Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Pleno), Pleno, 6 de Mayo de 2010

PonenteVictor L. Benavides P.
Fecha de Resolución 6 de Mayo de 2010
EmisorPleno

VISTOS:

El Licenciado M.G.B., quien actúa en representación del trabajador R.M.C., presentó acción de Amparo de Garantías Constitucionales, contra la orden de hacer contenida en la Resolución No.D.M.266/09 de noviembre de 2009, proferida por el Ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral encargado.

ANTECEDENTES

Consta en autos que el trabajador R.M. mediante apoderado judicial, interpuso solicitud de reintegro ante la Dirección General de Trabajo en contra de la empresa Panama Ports Company, S.A. alegando que fue despedido encontrándose amparado por fuero sindical.

La Dirección General de Trabajo mediante Auto No.086-DGT-09 de 29 de mayo de 2009, ordenó el Reintegro inmediato del trabajador R.M. CASTILLO a sus labores habituales en la empresa Panama Ports Company, S.A. Asimismo, se advirtió del cumplimiento inmediato de dicha orden de reintegro, cuya omisión acarrearía la imposición de multas diarias hasta el cumplimiento de la misma, con el consecuente pago de los salarios caídos.

En virtud de lo anterior, el día 3 de junio del 2009, se procedió a realizar la diligencia de reintegro del trabajador M., la cual según informe secretarial de 4 de junio de 2009 (visible a foja 14 de los antecedentes), no fue acatada por la empresa Panama Ports Company, S.A., tal y como manifestó el Licenciado J.G., Jefe de Recursos Humanos de dicha empresa. Como consecuencia de ello, el apoderado judicial del trabajador presentó solicitud de multa por desacato por el incumplimiento de la orden.

Más adelante, se observa el acta de diligencia de reintegro de 9 de junio de 2009, la cual, en esta ocasión, fue acatada por la empresa demandada, a través del mismo J. de Recursos Humanos, J.G..

Posteriormente, el apoderado del trabajador presentó nuevamente solicitud de desacato, alegando esta vez que, a pesar de haber aceptado la orden de reintegro, la empresa Panama Ports Company, S.A. no ha cumplido con la obligación de brindarle ocupación efectiva de trabajo conforme a las condiciones convenidas.

Así las cosas, la Dirección General de Trabajo, por medio del Auto No.150-DGT-09 de 20 de julio de 2009, y previo a una diligencia de Inspección a las instalaciones de la empresa demandada, resolvió decretar en desacato a la empresa PANAMA PORTS COMPANY, S.A. a partir del día 25 de mayo de 2009, por no cumplir con lo establecido en el artículo 220 del Código de Trabajo, sancionándola de manera pecuniaria compulsiva y progresiva a razón de B/.150.00 a favor del trabajador R.M.C., hasta el cumplimiento de la orden de reintegro.

Esta Resolución fue recurrida por la firma Morgan & Morgan apoderados judiciales de Panama Ports Company, S.A., en virtud del poder otorgado a éstos, por el señor A.K., en calidad de Gerente General y Apoderado Especial de dicha empresa, presentado ante la Secretaría Judicial de la Dirección General de Trabajo el día 28 de julio de 2009.

Igualmente, el apoderado del trabajador demandante anunció recurso de reconsideración con apelación en subsidio en contra de ésta última resolución, alegando, entre otras cosas, que la multa impuesta en contra de la empresa demandada, no guarda proporción con el salario que devenga su representado ni con la actividad económica que posee la empresa Panama Ports Company, S.A.

  1. ORDEN IMPUGNADA.

    Mediante la resolución objeto de consideración, el Ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, Encargado, en virtud de los recursos de apelación anunciados por las partes, declaró la nulidad de todo lo actuado por la Dirección General de Trabajo a partir de la foja 13 del expediente, al considerar que el Tribunal de primera instancia no se apegó a lo transcrito en el artículo 980 del Código de Trabajo, el cual establece, de manera clara, la obligatoriedad de notificar el mandamiento de reintegro de forma inmediata y no meses o días después de haber comparecido en varias ocasiones a la empresa, con actas de diligencia de reintegro, que no cumplen con las formalidades del mandamiento de reintegro. En esta misma resolución, se ordenó la remisión del expediente al lugar de origen para que el Despacho primario actúe de conformidad con lo dispuesto.

  2. FUNDAMENTACIÓN DE LA ACCIÓN

    El amparista considera que la resolución No.D.M. 266/09 calendada 20 de noviembre de 2009, proferida por el Ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, Encargado, infringe los artículos 17, 18, 32, 74, 77 y 78 de la Constitución Política de la república de Panamá.

    En primer lugar, el amparista sostiene que la resolución demandada infringe el artículo 17 de la Constitución Política de la República de Panamá, de manera directa por comisión, puesto que conculcó derechos y deberes sociales, incumpliendo el funcionario con su deber de cumplir la Constitución y la Ley, toda vez que el mismo se ha apartado de ello y ha desprotegido al trabajador, ocasionándole un grave y enorme perjuicio al promover y auspiciar la inobservancia del cumplimiento de una orden de mandamiento de reintegro, la cual es de forzoso acatamiento.

    Asimismo, conceptúa el amparista que el artículo 18 de la Constitución Nacional fue violentado por el funcionario de marras, toda vez que, en la resolución que se impugna, se alude a que el mecanismo de notificación utilizado al Mandamiento de reintegro por parte de la Dirección General de Trabajo, no está permitido en la Ley, lo que es totalmente falso.

    Manifiesta además el amparista, que el artículo 32 de la Constitución Política ha sido infringido de manera directa por comisión, ya que para el caso que nos ocupa, esta norma constitucional está desarrollada en los artículos 2, 220, 381, 556, 885, 889, 978, 980, 981 y 1062 del Código de Trabajo, y el señor Ministro Encargado del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, incumplió y violentó el trámite legal correspondiente.

    Arguye el recurrente que el Ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral Encargado, se aparta del trámite legal en lo concerniente al efecto de una notificación de carácter personal, sobre todo cuando en desarrollo de la norma, los artículos 885 y 889 del Código de Trabajo, señalan las condiciones que deben presentarse para que ésta surta sus efectos.

    En opinión del apoderado de actor, el mandamiento dentro de un proceso de Reintegro surte efectos desde el momento en que se dicta, independientemente de la notificación del mismo al representante legal. Que la doctrina denomina a este tipo de proceso como proceso monitorio documentado, en donde no existe contradictorio, en donde se desconoce quién es el representante legal del P., en donde ese patrono no es parte, y en donde el mismo se constituirá en parte una vez impugne el mandamiento de dicho ordenamiento de reintegro, constituyéndose en ese momento en el actor del proceso y su representado en el sujeto pasivo. Por ende, desde el momento en que la firma Morgan & Morgan presentó poder el pasado 28 de julio de 2009, para representar a la empresa Panamá Ports Company, S.A. en el trámite de las multas por supuesto desacato a la orden emitida por la Dirección General de Trabajo a favor del señor R.M., esta empresa acreditó el conocimiento de dicho mandamiento y, por ende, se constituye en la condición de una notificación personal establecida dentro del trámite legal.

    Que al expresar su conocimiento de dicho mandamiento de reintegro ordenado en el Auto No.086-DGT-09 del 29 de mayo de 2009, comenzaba a correr el término para la impugnación al mandamiento de la orden de reintegro allí proferida.

    Sostiene también el recurrente, que la resolución demandada viola de manera directa por comisión el artículo 74 de la Constitución, por cuanto alega que el trabajador fue despedido en una causa contraria a las formalidades establecidas en nuestra normativa laboral.

    En la presente acción instaurada, se explica también que se ha producido violación del artículo 77 de la Constitución Política, en forma directa por comisión, ya que la controversia originada entre el empleador y el trabajador, no fue resuelta de conformidad con la presente legislación laboral, ya que el aseverar que el poder otorgado por la empresa Panama Ports Company, S.A. a favor de la firma Morgan & Morgan, no ha surtido los efectos de una notificación personal, constituye una actuación totalmente contraria a lo establecido en nuestra legislación laboral, que no puede dar pie a una nulidad.

    Por último, el amparista asevera que la resolución impugnada viola de manera directa por comisión el artículo 78 constitucional, toda vez que declarar la nulidad a partir de la foja 13 en adelante, más que auspiciar el estricto cumplimiento y el respeto al amparo del fuero sindical, violenta y entorpece uno de los más importantes derechos Humanos como lo es el derecho al trabajo dentro de una condición digna y decorosa.

  3. CONSIDERACIONES Y DECISIÓN DEL TRIBUNAL DE AMPARO.

    Una vez surtidos los trámites correspondientes, procede el Pleno a examinar los méritos del presente amparo.

    No obstante, antes llevar a cabo el análisis de los cargos que se le atribuyen a la resolución demanda, esta Máxima Corporación de Justicia considera necesario exponer a cabo algunas consideraciones con respecto al proceso de reintegro en la jurisdicción laboral. Veamos:

    En su desarrollo normal y completo la función jurisdiccional del Estado pasa por dos fases: una de cognición, y otra de ejecución, que se complementan entre sí, constituyendo la primera el medio indispensable para la obtención del título ejecutivo.

    En ese sentido, los momentos de la Jurisdicción siguen, en principio, un orden lógico. En un primer estadio, se sustancia el proceso de conocimiento, en el cual se deben distinguir dos momentos: a)en primer lugar, la discusión o debate de la cuestión objeto del litigio; y b)luego de la discusión se dicta la sentencia definitiva que contiene la declaración de certeza del derecho y según el caso, la condena al demandado, lo que, según ya se ha dicho, viene a ser el títuloejecutivo que abre las puertas para una ejecución forzada.

    Sin embargo, dentro de nuestra jurisdicción especial de trabajo encontramos los procesos de reintegro, los cuales en su estructura y naturaleza se asemejan a lo que en la doctrina se denomina como un proceso monitorio documental, en el cual, las cosas ocurren de otra manera, porque se invierten los momentos de la discusión y de la resolución. Es decir, el juez, frente a la demanda del actor, dicta, en primer lugar, y sin previa contradicción, una resolución monitoria, ordenando al demandado, el cumplimiento de una determinada prestación. Y luego, en una etapa o un proceso ulterior, concede al demandado la oportunidad para que formule su impugnación u oposición, fijándole un plazo para tales efectos.

    De otro modo, se desplaza la iniciativa del contradictorio al demandado, en cuanto debe este último, formular la oposición para enervar los efectos de la resolución monitoria favorable al trabajador.

    El proceso de estructura monitoria, entonces, es aquél en el cual el tribunal, inoída parte y con la sola presentación de la demanda, dicta resolución favorable al actor mediante la cual ordena al demandado el cumplimiento de una prestación (para el caso que nos ocupa, la orden de reintegro).

    En estos casos, el juez sólo despacha el mandamiento de reintegro si los hechos alegados por el actor son probados por medio de documentos auténticos acompañados a su demanda (prueba indiciaria del vínculo o de la relación de trabajo y constancia de la existencia del fuero para la fecha del despido que se alega). En este caso, la oposición del empleador debe ser fundada en los hechos y el derecho, y tiene por efecto abrir un juicio abreviado (artículo 991 del Código de Trabajo), para determinar si las defensas opuestas por el demandado demuestran la falta de fundamento del mandamiento, o si, por el contrario, éste debe ser mantenido y hecho ejecutorio. En el proceso monitorio documental, entonces, el actor tiene que aportar pruebas que avalen su pretensión; y el demandado tiene, posteriormente, en una demanda de impugnación, la carga de probar los hechos en que fundamenta su impugnación.

    Sobre el particular, es importante destacar los comentarios del artículo 980 del Código de Trabajo cuando expone lo siguiente:

    "En estos casos existe contradictorio pero a la inversa. Mientras que en el proceso de cognición común (el proceso común), se inicia con el contradictorio, en el monitorio se invierte el contradictorio, que se instituye con la modificación del mandamiento. El mandamiento se cumple, a título de ejecución provisional de medida cautelar, que deviene en definitivo al precluir la oportunidad de la impugnación o al resolver el proceso impugnación.

    ...

    El mandamiento de reintegro surte sus efectos desde que se dicta sin necesidad de notificación" (Código de Trabajo de la República de Panamá, Editora Jurídica Panameña, Panamá 2003, Actualizado por J.F.P.) (Resalta el Pleno)

    DECISIÓN DEL PLENO DE LA CORTE

    Para resolver lo que en derecho corresponde, la Corte adelanta que la orden impugnada con el amparo está contenida en el Resolución No. D.M.266/09 de 20 de noviembre de 2009, emitida por el Ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, Encargado, en cuya parte resolutiva dispuso lo siguiente:

    "PRIMERO: DECLARAR LA NULIDAD de todo lo actuado a partir de fojas 13 del expediente, por ser contrario a nuestro ordenamiento laboral.

SEGUNDO

REMITIR el expediente al lugar de origen para que el Despacho primario, actúe según lo dispuesto en esta resolución."

Ciertamente que si nos limitáramos a considerar la parte resolutiva del auto atacado con la iniciativa constitucional, se podría colegir, prima facie, que el disponer la devolución de un expediente para que se realice una notificación, en este caso, de una orden de reintegro, no constituye un mandato positivo de ejecución del cual emane una voluntad arbitraria que derive en un actual desconocimiento de derechos fundamentales del amparista; principalmente porque se trata de un acto de saneamiento procesal que, con el cumplimiento del trámite de notificación, pretende evitar que la actuación legal adolezca de una causal de nulidad.

No obstante lo anterior, a juicio de esta Corporación de Justicia el escenario jurídico varía sustancialmente si examinamos, íntegramente, la resolución judicial supracitada. Y, es que la medida de remitir la actuación a la Dirección General de Trabajo, para que se cumpla con la formalidad de notificar la orden de reintegro al representante legal de la empresa Panama Ports Company, S.A. se verifica cuando el Ministro de Trabajo, Encargado, adquiere conocimiento del negocio, en virtud de los recursos de apelación interpuestos por ambas partes, en contra del auto que decreta en desacato a la empresa Panama Ports Company,S.A. a partir del 25 de mayo de 2009, por no cumplir con lo establecido en el artículo 220 del Código de Trabajo. Tal comprobación pone de relieve que la decisión jurisdiccional adoptada por el Ministro de Trabajo, Encargado, sin duda implica que ha considerado que el auto, cuyo cumplimiento se exige, en realidad no se encuentra ejecutoriado y no surte efecto alguno, por la supuesta omisión de la notificación oportuna de la orden de reintegro, para lo cual ordena retrotraer el proceso hacia la autoridad de origen para enmendar los supuestos errores indicados.

En consecuencia, se colige que en este caso sí estamos ante un acto que reviste la cualidad de constituir una orden de hacer, pues su ejecución influye negativamente en el derecho que alega poseer el amparista, ya que la medida judicial que le fue favorable y que pretendía ejecutar, puede retardarse e incluso modificarse por la actividad procesal de enviar la actuación nuevamente a la Dirección General de Trabajo, porque permite la posibilidad de que la empresa demandada impugne un acto que la autoridad de conocimiento ya había sustanciado y resuelto. Dicha práctica acarrea una vulneración de las reglas que regenta el principio del debido proceso, tal como lo alega el recurrente, de que el Ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, Encargado, se aparta del trámite legal en lo concerniente al efecto de una notificación de carácter personal, en evidente desconocimiento de la materia procesal laboral, para el caso que nos ocupa.

De ahí, que las consideraciones expuestas en la Resolución demandada y que sirvieron de fundamento para declarar la nulidad de lo actuado por la Dirección General de Trabajo a partir de la foja 13 del expediente, carecen de asidero legal, puesto que tal como sostuvo el amparista, el poder otorgado por la empresa demandada a la firma Morgan & Morgan, y presentado ante la Secretaría Judicial de la Dirección General de Trabajo el día 28 de julio de 2009, produce los efectos de una notificación personal. El contenido del artículo citado es del tenor literal siguiente:

Artículo 885. Si la persona a quien deba notificarse una resolución, se refiere a dicha resolución en escrito suyo, o en otra forma se manifestare sabedora o enterada de ella por cualquier medio escrito, o hace gestión en relación con la misma, dicha manifestación o gestión surtirá desde entonces, para la persona que la hace, los efectos de una notificación personal".

De un análisis de la norma transcrita podemos colegir, efectivamente, que la misma se refiere a la conducta concluyente como medio para tenerse por notificada una resolución. No obstante, ese mismo artículo señala cuándo se entiende que existe conducta concluyente, a saber: 1. Cuando la persona a quien deba notificarse se refiera a la resolución mediante un escrito suyo, o, 2. Por cualquier otro medio escrito en el que manifiesta ser sabedora del contenido de la resolución que se va a notificar, y, 3. Cuando hace gestión en relación a dicha resolución.

Aunado a ello, la misma norma agrega que en estos casos "dicha manifestación o gestión surtirá desde entonces, para la persona que la hace, los efectos de una notificación personal."

En el expediente laboral que accede a este amparo consta el poder otorgado por el apoderado especial de la empresa Panamá Ports Company, S.A. a la firma Morgan & Morgan para que los represente en el trámite de multa por desacato a la orden de reintegro emitida por la Dirección General de Trabajo a favor del señor R.M.. Dicho escrito fue presentado el día 28 de julio de 2009, tal y como consta en el sello de recibido de la Secretaría Judicial de la Dirección General de Trabajo. Asimismo, en el hecho segundo del escrito, con el cual los apoderados judiciales de la empresa demandada anunciaron recurso de reconsideración con apelación en subsidio en contra del Auto No.150-DGT-09 de 20 de julio de 2009, que decretaba en desacato a la empresa Panama Ports Company, S.A. por el incumplimiento de la orden de reintegro, manifestaron lo siguiente:

SEGUNDO

Que el 29 de mayo de 2009, la dirección General de Trabajo ordenó mediante AUTO No. 086-DGT-09, el reintegro del T.R.M. a sus labores habituales y el pago de los salarios caídos supuestamente generados por la suma de MIL SEISCIENTOS BALBOAS (B/.1,600.00) mensuales.

De lo anterior se colige, efectivamente, que la empresa demandada se refirió a la resolución emitida por la Dirección General de Trabajo y, a su vez, manifiesta claramente tener conocimiento del contenido de la misma, con lo cual dicha conducta está descrita en el artículo 885 en comento y, en consecuencia, produce los efectos de una notificación personal desde ese momento.

En otro orden de ideas, el artículo 980 del Código de Trabajo dispone que el mandamiento de reintegro "surtirá efectos desde el momento en que se dicte" y no desde el momento en que se notifique la resolución que ordenó el mismo.

Tal y como quedó expuesto en las consideraciones previas, la estructura y naturaleza del proceso de reintegro en materia laboral, conlleva el cumplimiento efectivo de la decisión que emita la autoridad competente para estos casos. Es decir, surte todos sus efectos desde que se dicta, inclusive antes de ser notificada al empleador.

Por lo anterior, las consideraciones expuestas en la resolución demandada en el sentido de que en "los procesos de reintegro se tiene por ley, la obligatoriedad de notificar el mandamiento de reintegro y seguidamente levantar el acta de reintegro" violentan el principio del debido proceso por cuanto se apartan del trámite legalmente establecido.

La garantía del debido proceso que incorpora la Constitución Política en su artículo 32 ha sido objeto de copiosísima jurisprudencia por parte de este Pleno. Consiste, como ha puntualizado el ex-Magistrado A.H., en "una institución instrumental en virtud de la cual debe asegurarse a las partes en todo proceso -legalmente establecido y que se desarrolle sin dilaciones injustificadas- oportunidad razonable de ser oídas por un tribunal competente, predeterminado por la ley, independiente e imparcial, de pronunciarse respecto de las pretensiones y manifestaciones de la parte contraria, de aportar pruebas lícitas relacionadas con el objeto del proceso y de contradecir las aportadas por el contraparte, de hacer uso de los medios de impugnación consagrados por ley contra resoluciones judiciales motivadas y conformes a derecho, de tal manera que las personas puedan defender efectivamente sus derechos" (ARTURO, H., "El Debido Proceso", Editorial Temis, S. A. Santa Fe de Bogotá-Colombia, 1996, pág. 54).

Por su parte, el amparo como acción independiente, tiene por objeto reparar una violación directa a los derechos y garantías fundamentales consagrados en la Constitución Política, distinto a las acciones y recursos que la vía ordinaria, a través de la ley, pone a disposición de los interesados para reclamar derechos como el tema que ha sido objeto de nuestra atención, por lo que el Pleno considera que la disposición constitucional contenida en el artículo 32 y citada por el demandante, ha sido vulnerada por cuanto la decisión proferida por el Ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, Encargado, se aparta del procedimiento legalmente establecido para los procesos de reintegro por violación al fuero sindical, como es el caso que nos ocupa.

Por consiguiente, el PLENO DE LA CORTE SUPREMA, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONCEDE el amparo de Garantías Constitucionales solicitado por el licenciado M.G.B., en representación de R.M. CASTILLO contra el Ministro de Trabajo y Desarrollo Laboral, Encargado, y REVOCA la Resolución No. D.M. 266/09 de 20 de noviembre de 2009.

N.,

VICTOR L. BENAVIDES P.

ALBERTO CIGARRUISTA CORTEZ -- JERÓNIMO MEJÍA E. -- HARLEY J. MITCHELL D. -- ALEJANDRO MONCADA LUNA -- OYDÉN ORTEGA DURÁN -- GABRIEL FERNÀNDEZ -- WINSTON SPADAFORA FRANCO -- JOSÉ ABEL ALMENGOR ECHEVERRÍA

CARLOS H. CUESTAS G. (Secretario General)