Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Pleno), Pleno, 31 de Marzo de 2010

Ponente:Alejandro Moncada Luna
Fecha de Resolución:31 de Marzo de 2010
Emisor:Pleno

VISTOS:

El Licenciado Rolando Marcos-Hermoso Cordich ha presentado ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, acción de Hábeas Corpus a favor del señor GUSTAVO CONCEPCIÓN DE LEÓN en contra de la Fiscalía Primera Especializada en Delitos Relacionados con Drogas.

  1. ARGUMENTOS DEL ACCIONANTE:

    Indica el accionante que el señor G. CONCEPCIÓN DE LEÓN, se encuentra detenido a órdenes de la Fiscalía Primera Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, desde el día 1 de diciembre del presente año.

    Que su detención se debe a la diligencia de orden de allanamiento visible a foja 6, que se realizara el 28 de noviembre del 2009, en la casa 62-B, del corregimiento de Pacora, motivada en la presunta existencia "de objetos de dudosa procedencia, personas indocumentadas o sujetos requeridas (sic.) por autoridad competente". Sin encontrar sustancias ilícitas en aquella residencia, se observa a foja 7, que se realiza otra diligencia de allanamiento en la residencia 62-A, propiedad de G. CONCEPCIÓN DE LEÓN, en donde se encuentra en una cangurera, treinta y seis (36) sobres de marihuana, por lo cual proceden a detenerle. Durante la declaración indagatoria, el señor G. CONCEPCIÓN DE LEÓN asume la propiedad de la sustancia encontrada.

    El licenciado Marco-Hermoso, considera que hay una violación al debido proceso toda vez que se dispuso en la orden de allanamiento el propóstio de encontrar "objetos de dudosa procedencia, personas indocumentadas o sujetos requeridas (sic.) por autoridad competente", cuando lo que se encuentra es la sustancia ilícita.

    Explica que al no levantar un acta adicional en donde se haga constar el descubrimiento de nuevo delito, se incumple el artículo 2185 del Código Judicial, cuyo texto es el siguiente:

    "2185. (2192) Si del allanamiento resultare, casualmente, el descubrimiento de un delito que no haya sido objeto directo del reconocimiento, se procederá a levantar el acta correspondiente, siempre que el delito sea de aquellos en que se procede de oficio. El funcionario instructor procederá a retirar las pruebas correspondientes si las hubiese".

    En función a este artículo, señala que no se cumplen los parámetros mínimos exigidos para la realización de un allanamiento, como lo establecen los artículos 2184, 2185 y 1946 del Código Judicial.

    Igualmente, considera que hay una violación al principio de estricta legalidad dado que "si las pruebas acopiadas en la encuesta penal no son acopiadas en debido forma, como lo determina la Ley, la recepción de la misma y todo lo actuado, debe ser declarado nulo".

    Señala que la única prueba que vincula al señor DE LEÓN con la droga encontrada, es la obtenida de forma ilegal, conforme se ha expresado, por lo que siendo esta una violación al principio de legalidad, "y por ende es causa de nulidad todo lo actuado carece de la formalidades jurídicas exigidas por la norma. Siendo ello así, no existe ningún fundamento Jurídico que sustente la resolución que ordena la detención de mi representado".

    Finalmente, solicita que se declare ilegal la detención por violación al debido proceso.

  2. ARGUMENTOS DEL FUNCIONARIO DEMANDADO:

    En Oficio FD1-T22-355-10 de 15 de enero de 2010, el señor F.P. Especializado en Delitos Relacionados con Drogas, J.C.S., procedió a dar respuesta al mandamiento de hábeas corpus, indicando que en efecto ordenó por escrito la detención preventiva del señor G. CONCEPCIÓN DE LEÓN, mediante resolución motivada dictada el día 1 de diciembre de 2009 (fojas 23 a 25 del sumario).

    Señaló como fundamento fáctico y de derecho, que el día 28 de noviembre de 2009, agentes de la policía, de la "Sub DIP de Tocumen, en asocio con la Corregiduría de La 24 de Diciembre" realizaron diligencia de allanamiento a la Casa No. 62-A, del Sector Arnulfo Arias Madrid ubicado en el Corregimiento de Pacora, encontrando en el área de la cocina, una cangurera que en su interior mantenía 36 sobres plástico contentivos de una hierba seca, la cual se presume sea droga marihuana, además de 5 trozos de carrizos plásticos transparentes que contenían un polvo blanco que se presume sea cocaína. Esto fue confirmado por prueba de campo, cuyo resultado fue positivo para ambas sustancia, que luego fueron enviadas al Laboratorio de Sustancias Controladas para un análisis más preciso.

    Explica que, a través de la resolución motivada, se dispone recibir su declaración indagatoria, conforme los artículos 2089 y 2092 del Código Judicial, por encontrar suficiente mérito para iniciar una causa en su contra por delito contenido el Capítulo V, T.X., del Libro II del Código Penal, bajo la denominación genérica Delitos Contra la Seguridad Colectiva, Relacionados con Drogas. Durante su declaración indagatoria, el señor G. CONCEPCIÓN DE L., "aceptó los cargos formulados en su contra alegando que las sustancias que le fueron ocupadas eran para su consumo".

    Añade que:

    "Aunado a lo anterior debemos destacar que dicha evidencia fue obtenida a través de diligencia de allanamiento, cuyo mandato fue escrito y dispuesto por autoridad competente; en el caso que nos ocupa se trata de la Corregidora de La 24 de Diciembre la señora T.C., quien acudió a dicha diligencia a solicitud de las autoridades policiales a fin de corroborar información sobre la presencia en el lugar de sujetos con casos pendientes y artículos de dudosa procedencia. Información que fue verificada toda vez, que le señor C. De León mantiene registro de conducción emitido por el Juzgado Quinto de Circuito de lo Penal, del Primer Circuito Judicial Panamá".

    El señor F. refiere que el hallazgo de la sustancia en la residencia del señor G. CONCEPCIÓN DE LEÓN, presumiblemente ilícita de acuerdo con estudio de campo que se le practicara, comprende un descubrimiento casual de un delito relacionado con droga y que siendo una conducta "perseguible de oficio" y habiéndose levantando el acta de diligencia de allanamiento correspondiente, se cumple con "las exigencias legales contenidas en el artículo 2185 del Código Judicial".

    Expresa que dada la cantidad de sustancia ilícita encontrada y la forma en que fue fraccionada, hace plausible considerar que se le destinaba un uso diferente al consumo, conformándose el vínculo de señor G. CONCEPCIÓN DE LEÓN con el Delito contra la Seguridad Colectiva Relacionado con Drogas. En consecuencia, se consagran los requisitos dispuestos por el artículo 2140 del Código Judicial, de gravedad del delito, la posibilidad de desatención del proceso y necesidad de evitar que la conducta reprochable se siga cometiendo, por lo que procede la detención preventiva.

    Concluye señalando que el señor G. CONCEPCIÓN DE LEÓN, se encuentra recluido en el Centro Penitenciario La Joyita, a órdenes de este Despacho, "quien a partir de la fecha será puesto a órdenes de esta Alta Corporación de justicia el oficio No. 356, de esta misma fecha".

  3. DECISIÓN DEL PLENO:

    Luego de conocido el fondo de la pretensión, procede esta Corporación de Justicia a resolver lo que en derecho corresponde.

    Al confrontar la actuación demandada con las constancias que obran en autos, esta Superioridad advierte que la medida de detención provisional aplicada al señor G. CONCEPCIÓN DE LEÓN se fundamenta en la orden de detención preventiva que impartió la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, mediante Resolución fechada el 1 de diciembre de 2009, en su contra, visible de fojas 23 a 25 del antecedente.

    La precitada orden de detención preventiva fue proferida, tomando en consideración que se practicó un allanamiento en la residencia del señor G. CONCEPCIÓN DE LEÓN, como consta en el Informe de Diligencia de Allanamiento con fecha de 29 de noviembre de 2009, (foja 9 del sumario), practicada por la Corregidora de La 24 de Diciembre, en el Corregimiento de Pacora, Sector de A.A., encontrándose la cantidad de 36 sobres de presunta marihuana y cinco pedazos de carrizos cuyo contenido se presume cocaína. A esta sustancia, se le hizo una prueba de campo, resultando ambas positivas. El F., en su momento consideró que la forma de embalaje en que se encontró la sustancia, sugiere que ésta no tenía el propósito de ser usada para su consumo.

    Un análisis del expediente permite concluir a esta Corporación de Justicia que le asiste razón la Fiscalía Primera Especializada en Delitos Relacionados con Droga, toda vez que la medida de detención provisional aplicada al señor G. CONCEPCIÓN DE LEÓN, al momento de ser expedida, cumplía con los requisitos legales vigentes a la fecha de su adopción.

    Cabe señalar, con relación a lo reseñado por el apoderado del señor G. CONCEPCIÓN DE LEÓN, que este Tribunal considera que no se ha incumplido el artículo 2185 del Código Judicial, toda vez que el hallazgo de la sustancia ilícita en la residencia del señor DE LEÓN, se dio como un "descubrimiento casual" y fue plenamente documentado en la Diligencia de Allanamiento del 29 de noviembre de 2009, según consta a foja 9 del sumario, de manera que se cumple con la excerta legal que exige "levantar el acta correspondiente, siempre que el delito sea de aquellos en que se procede de oficio", como efectivamente es el que se le atribuye al señor DE LEÓN.

    En principio, el Hábeas Corpus como institución de garantías consagrada en nuestra Carta Magna persigue determinar, exclusivamente, si la privación de libertad a la cual se somete un individuo fue realizada de acuerdo a las exigencias y formalidades que establecen tanto la Constitución como la ley, sin hacer reparos en el material de fondo de la causa y en aspectos tales como la de dilucidar la inocencia o culpabilidad del imputado, su grado de participación o calificar la conducta delictiva que se le atribuye, pues estos son menesteres que le corresponde realizar al juzgador de la causa en el debido momento procesal.

    Para que proceda la detención preventiva deben cumplirse los preceptos establecidos en el artículo 2140 del Código Judicial; es decir, tratarse de un delito que tenga establecida como pena mínima cuatro años, que se acredite el delito y la vinculación con el imputado, con medios probatorios que produzcan certeza y que exista, posibilidad de fuga, desatención al proceso, peligre la destrucción de la prueba y que pueda atentar contra la vida o la salud de otras personas a la propia.

    El delito por el que se le atribuye responsabilidad a GUSTAVO CONCEPCIÓN DE LEÓN, en esta etapa prematura, es el tipificado en el Capítulo V, Título IX, Libro II del Código Penal, (Delitos contra la Salud Pública, Relacionados con Drogas), que implica una pena superior a los cuatro años que exige el artículo 2140 del Código Judicial.

    Por otro lado y con relación a la existencia del delito, se debe señalar que se encontró una sustancia en la residencia del señor G. CONCEPCIÓN DE LEÓN, a la que se le practicó una prueba de campo (foja 14 del sumario), resultando positiva en marihuana y cocaína. De igual forma, se requiere análisis referente a peso, pureza o cualquier otro componente químico de la sustancia encontrada, resultando el Dictamen Pericial LSC 43-10 de 22 de enero de 2009, emitido por el Laboratorio de Sustancias Controladas de la Sub-Dirección de Criminalística, del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses del Ministerio Público, que confirma lo que ya se había establecido en la prueba de campo: (1) que la sustancia encontrada en la residencia del señor G. CONCEPCIÓN DE LEÓN; a saber, la materia vegetal seca que era contenida en los 36 sobrecitos plásticos transparentes sellados, es marihuana (cannabis sativa) en la cantidad de 27.36 gramos, y (2) que el polvo color blanco que se encontraba en los cinco pedazos de carrizos plásticos transparentes y sellados, es cocaína en la cantidad de 0.36 gramos, conforme se observa a foja 17 del expediente de hábeas corpus.

    Siendo esto así y por lo que respecta a la marihuana, se observa que la porción encontrada en la residencia del señor G. CONCEPCIÓN DE LEÓN, excede la cantidad que se considera para consumo personal, de manera significativa, de acuerdo con los estándares que ha establecido el Instituto de Medicina Legal, que dispone la dosis posológica de 0.1 gramos para el consumo personal de marihuana.

    En este sentido, estima este Tribunal, que la cantidad de drogas que fue incautada y la manera en que se encuentra fraccionada, son indicadores suficientes, en esta etapa temprana del proceso, para descartar la posibilidad de que la sustancia encontrada estaba destinada al uso personal, toda vez que supera la dosis considerada para consumo propio.

    Con relación a la vinculación del señor G. CONCEPCIÓN DE LEÓN con el hecho, se observa que hay suficiente mérito que la sustente, debido a que la sustancia ilícita fue encontrada en su residencia y que éste admite que la sustancia es de su propiedad, en su diligencia indagatoria que consta a foja 18 del sumario.

    En base a lo anterior, el Pleno de la Corte colige que la detención preventiva del señor G. CONCEPCIÓN DE LEÓN, dictada por la Fiscalía Primera Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, se ajusta a los parámetros establecidos en el artículo 2140 de Código Judicial, toda vez que existen las pruebas que crean certeza jurídica de la posible existencia de hecho delictivo y la vinculación del el imputado con el delito contra la Seguridad Colectiva, Relacionado con Drogas que supera la pena mínima de 4 años, que se investiga,.

    Finalmente, es importante recordar que a este Tribunal, en materia de hábeas corpus, le corresponde corroborar el cumplimiento de los requerimientos legales. Ante los hechos enunciados, la Corte estima de lugar declarar legal del detención preventiva.

    En mérito de lo expuesto, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL la detención preventiva del señor G. CONCEPCIÓN DE LEÓN y ORDENA que sea puesto nuevamente a órdenes de la autoridad competente.

    Notifíquese Y CÚMPLASE,

    ALEJANDRO MONCADA LUNA

    OYDÉN ORTEGA DURÁN -- ANÍBAL SALAS CÉSPEDES -- WINSTON SPADAFORA FRANCO -- JOSÉ ABEL ALMENGOR ECHEVERRÍA -- VICTOR L. BENAVIDES P. -- ALBERTO CIGARRUISTA CORTEZ -- JERÓNIMO MEJÍA E. (Con Salvamento de Voto) -- HARLEY J. MITCHELL D.

    YANIXSA Y. YUEN C. (Secretaria General)

    SALVAMENTO DE VOTO DEL

    MAGISTRADO J.M.E.

    Con todo respeto, discrepo de la opinión vertida por el resto de los Magistrados que integran el Pleno de esta Corporación de Justicia, quienes han declarado legal la detención preventiva impuesta a GUSTAVO CONCEPCIÓN DE LEÓN por la Fiscalía Primera Especializada en Delitos Relacionados con Drogas de la Provincia de Panamá, lo cual fundamento en lo siguiente:.

    En la resolución se indica que "se practicó un allanamiento en la residencia del señor G. CONCEPCIÓN DE LEÓN, como consta en el Informe de Diligencia de Allanamiento con fecha de 29 de noviembre de 2009, practicada por la Corregidora de la 24 de diciembre, en el Corregimiento de Pacora, Sector de A.A....". (ver página 5)

    De igual forma, en la resolución se "considera que no se ha incumplido el artículo 2185 del Código Judicial, toda vez que el hallazgo de la sustancia ilícita en la residencia del señor DE LEÓN, se dio como un "descubrimiento casual" y fue plenamente documentado en la Diligencia de Allanamiento del 29 de noviembre de 2009".

    En este sentido, debo indicar que el artículo 2178 del Código Judicial, reformado por la Ley 15 de 2007, establece lo siguiente:

    Artículo 2178:...

    "El allanamiento deberá ser decretado por el funcionario de instrucción y podrá practicarse a cualquier hora del día.

    En caso de flagrante delito las autoridades de policía podrán ordenar y realizar el allanamiento, en cuyo caso deberán remitir de inmediato lo actuado a la autoridad competente."

    En ese orden de ideas, al estar tutelada la inviolabilidad del domicilio en la Constitución como Derecho Fundamental, el funcionario al que la ley le otorga la facultad de poder ingresar al domicilio de un ciudadano es el agente de instrucción, estableciendo como excepción a esta regla general los casos de flagrante delito, supuesto en que el legislador patrio permite que una autoridad de policía (entiéndase un Corregidor) decrete y practique una orden de allanamiento.

    Es decir, que la condición sine quanon para que un C. decrete y practique una diligencia de allanamiento, es que exista flagrante delito. Por el contrario, si no se presenta esta condición, el allanamiento debe decretarlo siempre un Agente de Instrucción.

    El concepto de flagrancia está desarrollado por el artículo 2142 del Código Judicial de la siguiente manera:

    Artículo 2142: Existe flagrancia cuando el infractor es sorprendido en el momento de estar cometiendo el hecho punible, lo mismo que cuando es sorprendido después de cometerlo y como resultado de la persecución material a que es sometido.

    También existe flagrancia cuando el infractor es aprehendido por autoridad pública inmediatamente después de cometer un hecho punible y porque alguno lo señala como autor o partícipe, siempre que en su poder se encuentre el objeto material del delito o parte del mismo, o el instrumento con que aparezca cometido o presente manchas, huellas o rastros que hagan presumir fundadamente su autoría o participación.

    Hay asimismo flagrancia cuando el hecho punible ha sido cometido en el interior de una residencia o cualquier otro recinto cerrado y el morador retiene al infractor a la vez que requiere la presencia del funcionario de investigación o de cualquier autoridad policiva para entregárselo y establecer la comisión del hecho."

    Es decir, que la flagrancia tiene lugar, siempre que se cumpla con alguno de los siguientes supuestos:

    1. Cuando el infractor es sorprendido en el momento de estar cometiendo el hecho punible.

    2. Cuando el infractor es sorprendo después de cometerlo y como resultado de la persecución material a que es sometido.

    3. Cuando el infractor es aprehendido por autoridad pública inmediatamente después de cometer un hecho punible y porque alguno lo señala como autor o partícipe, siempre que en su poder se encuentre el objeto material del delito o parte del mismo, o el intrumento con que aparezca cometido o presente manchas, huellas o rastros que hagan presumir fundadamente su autoría o participación.

    4. Cuando el hecho punible ha sido cometido en el interior de una residencia o cualquier otro recinto cerrado y el morador retiene al infractor a la vez que requiere la presencia de la autoridad.

    Como se puede apreciar, la situación que ocupa al Pleno en esta oportunidad no se corresponde con ninguno de los supuestos establecidos en la norma supra citada, habida cuenta que el allanamiento en el domicilio del procesado es ordenado por la corregidora en una diligencia prefabricada en la que se deja constancia lo siguiente: "En atención a solicitud recibida ante este Despacho por parte de los miembros de la Policía Nacional o la Policía Técnica judicial donde se presume existen objetos de dudosa procedencia, personas indocumentadas o sujetos requeridos por las autoridades competentes se procede de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2187 del Código Judicial, en consecuencia se decreta el allanamiento en la residencia No.62-B (cuarto de bloque sin repellar), propiedad de GUSTAVO DE LEÓN" (ver foja 6 de los antecedentes).

    Vale indicar que las facultades que tienen las autoridades de policía para decretar y realizar diligencias de allanamiento ha sido objeto de discusión en el ámbito de la jurisprudencia nacional.

    Así pues, recurrentemente se han invocado como fundamento de derecho de estas facultades de los corregidores, las normas del Código Administrativo, el Decreto No. 5 de 3 de enero de 1934, que tratan sobre el procedimiento correccional de policía, al igual que en los artículos 573, 576, 577, 2185, 2178 y demás disposiciones concordantes del Código Judicial. (Vg. Resolución de 15 de abril de 2004, Resolución de 18 de marzo de 2004, Resolución de 14 de marzo de 2008. Pleno, entre otras).

    No obstante, soy de la opinión que la reforma del artículo 2178 del Código Judicial por la ley 15 de 2007, representa un avance en cuanto a la protección del Derecho Fundamental de la inviolabilidad del domicilio, pues supedita la facultad conferida a la autoridad de policía de decretar una diligencia de allanamiento, a la existencia de un delito flagrante, esto es, un hecho punible que se está ejecutando en el preciso instante.(o en los otros supuestos de flagrancia establecidos en el artículo 2142 del Código Judicial que han sido previamente explicados).

    De otra parte, la Constitución Nacional establece en su artículo 26 que nadie puede entrar en el domicilio de otra persona, sino media, entre otras cosas, "mandato escrito de autoridad competente". El artículo constitucional reconoce el derecho fundamental de primera generación relacionado con la inviolabilidad del domicilio. Conforme a este precepto, solamente se puede ingresar al domicilio de una persona, por fines específicos, siempre que exista un mandato escrito emitido por autoridad competente.

    La Constitución no menciona cuál es la autoridad competente, motivo por el cual le corresponde al legislador desarrollar el texto constitucional y establecer la o las autoridades competentes para ejercer tan delicada facultad constitucional. La labor del legislador, exige, por tanto, prudencia, pues se requiere que a quienes se le otorga la facultad para allanar, sean personas dotadas no sólo de un conocimiento jurídico en general, sino del particular conocimiento y respeto de los derechos humanos y de las garantías y derechos fundamentales.

    Por ello, se le ha otorgado tal facultad a los jueces, quienes, se supone, deben tener conocimiento relacionado con tan importante materia. La ley también permite que los agentes del Ministerio Público, en el distorsionado sistema procesal que existe en la actualidad (lo que se pretende cambiar con la entrada en vigencia del sistema penal acusatorio) ejerzan funciones jurisdiccionales para allanar. Más grave aún es la facultad que, a través del referido Decreto No.5 de 1934, se le ha otorgado a los Corregidores, quienes administran la llamada "justicia administrativa de policía". Del problema de la "justicia" que imparten los Corregidores, debo decir que se les ha otorgado funciones jurisdiccionales para allanar que, si bien pudieron justificarse hace muchos años (hay que recordar que el decreto que regula el ejercicio de estas facultades data de 1934), en la actualidad no están justificadas, salvo que se organice una verdadera jurisdicción para atender los casos que suelen ventilarse en las Corregidurías.

    Basta con la lectura los CONSIDERANDOS 2°, 3° Y 4° del propio Decreto No.5 de 1934, para concluir que el mismo está desfasado y no hay lugar a su aplicación en el marco de una investigación de naturaleza penal (y no administrativa) salvo que se esté en presencia de algún caso de flagrancia de los desarrollados en el artículo 2142 del Código Judicial.

    El mencionado decreto establece lo siguiente:

    "CONSIDERANDO:

    ...

    1. Que el artículos (sic) 1099 del Código Administrativo al referirse a los allanamientos y registros que pueden practicar las autoridades de Policía, dice que para ello se detallará en el lugar correspondiente, el procedimiento a seguir en esos casos:

    2. Que en el referido Código no aparece dicho procedimiento, cuya omisión de acuerdo con el artículo 15 del Código Civil en relación con el 629 del Código Administrativo, ordinal 3°, puede subsanarla de manera provisional el Poder Ejecutivo, para evitar demoras en la pronta administración de justicia; y

    3. Que los allanamientos en materia de Policía Correccional no se rigen, por el Capítulo V, Título III del Código Judicial sino por el Código Administrativo. (el subrayado es nuestro).

    Tal como se puede apreciar en el numeral 3°, esta normativa fue creada de manera provisional para llenar un vacío legal en el procedimiento correccional de policía, motivo por el cual no puede utilizarse como fundamento legal para que un Corregidor pueda ordenar un allanamiento en una causa que sea de índole penal en la que no exista el elemento de flagrancia. A esta conclusión se puede arribar, si se toma en consideración que el propio numeral 4° antes transcrito, hace la diferenciación entre "los allanamientos en materia de Policía Correccional" y las normas sobre allanamiento contenidas en el Código Judicial.

    Sobre este punto también conviene insistir que en el presente caso, la orden de allanamiento decretada por la Corregidora de 24 de diciembre, es una diligencia prefabricada en la que se utiliza como fundamento para intervenir el derecho fundamental de la inviolabilidad del domicilio del ciudadano G.C., que en dicha morada "existen objetos de dudosa procedencia, personas indocumentadas o sujetos requeridos por las autoridades competente", aun cuando ninguno de estos supuestos se encuentran dentro de los casos en que se pueden allanar las "las casas u otros edificios privados" según el artículo 20 del Decreto No.5 de 1934 "Sobre el procedimiento de Policía Correccional" que dicho sea de paso fue proferido por el "Presidente de la República, en uso de sus facultades legales".

    Finalmente soy de la opinión que no se puede, so pretexto de combatir la delincuencia (con lo que estoy de acuerdo), permitir que funcionarios que legalmente no están autorizados para realizar determinada diligencia la practiquen, porque con ello no sólo se viola la garantía constitucional del debido proceso, sino, como ocurre, en este caso, el derecho fundamental relacionado con la inviolabilidad del domicilio.

    Por ello, aun cuando en el caso que nos ocupa se hayan encontrado evidencias que vinculen a determinada persona con la comisión de un delito, al haber sido tales evidencias encontradas producto de una infracción de un derecho fundamental, las mismas no pueden ser consideradas como lícitas.

    Ante tal situación, considero, respetuosamente, que la detención de G. CONCEPCIÓN DE LEÓN debió ser declarada ilegal, por lo que no me queda otro camino que SALVAR EL VOTO en la presente causa.

    Fecha ut supra

    JERÓNIMO MEJÍA E.

    YANIXSA Y. YUEN.

    (SECRETARIA GENERAL)