.

    Hay que tener presente que en materia de detención preventiva se requiere la existencia de graves indicios contra la persona a quien se pretende privar de su libertad personal, entendiéndose por tal un serio motivo de credibilidad que se encuentre fehacientemente comprobado en el proceso, que no sea equívoco o que pueda sufrir seria objeción.

    Precisamente, las piezas probatorias resaltadas, que son las consignadas en la providencia que decreta la detención preventiva de R.O.B.L., claramente constituyen graves indicios que comprometen la responsabilidad penal del detenido en el delito que se le atribuye, puesto que de ellas se desprenden circunstancias que comprometen a B.L., como una de las personas que colaboró activamente en la consumación del delito investigado.

    En este momento procesal, sobra hacer cualquier otro comentario en cuanto a distintos presupuestos procesales y penales propios de la causa instruida contra R.B., pues, como viene dicho, los temas que se refieren a esta materia, como serían los de tipificación penal, el grado de participación criminal del detenido, la sugerencia sobre la aplicación de determinadas medidas cautelares, así como la eficacia de los medios de prueba, no son competencia de esta Corporación de Justicia, ni propios de la iniciativa constitucional propuesta.

    Inclusive, con relación a la petición de aplicar la medida cautelar distinta a la detención preventiva, específicamente, la de detención domiciliaria, esta Corporación de Justicia debe recordar al proponente de la acción constitucional, que este Tribunal de Hábeas Corpus se encuentra reservado para la revisión de las órdenes de detención arbitrarias, que en virtud de haberse dispuesto en contravención de las normas constitucionales y legales pertinentes, requieren ser revocadas, a fin de salvaguardar el derecho a la libertad; más no para el análisis de las probanzas incorporadas al proceso ni para la sustitución de medidas cautelares, lo cual es una facultad del Juez o Tribunal de la causa.

    Al respecto, esta Corporación de Justicia ha reiterado, en cuanto a las solicitudes de sustitución de medidas cautelares, específicamente, en cuanto a la detención preventiva, lo siguiente:

    En efecto la petición de cambio, levantamiento o modificación de las medidas cautelares debe ser presentada ante la Autoridad ordinaria que conozca del proceso, siendo esta la Autoridad competente para absolver la petición, de acuerdo a la efectividad de cada una de ellas, en cuanto a la naturaleza y el grado de las exigencias cautelares requeridas en el caso concreto, decisión que no corresponde a esta Corte Suprema de Justicia, pues sólo puede intervenir cuando se considere que el acto restrictivo de libertad aplicado por el Tribunal ordinario, es ilegal o arbitrario afectando el derecho fundamental de la libertad del individuo, como se ha explicado anteriormente, en cumplimiento a la finalidad de la Acción de Hábeas Corpus. (Fallo de 12 de marzo de 2019)

    Ahora, si bien es cierto este Pleno en algunas ocasiones ha modificado las medidas cautelares de detención preventiva, con ocasión de la interposición de una acción de Hábeas Corpus, ello ha obedecido a circunstancias excepcionales del proceso que ameritaban que el Tribunal Constitucional actuara de esa forma, pero nunca en virtud que la acción de habeas corpus se promueva con ese único propósito, lo cual debe ser presentado ante el Juez o Tribunal Natural, que conoce del proceso, a quien correspondería analizar el argumento planteado por el actor constitucional. Además, para el caso que nos ocupa, el propio activador ha manifestado que fue favorecido con una fianza.

    En consecuencia, la labor jurídica desempeñada hasta ahora permite determinar que la orden de detención girada contra R.B. no adolece de defecto alguno o informalidad que vicie o afecte la legalidad del acto. Como se advirtió, la orden de detención preventiva fue decretada por autoridad competente, mediante mandamiento escrito que hace constar el hecho punible atribuido, los elementos probatorios que lo comprueban y los que figuran en el proceso contra el detenido. En vista de ello, lo que corresponde en derecho es declarar legal la detención preventiva aplicada contra R.B..

    Por las consideraciones que se dejan expuestas, el PLENO DE LA CORTE SUPREMA administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la L., DECLARA LEGAL la detención preventiva de R.O.B.L. y DISPONE ponerlo nuevamente a órdenes de la F.ía Anticorrupción de Descarga de la Procuraduría General de la Nación.

    N.,

    HERNÁN A. DE LEÓN BATISTA

    LUIS RAMÓN FÁBREGA S. - MARÍA EUGENIA LÓPEZ ARIAS -- ANGELA RUSSO DE CEDEÑO -- CARLOS ALBERTO VÁSQUEZ REYES -- OLMEDO ARROCHA OSORIO -- JOSÉ E. AYÚ PRADO CANALS -- CECILIO CEDALISE RIQUELME - MARIBEL CORNEJO BATISTA

    YANIXSA Y. YUEN C. (Secretaria General)

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