Sentencia Pleno de Supreme Court (Panama), Pleno, 24 de Marzo de 2021

PonenteCarlos Alberto Vásquez Reyes
Fecha de Resolución24 de Marzo de 2021
EmisorPleno

Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá

Sala: P.

Ponente: Carlos Alberto Vásquez Reyes

Fecha: 24 de marzo de 2021

Materia: A. de Garantías Constitucionales

Primera instancia

Expediente: 909722020

VISTOS:

El P. de la Corte Suprema de Justicia conoce de la Acción de A. de Garantías Constitucionales interpuesta por el Licenciado Teófanes L.Á., actuando en representación de R.S.O., contra la Nota-DG-AL-538-2020 de fecha de 23 de octubre de 2020, emitida por el D. General de Registro Público de Panamá.

  1. ACTO IMPUGNADO EN AMPARO.

    El Acto atacado vía A. de Garantías Fundamentales, como se ha adelantado, es la Nota-DG-AL-538-2020 de fecha de 23 de octubre de 2020, emitida por el D. General del Registro Público de Panamá, a través de la cual se le comunica al Licenciado L.Á., lo sucesivo:

    "Acusamos recibo de su memorial ingresado 20 de octubre de 2020, en el cual nos solicita se dicte Sentencia de Rectificación y Cancelación total de la inscripcióna nombre de T.V.V. como propietario del Folio Real (Finca) 362 con Código de Ubicación 30, de la Sección de Propiedad Provincia de C. misma que se realizó bajo Entradas 228715-2012 y 228726-2012 ambas del Diario.

    Al analizar su solicitud sobre la Cancelación de la inscripción de las Entradas 228715-2012 y 228726-2012 ambas del Diario, donde se traspasa a nombre de T.V.V. el Folio Real (Finca) 362m con Código de Ubicación 30, de la Sección de Propiedad Provincia de C.,le informamos que solo puede ser cancelada en virtud de lo que establece el Artículo 1784 del Código Civil:

    Artículo 1784. No se cancelará una inscripción sino en virtud de auto o sentencia ejecutoriada o de Escritura o de documento autentico en el cual expresen su consentimiento para la cancelación la persona a cuyo favor se hubiese hecho la inscripción o sus causahabientes o representante legítimos.

    Por ello, para que ocurra la cancelación de inscripción solicitada deberá reunir los requisitos enunciados en la norma legal precitada.

    Finalmente, le informamos que la presente nota no admite Recurso de Reconsideración, ni de Apelación." (Lo subrayado es por el P.)

  2. FUNDAMENTOS DE LA DEMANDA DE AMPARO.

    El Accionante fundamenta su A. en que mediante Nota DG-AL-538-2020 de fecha de 23 de octubre de 2020, el D. del Registro Público violó la Garantía del Debido Proceso y el Derecho a la Propiedad Privada, por los siguientes motivos:

    "...

    · Se ha infringido el artículo 32 de la Constitución Nacional, en forma directa, por omisión.

    ...

    A petición formal formulada por el señor R.S.O. quien está debidamente legitimado para hacer tal petición, consistente en que el D. General de Registro Público dicte Sentencia de Rectificación y Cancelación total de la inscripción que en los libros y constancias registrales aparece inscrito el día 3 de diciembre de 2012 en el Registro Electrónico No. 1, a nombre de T.V.V. (...) como propietario de la Finca identificada al Folio Real 362, con Código de Ubicación 30 (...), toda vez que dicha inscripción se hizo en contravención de lo dispuesto en el artículo 1782 del Código Civil, al existir dos notas marginales de advertencia sobre el mencionado inmueble, petición que implica la existencia de un trámite administrativo y a la vez civil, el señor D. General del Registro Público, en vez de resolver la petición dictando la correspondiente sentencia o auto, lo que hizo fue expedir una simple nota informando, sin ser cierto, que la cancelación de la inscripción de las entradas...., solo pueden ser cancelada en virtud de lo que establece el Artículo 1784 del Código Civil, que según su criterio es competencia del Órgano Judicial, lo que significa que dicho funcionario tiene una conducta elusiva e ilegal en perjuicio de un ciudadano que está legitimado para hacerle la petición, causándole un grave perjuicio procesal y sustantivo a mi representado, al negarse a actuar dentro del marco de su competencia y funciones, debido a que tanto el artículo 1782 del Código Civil, fundamento de la petición, como el artículo 1784 del mismo código, en que se basó erróneamente el funcionario para no pronunciarse ni acceder mediante sentencia o auto a la petición, y el artículo 1790 del mismo código, todas le reconocen competencia y jurisdicción a dicho funcionario, con lo cual violó el debido trámite y lo ateniente a la competencia reconocida por las leyes y el artículo 32 de la Constitución Nacional, que viola.

    ...

    Por tanto, al negarse el D. General del Registro Público a acceder a la petición formal debidamente formulada, teniendo suficiente competencia y jurisdicción para cancelar, produciéndole un perjuicio procesal y sustantivo al ciudadano R.S.O. al no poder ejercer sus derechos patrimoniales como consecuencia de la negativa del funcionario, se violó no solo el artículo 93, numeral 2 del código judicial, sino como consecuencia el artículo 32 de la Constitución Nacional, en forma directa, por omisión.

    · El artículo 47 de la Constitución Nacional obliga a todo funcionario a garantizar la propiedad privada debidamente adquirida conforma a la ley. Sin embargo, el señor D. General del Registro Público mediante su nota DG-AL-538-2020 de 23 de octubre de 2020, en que se niega a efectuar la Cancelación total de la inscripción que en los libros y constancias registrales aparece inscrito el día 3 de diciembre de 2012 en el Registro Electrónico No. 1 a nombre de T.V.V....le causa un grave perjuicio patrimonial al señor R.S.O. debido a que por causa de la omisión o conducta elusiva del D. General del Registro Público al negarse a efectuar cancelaciones pedidas,...quien adquirió por sucesión la Finca 362...no puede ejercer sus derechos de propiedad sobre dicho inmueble por estar condicionado a la cancelación de la inscripción que en los libros y registros de la Institución aparece con Notas Marginales de Advertencia precisamente debido a que la inscripción irregular no ha sido cancelada por el funcionario, quien sin justificación se niega a realizarlo. ..." (Lo subrayado es por el P.)

  3. POSICIÓN DEL PLENO.

    Con el objeto de decidir sobre la admisibilidad de esta iniciativa constitucional, se procede a examinar si el libelo del A., cumple con los presupuestos formales que establecen los artículos 54 y 207 de la Constitución Nacional, y los artículos 101, 665, 2615 y 2619 del Código Judicial, requisitos que han sido ampliamente interpretados por esta máxima Corporación de Justicia.

    En este sentido, se advierte que el escrito reúne los requisitos comunes que la Ley exige a toda Demanda, además de establecer la mención expresa de la orden impugnada, el nombre del funcionario que la impartió, y los hechos en que se funda su pretensión.

    Dicho lo anterior, se observa que la Acción de Tutela se ha propuesto contra la Nota DG-AL-538-2020 de fecha de 23 de octubre de 2020, dictada por la Dirección General del Registro Público de Panamá, la cual, según el letrado ha vulnerado el Debido Proceso de su representado, en cuanto a que viola el derecho a la propiedad privada, al no acceder a la solicitud del amparista, sobre "la Cancelación de la inscripción de las Entradas 228715-2012 y 228726-2012, ambas del Diario donde se traspasa a nombre de T.V.V. el Folio Real (Finca) 362 con Código de Ubicación 30, de la Sección de Propiedad Provincia de C.", al informarle que solo pueden ser cancelada en virtud de lo que establece el Artículo 1784 del Código Civil.

    Sin embargo, es necesario indicar que, el Acto impugnado por el accionante es una nota de mera información, como el propio actor reconoce al describir la actuación del D. del Registro Público como "una simple nota informando", lo cual hace evidente que nos encontramos frente a uno de los supuestos por los cuales tanto la Ley como la Jurisprudencia consideran improcedente la Acción de A. de Garantías Constitucionales. En efecto, en la nota impugnada no existe mandato alguno que violente derechos consagrados por nuestra Constitución Nacional, en otras palabras, ante un acto de trámite informativo dictado por la Autoridad dentro de las facultades que la Ley le confiere en busca de garantizar el normal desarrollo y continuidad del proceso a su cargo.

    De igual manera, hemos de subrayar que la Nota objeto de impugnación no contiene una decisión por parte del D. del Registro Público de aquellas que admitan Recurso de Apelación ante la Sala Primera de lo Civil. En relación a lo anterior, cobra importancia lo señalado por la Sala antes indicada en su Sentencia de 31 de enero de 2007, que dice así:

    "...

    '... El servicio normal y corriente que el Registro Público presta a la sociedad es el estudio y registro de los documentos que allí se llevan con tal fin. Todos los autos que dicte el R. calificando los documentos son apelables según el artículo 1795; después vienen los recursos que señalan los artículos 107 y 108 del Decreto N°9 de 13 de Enero de 1920, que expresamente se señalan como revisables por la Corte. Sólo queda un caso que la ley no indica que venga a la Corte, y ese caso es de las notas marginales de que habla el artículo 1790 del Código Civil; y la razón es que el R. las pone bajo su propia responsabilidad, con lo cual garantiza cualquier perjuicio que cause su actuación'. (Fallo de 7 de mayo de 1957) (las negritas son nuestras)

    'No todas la resoluciones del R. son apelables, porque el Registro Público se rige por disposiciones especiales y no le son aplicables las normas generales. Conforme a los Arts. 1909 y 1810 del Código Judicial sólo las resoluciones del R. General a que se refiere el Art. 1795 del Código Civil, o sean, las que nieguen o suspendan la inscripción del títulos (sic) que se le presenten con ese fin, pueden ser apeladas para (sic) ante la Corte Suprema de Justicia.. También en los dos supuestos contemplados en los Arts. 107 y 108 del Decreto N°9 de 1920, reglamentario del Registro Público, puede la Corte conocer en segunda instancia las resoluciones del R. relacionadas con la rectificación de asientos del Registro. En los demás casos la apelación no procede y, por tanto, el R. no debe concederla.' (Fallo de 25 de febrero de 1971) (lo subrayado es nuestro).

    El recurso de apelación no debió ser concedido en virtud de que la resolución impugnada no tipifica un acto del R. susceptible de apelación (Arts. 1790, 1795, Código Civil; Decreto Nº 9. de 13 de enero de 1920, Arts. 107, 108), ya que tratándose de caso en que se resuelve solicitud de o sobre notas marginales de advertencia no procede el recurso de apelación, en vista de que tales notas las pone el R. ´bajo su propia responsabilidad, con lo cual garantiza cualquier perjuicio que cause su actuación' (Sentencias: 26 de mayo de 1921, 15 de noviembre de 1960, 22 de febrero de 1922, 22 de febrero de 1961).

    Las únicas resoluciones recurribles ante la Corte son aquellas que niegan o suspenden la inscripción de un título y las que dicta el R. en los eventos previstos en los artículos mencionados del citado Decreto reglamentario del Registro Público (Resoluciones: 29 de enero de 1957, de 31 de enero de 1961, 21 de noviembre de 1961, 25 de febrero de 1971). '(Fallo de 22 de agosto de 1973).' ...

    Lo anterior lo resaltamos para ratificar que estamos ante un acto de comunicación que, ni siquiera hubiese permitido recurrir en contra de la misma ante la Jurisdicción Especial.

    Aunado al hecho que, existe Jurisprudencia en la cual se ha determinado que los actos de comunicación no son susceptibles de impugnación a través de una Acción de A. de Derecho Constitucional; tal como se aprecia en la Resolución de 26 de octubre de 2001, en la cual se indicó:

    "Evidentemente, dicho acto no constituye un mandato proveniente de la voluntad abusiva o arbitraria de un servidor público que viole algún derecho consagrado en la Constitución, siendo ello suficiente razón formal para no admitir este A., conforme lo ha reiterado la jurisprudencia en casos como el presente, donde se han pretendido impugnar mediante A., actos que no tienen carácter de órdenes sino de manera comunicaciones".

    Por otra parte, cabe señalar que no se evidencia a prima facie que la autoridad demanda haya producido la vulneración del Debido Proceso, aunado al hecho que la situación planteada gira en torno de aspectos de estricta legalidad y no sobre la vulneración de Derechos Fundamentales.

    Cabe indicar que esta Corporación de Justicia mediante Resolución 5 de agosto de 2020, en una situación similar a la que nos ocupa, señaló lo siguiente:

    ...

    Al respecto, esta M. logra apreciar que la Acción impetrada cumple con los requerimientos legales de admisión que la Ley establece al interponerse una Acción de A. de Garantías Constitucionales; así las cosas, según hemos indicado, la misma se ha propuesto contra la Nota No. DG-AL-580/2019 de 5 de septiembre de 2019, dictada por la Dirección General del Registro Público de Panamá, la cual, según el letrado ha vulnerado el debido proceso de su representado, en cuanto a que viola el derecho a la propiedad privada, al no incluir, a solicitud de los amparistas, la marginal de advertencia sobre los Asientos que había solicitado.

    No obstante, es necesario señalar que, el acto impugnado por el recurrente es una nota de carácter comunicativa, lo cual hace evidente que nos encontramos frente a uno de los supuestos por los cuales tanto la Ley como la Jurisprudencia consideran improcedente la Acción de A. de Garantías Constitucionales. En efecto, en la nota impugnada no existe mandato alguno que violente derechos consagrados por nuestra Constitución Nacional, en otras palabras, ante un acto de trámite informativo dictado por la Autoridad dentro de las facultades que la Ley le confiere en busca de garantizar el normal desarrollo y continuidad del proceso a su cargo.

    En adición, debemos advertir que la Nota objeto de impugnación no contiene una decisión por parte del D. del Registro Público de aquellas que admitan Recurso de Apelación ante la Sala Primera de lo Civil.

    ...

    Lo anterior lo resaltamos para corroborar que estamos ante un acto de comunicación que, ni siquiera hubiese permitido recurrir en contra de la misma ante la Jurisdicción Especial.

    ...

    Sin perjuicio de lo expuesto, el debido proceso previsto en el artículo 32 de la Constitución sería infringido en la medida que la unidad administrativa desconociese algunos de los elementos y principios que se generan de este derecho instrumental; lo que tampoco se ve reflejado en la Nota, al estar citado el artículo de nuestra normativa que le respalda; siendo así que, no se observa irregularidad alguna dentro del trámite seguido por la Autoridad demandada.

    De igual manera, estimamos que, en todo caso, en la situación en estudio se intenta discutir aspectos de estricta legalidad y no sobre la vulneración de Derechos Fundamentales.

    Es así, como este Tribunal de A. ha determinado, basándose en el contenido del artículo 2620 del Código Judicial, el cual le atribuye el deber de admitir la Acción si está debidamente formulada y no es manifiestamente improcedente, que el presente recurso es inadmisible. ...

    En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, P., administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley NO ADMITE la ACCIÓN DE AMPARO DE GARANTÍAS CONSTITUCIONALES, interpuesta por el Licenciado

    Teófanes L.Á., actuando en nombre y representación de R.S.O., contra la Nota-DG-AL-538-2020 de fecha de 23 de octubre de 2020, emitida por el D. General de Registro Público de Panamá.

    N.;

    CARLOS ALBERTO VÁSQUEZ REYES

    OLMEDO ARROCHA OSORIO -- JOSÉ E. AYÚ PRADO CANALS -- CECILIO CEDALISE RIQUELME -- MARIBEL CORNEJO BATISTA - SECUNDINO MENDIETA -- LUIS R. FÁBREGA S. - MARÍA EUGENIA LÓPEZ ARIAS ANGELA RUSSO DE CEDEÑO

    YANIXSA Y. YUEN (Secretaria General)

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