Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Pleno), Pleno, 18 de Marzo de 2010

Ponente:Aníbal Salas Céspedes
Fecha de Resolución:18 de Marzo de 2010
Emisor:Pleno

VISTOS:

En grado de apelación, conoce el Pleno de la Corte Suprema de Justicia de la acción de amparo de garantías constitucionales interpuesta por el Licenciado C.E.S.C., en nombre y representación de Emelito Ríos Ortiz, en contra de la Resolución No. 235 de fecha 19 de octubre de 2009, dictada por el Gobernador de la Provincia de Chiriquí, E.F.M., dentro del proceso Civil de Policía interpuesto por el amparista, en contra de N.G..

  1. LA RESOLUCIÓN RECURRIDA.

    La decisión adoptada por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial de Panamá, fue en el sentido de conceder la presente acción de amparo y en consecuencia revocar la resolución demandada, y donde se expone lo siguiente.

    Que la decisión adoptada por la Gobernación de la Provincia de Chiriquí, al resolver un Recurso de Extraordinario de Revisión, donde revoca la decisión adoptada tanto por el juzgador de primera instancia, como el de segunda instancia, y se ordena al señor N.G. que desaloje un área de terreno de la finca No. 48186, propiedad del accionante.

    A la par, expresa que es necesario llevar a cabo una revisión del trámite efectuado por todas las autoridades administrativas, por tal razón, llega a la conclusión que el negocio objeto de la presente acción de amparo, no es de competencia de la jurisdicción administrativa, pues el tema discutido es meramente civil, y debe ser de competencia exclusiva de la jurisdicción ordinaria.

    Por otro lado, dice que el amparista erró al instaurar un proceso donde lo que se debatía era un tema de derecho de la propiedad sobre bienes inmuebles, es decir, disputas que impliquen transformación, extensión o modificación de un derecho real. De tal forma, que es del criterio que se ha conculcado uno de los elementos que componen la garantía fundamental del debido proceso, como lo es la falta de competencia de la autoridad demandada, ya que por mandato de Ley, el tema en discusión está asignado a las autoridades jurisdiccionales.

    Por último, opina que en este caso es aplicable lo establecido en las sentencias de Pleno de fecha 13 de septiembre de 1996 y de 29 de diciembre de 2000, las cuales se refieren a la obligación de las partes y del juzgador de apegarse a lo establecido por las disposiciones legales, concretamente a la forma de cómo se deben tramitar los procesos.

  2. FUNDAMENTO DE LA APELACIÓN.

    Frente a la decisión adoptada por el Tribunal Superior de Justicia del Tercer Distrito Judicial el funcionario demandado anunció y sustentó recurso de apelación, mismo que se encuentra visible a foja 44 a 47 del dossier, y donde básicamente exponen lo siguiente.

    Manifiesta que no está de acuerdo con la decisión recurrida, porque sólo se toma en cuenta los argumentos expuestos por el amparista, respecto a las infracciones aducidas, sin tomar en cuenta la bilateralidad y el contradictorio que debe regir en todo proceso. Igualmente, expresa que rindió el informe correspondiente donde externo un detalle pormenorizado del caso, y que no se ha infringido el derecho de propiedad del señor E.R., toda vez que la servidumbre que se menciona en el citado proceso existe, ya que está plasmada en la Certificación del Registro Público, es decir, sobre la finca No. 48186.

    Sigue señalado, que también se deja constancia de la existencia de la servidumbre en la referida finca, con pruebas testimoniales, donde se afirma que la misma existe desde hace más de 30 años. Así, considera que la resolución dictada por su despacho ha sido en el sentido de mantener y no establecer la presente servidumbre.

    Dice que si el accionante estaba inconforme con la decisión adoptada por su despacho, lo correcto era que interpusiera los recursos legales pertinentes, tal como lo establece el artículo 1741 del Código Administrativo. De ahí, que el amparo debe declararse improcedente por no instaurarse los medios de impugnación respectivos, es decir, por falta de agotamiento de los trámites y medios de impugnación que la ley establece, tal como lo ha expresado la jurisprudencia vertida por el Pleno de Corte Suprema de Justicia, en función de lo establecido en el artículo 2615 del Código Judicial.

    Con relación a que si su despacho era o no competente para conocer del recurso de extraordinario de Revisión, se pregunta "cuál sería el objeto del recurso, si no entramos a valorar si se ha incurrido en una violación del debido proceso, en la primera y segunda instancia, tal y como fue el caso que nos ocupa, porque éste despacho consideró probada la causal invocada por el revisionista, a través del recurso aludido, además que de éste recurso solo tiene facultad para conocer los Gobernadores de Provincia, como lo establece la Ley 19 de 3 de agosto de 1992, amen de que, quien pidió el cierre de servidumbre es la parte demandante, o sea, que la misma existía".

    Termina solicitando al Pleno, que revoque la decisión adoptada por el Tribunal de amparo de primera instancia, ya que considera que no se ha infringido ninguna norma constitucional.

  3. CONSIDERACIONES DEL TRIBUNAL AD QUEM.

    Luego de exponer las consideraciones vertidas por el recurrente, así como la decisión del Tribunal de amparo de primera instancia, entra el Pleno a resolver la alzada de acuerdo a las siguientes consideraciones.

    La decisión atacada se dictó dentro de un Recurso Extraordinario de Revisión interpuesto contra una decisión que se tomó en primera instancia en la Corregiduría de Gualaca, y que posteriormente fue confirmada por el alcalde de Gualaca, y donde lo que se discute, es la existencia de una servidumbre de paso, la cual una de las partes alega que existe hace más de 30 años, mientras que la otra establece que, no es así y que la parte servida tiene su propio camino para acceder a su predio. Dicha decisión, se enfoca en señalar que el señor E.R., es propietario de la finca 48186, que los señores Guerra deberán mantenerse al margen de dicha finca, que los mismos pueden acceder a su predio a través de otro camino, y de insistir en esto se le impondrá una multa que va de 1.00 a 100.00 balboas.

    Siendo así, el funcionario demandado lleva a cabo un examen de las causales expuestas por el revisionista (de los numerales 4 y 5 del artículo 8 de la ley 19 de 3 de agosto de 1992); de ahí, que llega a la conclusión que le asiste la razón al mismo, porque considera que de los testimonios de las personas que comparecieron como testigos, se desprende el hecho que el camino o servidumbre de paso, es utilizado por el señor N.G. hace mas de 30 años, cuando el propietario de dichas tierras era el padre del señor E.R., a pesar que éste señale que en efecto adquirió estas tierras por compra y por herencia de su padre, por ende, tiene los títulos y en estos no existe servidumbre alguna.

    Ahora bien, el Pleno de la Corte debe señalar que no coincide con lo expresado en la sentencia apelada por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial de Panamá, ya que evidentemente el recurrente no cumplió con el principio de definitividad que consagra nuestro Código Judicial en su artículo 2615, pues no agotó los remedios procesales y los trámites que prevé la Ley para dejar sin efecto la resolución que dictó la Gobernación de la Provincia de Chiriquí.

    Lo anterior se pudo constatar tomando como base el contenido del artículo 1741 del Código Administrativo el cual establece a tenor literal lo siguiente:

    Articulo 1741. Las resoluciones que dicte la Policía son transitorias y tienen por objeto, solamente, reponer las cosas al estado que tenían antes del hecho que haya dado motivo al juicio de Policía. Estas resoluciones, cuando sean aceptadas por todas las partes, tendrán el carácter de definitivas y permanentes.

    La resolución definitiva y permanente en materia de servidumbres rurales y urbanas y de juicios posesorios, corresponde al Poder Judicial, cuando las partes no se conformen con la de la policía; pero la de ésta se cumplirá en tanto que el Poder Judicial no la revoque.

    Como se logra observar, el antes mencionado artículo establece claramente que las resoluciones de Policía dictadas en materia de servidumbre rural serán definitivas si las partes así lo aceptan, en caso contrario las partes podrán dirigirse a los Tribunales de Justicia para que el litigio sea decidido, evidenciándose con esto, tal y como lo expresara el funcionario demandado en su resolución, como en la apelación de la resolución del tribunal de amparo de primera instancia, que lo procedente en este caso era que las partes o una de ellas al no estar conforme con la decisión adoptada en el proceso de policía, llevaran ante la jurisdicción ordinaria su pretensión, puesto que, al final es ésta es la idónea para dictar un decisión definitiva.

    Siendo así, es evidente que la decisión del a quo no debió ser dirigida a establecer si existe o no infracciones a las normas constitucionales aducidas como infringidas, ya que como manifestamos anteriormente, no estamos frente a una decisión definitiva y no se agotó los remedios procesales que nuestro sistema procesal para estos casos, por lo que el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial de Panamá (Chiriquí) debió tomar en cuenta que en el presente negocio constitucional está frente a uno de los supuestos por los cuales la ley y la jurisprudencia consideran improcedente a toda acción de amparo de garantías constitucionales, tal cual lo constituye el no cumplimiento del principio de definitividad.

    Esta Sala Plenaria, ha sido reiterativa en sus decisiones sobre el incumplimiento de este requisito indispensable para la procedencia de la acción de amparo, como se puede apreciar a través del fallo fechado 18 de mayo de 2000, el cual a tenor literal expresa:

    "Esta Superioridad ha sido enfática y reiterativa en cuanto a la necesidad de que se deben agotar todos los medios procesales de impugnación que concede la ley, previo a la instauración de las acciones de naturaleza constitucional subjetivas, en aplicación directa del texto del artículo 2606 (2615 actualmente) numeral 2 del Código Judicial.(ver fallos de 25-01-1994; 13-10-1995 y 30-10-1998)."(lo subrayado es del Pleno).

    Por estos motivos el Pleno de la Corte llega a colige que la actuación del Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial de Panamá (Chiriquí), debe ser revocada, por considerar que no está acorde a derecho y a lo que la jurisprudencia de esta Máxima Corporación de justicia ha señalado.

    Por todo lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, REVOCA la Resolución de fecha 17 de diciembre de 2009, proferida por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial y en su lugar, DECLARA NO VIABLE la acción de amparo de garantías constitucionales propuesta por el Licenciado C.E.S.C., en nombre y representación de Emelito Ríos Ortiz, en contra de la Resolución No. 235 de fecha 19 de octubre de 2009, dictada por el Gobernador de la Provincia de Chiriquí, dentro del proceso Civil de Policía propuesto contra N.G..

    N.,

    ANÍBAL SALAS CÉSPEDES

    WINSTON SPADAFORA FRANCO -- JOSÉ ABEL ALMENGOR ECHEVERRÍA -- VICTOR L. BENAVIDES P. -- ALBERTO CIGARRUISTA CORTEZ -- JERÓNIMO MEJÍA E. -- HARLEY J. MITCHELL D. -- ALEJANDRO MONCADA LUNA -- OYDÉN ORTEGA DURÁN

    YANIXSA Y. YUEN C. (Secretaria General)