Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 12 de Marzo de 2021

PonenteCarlos Alberto Vásquez Reyes
Fecha de Resolución12 de Marzo de 2021
EmisorPleno

Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá

Sala: Pleno

Ponente: Carlos Alberto Vásquez Reyes

Fecha: 12 de marzo de 2021

Materia: Hábeas Data

Primera instancia

Expediente: 7033-2021

VISTOS:

Conoce el Pleno de la Corte Suprema de Justicia de la Acción de Hábeas Data, presentada por ADRIÁN MATUTE, actuando en su propio nombre y representación, en contra del Ministerio de Salud.

  1. PRETENSIÓN DEL ACCIONANTE

    Al revisar el libelo contentivo de la Acción promovida, se desprende que su interposición va dirigida a que se ordene al Ministro de Salud, a responder un formulario de catorce (14) preguntas, a través de las cuales se solicita información sobre la evidencia científica y médica de la situación ocasionada por "la enfermedad del COVID 19".

    Inicia señalando el activador constitucional que el día 29 de octubre de 2020, en su condición de representante del Movimiento Ciudadano Panameño (MOCAPA), presentó ante el Ministro de Salud, memorial a través del cual solicitó la información descrita en el párrafo anterior. Manifiesta que realizó tal requerimiento amparándose en lo preceptuado en el artículo 43 de la Constitución Política y fundamentándose en el ejercicio de la participación ciudadana dispuesto en el artículo 116 de nuestra Carta Fundamental.

    En ese contexto, manifiesta que a la fecha de la interposición del Hábeas Data que ocupa nuestra atención, no ha recibido respuesta sobre su solicitud. De ahí que considere que esta Máxima Corporación de Justicia deba ordenar al Ministerio de Salud que suministre la información por él requerida.

  2. DECISIÓN DEL PLENO.

    Corresponde en esta etapa procesal revisar si el libelo de Hábeas Data promovido cumple con los requisitos necesarios para su admisibilidad.

    Como punto de partida y con el objeto de establecer la procedibilidad de la Acción, consideramos oportuno realizar un sucinto análisis sobre esta figura, a efectos de tener una mayor comprensión sobre la naturaleza y, sobre todo, el alcance de la misma.

    La Acción de Hábeas Data.

    A.C..

    Es importante señalar que el Hábeas Data como Acción fue introducida a la Legislación Panameña, mediante la Ley 6 de 22 de enero de 2002, "Que dicta normas para la transparencia en la Gestión Pública", en cuyo artículo 17 dispone lo siguiente:

    "Capítulo V

    Acción de Hábeas Data

    Artículo 17. Toda persona estará legitimada para promover acción de Hábeas Data, con miras a garantizar el derecho de acceso a la información previsto en esta Ley, cuando el funcionario público titular o responsable del registro, archivo o banco de datos en el que se encuentra la información o dato personal reclamado, no le haya suministrado lo solicitado o si suministrado lo requerido se haya hecho de manera insuficiente o en forma inexacta."

    La excerta citada, establece claramente que toda persona a la que no se le haya suministrado información o dato personal solicitado, o cuando se haya suministrado de forma deficiente o inexacta, podrá promover Acción de Hábeas Data, a fin de poder obtener el acceso a la documentación peticionada.

    Vale la pena además subrayar que la reforma constitucional de 2004, eleva a rango constitucional el instituto del Hábeas Data. El artículo 44 de la Norma Fundamental instituye dicha Acción como el mecanismo procesal para garantizar a toda persona el derecho de acceso a su información personal recopilada en registros públicos o privados[1], así como para hacer valer el Derecho de Acceso a la Información pública o de acceso libre. El contenido de esta normativa es el siguiente:

    "Artículo 44. Toda persona podrá promover acción de hábeas data con miras a garantizar el derecho de acceso a su información personal recabada en bancos de datos o registros oficiales o particulares, cuando estos últimos traten de empresas que prestan un servicio al público o se dediquen a suministrar información.

    Esta acción se podrá interponer, de igual forma, para hacer valer el derecho de acceso a la información pública o de acceso libre, de conformidad con lo establecido en esta Constitución.

    Mediante la acción de hábeas data se podrá solicitar que se corrija, actualice, rectifique, suprima o se mantenga en confidencialidad la información o datos que tengan carácter personal.

    La Ley reglamentará lo referente a los tribunales competentes para conocer del hábeas data, que se sustanciará mediante proceso sumario y sin necesidad de apoderado judicial."

    En este sentido, tenemos que el Hábeas Data se erige como una garantía constitucional y legalmente dirigida, por un lado, a tutelar el derecho de los ciudadanos a proteger sus datos personales y, por el otro, su derecho a tener acceso a información pública que se encuentre en bancos de datos estatales.

    Al respecto, el jurista H.A.S.[2] señala que "Es el Remedio Legal que le asiste a toda persona para exigir extra judicial o judicialmente la exhibición de registros en los cuales estén inscritos sus datos personales o familiares, para saber sobre su exactitud y dado el caso exigir la rectificación o la supresión de datos no veraces, confidenciales o exigir la actualización de ellos."

    Según el autor E.M.F.[3], el Hábeas Data viene a ser un remedio urgente para que las personas puedan obtener a) el conocimiento de los datos a ellos referidos y de su finalidad que consten en registros o bancos de datos públicos o privados y b) en su caso para exigir la supresión rectificación confidencialidad o actualización de aquellos.

    De acuerdo a los instrumentos jurídicos que han concebido la Acción de Hábeas Data y conforme ha sido abordado por reiterada y constante Jurisprudencia de esta Máxima Corporación de Justicia, existen dos (2) modalidades aceptadas, según el tipo de información que se pretenda acceder a través de esta Acción, a saber:

    1) El Hábeas Data Propio.

    Tiene como objeto la tutela al Derecho a la Autodeterminación Informativa. Podemos decir que se instituye como la garantía que le asiste a toda persona, para asegurar el derecho a solicitar la exhibición de los registros o banco de datos públicos o privados, en los cuales está incluida información de carácter personal, con el fin de tomar conocimiento de su exactitud y, según el caso, exigir su corrección, actualización, supresión o conservación en la confidencialidad de información que pudiera vulnerar sus Derechos de Intimidad y Privacidad.

    Este tipo de Hábeas Data encuentra fundamento en el artículo 42 de la Constitución, cuyo tenor es el siguiente:

    Artículo 42. Toda persona tiene derecho a acceder a la información personal contenida en bases de datos o registros públicos y privados, y a requerir su rectificación y protección, así como su supresión, de conformidad con lo previsto en la Ley.

    Esta información sólo podrá ser recogida para fines específicos, mediante consentimiento de su titular o por disposición de autoridad competente con fundamento en lo previsto en la Ley.

    Del mismo modo, el artículo 3 de la Ley 6 de 2002, refiere al Hábeas Data Propio de la siguiente manera:

    Artículo 3. Toda persona tiene derecho a obtener su información personal contenida en archivos, registros o expedientes que mantengan las instituciones del Estado, y a corregir o eliminar información que sea incorrecta, irrelevante, incompleta o desfasada, a través de los mecanismos pertinentes.

    Tal como puede desprenderse de las normativas invocadas, la cobertura que refiere este tipo de Hábeas Data, no sólo se limita a la información contenida en bases de datos públicas, sino que se amplía a aquella que repose en archivos privados, cuando presten un servicio público o se dediquen a suministrar información.

    Un aspecto importante a tener en cuenta es que el Hábeas Data Propio tiene por objeto la protección de la información de la persona, por ende, sólo puede ser propuesto por el titular de los datos que son de su interés. Igualmente, éste puede solicitar, entre otros, la supresión, corrección, actualización o confidencialidad de estos datos.

    2) El Hábeas Data Impropio.

    Refiere al derecho que tiene toda persona de informarse sobre asuntos gubernamentales que sean de Interés General. Dicho de otro modo, es aquél que persigue la obtención de información pública, es decir, de la publicidad de los actos emitidos por Entidades Estatales o Servicios Públicos brindados por entes gubernamentales o aquellos en los que el Estado tenga participación accionaria y la información de esos actos de manera generalizada.

    El objetivo primordial perseguido por este tipo de Hábeas Data es la Transparencia como herramienta indispensable para el fortalecimiento de la Democracia.

    El Hábeas Data Impropio desarrolla el contenido del artículo 43 de nuestro Texto Fundamental, que a su letra dice:

    Artículo 43.Toda persona tiene derecho a solicitar información de acceso público o de interés colectivo que repose en bases de datos o registros a cargo de servidores públicos o de personas privadas que presten servicios públicos, siempre que ese acceso no haya sido limitado por disposición escrita y por mandato de la Ley, así como para exigir su tratamiento leal y rectificación.

    Así mismo, se encuentra contemplado en el artículo 2 de la Ley 6 de 2002, que indica:

    "Artículo 2: Toda persona tiene derecho a solicitar, sin necesidad de sustentar justificación o motivación alguna, la información de acceso público en poder o conocimiento de las instituciones indicadas en la presente Ley.

    Las empresas privadas que suministren servicios públicos con carácter de exclusividad, están obligadas a proporcionar la información que les sea solicitada por los usuarios del servicio, respecto de éste."

    No obstante lo anterior, estimamos preciso aclarar que este tipo de Acción, en algunas ocasiones, encuentra un límite en otros Derechos Fundamentales que pueden amparar a las personas de las cuales se solicita información, específicamente en el Derecho a la Privacidad, Inviolabilidad de la Correspondencia, entre otros; así como también en información que pueda comprometer la Seguridad Nacional.

    Es por tal razón, que cuando una Acción de Hábeas Data Impropio de lugar a la existencia de un conflicto constitucional de dos (2) Derechos Fundamentales, debe estudiarse a profundidad a fin de determinar cuál debe tener preferencia en el caso concreto.

    Y es que, no se debe perder de vista que es precisamente una finalidad del Hábeas Data, proteger a la persona contra la invasión de su intimidad, privacidad y honor; a conocer, controlar, rectificar, suprimir y prohibir la divulgación de determinados datos, especialmente los sensibles; para evitar calificaciones discriminatorias o erróneas que puedan perjudicarlo.

    1. Tipos de información referidos por la Normativa.

    Así las cosas, vale la pena abordar los tipos de información a los que hace referencia el ordenamiento positivo, a fines de poder conocer con claridad los efectos que posee el Hábeas Data sobre ellos.

    1. Información de acceso libre.

      Este tipo de información se encuentra definida en el numeral 6 del artículo 1 de la Ley 6 de 2002, como "Todo tipo de información en manos de agentes del Estado o de cualquier institución pública que no tenga restricción."

      En ese contexto, el artículo 8 de la Ley 6, establece que las instituciones del Estado están obligadas a brindar, a cualquier persona que lo requiera, información sobre el funcionamiento y las actividades que desarrollan, exceptuando únicamente las informaciones de carácter confidencial y de acceso restringido. En tanto que el artículo 11 se refiere a que será de carácter público y de libre acceso a las personas interesadas, la información relativa a la contratación y designación de funcionarios, planillas, gastos de representación, costos de viajes, emolumentos o pagos en concepto de viáticos y otros, de los funcionarios del nivel que sea y/o de otras personas que desempeñen funciones públicas.

      Conforme hemos visto, se puede concluir que la información de libre acceso a la población está determinada por los artículos 8 y 11 de la Ley 6 de 2002.

    2. Información de acceso restringido.

      En este orden de ideas, se debe advertir que, conforme a las normativas que regulan la materia, el Derecho a la Información no es absoluto, y es que, el contenido del artículo 43 la Constitución Política, antes citado, claramente limita el acceso a la información pública o de interés colectivo siempre que no haya sido limitado por disposición escrita y por mandato de la Ley.

      Por su parte, el numeral 7 del artículo 1 de la Ley 6 de 2002, define la información de acceso restringido a "Todo tipo de información en manos de agentes del Estado o de cualquier institución pública, cuya divulgación haya sido circunscrita únicamente a los funcionarios que la deban conocer en razón de sus atribuciones, de acuerdo con la Ley."

      En estos términos, se debe indicar que el artículo 14 de la referida Ley 6, consigna expresamente los tipos de información consideradas como de acceso restringido. También, cabe destacar, que la Jurisprudencia de este Pleno ha sido del criterio que para que una persona pueda acceder a información declarada como restringida por la Autoridad correspondiente, debe contar con la legitimidad en la causa para ello.

    3. Información confidencial.

      Es definida por el numeral 5 del artículo 1 de la Ley 6 de 2002 como "Todo tipo de información en manos de agentes del Estado o de cualquier institución pública que tenga relevancia con respecto a los datos médico y psicológicos de las personas, la vida íntima de los particulares, incluyendo sus asuntos familiares, actividades maritales u orientación sexual, su historial penal y policivo, su correspondencia y conversaciones telefónicas o aquellas mantenidas por cualquier otro medio audiovisual o electrónico, así como la información pertinente a los menores de edad. Para efectos de esta Ley, también se considera como confidencial la información contenida en los registros individuales o expedientes de personal o de recursos humanos de los funcionarios"

      Sobre este tipo de información, el artículo 13 de la Ley 6 establece que "la información definida por la presente Ley como confidencial no podrá ser divulgada, bajo ninguna circunstancia, por agentes del Estado.

      En el caso de que la información de carácter confidencial sea parte de procesos judiciales, las autoridades competentes tomarán las provisiones debidas para que dicha información se mantenga reservada y tengan acceso a ella únicamente las partes involucradas en el proceso judicial respectivo".

      Sobre la admisibilidad del Hábeas Data.

      Por otra parte, es necesario precisar que la Acción de Hábeas Data no está sujeta al cumplimiento de formalidades técnicas que condicionen su procedencia; no obstante, ello no implica la inexistencia de ciertas exigencias básicas que no se pueden omitir, como son: acreditar que el funcionario público ha sobrepasado el término de Ley sin ofrecer la información requerida, y controvertir una materia cónsona con el propósito constitucional y legal, para el cual ha sido instaurada la Acción subjetiva de Hábeas Data.

      En esa dirección, la jurisprudencia nacional[4] tiene sentada la posición que, en la etapa de admisibilidad, resulta preciso que el actor acredite la concurrencia de ciertas circunstancias fácticas y jurídicas, necesarias para revestir de legitimidad el ejercicio de la Acción de Hábeas Data. Así, para estos efectos se debe tener presente:

      "...

    4. que el actor, efectivamente, haya solicitado la información;

    5. que la información reclamada, sea de las que puede accederse, de acuerdo con lo que establece la ley; y,

    6. que el funcionario requerido, se haya negado a proporcionar la información, o la haya atendido de manera insuficiente o inexacta, al igual que para el caso específico de esta Corporación de Justicia, está supeditado a que el funcionario responsable del registro, tenga mando y jurisdicción en dos o más provincias o en toda la República

      ..." (art. 18 de la Ley No. 6 de 22 de enero de 2002).

      Sobre el particular, este Pleno[5], ha considerado en reiterados pronunciamientos que la Acción de Hábeas Data sólo es viable o procedente, cuando se acredita haber solicitado la respectiva información ante el funcionario custodio de la misma, en la forma prevista en los artículos 5, 6 y 7 de la Ley No.6 de 22 de enero de 2002, pues ello, además permite verificar si la información ha sido efectivamente negada, y si ha concurrido el plazo de treinta (30) días calendario que le asiste al servidor público, para proporcionar su respuesta. La ausencia de tal presupuesto, deviene en la inadmisión de la Acción de Hábeas Data, tal y como el Pleno de la Corte ha señalado en ocasiones anteriores.

      Así las cosas, del atento análisis del Expediente puede determinarse con meridiana claridad que lo pretendido a través de la solicitud que hoy ocupa nuestra atención no guarda relación con el sentido de la Ley 6 de 22 de enero de 2002.

      En este orden de ideas, observa esta Corporación de Justicia que el accionante persigue a través de esta vía, como él mismo señala en su libelo y conforme puede apreciarse en el memorial de 22 de octubre de 2020, que el Ministerio de Salud responda interrogantes clínicas y justifique algunas medidas adoptadas como consecuencia de la Pandemia ocasionada por el COVID-19.

      Advierte de inmediato este Alto Tribunal que la Ley No.6 de 22 de enero de 2002, "Que dicta normas de transparencia en la Gestión Pública, establece la Acción de Hábeas Data y otras disposiciones", no constituye el mecanismo a utilizar para que los particulares puedan agilizar trámites o solicitudes que hayan formulado ante instituciones estatales como consecuencia de interrogantes personales y/o colectivas, que es lo que ha sucedido en el presente caso.

      Y es que, tal como hemos explicado en párrafos anteriores, la Ley No.6 de 22 de enero de 2002, regula el Derecho al Acceso a la Información, ya sea personal, pública o de interés colectivo; siendo un requisito fundamental de este tipo de Acción que la información solicitada conste previamente en base de datos o registros públicos o privados y no comprende, como pretende el accionante, que el funcionario sobre quien recaiga la petición se pronuncie sobre algún aspecto distinto a aquellos que regulan y desarrollan la figura del Hábeas Data (previamente explicada por nosotros), cuya respuesta podría generar un Procedimiento Administrativo, lo que rebasaría el campo del Derecho a la Información.

      En efecto, podemos advertir que la solicitud que motivó el Proceso en estudio no trata sobre datos contenidos "en cualquier medio, documento o registro impreso, óptico, electrónico..." como lo ha delimitado el numeral 4 del artículo 1 de la referida Ley No.6 de 22 de enero de 2002, sino que tiene por finalidad que el Ministerio de Salud responda un cuestionario de catorce (14) preguntas, que tienen como objetivo que el referido Ente Ministerial absuelva interrogantes clínicas y justifique algunas medidas adoptadas como consecuencia de la Pandemia ocasionada por el COVID-19.

      Ante tales hechos, somos del criterio que la solicitud realizada por ADRIÁN MATUTE no se basa en el Derecho de Información que busca resguardar la Acción de Hábeas Data, sino en el Derecho de Petición, tutelado en el artículo 41 de la Constitución Política y desarrollado en los artículos 41 a 44 de Ley 38 de 2000.

      El artículo 41 de nuestro Texto Fundamental es del siguiente tenor:

      Artículo 41. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones y quejas respetuosas a los servidores públicos por motivos de interés social o particular, y el de obtener una pronta resolución.

      El servidor público ante quien se presente una petición, consulta o queja deberá resolver dentro del término de treinta días. La Ley señalará las sanciones que correspondan a la violación de esta norma.

      Por su parte, el artículo 44 de la Ley 38 de 2000, con relación al Derecho de Petición establece:

      Artículo 44. Toda persona que haya presentado una petición, consulta o queja tiene el derecho de conocer el estado en que se encuentra la tramitación, y la entidad pública correspondiente está en la obligación de informarle lo pertinente en el término de cinco días, contados a partir de la fecha de su presentación. Si la entidad no pudiese resolver la petición, consulta o queja dentro del término señalado en la ley, la autoridad responsable deberá informar al interesado el estado de la tramitación, que incluirá una exposición al interesado justificando las razones de la demora

      El contenido de las normas transcritas, no hace más que reafirmar que la información que se pretende conseguir es aquella que corresponde al Derecho de Petición y por tanto, debió haberse solicitado con fundamento en este Derecho y no en el de Información como sucedió, pues, como hemos explicado, ambos Derechos corresponden a naturalezas distintas.

      Así mismo, vale la pena aclarar que el Derecho de Petición se ejerce ante la Autoridad administrativa y de considerar el solicitante la desatención de su solicitud, a diferencia del Hábeas Data, dicho derecho se ejerce a través de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, luego del debido agotamiento de la Vía Gubernativa.

      Finalmente, a objeto de tener una mayor comprensión de lo planteado hasta este punto, nos permitimos traer a colación algunos Fallos dictados por el Pleno de la Corte Suprema de Justicia en los que se aborda la diferencia entre el Derecho de Petición y el de Información; y se niega la Acción de Hábeas Data por razones similares a las que hoy ocupan nuestra atención.

      Sentencia de 30 de marzo de 2015

      ... la acción de habeas data no constituye la vía idónea para atender parte de la solicitud realizada ... toda vez que lo que solicita se consagra en el derecho de petición a favor de los particulares, que es una especie de naturaleza y finalidad distinta al derecho de acceso a información pública.

      Lo anterior es así, toda vez que su solicitud no consiste en la simple entrega o permitirle el acceso a una información... sino que conlleva que la autoridad emita un pronunciamiento con relación a una serie de peticiones realizadas por el accionante, tales como que inicie de oficio investigaciones sobre el aumento de salario... lo que excede el ámbito del derecho a la información

      Sentencia de 18 de marzo de 2014

      ... la Ley No. 6 de 22 de enero de 2002 no constituye un Recurso que pueda ser utilizado para cualquier gestión ante la administración pública en reemplazo de los procedimientos administrativos o aún en reemplazo del derecho de petición consagrado en el artículo 41 de nuestra Carta Magna...

      ...

      El derecho de petición es, por tanto, el medio ordinario que la Constitución pone al alcance de todas las personas para formular requerimientos de cualquier tipo a una dependencia pública o a un servidor público, en ausencia de normas que regulen especialmente la petición que se desea presentar. A este respecto, debe destacarse que la pronta resolución integra este derecho, tal como se aprecia en el texto constitucional, que incluso impone un límite para la resolución, de treinta días.

      Sentencia de 23 de abril de 2014

      "...la pretensión de que se ordene en sede constitucional a la Dirección General del Registro Público que le proporcione información sobre el estado de la solicitud de rectificación de inscripción de marginales, no es la vía adecuada para obtener este clase de información, toda vez que no constituye propiamente una información preexistente que conste en bases de datos o registros público o privados. Debe quedar claro que, la petición de información sobre el estado de un proceso administrativo debe encauzarse a través del derecho de petición.

      ...

      Los derechos fundamentales de acceso a información personal contenida en bases de datos o registros públicos o privados y de acceso a información pública o de interés colectivo que repose igualmente en bases de datos o registros públicos o privados que se reconocen en los artículos 42 y 43 constitucionales reflejan la misma filosofía jurídica y tutelan valores similares al protegido en el artículo 41 sobre derecho de petición.

      ...

      El derecho que tiene toda persona de obtener acceso a información sobre su persona, conforme al artículo 42 constitucional, recae única y exclusivamente sobre la información personal "contenida en bases de datos o registros públicos o privados", esto es, a información preexistente que se guarde en bases de datos o registros. Esta norma constitucional no otorga un derecho a que se elabore y se proporcione al peticionario información que, aún relativa a su persona, no exista al momento de la petición, ni a pedir del custodio de las bases de datos o registros públicos o privados que emita opiniones o dictámenes de cualquier tipo.

      De igual manera, el derecho que el artículo 43 constitucional otorga a toda persona a obtener información de acceso público o de interés colectivo "que repose en bases de datos o registros a cargo de servidores públicos o de personas privadas que presten servicios públicos" versa única y exclusivamente sobre información preexistente de la naturaleza señalada y que esté archivada en bases de datos o registros que deban mantener, por razón de sus competencias las entidades públicas o personas privadas que presten un servicio público. No hay, por tanto, un derecho a obtener información que no exista al momento de la petición, y por ello la norma mencionada no impone a las entidades públicas una obligación de elaborar nueva información, cualquiera que sea la forma de ésta.

      Toda petición que una persona formule a una dependencia pública o a un servidor público, que no dé origen o constituya una gestión propia de un proceso jurisdiccional o un proceso administrativo y que no corresponda a una situación tutelada en los artículos 42 y 43 de la Constitución Política o regulada por normas jurídicas especiales, debe enderezarse a través del derecho de petición que consagra el artículo 41 de la Constitución Nacional".

      Por las razones anotadas y como quiera que el actor utilizó una institución distinta (Acción de Hábeas Data) a aquella que le correspondía (S. en base al Derecho de Petición) en virtud de lo peticionado al Ministerio de Salud en su memorial, el Pleno de esta Corporación de Justicia considera que lo procedente es no admitir la presente Acción y así se procede.

      PARTE RESOLUTIVA

      En consecuencia, EL PLENO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la Acción de Hábeas Data interpuesta por ADRIÁN MATUTE, actuando en su propio nombre y representación, en contra del Ministerio de Salud.

      Notifíquese Y CÚMPLASE;

      CARLOS ALBERTO VÁSQUEZ REYES

      OLMEDO ARROCHA OSORIO -- JOSÉ E. AYÚ PRADO CANALS -- CECILIO CEDALISE RIQUELME -- MARIBEL CORNEJO BATISTA -- HERNÁN A. DE LEÓN BATISTA -- LUIS R. FÁBREGA S. - MARÍA EUGENIA LÓPEZ ARIAS - OTILDA V. DE VALDERRAMA.

      YANIXSA Y. YUEN (Secretaria General)

      [1]En el caso de la información particular, refiere a aquellas empresas que prestan un servicio al público o se dediquen a suministrar información.

      [2] A.S., H.. En su obra denominada "La Acción de Hábeas Data".

      [3] FALCÓN, E.. En su obra denominada "Hábeas Data, Concepto y Procedimiento".

      [4] Consúltese, entre otras, Sentencia del Pleno de la Corte de 2 de febrero de 2005.

      [5]Resolución de 28 de marzo de 2003, entre otras más.

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