Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 21 de Junio de 2021

PonenteCarlos Alberto Vásquez Reyes
Fecha de Resolución21 de Junio de 2021
EmisorPleno

Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá

Sala: Pleno

Ponente: Carlos Alberto Vásquez Reyes

Fecha: 21 de junio de 2021

Materia: A. de Garantías Constitucionales

Primera instancia

Expediente: 286912021

VISTOS:

El Pleno de la Corte Suprema de Justicia conoce de la Acción de A. de Garantías Constitucionales interpuesta por la Firma Forense Saldaña Concepción y Asociados, en representación del sindicato de TRABAJADORES DE LA SEGURIDAD PERMANENTE Y PROTECCIÓN, S.A., (SITRASEPROSA), contra la Nota N°144-DGT-21 del 17 de marzo del 2021, emitida por el Director General del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, Encargado.

El acto atacado señala lo siguiente:

...

El día 16 de marzo de 2021, fue presentado pliego de peticiones para la negociación de una nueva Convención Colectiva, por el SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA SEGURIDAD PERMANENTE Y PROTECCIÓN, S.A., (SITRASEPRO). Contra la empresa SEGURIDAD PERMANENTE Y PROTECCIÓN, S.A. (SEPROSA).

Al revisar los registros y archivos del departamento de Relaciones de Trabajo, de la Dirección General de Trabajo, se pudo constatar que se encuentra presentado pliego de peticiones para la negociación de Convención Colectiva de trabajo entre EL SINDICATO NACIONAL DE TRABAJADORES DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD (SINATRASS) contra la EMPRESA SEGURIDAD PERMANENTE Y PROTECCIÓN, S.A. (SEPROSA) de fecha 09 de marzo de 2021, y que a la fecha se encuentra en trámite.

Lo anterior nos indica que existe un pliego presentado con anterioridad, contra la misma empresa por otro sindicato para la negociación de una convención colectiva y que a la fecha de la presentación del segundo pliego a la empresa por el SINDICTADO DE TRABAJADORES DE LA SEGURIDAD PERMANENTE Y PROTECCIÓN, S.A. (SITRASEPRO), había transcurrido cuatro (4) días hábiles desde la recepción del primer pliego.

Por lo que mientras, no se concluya este conflicto no se puede admitir pliego de peticiones planteando un nuevo conflicto colectivo económico o de intereses; jurídico o de derecho en contra de la misma empresa.

El señalamiento anterior se hace en virtud de lo establecido en los artículos Segundo Tercero y Cuarto de la RESOLUCIÓN D.M. 581-2019 DEL 24 DE OCTUBRE DE 2019, sobre la concurrencia de pliegos, los cuales establecen lo siguiente:

...

Por las razones expuestas nos vemos imposibilitados a imprimirle trámite al presente P. de peticiones por lo que procedemos con su devolución...

ANTECEDENTES

El grupo de trabajadores denominado SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA SEGURIDAD PERMANENTE Y PROTECCIÓN, S.A., (SITRASEPROSA), presentó el 16 de marzo del 2021, ante el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, P. de Peticiones contra la empresa Seguridad Permanente y protección, S.A., (SEPROSA).

Emitiendo esa Autoridad, el 17 de marzo del 2021, el acto atacado por medio del cual se dispuso, devolverle su petición, fundamentada en que ya había sido recibido otro P. por parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de los Servicios de Seguridad (SINATRASS), lo que de acuerdo a la Ley imposibilitaba continuar con el trámite.

  1. ARGUMENTOS DEL AMPARO DE GARANTÍAS

    Narra el Accionante en su escrito que, el P. de Peticiones sometido a verificación del Ministerio de Trabajo, fue admitido, registrado y sellado; sin embargo, posteriormente mediante el acto impugnado, fue rechazado bajo el argumento de defectos formales y fundamentos jurídicos distintos al Código de Trabajo, específicamente el artículo 433.

    Con lo anterior, el Demandante, considera infringidos los artículos 4, 17 y 32 de la Constitución Política; al no tomarse en cuenta que Panamá es signatario de Convenios Internacionales (N°87 y 98) que regulan el Derecho y la Libertad Sindical. Tampoco se aseguró la efectividad de los Derechos y Deberes Individuales y Sociales, al haberse admitido para el trámite y luego rechazar la documentación presentada contraviniendo lo que establece la Ley; pues al haberse emitido a través de una Nota, le impidió impugnarla, debiendo entonces, activar esta Vía Constitucional. De allí que solicitó se admita la Acción de A. de Garantías en estudio y se suspenda todo acto relacionado.

  2. DECISIÓN DEL PLENO

    Al examinar el escrito de la Demanda de A., a fin de determinar si concurren los presupuestos necesarios que exigen nuestra Constitución Política, normas vigentes y criterios jurisprudenciales, para su admisibilidad, esta Corporación de Justicia advierte que, el Activador Constitucional se limita a señalar las razones por las que discrepa del criterio utilizado por el Director General del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, Encargado, para devolverle el P. de Peticiones; pues, según su criterio, una vez recibida la documentación pertinente, debió continuarse con el trámite correspondiente.

    Es decir, que lo planteado por el Accionante invade el plano de la valoración o interpretación que realizó la Autoridad para devolver el P. de Peticiones, y en ese sentido, busca un pronunciamiento acerca de las circunstancias que fueron valoradas para tomar tal decisión; sin que esto pueda ser estudiado en una Acción de esta naturaleza, la cual tiene un carácter extraordinario y está diseñada para denuncias o lesiones de Derechos Fundamentales, pues, el Tribunal Constitucional no está instituido como una instancia adicional para debatir asuntos que ya fueron analizados por las autoridades correspondientes.

    En ese orden de ideas, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia debe aclarar, que la utilización del A. como medio para verificar si la interpretación por parte del funcionario ha sido correcta, es posible de manera excepcional, en aquellos casos en los que se haga evidente que se ha violado un Derecho o Garantía Fundamental, por razón de un acto arbitrario, carente de motivación o motivación insuficiente; cuando se aprecie una evidente mala valoración o no apreciación de algún medio probatorio trascendental para la decisión, o cuando se ha cometido un grave error al interpretar o aplicar la Ley; sin embargo, en el negocio jurídico bajo estudio no se evidencia la concurrencia de ninguna de dichas excepciones, que hicieran necesaria la admisión de esta Demanda, a fin de cesar la alegada vulneración.

    Así se ha pronunciado esta Máxima Corporación de Justicia, cuando señaló:

    "...De lo expuesto hasta el momento, no considera el Pleno que sea viable entrar a examinar el Acto atacado, ya que la verdadera intención del Amparista es que se entre a examinar una actuación que ha sido proferida por un Tribunal que realizó un análisis y juicio valorativo que lo condujo a esa conclusión; más que invocarse la violación de alguno de los componentes del debido Proceso legal. Además, se observa que en el presente caso, no se ha desprotegido los derechos del Amparista, ni se ha dejado en estado de indefensión; destacándose que la Autoridad demandada explicó en la audiencia...exponiendo además el fundamento legal en que sustentaron su decisión. Distinto sería el criterio del Pleno de esta Corporación de Justicia si observara que el Acto demandado careciera de motivación, lo que sí hubiera vulnerado normas de rango constitucional, situación que no ocurre en el caso bajo estudio.

    Sobre este tema, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, en Sentencia de cinco (5) de septiembre de dos mil doce (2012), indicó lo siguiente:

    '... la jurisprudencia ha hecho una excepción a la regla conforme a la cual el amparo no está indicado para que se vuelva a efectuar una valoración probatoria o para verificar que la aplicación o interpretación de la ley por parte del juez ordinario haya sido correcta. Esa excepción tiene lugar en aquellos casos en los que se ha violado un derecho o garantía fundamental por razón de una sentencia arbitraria o por una sentencia que está falta de motivación o que se haya realizado una motivación insuficiente o deficiente argumentación (Cfr. Sentencia de 21 de noviembre de 2011) o cuando se trate de una sentencia en la que se aprecie una evidente mala valoración o no apreciación de algún medio probatorio trascendental para la decisión(Cfr. Sentencia de 4 de julio de 2012) o cuando se trate de una sentencia en la que se ha cometido un grave error al interpretar o aplicar la ley, siempre que, se reitera, se afecte con una de dichas sentencias un derecho o garantía fundamental...'

    Del análisis de la situación planteada, esta Corporación de Justicia actuando como Tribunal de A., no evidencia a prima facie la concurrencia de alguno de los casos previstos como excepcionales, por los cuales el Tribunal de A. de Garantías Constitucionales debe entrar a revisar la labor efectuada por los Magistrados del Tribunal Superior de Apelaciones del Cuarto Distrito Judicial, debido a la posibilidad que se haya producido una posible vulneración al debido Proceso.

    El Pleno de esta Corporación de Justicia estima necesario recordar que la Acción de A. no constituye un medio más de impugnación dentro de un Proceso, sino que se trata de una Acción autónoma que le da vida a un Proceso nuevo e independiente; su uso se encuentra limitado a toda clase de acto que vulnere o lesione los derechos o garantías fundamentales.

    Hechas las consideraciones anteriores, este Tribunal Constitucional concluye que la iniciativa constitucional bajo examen, no reúne las condiciones para su admisibilidad y en ese sentido debe pronunciarse..."[1]

    En este marco de ideas, nos percatamos que en el acto atacado mediante esta Iniciativa Constitucional, el Director General de Trabajo, Encargado, emitió su decisión al percatarse que anteriormente se había presentado otro P. para la negociación de una Convención Colectiva, por parte del Sindicato Nacional de Trabajadores de los Servicios de Seguridad (SINATRASS), contra la misma empresa, tomando como fundamento los artículos 2, 3 y 4 de la Resolución N°581-2019 del 24 de octubre del 2019; que regula el tema de la concurrencia; sin que se desprenda de ello alguna de las excepciones a las que ha hecho alusión la jurisprudencia de esta Corte Suprema de Justicia, para la utilización del A..

    Lo descrito, lleva a esta Corporación de Justicia, como Tribunal Constitucional a concluir, que la presente Acción de Tutela de Derechos y Garantías Fundamentales, no puede ser admitida, toda vez que, los argumentos que la sustentan escapan de la labor tutelar que este Tribunal de A. está llamado a ejercer, pues no se desprende a simple vista, una posible violación de Derechos Humanos, lo que la hace manifiestamente improcedente.

    Finalmente, y sobre la evidente violación de Derechos Fundamentales, que se debe desprender de las Acciones de esta naturaleza, esta Corte Suprema de Justicia ha señalado lo siguiente:

    "...En virtud de lo anterior, la jurisprudencia constitucional en numerosas ocasiones ha indicado que la demanda en la que se forma la acción de amparo, además de los requisitos establecidos el amparo deberá contener:

    1. Que exista gravedad e inminencia del daño. Esto supone que, por regla general, no deben haber transcurrido más de tres meses entre el momento en que se le notificó o tuvo conocimiento el amparista del acto impugnado y la presentación del amparo.

    2. Que no sea manifiestamente improcedente. Lo anterior significa que el acto impugnado debe presentar al menos la apariencia de vulnerar o lesionar derechos fundamentales tutelados por la Constitución que, por la gravedad e inminencia del daño que representa, requiere una revocación inmediata. Esto implica que, en el amparo no se pueden discutir temas de estricta legalidad, sino la vulneración de derechos fundamentales potencialmente afectados.

    ...

    A juicio de esta Corporación de Justicia, de la lectura de la iniciativa constitucional se desprende que no existe fundamento que justifique que se examine en sede de A. el acto demandado, ya que de las constancias habidas en el cuadernillo de A. no se puede determinar que de los mismos conste elemento alguno que informe de la posible vulneración de algún derecho fundamental en contra del activador constitucional, que por la gravedad e inminencia del daño que representa, requieran una reparación inmediata. Se advierte así, que los argumentos presentados por la Recurrente son propios de una discusión de fondo de la vía ordinaria..."[2] (el resaltado es del Pleno)

    En mérito de lo expuesto, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la Acción de A. de Garantías Constitucionales propuesta por la Firma Forense Saldaña Concepción y Asociados, en representación del SINDICATO DE TRABAJADORES DE LA SEGURIDAD PERMANENTE Y PROTECCIÓN, S.A., (SITRASEPROSA), contra la Nota N°144-DGT-21 del 17 de marzo del 2021, emitida por el Director General del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, Encargado.

    N.;

    CARLOS ALBERTO VÁSQUEZ REYES

    OLMEDO ARROCHA OSORIO -- JOSÉ E. AYÚ PRADO CANALS -- CECILIO CEDALISE RIQUELME -- MARIBEL CORNEJO BATISTA -- HERNÁN A. DE LEÓN BATISTA -- LUIS R. FÁBREGA S. - MARÍA EUGENIA LÓPEZ ARIAS -- ANGELA RUSSO DE CEDEÑO

    YANIXSA Y. YUEN C. (Secretaria General)

    [1] Sentencia del 8 de mayo del 2019.

    [2] Sentencia del 17 de septiembre del 2019.

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