Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Pleno), Pleno, 14 de Marzo de 2008

Ponente:Oydén Ortega Durán
Fecha de Resolución:14 de Marzo de 2008
Emisor:Pleno

VISTOS: La Licenciada L.S.C., Defensora de Oficio, presentó ante esta Corporación de Justicia, acción de H.C. a favor de E.E.S.C., quien se encuentra recluido en el Centro Penitenciario "La Joya", sindicado por la presunta comisión de Delito contra la Salud Pública, a órdenes de la F.ía Primera Especializada en Delitos Relacionados con Drogas. La acción se interpuso contra el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá. La acción en comento se funda en los siguientes hechos: 1. Que mediante Providencia de 15 de abril de 2004, la F.ía Primera Especializada en Delitos Relacionados con Drogas ordenó la detención preventiva de S.C. por el presunto delito contra la Salud Pública; el prenombrado ha estado detenido por cuarenta y cinco (45) meses. 2. Que, mediante Auto de 7 de junio de 2007, el J. Cuarto de Circuito de Panamá, Ramo Penal, decretó la nulidad y archivo del proceso por el ya mencionado delito, ordenando la "libertad inmediata" de E.S.. 3. Que el expediente se encuentra en grado de apelación desde agosto de 2007 sin que haya mediado pronunciamiento alguno del Segundo Tribunal Superior de Justicia. 4. Que el beneficiario de la presente acción de H.C. está cumpliendo un internamiento con la pena mínima por el delito que se le imputa, por ser un delito contra la Salud Pública, pese a haber cumplido el sindicado 2/3 de la pena, para solicitar la libertad condicional. 5. Que la ley dice que se revocará la detención preventiva cuando se exceda el mínimo de la pena que señala la ley para el delito que se le atribuye, por lo que E.S. está detenido ilegalmente, máxime que se declaró nulo el expediente. En el Auto de 7 de junio de 2007, el Juzgado Cuarto de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, consideró que se cometieron una serie de irregularidades en la Diligencia de Allanamiento realizada el 4 de junio de 2004, que violaron (a su juicio) el debido proceso, al viciarse la obtención de la prueba que sirvió de base para la instrucción del presente expediente, tales como que la orden de allanamiento sólo establecía que la residencia #72, sector C de Viejo Veranillo, sería verificada para buscar armas de fuego ilícitas, artículos de dudosa procedencia y la ubicación de personas requeridas por la autoridad; empero, al localizarse allí la presunta sustancia ilícita, se debió consignar dicho hallazgo en otra diligencia distinta a la que había iniciado la investigación, según lo normado en el artículo 2185 del Código Judicial. Otro aspecto esgrimido por el Juzgado Circuital, fue la requisa del menor de edad encontrado en la residencia allanada, porque dicho menor fue revisado por un agente de la policía regular (de adultos) y no por la policía de menores, encontrándosele a aquel cierta cantidad de droga en sus interiores, la que constituye parte de la evidencia que sustentó la petición de llamamiento a juicio por parte del Ministerio Público. El J. primario consideró el último párrafo del artículo 29 de la Constitución, que sostiene que "cuando se incumpla lo señalado en la norma, impedirá la utilización de sus resultados como prueba", refiriéndose a que la prueba obtenida violando derechos o garantías fundamentales se considerará prueba ilícita, lo que ocurre con más frecuencia en la práctica de obtención de las pruebas, durante la investigación policial o las sumarias. Consideró el J. de Circuito Penal, que el sumario que nos ocupa "nace viciado en su génesis", al iniciarse con diligencias contrarias al debido proceso, siendo por ello que decretó la nulidad y el archivo del proceso por el delito que nos ocupa, y ordenó la inmediata libertad de E.E.S.C.. Por su parte, la F.ía Primera Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, apeló la Resolución comentada, considerando que no existe ninguna circunstancia que viole el debido proceso, recabándose las pruebas que conforman el dossier según lo establecido en la ley. En ese sentido, afirma el Funcionario Instructor que la diligencia de allanamiento que originó este proceso, fue ordenada por el C. de Curundú, en Resolución de 4 de junio de 2004 (f. 5), evidenciándose (a su juicio) que dicha diligencia de allanamiento cumple todas las exigencias legales, al ser ordenada por autoridad competente y mediante resolución escrita. Respecto a la diligencia de allanamiento en sí, según el Representante del Ministerio Público, en la misma participó la Secretaria Judicial de la Corregiduría en representación del C., lo que permite el artículo 577 del Código Judicial (que autoriza a los S.s a practicar dicha diligencia sin presencia de la autoridad, siempre que se haya dictado la orden de allanamiento). Que la propia Acta de Allanamiento levantada en la diligencia de marras cumple todas las exigencias legales contenidas en el artículo 580 del Código Judicial (firma del funcionario que la practicó, de los testigos y de las partes si quisieren firmar). También cumple lo normado en el artículo 2185 ibídem, al dejar constancia del objeto de la diligencia de allanamiento (verificar existencia de armas de fuego, de sujetos buscados por la autoridad y de artículos de dudosa procedencia, consignando también el hallazgo de la droga, delito distinto al que motivó la diligencia). Señaló el F. Superior que "Tampoco entendemos a que(sic) se refiere al juzgado cuando señala que 'debió elaborar una diligencia aparte", pues ese no es el mandato de la norma citada y aplicable a la situación específica." (fs. 186-187 del dossier) Respecto a la revisión que se le hizo al menor A.D.M., quien escondía en su cuerpo cierta cantidad de sustancia ilícita, consideró el Funcionario Instructor que la Autoridad de Policía podía efectuar la revisión del menor sin necesidad de la presencia de la Policía de Menores, en base a lo establecido en el artículo 7, ordinal 9 de la Ley No. 18 de 1997, que obliga a los Agentes del Orden Público a actuar con diligencia, prontitud y eficiencia ante la flagrante violación de la ley, según lo norma el artículo 2142 del Código Judicial. Que, por ser el requisado un menor de edad que se mantenía en compañía de personas mayores, procedía la aplicación del artículo 524 del Código de N. y Adolescencia, que obliga a los agentes del orden a poner a los menores a órdenes de los Jueces de N. y Adolescencia. Dicho mandato fue (afirma el F. Superior) acatado al poner inmediatamente a órdenes de la autoridad competente a los dos menores que estaban en la residencia allanada, incluso al que se le encontró la droga en su poder (fs. 17-18). Discrepó el Funcionario Instructor del J. primario, en que E.S. rindió su declaración indagatoria sin apremio ni juramento (f. 44), en base al artículo 2089 del Código Judicial, que también prevé la declaración testimonial del indagado que ha formulado cargos contra terceras personas, como el detenido en esta acción de habeas hábeas. Por lo expuesto, el F.P. Especializado en Delitos Relacionados con Drogas solicitó que se revoque el Auto de 7 de junio de 2007, dictado por el Juzgado Cuarto de Circuito de lo Penal, del Primer Circuito Judicial de Panamá. La Licenciada L.S., Defensora de Oficio, se opuso al recurso de apelación sustentado por la F.ía Primera Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, fundándose en que no es cierta la afirmación del F. de Drogas, que la orden emitida por el C. de Curundú que originó la investigación, cumplía todos los requisitos legales (fs. 5 y 185) porque esas autoridades de Policía "están tomando por costumbre ordenar allanamientos sin fundamento alguno y con alegaciones de que se buscan sujetos sospechoso y armas, violentando con ello las garantías Constitucionales y Procesales de las personas." Que de la diligencia que se realizó el 4 de junio de 2004, el C. se quedó con las evidencias, retuvo de manera ilegal a los sospechosos y cuatro (4) días después dio aviso a la Policía Técnica Judicial (P.T.J.), quienes entonces (8 de junio) hicieron la prueba de campo con las muestras entregadas al C., sin confirmar si se trataba de las mismas sustancias, pues en dicho período se interrumpió (a su juicio) la protección a la cadena de evidencias. Que la prueba de campo carece de firmas responsables que le den valor a la actuación contenida en dicho documento, pero concluyendo que el resulta fue positivo, sin aclarar cuáles muestras dieron positivo, ni que muestras eran marihuana o cocaína. Que en su declaración indagatoria a SOLÍS, quien negó saber leer y escribir, se le nombró un testigo a ruego que ni siquiera firmó la diligencia, razón por la que (a su juicio) se debía decretar la nulidad de esa diligencia; tampoco se verificó en dicha diligencia la información vertida por SOLÍS sobre un estudiante del I.P.H.E. Habida cuenta de la situación fáctica en la que surge la presente acción, este Colegio Judicial considera que los hechos que deben ser tomados en cuenta para decidir la presente acción, son el tiempo que lleva detenido E.S., y los efectos del recurso de apelación interpuesto por la F.ía Primera Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, contra el Auto de 7 de junio de 2007 dictado por el Juzgado Cuarto del Circuito Penal de Panamá, pues son los elementos en los que realmente se funda la presente acción. En lo concerniente a la decisión del Juzgado Cuarto del Primer Circuito Penal de Panamá, de decretar la nulidad del proceso penal que produjo la detención preventiva del prenombrado S.C., y ordenar su libertad inmediata, contenida en el Auto de 4 de junio de 2007 (fs. 175-181), la nulidad en sí del proceso no es asunto a revisar en materia de Habeas Corpus, pues es decisión potestativa del J. de la causa. Sobre el cómputo del período que S.C. ha permanecido detenido, los elementos probatorios referidos, incluida la transcripción de la Diligencia de Allanamiento ya señalada (fs. 10-12 del expediente), revelan que hubo un error en la fecha plasmada en la orden de detención contra S.C., ya que la misma está fechada 15 de abril de 2004 (fs. 50-52 del expediente), como lo afirma la Defensora L.S., pero su contenido alude y se funda en la Diligencia de Allanamiento de 4 de junio de ese año, es decir, a una diligencia que ocurrió cincuenta (50) días después, sin hacer referencia a otra diligencia o actuación, lo que a todas luces es imposible. Por lo tanto, la fecha de la Resolución de la F.ía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas que ordenó la detención de E.S., está equivocada. Respecto a la competencia del S. delC. para realizar el allanamiento solicitado por el F. Especializado en Delitos Relacionados con Drogas, el artículo 1099 del Código Administrativo dice los siguiente: "1099. Allanamiento de habitaciones o edificios. Las autoridades de Policía no podrán allanar las habitaciones o edificios particulares si no por motivos legales y conforme al procedimiento que establece el Código en el lugar correspondiente." La norma es clara al autorizar los allanamientos a las autoridades de Policía siempre que lo hagan por motivos legales que lo justifiquen, y que se respete el procedimiento para ello establecido. El articulo 2178 del Código Judicial faculta a los Funcionarios de Instrucción para realizar allanamientos mediando procedimiento para ello; la norma reza así: "2178. (2185) El funcionario de instrucción puede allanar un edificio de cualquier clase, establecimiento o finca cuando haya indicio grave de que allí se encuentra el presunto imputado, efectos o instrumentos empleados para la infracción, libros, papeles, documentos o cualesquiera otros objetos que puedan servir para comprobar el hecho punible o para descubrir a sus autores y partícipes. Tales allanamientos se practicarán entre las seis de la mañana y las diez de la noche; pero podrán verificarse a cualquier hora, en lugares en que el público tiene libre acceso en los casos de flagrante delito o cuando sea urgente practicar la diligencia. En todo caso, el allanamiento deberá ser decretado por el funcionario de instrucción." (Subraya de la Corte) En el presente caso, fue el F. Especializado en Delitos Relacionados con Drogas quien emitió la orden de allanamiento, para cuya ejecución solicitó la colaboración de la Corregiduría de Curundú, lo que significa que la diligencia de allanamiento fue ordenada por un Funcionario de Instrucción, tal como lo dicta la norma. Respecto a la práctica de la diligencia de allanamiento por el S. de la Corregiduría de Curundú y no el C., tenemos que el artículo 577 del Código Judicial dice lo siguiente: "577. (566) La diligencia de allanamiento podrá practicarla el secretario sin la presencia del juez, cuando, conforme a la ley, el acto procesal para cuya realización se requiere el allanamiento sea de los que de esa forma puede efectuar el secretario, siempre que el juez hubiese ordenado el allanamiento o que la orden según la ley estuviese comprendida en la respectiva resolución. ... ..." La norma revela que el S. de la autoridad judicial puede realizar las diligencias de allanamiento, cuando se cumplen ciertas condiciones, tales como que la ley autorice a los S.s a realizar tales diligencias de manera específica, que el J. hubiere decretado el allanamiento, o que la ley determine qué orden de allanamiento esté inmersa en la resolución respectiva. Igual ocurre con los agentes del Ministerio Público, ya que el artículo 401 de la misma excerta señala: "401. (394) Los agentes del Ministerio Público pueden encomendar a sus secretarios la práctica de diligencias urgentes que ellos no puedan atender personalmente sin descuidar otras obligaciones, incluyendo entre esas diligencias el levantamiento de cadáveres, inspecciones oculares y la recepción de declaraciones. La comisión debe ser expresa, dejándose constancia de ello en el expediente respectivo. En los casos de que trata este artículo los secretarios actuarán como agentes especiales y en las diligencias que practiquen agregarán estas palabras: 'en funciones de Agente Especial'; y serán asistidos por un secretario ad hoc. También podrán comisionar, en los procesos en que sean parte, a los secretarios o asistentes de despacho, que tengan idoneidad para ejercer la abogacía, para que los representen en las diligencias de práctica de pruebas, audiencias u otras que se surtan en los tribunales respectivos, cuando los titulares no puedan asistir a ellas por otras causas de interés público." Según esta norma, los Agentes de Instrucción no sólo pueden designar a los S.s de su despacho para que los representen en las diligencias a las que ellos no puedan asistir, sino también en algunos casos, a sus Asistentes con idoneidad para ejercer la abogacía, para que los representen en ciertas diligencias -incluso audiencias-, participaciones éstas a las que la ley (Código Judicial) les otorga perfecta validez. El artículo 1099 del Código Administrativo dispone que "las autoridades de Policía no podrán allanar las habitaciones o edificios particulares si no por motivos legales y conforme al procedimiento que establece este Código." Si bien es cierto que el Código Administrativo no contiene una norma precisa que faculte al S. del C. para apoyar a los Funcionarios de Instrucción para realizar allanamientos, la necesidad de apoyo que tiene el C. para autorizar la diligencia de marras es similar a la reflejada en la legislación procesal judicial, pues dicho Funcionario muchas veces se ve imposibilitado de participar en todas las diligencias en las que por ley debe participar, surgiendo la necesidad imperiosa de delegar funciones en su personal adjunto, pues la mayoría de las veces, en casos como el que nos ocupa, de no realizarse la diligencia en el tiempo fijado para ello, se hará ilusorio su objeto, pues el sospechoso del ilícito se escapará, o la prueba que se pretende recabar, desaparecerá. Por consiguiente, en el caso que nos ocupa, la necesidad de realizar la Diligencia de Allanamiento de marras hace imperiosa la delegación de funciones para que se puedan cumplir las circunstancias de modo, tiempo y lugar que se han calculado para aprehender sospechosos y/o pruebas de un ilícito. Esta necesidad es reconocida por esta Corporación de Justicia, razón por la que considera válida la Diligencia realizada y las pruebas allí recabadas, señalando la necesidad de que esta circunstancia que nos ocupa sea cubierta por nuestro Derecho Positivo; es decir, que es necesario que se incorpore al Código Administrativo una norma que reconozca explícitamente esta circunstancia, mediante un acto legislativo, para evitar la liberación de sospechosos o la nulidad de pruebas recabadas. En otro orden de cosas, este Colegio Judicial reconoce el valor que tiene la confesión del imputado, en el sentido de confesar que la droga incautada era de su propiedad, tal como lo indica el Funcionario que contestó el mandamiento de corpus corpus, Magistrado L.M.C., quien al dar respuesta a la segunda pregunta del cuestionario (f. 8 del cuaderno de hábeas corpus) afirmó: "El señor S.C. quien se encontraba en la residencia al momento del allanamiento al rendir declaración indagatoria admitió que la droga encontrada era de su propiedad, que la había adquirido por parte de un sujeto apodado 'Calito', y que la droga tenía como fin el consumo personal". Esta afirmación del imputado constituye su confesión, lo que representa un elemento que gravita en la legalidad de la medida tomada y en la necesidad de mantenerla. El período de detención de E.S. desde que fue detenido el 4 de junio de 2004 es de cuarenta y tres (43) meses a la fecha, y no 45 como lo señaló la Defensora de Oficio que interpuso el recurso; y, aunque se hubiera dictado orden la detención preventiva el 15 de abril de 2004, no es sino hasta que el individuo es efectivamente aprehendido y puesto a órdenes de las autoridades competentes, cuando empieza a correr el término efectivo de privación de libertad, y no desde la dictación de la orden de detención, que como sabemos, fue el cuatro de junio de ese año. Ahora bien, de autos se desprende que el delito que tipifica el presunto hecho punible atribuido a S.C. es el de posesión de droga para su venta, porque el dossier se inició con el Oficio #DC-160-04 de 8 de junio de 2004 (fs. 1-3), en que el J. de la DIIP de Curundú remitió a la F.ía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, de turno, a tres sujetos aprehendidos en la Diligencia de Allanamiento realizada cuatro días antes, el 4 de junio de 2004, en la que se incautaron 64 carrizos contentivos de polvo blanco que se presumió cocaína, y 179 cigarrillos de fabricación casera en papel blanco contentivo de hierba, presumiblemente marihuana, sustancias que dieron positivo en las respectivas pruebas de campo. (f. 26) Así lo establece el segundo párrafo del artículo 260 del Código Penal, que dice así: "ARTICULO 260. .... Cuando la posesión de droga resultare en tales cantidades que, a juicio del Tribunal, se demuestre que lo que se pretende es suministrarla en venta o traspaso a cualquier título para consumo ilegal, la sanción será de 5 a 10 años de prisión." Es decir, que la presunta conducta punible del sumariado, tipifica el delito de posesión para venta ilícita de droga, que tiene pena mínima de cinco (5) años o sesenta (60) meses de prisión. La accionante considera (hecho quinto) que S.C. ya cumplió el mínimo de la pena imponible para el delito por el cual el sumariado ha padecido de detención preventiva durante cuarenta y tres (43) meses, lo que a todas luces no es cierto, porque en base a la norma transcrita al sindicado aun le faltan más de dieciséis (16) meses para alcanzar el mínimo de la pena cumplida. La Defensora de Oficio alude también al cumplimiento de las dos terceras partes de la pena, con la que se puede beneficiar su representado para la solicitud de la libertad condicional, medida consagrada en el artículo 85 del Código Penal, y que este Colegio Judicial considera no aplicable, porque la norma se refiere a los casos en que ya se dictó la sentencia y el reo está en cumplimiento de la misma; no así en este caso, que se refiere a detención preventiva. En efecto, el artículo 85 del Código Penal reza así: "ARTICULO 85. El sancionado con pena de prisión que haya cumplido dos tercios de su condena con índices de readaptación, buena conducta y cumplimiento de los reglamentos carcelarios, podrá obtener libertad condicional." (Negrilla del Pleno) En consecuencia, el Pleno de este Colegio Judicial concluye que es legal la detención de E.E.S.C.. En mérito de lo anterior, la Corte Suprema, PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DECLARA LEGAL la detención preventiva que padece E.E.S.C., y en consecuencia, lo pone a órdenes del Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Circuito Judicial de Panamá. N. y Cúmplase OYDÉN ORTEGA DURÁN --ANÍBAL SALAS CÉSPEDES --JACINTO CÁRDENAS M. -- ADÁN ARNULFO ARJONA L. --ESMERALDA AROSEMENA DE T.--VICTORL.B.P.--VIRGILIOT.L.--JERÓNIMOM.E.-- (Con Salvamento de Voto) HARLEY J. MITCHELL D. CARLOS H. CUESTAS G. S. General SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO JERÓNIMO E. MEJÍA E. Respetuosamente me aparto del criterio expresado por el resto de los magistrados que integran el Pleno de esta Corporación de Justicia, quienes decidieron declarar legal la orden de detención preventiva dictada por la F.ía Primera Especializada en Delitos Relacionados con Drogas contra E.E.S.C., por las siguientes razones: Primeramente, mi discrepancia radica en el hecho de que en la resolución proferida por el Pleno de esta Corporación de Justicia se indicó que la orden de allanamiento emitida por el C. de Curundú, a través de la cual se autorizó la diligencia de allanamiento en la residencia # 72, Sector "C" de Viejo Veranillo, cumplió con las formalidades exigidas en la ley para su validez. No obstante lo señalado, considero que tanto la ejecución de la orden de allanamiento proferida por el C. de Curundú (fs. 5), así como el acta que contiene la diligencia de allanamiento (fs. 6-12), no cumplieron con las formalidades establecidas legalmente, en el sentido de que dicha diligencia no fue practicada personalmente por el señor C.. Por tanto, considero que la diligencia de allanamiento es ilegal y, en consecuencia, las pruebas allí obtenidas resultan ilícitas. Fundamento lo expuesto en el hecho de que el C. de Curundú comisionó a su Secretaria Judicial para practicar el allanamiento, apoyándose en el Decreto No. 5 de 3 de enero de 1934, que trata sobre el procedimiento correccional de policía, al igual que en los artículos 573, 576, 577, 2185, 2178 y demás disposiciones concordantes del Código Judicial, que se refieren a la práctica de la diligencia de allanamiento ordenada por el juez o por el funcionario de instrucción. Por su parte, el Pleno de esta Corporación de Justicia en la sentencia que nos ocupa utilizó algunos de dichos artículos para fundamentar su decisión. Veamos las razones que fundamentan este Salvamento de Voto. El artículo 1° del Decreto No. 39 de 16 de junio de 1939, "Por el cual se subroga y adiciona el artículo 19 del Decreto No. 5 de 1934", establece lo siguiente: " Todo allanamiento y registro de morada debe ser ordenado por funcionario competente, de acuerdo con las formalidades y requisitos legales. El mismo funcionario que decreta el allanamiento y registro debe presidirlo. De todo acto de esta naturaleza que se practique se dejará constancia pormenorizada en un acta que se levantará al efecto y la cual firmarán, junto con el funcionario que la haya practicado, además de su S., tres testigos actuarios designados previamente en la resolución en que se haya decretado dicho allanamiento y registro y que hayan presenciado éste." (El subrayado y destacado es nuestro) Tal como se observa, la norma citada claramente establece que es el C. quien debe evacuar en forma personal dicha diligencia y no su Secretaria Judicial. Para que la Secretaria Judicial de un C. pueda llevar a cabo una diligencia de allanamiento debe existir una norma legal que expresamente permita la delegación. En el caso de los C.es, no existe una disposición legal que les otorgue la facultad de delegar la facultad de practicar un allanamiento en otro funcionario. En consecuencia, al no existir esta regulación de forma expresa, no puede la Secretaria Judicial practicar un allanamiento. La Corte está consciente de que no está autorizada ni permitida la delegación por parte de un C., dado que no existe una norma que expresamente regule esa situación. Sin embargo, la Corte pretende suplir ese supuesto vacío a través de la jurisprudencia, lo que resulta contrario a la labor del Órgano Judicial, pues, con ello, respetuosamente, se infringe la Constitución. Para mejor ilustración, veamos lo que dijo la Corte en el fallo con el que no estoy de acuerdo: "Por consiguiente, en el caso que nos ocupa, la necesidad de realizar la Diligencia de Allanamiento de marras hace imperiosa la delegación de funciones para que se puedan cumplir las circunstancias de modo, tiempo y lugar que se han calculado para aprehender sospechosos y/o pruebas de un ilícito. Esta necesidad es reconocida por esta Corporación de Justicia, razón por la que considera válida la Diligencia realizada y las pruebas allí recabadas, señalando la necesidad de que esta circunstancia que nos ocupa sea cubierta por nuestro Derecho Positivo; es decir, que es necesario que se incorpore al Código Administrativo una norma que reconozca explícitamente esta circunstancia, mediante un acto legislativo, parta evitar la liberación de sospechosos o la nulidad de pruebas recabadas." (Foja 11 de la Resolución del Pleno. El subrayado y destacado es nuestro). Claramente se observa que el fallo pretende suplir una supuesta omisión legislativa, lo que resulta incompatible con la función de administrar justicia. En este mismo orden de ideas, la Constitución Nacional establece en su artículo 26 que nadie puede entrar en el domicilio de otra persona, sino media, entre otras cosas, "mandato escrito de autoridad competente". El artículo constitucional reconoce el derecho fundamental de primera generación relacionado con la inviolabilidad del domicilio. Conforme a este precepto, solamente se puede ingresar al domicilio de una persona, por fines específicos, siempre que exista un mandato escrito emitido por autoridad competente. La Constitución no menciona cuál es la autoridad competente, motivo por el cual le corresponde al legislador desarrollar el texto constitucional y establecer la o las autoridades competentes para ejercer tan delicada facultad constitucional. La labor del legislador, exige, por tanto, prudencia, pues se requiere que a quienes se le otorga la facultad para allanar, sean personas dotadas no sólo de un conocimiento jurídico en general, sino del particular conocimiento y respeto de los derechos humanos y de las garantías y derechos fundamentales. Por ello, se le ha otorgado tal facultad a los jueces, quienes se suponen deben tener conocimiento relacionado con tan importante materia. La ley también permite que los agentes del Ministerio Público, en el distorsionado sistema procesal que existe en la actualidad (lo que no es del caso tratar en este salvamento de voto) ejerzan funciones jurisdiccionales para allanar. Más grave aún es la facultad que se le ha otorgado a los C.es, quienes, a pesar de ser funcionarios que administran la llamada justicia administrativa, tienen facultades para decretar y practicar allanamientos, tal como hemos visto anteriormente. Del problema de la "justicia" que imparten los C.es, tampoco es del caso hablar, por no ser el momento adecuado. Basta con decir que se les ha otorgado funciones jurisdiccionales para allanar que, si bien pudieron justificarse hace muchos años, en la actualidad no están justificadas, salvo que se organice una verdadera jurisdicción para atender los casos que suelen ventilarse en las Corregidurías. Ahora bien, volviendo al tema de la autoridad competente y teniendo que reconocer la vigencia del Decreto Ley No. 39 de 16 de junio de 1939 "Por el cual se subroga y adiciona el artículo 19 del Decreto No. 5 de 1934", en virtud del cual se le ha otorgado funciones jurisdiccionales para allanar a los C.es, debo señalar que en materia de competencias que emanan de la Constitución debe observarse un riguroso tratamiento en el cumplimiento y en la exigencia de que sean solamente las autoridades investidas por la Ley, las que puedan decretar y practicar un allanamiento. No cabe en esta materia, por tratarse de tema vinculado íntimamente a competencias constitucionales que deben ser desarrolladas expresamente por la Ley, la aplicación analógica de preceptos que han otorgado facultades expresas a determinados funcionarios para allanar, con el propósito de suplir "supuestos vacíos". En primer lugar, porque no pueden asignarse competencias por analogías. En segundo lugar, porque el hecho de que no se le haya otorgado facultad a los C.es para delegar en la Secretaria Judicial la facultad de practicar un allanamiento, no implica que exista un vacío o laguna legal. Por el contrario, lo que demuestra es que se trata de una regulación en virtud de la cual se le asignó competencia solamente al Titular del Despacho, esto es, al C., quien, en consecuencia, es la persona que puede decretar y debepracticar personalmente el allanamiento. En consecuencia, no se puede, so pretexto de combatir la delincuencia (con lo que estoy de acuerdo), permitir que funcionarios que legalmente no están autorizados para realizar determinada diligencia la practiquen, porque con ello no sólo se viola la garantía constitucional del debido proceso, sino, como ocurre, en este caso, el derecho fundamental relacionado con la inviolabilidad del domicilio. Salta a la vista que si quien debía practicar personalmente un allanamiento no lo practica, porque el mismo es practicado por persona que no está autorizada por la Ley para tales menesteres, se produce una incursión ilegítima al domicilio de la persona contra quien se practicó el allanamiento, independientemente de si en el transcurso de dicho acto se encuentran evidencias que comprometen, con un acto presuntamente delictivo, al afectado con el allanamiento. El sistema de los derechos humanos y de las garantías y derechos fundamentales pretende tutelar, a favor de todas las personas, sin distinción alguna, el reconocimiento y respeto de tales derechos. Por ello, aun cuando en el caso que nos ocupa se hayan encontrado evidencias que vinculen a determinada persona, al haber sido tales evidencias encontradas, previa infracción de un derecho fundamental, tales evidencias no pueden ser lícitas, porque proceden, como se dice en los Estados Unidos de América, del árbol envenenado: es fruto del árbol envenenado, que en el caso bajo examen lo sería la violación al domicilio que tuvo lugar por haberse practicado un allanamiento con infracción del artículo 26 de la Constitución Nacional. Para resolver este caso, la mirada no debe ponerse en el caso bajo estudio, en el sentido de que pudiera dejarse en libertad a una persona que, presuntamente, está vinculada con un hecho punible. Eso sería una solución, respetuosamente, con falta de visión. La mirada necesariamente debe estar puesta en la Constitución, es el respeto a la Carta Magna y en la necesidad de que sus normas tengan vigencia, porque sólo así, no me cansaré de decirlo, se construye, se consagra, se preserva un Estado de Constitucional de Derecho. Ahora bien, en el afán de justificar que el C. podía delegar la diligencia en su Secretaria Judicial, el fallo del Pleno utilizó como fundamento de derecho el artículo 577 del Código Judicial, norma que no es aplicable a la situación ventilada, en primer lugar, porque los corregidores no son jueces, y en segundo lugar, porque no existe ninguna disposición en el Código Administrativo ni en el Decreto Ley No. 39 de 16 de junio de 1939 "Por el cual se subroga y adiciona el artículo 19 del Decreto No. 5 de 1934" que remita expresamente a la utilización de este artículo, como norma que pueda aplicarse en el caso de los corregidores. Además, la lectura de esta disposición revela que la delegación a un S. de un Juzgado, quien, conforme al Código Judicial, debe reunir los mismos requisitos del J. titular de ese despacho, solamente tiene lugar cuando expresamente lo establece la ley. De otro lado, la Sentencia del Pleno trata de justificar la posibilidad de que la Secretaria del C. pueda practicar la diligencia de allanamiento, con fundamento en los artículos 2178 y 401 del Código Judicial. La primera norma se refiere a la facultad que se les ha otorgado a los funcionario de instrucción para que practiquen un allanamiento. Por su parte, el artículo 401 del Código Judicial permite que el funcionario de instrucción delegue en el S. de la F.ía, quien debe tener idoneidad para ejercer la abogacía, la posibilidad para que participe en diligencias como levantamiento del cadáver, inspecciones oculares y recepción de declaraciones. Nótese que en dicho artículo no se menciona el allanamiento. Por ello, al no mencionarse el allanamiento de manera expresa, ello significa que dicho artículo no puede utilizarse como fundamento de la delegación de la facultad de allanar que tienen los C.es, porque, repito, al estar tutelada la inviolabilidad del domicilio en la Constitución, el funcionario a quien se le otorga la facultad de poder ingresar al domicilio de otro, solamente puede delegar esa facultad constitucional en la medida en que la Ley lo autorice expresamente. De modo que si no existe expresamente una norma que permita la delegación de la facultad de allanar, cualquier delegación que se haga resulta ilegal. De otra parte, también se aprecia, que la resolución proferida por el Pleno expresó que "fue el F. Especializado en Delitos Relacionados con Drogas quien emitió la orden de allanamiento, para cuya ejecución solicitó la colaboración de la Corregiduría de Curundú"; sin embargo, al verificar los antecedentes que contiene la presente acción constitucional, logro advertir que a foja 4 consta una nota confeccionada por el C.J.R., J. delD. de Curundú, a través de la cual solicitó al licenciado J.L.S., C. de Curundú, realizar una diligencia de allanamiento en Viejo Veranillo, Sector "C", Casa # 72, con la finalidad de ubicar artículos de dudosa procedencia, armas de fuego ilegales y sujetos solicitados por la autoridad. Por tanto, lo expresado en la resolución del Pleno no se compadece con la realidad de los hechos, toda vez que no fue la F.ía Especializada en Delitos Relacionado con Drogas la que solicitó practicar la diligencia de allanamiento sino la Policía Nacional del Área de Curundú. Por último, no comparto lo señalado por la mayoría de mis colegas magistrados, quienes manifestaron que "En lo concerniente a la decisión del Juzgado Cuarto del Primer Circuito Penal de Panamá, de decretar la nulidad del proceso penal que produjo la detención preventiva del prenombrado S.C., y ordenar su libertad inmediata, contenida en el Auto de 4 de junio de 2007 (fs. 175-181), la nulidad en sí del proceso no es asunto a revisar en materia de Habeas Corpus, pues es decisión potestativa del J. de la causa". Al respecto debo indicar que lo planteado por el Pleno a propósito de la nulidad señalada, no tiene fundamento si se toma en cuenta que precisamente la discusión sobre la validez o no de la diligencia de allanamiento dictada por el C. de Curundú, fue uno de los puntos examinados en esta sentencia de hábeas corpus. En virtud de lo expuesto, concluyo señalando que la ejecución de la orden de allanamiento así como la misma diligencia son ilegales, por cuanto que no fue practicada por un funcionario competente para ello, y al no existir una norma que regule en el caso de los corregidores la delegación de esa facultad, ello trae como consecuencia que el allanamiento sea nulo, que las pruebas que sean resultado del mismo sean ilícitas y que no puedan utilizarse como pruebas en el proceso penal dentro del cual se practicó el allanamiento. Como quiera que mi posición no fue compartida por los demás magistrados, me veo compelido a SALVAR EL VOTO, dentro del presente recurso de habeas corpus. Fecha Ut Supra. JERÓNIMO E. MEJÍA E. CARLOS H. CUESTAS SECRETARIO GENERAL