Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 28 de Junio de 2021

PonenteHernán A. De León Batista
Fecha de Resolución28 de Junio de 2021
EmisorPleno

Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá

Sala: Pleno

Ponente: H.A. De León Batista

Fecha: 28 de junio de 2021

Materia: Hábeas Data

Primera instancia

Expediente: 310062021

Vistos:

Ha llegado a conocimiento del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, la acción de habeas data interpuesta por el licenciado G.A.F.H. en representación de NOMBRE 1 contra el Procurador General de la Nación.

Le corresponde, entonces, a esta Corporación decidir respecto a la viabilidad de la admisión de la presente acción.

La parte actora fundamenta la viabilidad de este requerimiento en que a la fecha 14 de diciembre de 2020 ante la Secretaría General de la Procuraduría General de la Nación su representada presentó formal solicitud de información.

Posterior a ello, transcurrió en demasía el término procesal fijado por la Ley para surtir respuestas a las peticiones de información formuladas, o el respectivo término procesal debido para que la institución responsable pida una prórroga en el deber de proporcionar una respuesta.

Por ello, según sus consideraciones, la solicitud de información invocada por su representada no fue surtida.

Estima el letrado que es una ilegalidad o incumplimiento al mandato que reseña la Ley 6 de 2002, la omisión en la respuesta que debió expedir y que notoriamente no fue emitida, a la solicitud de información incoada en forma solemne ante dicha institución pública.

Por lo anterior, solicita al Tribunal de habeas data que proceda previa admisión de la acción de tutela de información propuesta, a conceder el presente recurso legal, imponiéndole de manera inmediata al Procurador General de la Nación, el deber de suministrar la información que se le estaba pidiendo en forma.

Ahora bien, observa esta Corporación de Justicia que la accionante adjunta la nota de solicitud de información realizada con fecha de recibido 14 de diciembre de 2020, ante la Secretaría General de la Procuraduría General de la Nación, en la que solicita lo siguiente:

"1. Díganos, si consta o no, de conformidad a lo que contiene, la Ley de Presupuesto General del Estado para el año 2021 (Ley No. 176 DE 13 de noviembre de 2020, Publicada en la Gaceta Oficial Digital No. 29153-B), la posible disponibilidad presupuestaria, aplicable al año de 2021, que pueda asumir el Ministerio Público de la República de Panamá, para cubrir las Bonificaciones por Antigüedad, que se hubieran surtido-o estuvieran pendientes de pago-, a favor de los Empleados o ex funcionarios de dicha Entidad Pública.

De ser la respuesta previa, para el caso afirmativa, rogamos que nos acrediten adicionalmente, lo siguiente:a. Cual (sic) es el monto asignado presupuestariamente, para la cobertura de ese especifico rubro (pago de bono por antigüedad, establecido para funcionarios) a lo interno del Ministerio Público de la República de Panamá, durante el año 2021;b.-Cual (sic) es o sería, para el año de 2021, el número o descripción de la partida presupuestaria asignada, dentro del presupuesto, para esta institución, en lo atinente, al pago de ese específico rubro (pago de bono por antigüedad, establecido para los funcionarios); c.-Díganos, si en el caso de la Señora, NOMBRE 1, mujer, panameña, mayor de edad, con cédula de identidad personal No. CÉDULA 1, para los efectos favorecida con ese beneficio (pago de bono por antigüedad, establecido para los funcionarios), mediante la RESOLUCIÓN No. 1202 de 17 de octubre de 2017, emitida -en su momento, por la PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN, si su pago está contemplado para vuestra Institución dentro de la partida presupuestaria así asignada, para el año 2021."

En tal sentido, se observa que la accionante, en los hechos que sustenta su demanda fundamenta la misma en lo normado en la Ley No. 6 de 22 de enero de 2002, así como por los artículos 41 y 43 de la Constitución Política de la República de Panamá.

Al respecto, es preciso señalar que el artículo 3 de la Ley No. 6 de 2002, hace referencia al derecho que tienen las personas para obtener: "su información personalcontenida en archivos, registros o expedientes que mantengan las instituciones del Estado..." no obstante; como se puede observar, ese no es el tipo de información que solicita la requirente.

La información que pide la postulante guarda relación con la disponibilidad presupuestaria aplicable para el año 2021 que pueda asumir el Ministerio Público, a fin de conocer la señora NOMBRE 1 si el pago de bono por antigüedad establecido para su persona mediante la Resolución No. 1202 de 17 de noviembre de 2017, está contemplado por dicha institución para el año 2021.

En ese orden, advierte de inmediato esta Superioridad que la norma invocada, es decir, la Ley No. 6 de 22 de enero de 2002 "Que dicta normas para la transparencia en la Gestión Pública, establece la Acción de habeas data y otras disposiciones", no es la vía o el fundamento de derecho que puede utilizarse como un mecanismo para que los particulares puedan apresurar trámites o solicitudes que hayan formulado ante instituciones estatales, principalmente como es el caso que nos ocupa a fin de conocer si el pago para su persona (NOMBRE 1) está contemplado dentro de la partida presupuestaria asignada para el año 2021.

Es decir, de acuerdo a lo expuesto por la accionante en el escrito presentado ante esta Corporación, lo solicitado encuadra en el supuesto que consagra el derecho de petición, tutelado en el artículo 41 de la Constitución Política y desarrollado en los artículos 41 a 44 de la Ley No. 38 de 31 de julio de 2000, sobre Procedimiento Administrativo.

El artículo 41 de la Constitución Política sobre el derecho de petición, preceptúa lo siguiente:

"Artículo 41. Toda persona tiene derecho a presentar peticiones y quejas respetuosas a los servidores públicos por motivos de interés social o particular, y el de obtener pronta resolución.

El servidor público ante quien se presente una petición, consulta o queja deberá resolver dentro del término de treinta días. La Ley señalará las sanciones que correspondan a la violación de esta norma".

Por su parte, el artículo 44 de la Ley No. 38 de 2000, con relación al derecho de petición establece lo siguiente:

Artículo 44. Toda persona que haya presentado una petición, consulta o queja tiene derecho a conocer el estado en que se encuentra la tramitación, y la entidad pública correspondiente está en la obligación de informarle lo pertinente en el término de cinco días, contado a partir de la fecha de su presentación. Si la entidad no pudiese resolver la petición, consulta o queja dentro del término señalado en la ley, la autoridad responsable deberá informar al interesado el estado de la tramitación, que incluirá una exposición al interesado justificando las razones de la demora.

Expuesto lo anterior vale la pena indicar, que es este el derecho que tiene la accionante, pues, la información que mediante la Acción de habeas data intenta obtener, no guarda relación con el sentido y alcance de la Ley No. 6 de 22 de enero de 2002.

La Ley antes indicada regula el derecho de acceso a información personal, información pública, o de interés colectivo, que supone la existencia previa de la información recogida en base de datos, registros públicos o privados, y no comprende, como pretende la accionante, el reconocimiento de otro tipo de derecho o que el funcionario se pronuncie sobre algún aspecto distinto al mencionado en párrafos precedentes, lo cual rebasa el campo del derecho a la información, y recae en una institución distinta, como lo es el derecho de petición.

Sobre el particular, el Pleno de la Corte mediante Sentencia de 3 de agosto de 2005, explica el alcance del habeas data y su diferencia con el derecho de petición.

En dicha Sentencia se señala que, el derecho que tiene toda persona a obtener información de carácter particular -tal y como fue solicitada en el caso a que hace referencia el aludido fallo- recae única y exclusivamente sobre información preexistente, contenida en base de datos o registros archivados por razón de la competencia de entidades públicas o personas privadas que presten un servicio público.

Se precisa además, en esta sentencia, que el derecho de acceso a información no se extiende a reclamaciones en las que se pretenda obtener la elaboración de nueva información, ni a emitir opiniones o dictámenes de cualquier tipo, que no existan al momento de la petición, aun cuando esta sea de naturaleza personal.

Cabe agregar que, el Pleno tuvo la oportunidad de distinguir entre el derecho de petición y de libertad de información, en los siguientes términos:

"... esta Corporación debe resaltar que la acción de hábeas data está concebida para garantizar que los ciudadanos tengan acceso a cualquier información de orden público, no catalogada como información de carácter confidencial y de acceso restringido, que los servidores públicos manejen en razón de su posición y; por tanto, no puede utilizarse como un mecanismo para que los particulares puedan apresurar trámites o solicitudes que hayan formulado ante instituciones estatales, como es el caso que nos ocupa.

En ese orden de ideas, el autor R.E.M. señala al respecto del derecho a la información y el derecho de petición lo siguiente:

"En la actualidad, en Panamá el derecho de petición se encuentra regulado en la Ley Nº 38 de 2000, que establece en su artículo 41 que "Toda petición, consulta o queja que se dirija a la autoridad por motivos de interés social o particular, deberá presentarse de manera respetuosa, y no se podrán usar, en los escritos respectivos, expresiones indecorosas, ofensivas o irrespetuosas."

...

Elderecho de petición, por lo tanto, es un mecanismo o herramienta puesta por el Estado a disposición de todas las personas, para que ejerzan ante éste la facultad de peticionar, solicitar, quejarse o presentar cualquier requerimiento, que se conforma por las siguientes facultades:

-La de pedir, a través de la presentación de solicitudes respetuosas, sin obstáculos legales o discrecionales, la solución o respuesta a una determinada pretensión.

-La de exigir respuesta, de parte del Estado, dentro del término constitucional de 30 días.

.....

El derecho a la información consiste en el ejercicio de la facultad de solicitar, requerir y obtener acceso a la información, debiendo el funcionario o responsable del registro permitir su acceso, ya sea mediante su observación o consulta, o entregarla, según lo solicitado, sea en papel, casetes, video, discos compactos o cualquier otro soporte, y de solicitar su supresión o corrección, si se trata de información confidencial o personal, o su actualización, ya sea ésta de carácter personal o pública, esto último con sustento en el principio de veracidad.

...

Ahora bien, en el terreno práctico, ¿Cómo distinguimos, como particulares, de acuerdo a lo peticionado (si deseamos sustentar la petición, ya que ello es innecesario) o si ante una respuesta nugatoria o insatisfactoria, debemos acudir al procedimiento previsto en la Ley Nº 38 de 2000 (derecho de petición) o a la Ley Nº 6 de 2002 (derecho a la información)?

A riesgo de incurrir en imprecisiones, pero ante el compromiso de formular una respuesta a tal interrogante, he aquí la distinción: si la solicitud consiste en la simple entrega o permitir el acceso a una información, sea para obtenerla, revisarla, o para solicitar su corrección o supresión por parte del titular, en caso de que sea información de carácter confidencial, estaremos ejerciendo el derecho a la información. Por otra parte, si la solicitud conlleva del (sic.) reconocimiento de otro tipo de derecho o que el funcionario se pronuncie sobre algún aspecto distinto al mencionado, y cuya respuesta podría generar (sic.) un procedimiento administrativo, rebasaría el campo del derecho a la información, y recaería en una institución distinta, como lo es el derecho de petición, que al ser más genérica abarcaría la solicitud." (G.M., R. y ESQUIVEL MORALES, R.A. El Derecho de Acceso a la Información y la Acción de Hábeas Data: Un Estudio Legislativo. Konrad-Adenauer-Stiftung/Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, Panamá, 2004, pp. 118-134. Subraya la Corte.) (Sentencia del Pleno de la Corte Suprema de Justicia de 14 de febrero de 2005)

Es importante insistir que la acción de habeas data está dirigida a garantizar que los ciudadanos tengan acceso a información no catalogada como información de acceso restringido, ya sea personal o pública o de interés colectivo que manejen entidades públicas o personas privadas, que presten un servicio público, y que supone la existencia previa de información.

Por tanto, esta acción no puede utilizarse como un mecanismo para que los particulares puedan apresurar solicitudes que hayan formulado ante instituciones estatales, como en el caso bajo examen.

En virtud de lo antes expuesto, reiteramos que la acción de habeas de data no constituye la vía idónea para atender la solicitud presentada por la señora NOMBRE 1, mediante nota de 14 de diciembre de 2020, toda vez que lo que solicita se consagra en el derecho de petición, el cual tiene una finalidad distinta al derecho de acceso a la información.

En consecuencia, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la acción de habeas data presentada por el licenciado G.A.F.H. en representación de la señora NOMBRE 1, contra el Procurador General de la Nación.

N..-

HERNÁN A. DE LEÓN BATISTA

LUIS R. FÁBREGA S. - MARÍA EUGENIA LÓPEZ ARIAS -- ANGELA RUSSO DE CEDEÑO (Salvamento de Voto) C.A.V.R.-.O.A.O.-.J.E.A.P.C.C.C.R.-.M.C.B..

YANIXSA Y. YUEN C. (Secretaria General)

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