Sentencia Pleno de Supreme Court (Panama), Pleno, 24 de Marzo de 2021

PonenteLuis Ramón Fábrega Sánchez
Fecha de Resolución24 de Marzo de 2021
EmisorPleno

Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá

Sala: Pleno

Ponente: Luis Ramón Fábrega Sánchez

Fecha: 24 de marzo de 2021

Materia: Amparo de Garantías Constitucionales

Primera instancia

Expediente: 321-2020

VISTOS:

El licenciado J.A.V.L., actuando en representación de BOLIVAR DEL CARMEN LASSO RODRÍGUEZ ha interpuesto Acción de Amparo de Garantías Constitucionales, contra el Decreto de Personal No. 277 de fecha 15 de abril de 2020, dictado por el Ministerio de Seguridad Pública.

El Decreto de Personal No. 277 de fecha 15 de abril de 2020, visible a foja 10 del presente expediente, resolvió lo siguiente:

DECRETA:

ARTÍCULO ÚNICO: Se destituye al siguiente servidor público así:

B.L.R. Cédula No. 8-226-2580 Seguro Social No. 103-5126 COMISIONADO, código 8025020, Planilla No. 134, Posición No. 10149, Sueldo de B/.4,300.00, más B/.908.00 de sobresueldo por antigüedad, más B/.750.00 de gastos de representación con cargo a las partidas G.001820101.001.001, G., y G.001820101.001.030.

PARÁGRAFO: Este Decreto comenzará a regir a partir de la fecha de su notificación.

FUNDAMENTO LEGAL: Artículo No. 134, Numeral 5 del Reglamento de Disciplina de la Policia Nacional, que a la letra dice: "SER COMPLICE O TRABAJO (sic) AUXILIAR DE UNA FALTA GRAVÍSIMA COMETIDA POR UN SUPERIOR, IGUAL O SUBALTERNO".

Contra el presente Decreto la parte que se considere afectada podrá presentar Recurso de Reconsideración ante el ente que emitió el Decreto, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de su notificación . ..."

(El subrayado es del Pleno)

El amparista fundamenta los hechos de la acción, visibles de foja 3 a la 8 del expediente judicial y sostuvo en lo medular lo siguiente:

"PRIMERO: ... A mi representado se le conculco (sic) principio normativo fundamental del debido proceso, plasmado en la ley fundamental del estado (La Constitución) ya que fue sometido a un proceso injusto, sin pruebas que acreditara el delito, omitiendo la conformidad de los trámites legales y pasado sobre eso, la junta disciplinaria superior arbitrariamente bajo las disposiciones legales antes expuestas, fuerzan la recomendación de destituir al ahora afectado por tales violaciones constitucionales. ...

SEGUNDO

En este punto es de importancia mencionar, que la prerrogativa dispuesta por ley que goza nuestro representado, que en este mes, mi representado cumple 30 años de servicios en la institución, tiempo que da derecho a jubilarse tal como lo establece el artículo 99 de la ley orgánica de la Policía Nacional. Tiempo cabal de servicio prestado por mi representado de forma intachable y continúa. ...

Por consiguiente, en destituir a un miembro mediante decreto personal 277 con fecha del 15 de abril del 2020, es una clara violación al fuero que goza mi representado en derecho a jubilarse, ya que esta dentro del término de los 2 años para jubilarse. Mi representado cumple los 30 años de servicios a la institución el 25 de junio de 2020, por tanto, estando dentro del término del fuero, solo a días a acceder al derecho a jubilarse, funcionarios de la Policía Nacional proceden a notificar su destitución.

COMPETENCIA DEL PLENO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

El Pleno de la Corte Suprema de Justicia, es competente para conocer del amparo que ocupa nuestra atención con fundamento en el artículo 2616 numeral 1 del Código Judicial, en concordancia con el artículo 90 de la excerta legal antes mencionada, los cuales establecen lo siguiente:

Artículo 2616. Son competentes para conocer de la demanda de amparo a que se refiere el artículo 54 de la Constitución Política:

  1. El Pleno de la Corte Suprema de Justicia, por actos que procedan de autoridades o funcionarios con mando y jurisdicción en toda la República o en dos o más provincias;..."

    Artículo 90. El Pleno de la Corte Suprema de Justicia también es competente para conocer:

  2. ...

  3. De la acción de Amparo de Garantías Constitucionales cuando se trate de actos que procedan de autoridades o funcionarios o corporaciones, que tengan jurisdicción en toda la República o en dos o más provincias; ..."

    DECISIÓN DEL PLENO

    Una vez establecida la Competencia del Pleno para conocer el Amparo interpuesto por el licenciado J.A.V.L., actuando en representación de BOLIVAR DEL CARMEN LASSO RODRÍGUEZ contra el Decreto de Personal No. 277 de fecha 15 de abril de 2020, dictado por el Ministerio de Seguridad Pública, procedemos a revisar si la acción en comento cumple con los requisitos de Ley para ser admitida.

    En este contexto nos hemos podido percatar que se cumple con el requisito establecido en el artículo 101 del Código Judicial, al dirigir la demanda al Magistrado Presidente de la Corte Suprema de Justicia (ver foja 2 del expediente judicial), también se hace mención expresa de la orden impartida (artículo 2619 numeral 1); se detalla el funcionario y la institución contra la cual se interpone el amparo (artículo 2619 numeral 2); se detallan los hechos (artículo 2619 numeral 3); pero a consideración del Pleno se incumple con lo normado en el numeral 4 del artículo 2619 del Código Judicial.

    Para explicar en que consiste la pretermisión a la que nos hemos referido, procedemos a transcribir de que manera el amparista plantea el contenido al que nos mandata la norma en referencia (artículo 2619 numeral 4 del Código Judicial), en su demanda de amparo, foja 8 del expediente, veamos:

    "... La norma fundamental que se estima violada es el artículo 32 de la Constitución Nacional. ...

    El artículo in comento, menciona donde los subrayamos "conforme a los trámites legales" demuestra a todas luces la violación al debido proceso, como lo mencionamos en los hechos en que se funda el amparo. En este punto conforme al artículo 2619 numeral 4 del Código Judicial, vamos a expresar la argumentación del hecho demostrativo de la orden de hacer y que representa un daño actual e irreparable y que conculca principio fundamental constitucionales que se le debe garantizar a nuestro representado.

    El sentido y alcance del debido proceso como garantía constitucional es asegurar la efectiva vigencia de los derechos individuales reconocidos por la Constitución Nacional, otorgando a toda persona la posibilidad de recurrir a la justicia para obtener la tutela jurídica de dichos derechos, por medio de un procedimiento legal previamente instituido, en que se le brinda al peticionario la oportunidad de ser oído, ejercer el derecho de defensa, de producir pruebas o decidir la causa mediante sentencia dentro del término prudencial (ver fallo de 20 de febrero de 1984)

    Es importante recordar el fallo del 21 de agosto de 2018, que nos faculta para poder en este momento accionar en contra de tales ordenes de hacer, ante tan gravedad inminente que conculca la garantía de mi representado."

    Para mayor comprensión del incumplimiento, en lo referente al artículo 2619 numeral 4 del Código Judicial, enunciado en lineas precedentes, veamos un extracto citado en el Fallo fechado 27 de agosto de 2019, bajo la ponencia del suscrito, que hace referencia a la manera correcta en que se debe desarrollar en la demanda el concepto de infracción de la norma constitucional alegada en este caso por el amparista, veamos:

    FALLO DE 27 DE AGOSTO DE 2019

    "...para que se entienda cumplido el requisito en comento (fallos de 8 de abril de 2002 y 27 de noviembre de 1997, por citar algunos) es necesario que se señale en la demanda que contiene la pretensión que persigue la acción constitucional, no solamente la disposición constitucional que contiene el derecho fundamental que estima el actor que ha vulnerado la orden impugnada (de hacer o no hacer), sino ha de contener además, una explicación de la forma, manera o especie de cometerse la violación constitucional denunciada. No se cumple, naturalmente, mediante alegaciones, argumentaciones retóricas o haciendo referencias a aspectos fácticos, sino como se dijo, en unas argumentaciones lógico-jurídica de la norma impugnada a la luz de los principios que se encuentran en la base de los enunciados jurídicos contenidos en las disposiciones constitucionales. También se cumple utilizando los conceptos clásicos traídos del recurso extraordinario de casación de violación directa, indebida aplicación o interpretación errónea, que operan en este tipo de procesos constitucionales como un auténtico principio de derecho, sino, además, una clara exposición de la forma o manera en que tales violaciones se han dado, sin que sea suficiente ni baste que conduzcan a determinar el contenido y alcance de la infracción de los derechos fundamentales que se denuncian." (fallo de 11 de septiembre de 2002, 23 de diciembre de 2003, 6 de junio de 2011). ..."

    Como podemos observar, en este caso, el amparista se limita a transcribir la norma constitucional que considera infringida, pero no nos indica si la violación a la misma se da por omisión, comisión o indebida aplicación de la ley; de igual manera hace alusión a los fallos de 20 de febrero de 1984 y 21 de agosto de 2018, pero no nos explica en que consiste dicha violación al procedimiento por medio del cual se destituye al servidor público B.L.R., por lo que tal como se detalló en líneas precedentes, se incumple con lo normado en el artículo 2619 numeral 4 del Código Judicial.

    En conclusión, al verificar que el accionante interpone la acción de amparo sin cumplir con lo normado en el artículo 2619 numeral 4 del Código Judicial y lo que ha establecido la reiterada jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, en cuanto a esa materia, no puede ser otra la decisión del Pleno, que inadmitir la causa que nos ocupa, a lo que procedemos de inmediato.

    PARTE RESOLUTIVA

    En virtud de lo expuesto, el Pleno de la Corte Suprema, administrado justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, NO ADMITE la Acción de Amparo de Garantías Constitucionales interpuesta por el licenciado J.A.V.L., actuando en representación de BOLIVAR DEL CARMEN LASSO RODRÍGUEZ contra el Decreto de Personal No. 277 de fecha 15 de abril de 2020, dictado por el Ministerio de Seguridad Pública.

    N.,

    LUIS RAMÓN FÁBREGA SÁNCHEZ

    MARÍA EUGENIA LÓPEZ ARIAS -- OLMEDO ARROCHA OSORIO -- ANGELA RUSSO DE CEDEÑO -- CARLOS ALBERTO VÁSQUEZ REYES -- JOSÉ EDUARDO AYU PRADO CANALS -- CECILIO A. CEDALISE RIQUELME -- SECUNDINO MENDIETA -- MARIBEL CORNEJO BATISTA

    YANIXSA Y. YUEN C. (Secretaria General)

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