Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 9 de Marzo de 2022

PonenteCarlos Alberto Vásquez Reyes
Fecha de Resolución 9 de Marzo de 2022
EmisorPleno

Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá

Sala: Pleno

Ponente: Carlos Alberto Vásquez Reyes

Fecha: 09 de marzo de 2022

Materia: Amparo de Garantías Constitucionales

Primera instancia

Expediente: 111047-2021

VISTOS:

El Pleno de la Corte Suprema de Justicia conoce de la Acción de Amparo de Garantías Constitucionales, interpuesta por el Licenciado Vidilen Magallón, en representación de NEILOR ABDIEL SÁNCHEZ ARAÚZ, contra la decisión dictada por el Tribunal Superior de Apelaciones del Segundo Distrito Judicial, en el acto de Audiencia celebrado el 12 de octubre del 2021.

En el Acto atacado el Tribunal Superior de Apelaciones rechazó los recursos de apelación sustentados y confirmó la decisión del A-quo, de negar la libertad vigilada.

· ANTECEDENTES

De los antecedentes expuestos en el escrito de Demanda y en los soportes de audio que acompañan el Expediente, nos podemos percatar que en Audiencia realizada el 21 de septiembre del 2021, el Juez de Garantías de la Provincia de Coclé, validó el Acuerdo de Pena presentado por el Ministerio Público y emitió la Sentencia N°227 de esa misma fecha, declarando penalmente responsable al señor NEILOR ABDIEL SÁNCHEZ ARAÚZ, por el delito de Actos Libidinosos en perjuicio de su hijastro de 7 años de edad, y lo condenó a la pena de treinta y dos (32) meses de prisión.

Luego de lo anterior, se celebró Audiencia ante el Juez de Cumplimiento el 5 de octubre del 2021, en la que el Abogado Defensor solicitó la aplicación de libertad vigilada por estudios, la cual le fue negada mediante el Auto N°2160 de esa misma fecha, decisión que fue recurrida por la Defensa, mientras que el Ministerio Público apeló por el cómputo de la pena realizado por el Juez.

La Audiencia de alzada se realizó el 12 de octubre del 2021, acto en el cual, los Magistrados del Tribunal Superior de Apelaciones, rechazaron los Recursos de Apelación sustentados y confirmaron la negación del beneficio de libertad vigilada.

II. ARGUMENTOS DEL AMPARO DE GARANTÍAS

Señala el Activador de la Iniciativa Constitucional en estudio, que la decisión atacada viola los artículos 103 y 104 del Código Penal, toda vez que estas normas no han sido modificadas, tal como lo manifestó el Tribunal Superior de Apelaciones.

Agrega la infracción del artículo 32 de la Constitución Política, en cuanto al Debido Proceso y Tutela Judicial Efectiva, toda vez que se han establecido circunstancias que no son acordes a la causa, cuando se indicó que los artículos antes señalados impiden la aplicación del beneficio de Libertad Vigilada.

Asimismo, considera violentados los artículos 22 y 23 de la Carta Magna, "por no haberse cumplido con las formalidades Constitucionales y Procesales", al decidir que no era posible aplicar el beneficio solicitado.

En virtud de lo anterior, solicitó admitir la Iniciativa Constitucional interpuesta y revocar la decisión del Tribunal Superior de Apelaciones del Segundo Distrito Judicial de Panamá.

III. DECISIÓN DEL TRIBUNAL

Al examinar el escrito de la Demanda de Amparo, a fin de determinar si concurren los presupuestos necesarios que exigen nuestra Constitución Política, normas vigentes y criterios jurisprudenciales, para su admisibilidad, esta Corporación de Justicia advierte que, el Accionante se limita a señalar las razones por las que discrepa del criterio utilizado por el Tribunal Superior de Apelaciones del Segundo Distrito Judicial de Panamá, de confirmar la decisión del Juez de Cumplimiento de negar la petición de Libertad Vigilada, que es la decisión atacada vía Amparo de Garantías Constitucionales; pues, a criterio del Accionante, se establecieron circunstancias y normas legales que no son acordes al Proceso; sin desprenderse de dichos argumentos, la posible vulneración del Debido Proceso contenido en el artículo 32 de la Constitución Política.

Es decir, que lo planteado por el amparista invade el plano de la valoración o interpretación que realizó el Tribunal Superior de Apelaciones al resolver la Alzada, puesto que lo que busca es un pronunciamiento por parte de esta Corte Suprema de Justicia a fin de que se aplique a su defendido el beneficio de Libertad Vigilada, sin que esto pueda ser analizado en Acciones de esta naturaleza, que tienen un carácter extraordinario y está diseñada para aquellas relativas a denuncias por lesión de Derechos Fundamentales, pues, el Tribunal Constitucional no está instituido como una instancia adicional para debatir asuntos que ya fueron objeto de pronunciamiento por parte de los Tribunales Ordinarios de Justicia; y en el caso en estudio nos podemos percatar que el Tribunal Superior de Apelaciones dio una explicación jurídica, precisa y clara, de los motivos por los cuales consideró necesario confirmar la decisión del Juez de Cumplimiento.

En ese orden de ideas, es preciso aclarar que la utilización del Amparo como medio para verificar que la interpretación de la Ley por parte del Juez Ordinario haya sido correcta, es posible de manera excepcional, en aquellos casos en los que se evidencie que se ha violado un Derecho o Garantía Fundamental, por razón de una Sentencia arbitraria, carente de motivación o con motivación insuficiente; cuando se observe una ostensible mala valoración o no apreciación de algún medio probatorio trascendental para la decisión; o cuando se ha cometido un grave error al interpretar o aplicar la Ley; sin embargo, en el negocio jurídico en estudio no se evidencia la concurrencia de ninguna de dichas excepciones, que hicieran necesaria la admisión de esta Demanda, a fin de cesar la alegada vulneración.

Así se ha pronunciado esta Máxima Corporación de Justicia, cuando señaló:

"...De lo expuesto hasta el momento, no considera el Pleno que sea viable entrar a examinar el Acto atacado, ya que la verdadera intención del Amparista es que se entre a examinar una actuación que ha sido proferida por un Tribunal que realizó un análisis y juicio valorativo que lo condujo a esa conclusión; más que invocarse la violación de alguno de los componentes del debido Proceso legal. Además, se observa que en el presente caso, no se ha desprotegido los derechos del Amparista, ni se ha dejado en estado de indefensión; destacándose que la Autoridad demandada explicó en la audiencia llevada a cabo el 4 de enero de 2019, las razones por las cuales se debió admitir como querellante al licenciado Quintero Poveda en representación del señor Casimiro Escobar, exponiendo además el fundamento legal en que sustentaron su decisión. Distinto sería el criterio del Pleno de esta Corporación de Justicia si observara que el Acto demandado careciera de motivación, lo que sí hubiera vulnerado normas de rango constitucional, situación que no ocurre en el caso bajo estudio.

Sobre este tema, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, en Sentencia de cinco (5) de septiembre de dos mil doce (2012), indicó lo siguiente:

'... la jurisprudencia ha hecho una excepción a la regla conforme a la cual el amparo no está indicado para que se vuelva a efectuar una valoración probatoria o para verificar que la aplicación o interpretación de la ley por parte del juez ordinario haya sido correcta. Esa excepción tiene lugar en aquellos casos en los que se ha violado un derecho o garantía fundamental por razón de una sentencia arbitraria o por una sentencia que está falta de motivación o que se haya realizado una motivación insuficiente o deficiente argumentación (Cfr. Sentencia de 21 de noviembre de 2011) o cuando se trate de una sentencia en la que se aprecie una evidente mala valoración o no apreciación de algún medio probatorio trascendental para la decisión(Cfr. Sentencia de 4 de julio de 2012) o cuando se trate de una sentencia en la que se ha cometido un grave error al interpretar o aplicar la ley, siempre que, se reitera, se afecte con una de dichas sentencias un derecho o garantía fundamental...'

Del análisis de la situación planteada, esta Corporación de Justicia actuando como Tribunal de Amparo, no evidencia a prima facie la concurrencia de alguno de los casos previstos como excepcionales, por los cuales el Tribunal de Amparo de Garantías Constitucionales debe entrar a revisar la labor efectuada por los Magistrados del Tribunal Superior de Apelaciones del Cuarto Distrito Judicial, debido a la posibilidad que se haya producido una posible vulneración al debido Proceso.

El Pleno de esta Corporación de Justicia estima necesario recordar que la Acción de Amparo no constituye un medio más de impugnación dentro de un Proceso, sino que se trata de una Acción autónoma que le da vida a un Proceso nuevo e independiente; su uso se encuentra limitado a toda clase de acto que vulnere o lesione los derechos o garantías fundamentales.

Hechas las consideraciones anteriores, este Tribunal Constitucional concluye que la iniciativa constitucional bajo examen, no reúne las condiciones para su admisibilidad y en ese sentido debe pronunciarse..."

Siendo ello así, reiteramos que en este caso el Activador Constitucional se limita a señalar las razones por las que discrepa del criterio vertido por el Tribunal Superior de Apelaciones, al analizar en Alzada, lo ocurrido en la Audiencia realizada el día 5 de octubre del 2021, y confirmar el Fallo del Juez de Cumplimiento, quien negó el beneficio de Libertad Vigilada; intentando con ello traer al plano Constitucional aspectos de legalidad que no son posible analizar a través de este tipo de Acciones, a menos que se evidencie una posible afectación de Derechos Humanos.

Siendo ello así, esta Máxima Corporación de Justicia, debe concluir, que la presente Acción de Tutela de Derechos y Garantías Fundamentales, no puede ser admitida.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo expuesto, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la Acción de Amparo de Garantías Constitucionales propuesta por el Licenciado Vidilen Magallón, en representación de NEILOR ABDIEL SÁNCHEZ ARAÚZ, contra la decisión dictada por el Tribunal Superior de Apelaciones del Segundo Distrito Judicial, en el acto de Audiencia celebrado el 12 de octubre del 2021.

Notifíquese,

CARLOS ALBERTO VÁSQUEZ REYES

OLMEDO ARROCHA OSORIO -- JOSÉ E. AYÚ PRADO CANALS -- CECILIO CEDALISE RIQUELME -- MARÍA CRISTINA CHEN STANZIOLA - MIRIAM CHENG ROSAS - MARIBEL CORNEJO BATISTA - JUAN FRANCISCO CASTILLO -- ANGELA RUSSO DE CEDEÑO

YANIXSA Y. YUEN (Secretaria General)

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