Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 8 de Marzo de 2022

PonenteOlmedo Arrocha Osorio
Fecha de Resolución 8 de Marzo de 2022
EmisorPleno

Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá

Sala: Pleno

Ponente: Olmedo Arrocha Osorio

Fecha: 08 de marzo de 2022

Materia: A. de Garantías Constitucionales

Primera instancia

Expediente: 107056-2021

VISTOS:

Ha ingresado para conocimiento del Pleno de la Corte Suprema de Justicia la Acción de A. de Garantías Constitucionales presentada por el Licenciado R.A.E.H., actuando en nombre y representación de KUI FUN LOO CHEN contra la Sentencia de 31 de agosto de 2021, dictada por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial (Coclé y Veraguas), dentro de los Procesos Ordinarios de Mayor Cuantía acumulados, el primero interpuesto por RAFAEL JURADO contra J.D.L. NÚÑEZ; el segundo, interpuesto por R.G.V. y J.A.G.V. contra J.D.L.N., S.N.L. y KUI FUN LOO CHEN y el tercero, interpuesto por J.D.J.T.R. contra J.D.L.N., S.N.L. y KUI FUN LOO CHEN.

Le corresponde a este Tribunal constitucional en esta etapa procesal verificar la admisibilidad de la Acción Constitucional en estudio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 54 de la Constitución Nacional y los artículos 2615, 2616 y 2619 del Código Judicial, así como en lo expresado por la Jurisprudencia de esta Máxima Corporación de Justicia.

Dentro del caso en referencia, se observa que la presente Acción de A. de Garantías Constitucionales ha sido interpuesta contra un Acto proferido a través de una Resolución, la cual, al decir del A., vulnera o lesiona derechos o garantías consagrados en la Constitución. Igualmente, se consignó el nombre de la Autoridad que impartió el Acto, los hechos en los cuales se fundamenta la pretensión constitucional y las normas constitucionales supuestamente infringidas.

De los hechos en que se fundamenta la presente Acción Constitucional, se advierte que el Amparista señaló que KUI FUN LOO CHEN, adquirió la Finca N°48569 mediante acto de comercio celebrado con la señora S.N.L.W., el cual fue protocolizado en Escritura Pública 1190 de la Notaría Primera del Circuito de Coclé. Finca que la señora S.N.L.W., había adquirido de su anterior propietario J.D.L.N. mediante Escritura Pública N°2505 de 18 de junio de 2019, de la Notaría Segunda de Coclé.

Explica que J.D.L.N., al igual que su representado fue demandado por terceras personas, toda vez que J.D. (anterior dueño), había celebrado Contrato de Promesa de Compraventa, es decir, se comprometió en vender globos de terrenos que pertenecen a la Finca N°48569.

Señaló que, el Juzgador de la causa condenó a J.D.L. NÚÑEZ a pagar a los demandantes las sumas que resultara del trámite de la liquidación de condena en abstracto, en razón que las promesas no pueden cumplirse porque el inmueble no es de J.D.L.N., en ese sentido resolvió el litigio de conformidad con las reglas del artículo 1009 del Código Civil.

Indicó el A. que el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial, al resolver la alzada, sin motivación alguna y de manera antojadiza modificó la decisión del Juzgador de la causa y decretó la Nulidad de la Escritura Pública 2505 de 18 de junio de 2019, por medio de la cual J.D.L.N., vende la Finca N°48569 a S.N.L.W., ordenando además a J.D.L.N., cumplir con los Contratos de Promesa de Compraventa, sin tomar en cuenta que de por medio estaba KUI FUN LOO CHEN (hoy amparista), tercero afectado, quien compró de buena fe la finca N°48569.

Luego de una exposición de los hechos, el Amparista arguye que el Acto atacado vulnera los artículos 4, 17, 32 y 47 de la Constitución Política, al considerar que la Resolución de fecha 31 de agosto de 2021, dictada por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial (Coclé y Veraguas), fue dictada sin motivación y sustentación alguna, atentando contra la seguridad jurídica que exigen los Organismos Internacionales en materia de comercio y competitividad de un país.

De igual manera manifestó el Amparista que el Tribunal demandado anuló una Escritura Pública que formalizó una compraventa legal de un inmueble, afectando el derecho a la propiedad privada que por ley y buena fe adquirió KUI FUN LOO CHEN. Indicó además que, la obligación del Estado en garantizar la propiedad privada, implica que la persona natural o jurídica que adquiere un bien con arreglo a la Ley, pueda disponer libremente del mismo, salvo las limitaciones expresas en nuestro ordenamiento jurídico.

Ahora bien, de la lectura de la iniciativa constitucional que nos ocupa, se observa que los argumentos esbozados por la parte Actora van dirigidos a manifestar su disconformidad con la decisión adoptada por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial (Coclé y Veraguas) mediante Resolución de 31 de agosto de 2021, al revocar la Sentencia N°42 de 2 de diciembre de 2020, dictada por el Juez Primero de Circuito de Coclé, Ramo Civil dentro de la Acumulación de los Procesos Ordinarios de Mayor Cuantía interpuestos por R.J. contra J.D.L.N.; R.G.V. y J.A.G.V. contra J.D.L.N., S.N.L. y K.F.L.C. y, J. de J.T.R. contra J.D.L.N., S.N.L. y K.F.L.C.. De allí que este Tribunal considera que, en el caso bajo estudio, no existe fundamento que justifique que se vuelva a examinar en sede de A. el Acto demandado, ya que de las constancias procesales habidas en el cuadernillo de A. no se puede determinar que de los mismos se desprenda elemento alguno que informe de la posible vulneración de algún derecho fundamental, que por la gravedad e inminencia del daño que representa, requieran una reparación inmediata.

En el caso bajo análisis y sin entrar en una decisión de fondo, es necesario señalar que conforme a la Resolución demandada, de fecha 31 de agosto de 2021, y que consta de fojas 33 a 46 del cuadernillo de amparo, los Magistrados del Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial al resolver la apelación anunciada, en representación de R.J. y J.T., contrario a lo manifestado por el Amparista,motivaron las razones por las cuales modificaron la decisión del Juez Primero del Circuito Judicial de Coclé, Ramo Civil, donde se señaló lo siguiente:

"...

Ahora bien, el Juez A-quo, manifiesta que el inmueble ofrecido por el promitente vendedor ya no es de su propiedad, por lo que la promesa no puede cumplirse.

Sin embargo, debemos ver los hechos probados dentro del dossier que nos relatan por qué el bien no es de su propiedad. En ese sentido debemos tener presente que el demandado J.L.N., traspasa la finca de su propiedad N° 48569, para la fecha de 18 de junio de 2019, es decir 26 días después de firmado el contrato de promesa compraventa con el señor R.J. y peor aún de pagada la hipoteca que pesaba sobre dicho bien inmueble al señor A.F., por parte de los señores R.J. y J.A., lo que le permitió realizar el traspaso, toda vez que estaba por perder la finca en comento.

Ha quedado demostrado en el dossier que los señores Jurado y A. cancelaron la deuda para levantar la hipoteca, y así poder ellos comprar la propiedad, no obstante de manera dolosa el demandado J.L.N., una vez realizada dicha transacción, traspasa el bien a la señora S.L., so pretexto de un préstamo con garantía hipotecaria, sobre los terrenos que mantenía un contrato de promesa de compraventa, con los señores R.J., J.T. y J.G., en vez de sólo realizarlo sobre el resto libre de las 79 hectáreas que posee el bien inmueble.

Con esto queda demostrada la mala fe y el dolo con el que actuó el demandado J.L., su conducta encaja en lo señalado por nuestro Código Civil en su artículo 34 C, al señalar que el dolo consiste en la intención positiva de inferir injuria a la persona o propiedad de otro. En este caso hablamos de que es aquel daño material que se produce a una cosa o persona, tal como ocurre en este proceso, que el señor L.N. se aprovecha de los actores y luego de recibir dinero por la venta de su propiedad y además evitar que perdiera su finca, pagándole la hipoteca, de manera temeraria transfiere el bien prometido en venta.

Ahora bien, en este orden de ideas el artículo 1116 del Código Civil señala "Será nulo el consentimiento prestado por error, violencia, intimidación o dolo."

En ese sentido, ha quedado demostrado para esta Colegiatura el actuar doloso del señor J.L.N., por tanto, siendo nulo el consentimiento prestado a través de dolo, esto nos lleva a lo establecido en el artículo 1141, numeral 1, de la misma excerta legal, que señala

Hay nulidad absoluta en los actos o contratos:

1. Cuando falta alguna de las consideraciones esenciales para su formación o para su existencia;

Siendo así, es evidente que la compraventa que suscribieron los señores J.L. y S.N.L., protocolizada a través de Escritura Pública N° 2505 de fecha 18 de junio de 2019, es nula, toda vez que el consentimiento prestado se encuentra viciado de nulidad absoluta, por el actuar doloso del demandado, al vender parte del terreno ya previamente prometido en venta a los señores R.J., J.T. y J.G..

Por otra parte discrepamos lo señalado por el Juez A-quo...

...

Siendo así las cosas, este Tribunal procederá Modificando la sentencia recurrida, en relación a los puntos Primero, Segundo y parcialmente el Tercero, en el sentido de decretar la nulidad del acto de Compraventa realizado el día 18 de junio de 2019, entre el señor J.D.L. y la señora S.L.W., el cual protocoliza a través de Escritura Pública 2505 de 18 de junio de 2019.

Como consecuencia de lo antes señalado se obliga al demandado a cumplir con los contratos de promesa de Compraventa suscritos por el demandado con los señores R.J., J.T.R. y J.G..

En cuanto al punto Tercero, se mantiene lo relacionado a negar lo pedido por los demandantes contra el señor K.F.L.C. y también negar lo pedido por la demandante R.G.V..

...

De lo expuesto hasta el momento, no considera el Pleno que sea viable entrar a examinar el Acto atacado, ya que la verdadera intención del Amparista es que se entre a examinar una actuación que ha sido proferida por un Tribunal que realizó un análisis y juicio valorativo que lo condujo a esa conclusión, más que invocarse la violación de alguno de los componentes del debido Proceso legal. Además, se observa que en el presente caso no se ha desprotegido los derechos del Amparista, ni se ha dejado en estado de indefensión; destacándose que la Autoridad demandada explicó en la Resolución de 31 de agosto de 2021, las razones por las cuales declara la nulidad del acto de Compraventa realizado el día 18 de junio de 2019, entre el señor J.D.L. y la señora S.L.W., el cual se protocoliza a través de Escritura Pública 2505 de 18 de junio de 2019, exponiendo además el fundamento legal en que sustentaron su decisión. Distinto sería el criterio del Pleno de esta Corporación de Justicia si observara que el Acto demandado careciera de motivación, lo que sí hubiera vulnerado normas de rango constitucional, situación que no ocurre en el caso bajo estudio.

Sobre este tema, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, en Sentencia de cinco (5) de septiembre de dos mil doce (2012), indicó lo siguiente:

... la jurisprudencia ha hecho una excepción a la regla conforme a la cual el amparo no está indicado para que se vuelva a efectuar una valoración probatoria o para verificar que la aplicación o interpretación de la ley por parte del juez ordinario haya sido correcta. Esa excepción tiene lugar en aquellos casos en los que se ha violado un derecho o garantía fundamentalpor razón de una sentencia arbitraria o por una sentencia que está falta de motivación o que se haya realizado una motivación insuficiente o deficiente argumentación (Cfr. Sentencia de 21 de noviembre de 2011) o cuando se trate de una sentencia en la que se aprecie una evidente mala valoración o no apreciación de algún medio probatorio trascendental para la decisión(Cfr. Sentencia de 4 de julio de 2012) o cuando se trate de una sentencia en la que se ha cometido un grave error al interpretar o aplicar la ley, siempre que, se reitera, se afecte con una de dichas sentencias un derecho o garantía fundamental. (Destaca el Pleno de la Corte)

...

Del análisis de la situación planteada, esta Corporación de Justicia actuando como Tribunal de A., no evidencia a prima facie la concurrencia de alguno de los casos previstos como excepcionales, por los cuales el Tribunal de A. de Garantías Constitucionales debe entrar a revisar la labor efectuada por los Magistrados del Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial, debido a que se haya producido una posible vulneración al debido Proceso.

El Pleno de esta Corporación de Justicia estima necesario recordar que la Acción de A. no constituye un medio de impugnación más dentro de un Proceso, sino que se trata de una Acción autónoma que le da vida a un Proceso nuevo e independiente, su uso se encuentra limitado a toda clase de acto que vulnere o lesione los derechos o garantías fundamentales.

Hechas las consideraciones anteriores, este Tribunal Constitucional concluye que la iniciativa constitucional bajo examen no reúne las condiciones para su admisibilidad y en ese sentido debe pronunciarse.

PARTE RESOLUTIVA

Por tanto, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la Acción de A. de Garantías Constitucionales presentada por el Licenciado R.A.E.H., actuando en nombre y representación de KUI FUN LOO CHEN contra la Sentencia de 31 de agosto de 2021, dictada por el Tribunal Superior del Segundo Distrito Judicial (Coclé y Veraguas), dentro de los Procesos Ordinarios de Mayor Cuantía acumulados, el primero interpuesto por RAFAEL JURADO contra J.D.L. NÚÑEZ; el segundo, interpuesto por R.G.V. y J.A.G.V. contra J.D.L.N., S.N.L. y KUI FUN LOO CHEN y el tercero, interpuesto por J.D.J.T.R. contra J.D.L.N., S.N.L. y KUI FUN LOO CHEN.

N.,

OLMEDO ARROCHA OSORIO

JOSÉ E. AYÚ PRADO CANALS -- CECILIO CEDALISE RIQUELME -- MARÍA CRISTINA CHEN STANZIOLA MIRIAM CHENG ROSAS - MARIBEL CORNEJO BATISTA - MARÍA EUGENIA LÓPEZ ARIAS -- ANGELA RUSSO DE CEDEÑO - CARLOS ALBERTO VÁSQUEZ REYES.

YANIXSA Y. YUEN (Secretaria General)

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