Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Panama), Pleno, 29 de Diciembre de 2021

PonenteCarlos Alberto Vásquez Reyes
Fecha de Resolución29 de Diciembre de 2021
EmisorPleno

Tribunal: Corte Suprema de Justicia, Panamá

Sala: Pleno

Ponente: Carlos Alberto Vásquez Reyes

Fecha: 29 de diciembre de 2021

Materia: Tribunal de Instancia

Queja

Expediente: 105390-2021

VISTOS:

Conoce el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, de la Queja interpuesta por los señores Y.S.Y.J.A., a través de sus Apoderados Generales para Pleitos, contra la J. de Juicio Oral del Primer Circuito Judicial de Panamá, Licenciada L.T.T..

De las constancias en el Expediente, se aprecia que los quejosos denuncian las supuestas irregularidades incurridas por la Licenciada L.T.T., en su entonces condición de J. Octava de Circuito, Ramo Penal, del Primer Circuito Judicial de Panamá, dentro del Proceso identificado con el Número 112436, relacionado a la Querella por el supuesto Delito contra el Patrimonio Económico, en perjuicio de la sociedad Newstar Investment Seven, S.A.

En ese sentido, señalan que la denunciada hizo caso omiso de los actos de corrupción realizados por una servidora judicial del Tribunal a su cargo (que posteriormente presentó su renuncia al cargo), y que la referida funcionaria judicial actuaba con el apoyo y autoridad de la Licenciada L.T.T..

Agregan los denunciantes que dentro del Expediente Número 112436, se dieron varios manejos para favorecer a la sociedad Newstar Investment Seven, S.A., como lo son: la tramitación de un Proceso archivado, la formulación de un Auto de Enjuiciamiento, la variación del delito original con penas más severas, entre otros.

De esta forma, culminan señalando que la conducta de la funcionaria judicial acusada, se enmarca en las faltas gravísimas contenidas en los numerales 1, 10 y 16 del artículo 192 de la Ley N° 53 de 27 de agosto de 2015.

En este punto, es preciso resaltar que la Queja bajo examen fue presentada inicialmente ante el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá, al desempeñarse la Licenciada L.T.T., en ese momento, como J. Octava de Circuito, Ramo Penal, del Primer Circuito Judicial de Panamá; sin embargo, mediante la Resolución de 3 de mayo de 2021, el Segundo Tribunal Superior de Justicia dispuso inhibirse del conocimiento de la presente causa, al haber "cesado sus funciones como J. de Circuito, por liquidación", y remitir el Proceso al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, por razones de competencia. (fojas 79 a 82 del Expediente)

Cabe indicar que, como consta en la Nota N° 861-STRH-DRL-2021 de 21 de octubre de 2021, expedida por el Departamento de Relaciones Laborales de la Secretaría Técnica de Recursos Humanos del Órgano Judicial, visible a foja 86 del Expediente, la servidora judicial acusada actualmente ejerce el cargo de J. de Juicio Oral del Primer Circuito Judicial de Panamá; siendo esta Corporación de Justicia su Autoridad nominadora, y por tanto, el ente competente para conocer esta causa.

Repartida la Queja bajo estudio, y revisado el contenido de la misma, procede el Pleno a decidir su admisibilidad, atendiendo las normas del Procedimiento Disciplinario Sancionador, aplicables a los funcionarios judiciales, contenidas en la Ley N° 53 de 2015, que regula la Carrera Judicial, cuerpo normativo a través del cual, se crea la Jurisdicción Especial de Integridad y Transparencia, encargada de la investigación, juzgamiento, defensa y aplicación de las sanciones disciplinarias, que correspondan a las faltas cometidas por los servidores judiciales nombrados dentro del Órgano Judicial (Artículo 149).

En atención a lo dispuesto en el artículo 310 del referido Cuerpo Normativo, las disposiciones relativas a las faltas y sanciones disciplinarias allí contenidas, entraron en vigencia desde su promulgación, efectuada en la Gaceta Oficial N° 27856-A de 28 de agosto de 2015, y con ello, el nuevo Procedimiento Sancionador Disciplinario, estructurado de conformidad a una Jurisdicción Especial, integrada por tres (3) entes que intervienen en el Proceso: un Tribunal, una Unidad de Investigación y la Defensoría, cada uno con un rol diferenciado.

Ahora bien, es necesario señalar que si bien la Ley N° 53 de 2015, establece la vigencia de las normas relativas a las faltas y sanciones de todos los servidores judiciales, con la intervención de un Tribunal de Integridad y Transparencia, la propia Ley de Carrera Judicial dispone que hasta que dicho Tribunal sea implementado, se mantiene el conocimiento de las faltas y sanciones a cargo de la Unidad Nominadora. En ese sentido, el numeral 1 del artículo 308 de la Ley N° 53 de 2015 establece lo siguiente:

"Artículo 308. Aplicación de la ley en el tiempo. Las disposiciones de esta ley serán aplicadas dentro de los términos siguientes:

  1. A partir de su promulgación, entrarán en vigencia las normas relativas a las faltas y sanciones, cuyo conocimiento se mantendrán a cargo de la unidad nominadora hasta que se implemente la Jurisdicción Especial de Integridad y Transparencia ...". (lo resaltado es de esta Corporación de Justicia)

Realizadas las explicaciones anteriores, esta Superioridad procede a verificar si la Queja presentada por los señores Y.S.Y.J.A., a través de sus Apoderados Generales para Pleitos, cumple con los requisitos contenidos en la Ley de Carrera Judicial.

En ese sentido, de acuerdo a los artículos 170 y 174 de la Ley N° 53 de 2015, las Denuncias que se formulen contra servidores judiciales deben reunir los siguientes requisitos de presentación, a saber:

"Artículo 170. Denuncias. Las denuncias en contra de los servidores judiciales se presentarán oralmente ante la Secretaría de la Unidad Especial de Investigación de Integridad y Transparencia.

En esos casos, cuando el magistrado investigador estuviera realizando otras diligencias, los secretarios están facultados para juramentar a los declarantes, observando las formalidades de ley.

Las denuncias deberán ser formuladas adecuadamente indicando con claridad el nombre y número de cédula de quien comparece a denunciar, su domicilio, el nombre de la persona denunciada, el cargo que ejerce y, al menos, una explicación de los motivos en que se fundamenta. También podrán acompañarse las pruebas que sustentan la denuncia, salvo que no se tuvieran, en cuyo caso así se indicará". (lo resaltado es del Pleno)

"Artículo 174. Efectos de la denuncia. La denuncia se hará oralmente y bajo los rigores de la declaración jurada de conformidad con lo dispuesto en el Código Penal". (lo resaltado es del Tribunal)

En este punto, esta Corporación de Justicia advierte que los quejosos presentaron su Acción ante el Registro Único de Entrada, el día 12 de julio de 2019; sin embargo, los promotores de la Queja no atendieron el requisito legal que señala que la Denuncia debe ser recibida oralmente y bajo la gravedad de juramento ante la Autoridad Nominadora (ante la ausencia de la figura del Magistrado Investigador que recoge la Ley de Carrera Judicial), en atención a los Principios de Oralidad e Inmediación que deben regir este tipo de Procedimientos (numerales 2 y 3 del artículo 150 de la Ley N° 53 de 2015).

En ese sentido, a pesar que el Segundo Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial de Panamá -a través de la Magistrada Sustanciadora-, dispuso citar a la Apoderada General para Pleitos de los denunciantes, a fin de recibirle formal juramento de la Queja interpuesta, la misma presentó un Escrito de excusa, por lo cual dicha diligencia no se realizó. (fojas 42 y 44 del Expediente)

Ahora bien, es necesario resaltar que el Proceso Disciplinario de Queja, es uno de los principales remedios que la Ley le concede a las partes, para garantizar la independencia e imparcialidad de los funcionarios que administran Justicia, y que también se encuentran consagradas en la Norma Constitucional como en los Convenios Internacionales suscritos por la República de Panamá.

En ese sentido, se observa que los argumentos de la parte quejosa giran en relación con su disconformidad con las actuaciones adelantadas por la denunciada, en su entonces calidad de J. Octava de Circuito, Ramo Penal, del Primer Circuito Judicial de Panamá, dentro del Proceso Penal seguido a los señores Y.S.Y.J.A., y relacionado a la Querella por el supuesto Delito contra el Patrimonio Económico, en perjuicio de la sociedad Newstar Investment Seven, S.A.

No obstante lo anterior, es necesario indicar que los Procesos Disciplinarios de Queja no tienen como propósito examinar criterios interpretativos de actuaciones procesales de los servidores judiciales, sino verificar la legalidad de la conducta de un funcionario en el desempeño de su cargo, probar los hechos y determinar las responsabilidades y sanciones a que hubiere lugar.

Así, lo ha señalado este Tribunal en distintas Decisiones, entre las cuales podemos mencionar la Resolución de 27 de noviembre de 2019, que indicó lo siguiente:

"Es importante advertir que los Procesos Disciplinarios se promueven contra los servidores judiciales por faltas a sus deberes o incumplimiento de sus responsabilidades en el ejercicio de sus funciones y contra la ética, pero no tienen como objetivo revisar o verificar las decisiones adoptadas o la aplicación de las normas procesales por el funcionario jurisdiccional dentro de un determinado Proceso.

Si bien es cierto, el Proceso Disciplinario resulta uno de los principales y eficaces remedios que concede la Ley a las Partes cuando advierten que el J. o los funcionarios judiciales que intervienen en los Procesos, no guardan la debida imparcialidad, probidad, responsabilidad y eficiencia en sus funciones; sin embargo, este instrumento jurídico no debe ser considerado como un Recurso al que el usuario del sistema acuda tan pronto como crea que el funcionario puede haber incurrido en alguna conducta que colisione con sus deberes, por lo que se estaría desvirtuando la naturaleza del procedimiento disciplinario en detrimento del principio de independencia judicial".

En virtud de lo anterior, como quiera que la parte quejosa no cumplió con los requisitos de presentación de la Queja, de conformidad con la normativa vigente contenida en la Ley N° 53 de 2015, y a su vez, busca utilizar este tipo de Proceso para fines distintos para los cuales ha sido creado, lo procedente es que se declare la inadmisibilidad de la Iniciativa bajo estudio, y se ordene el archivo del Expediente.

Por último, esta Superioridad debe resaltar que este Pronunciamiento se produce, reiterando a su vez, la necesidad de continuar las acciones tendientes a la instauración de la Jurisdicción Especial de Integridad y Transparencia, creada por la Ley de Carrera Judicial, a fin de garantizar el Derecho Constitucional consagrado en el artículo 41 de la Carta Fundamental, el cual estipula que toda persona tiene el derecho para presentar Peticiones y Quejas respetuosas a los servidores públicos, por motivos de interés social o particular, y el de obtener pronta resolución de las mismas.

Esto es así, pues como se indicó con anterioridad, por disposición del artículo 308 de la Ley N° 53 de 2015, corresponde a la Autoridad nominadora conocer de las causas disciplinarias contra servidores del Órgano Judicial, hasta tanto se implemente la Jurisdicción Especial de Integridad y Transparencia; no obstante, el Tribunal de Integridad y Transparencia, la Unidad de Investigación y la Defensoría Especial, creadas por la referida normativa -y que hasta el momento no han podido integrarse-, son los encargados de la investigación, juzgamiento, defensa y aplicación de sanciones, que correspondan a las faltas cometidas por los servidores judiciales.

Es por ello, que el resguardo del Derecho Fundamental de Queja, sólo es posible cuando existen las condiciones que le permitan al quejoso hacerlo efectivo, por lo tanto, para obtener una Disciplina Judicial -uno de los motivos por los cuales se creó la Ley N° 53 de 27 de agosto de 2015-, se precisa la conformación de la estructura de la Jurisdicción Especial de Integridad y Transparencia.

En mérito de lo expuesto, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO ADMITE la Queja interpuesta por los señores Y.S.Y.J.A., a través de sus Apoderados Generales para Pleitos, contra la J. de Juicio Oral del Primer Circuito Judicial de Panamá, Licenciada L.T.T..

N.,

CARLOS ALBERTO VÁSQUEZ REYES

JOSÉ EDUARDO AYU PRADO CANALS -- CECILIO A. CEDALISE RIQUELME -- H.A.D.L.B.-.M.C.B. (CON SALVAMENTO DE VOTO )-- L.R.F.S.-.M.E.L.A. (CON VOTO EXPLICATIVO) -- OLMEDO ARROCHA OSORIO -- ANGELA RUSSO DE CEDEÑO

YANIXSA Y. YUEN C. (Secretaria General)

VOTO EXPLICATIVO DE LA

MAGISTRADA MARÍA E.L.A.

Con el debido respeto, debo manifestar que, siendo consecuente con el reciente criterio adoptado en la materia que nos ocupa, en principio, me encuentro de acuerdo con lo decidido en la presente Resolución, en el sentido de NO ADMITIR la Queja interpuesta por los señores Y.S.Y.J.A., a través de sus Apoderados Generales para Pleitos, contra la J. de Juicio Oral del Primer Circuito Judicial de Panamá, L.L.T.T., sin embargo, he de esclarecer que ello no significa, en modo alguno, que deban abandonarse los esfuerzos para implementar el Tribunal de Integridad y Transparencia ni que la unidad nominadora deba atender estas causas, aplicando, además, un procedimiento distinto al que está previsto en la Ley.

Como bien se indica, la Jurisdicción Especial de Integridad y Transparencia fue instituida mediante la Ley N° 53 de 2015, que R. la Carrera Judicial. Esta, será ejercida de manera permanente en todo el Territorio Nacional, a través del Tribunal de Integridad y Transparencia, la Unidad de Investigación y la Defensoría Especial, que estarán encargados de la investigación, juzgamiento, defensa y aplicación de las sanciones que correspondan a las faltas cometidas por los servidores judiciales de carrera, permanentes, temporales u ocasionales, nombrados dentro del Órgano Judicial como principales, suplentes, interinos, itinerantes o encargados de los puestos que ocupan, de conformidad con lo establecido en la Ley.

El artículo 150 de la mencionada Ley N° 53, que preceptúa cuáles son los principios que rigen el procedimiento ante las autoridades de Integridad y Transparencia, en 10 numerales, determina, entre otras cosas, que ningún servidor judicial podrá ser sancionado disciplinariamente por violación a las normas de integridad y transparencia sin que, previamente, se lleve a cabo el procedimiento previsto en la Ley, que el proceso será oral, en primera y segunda instancia "dejándose constancia digital de todo lo actuado", que las autoridades competentes practicarán por sí mismas todas las diligencias probatorias y audiencias del proceso, sin que puedan delegar tales actuaciones a su personal subalterno, establece la separación de las funciones jurisdiccionales de las de investigación y prohíbe el doble juzgamiento disciplinario.

Así, reitero mi opinión en cuanto a que es de suma importancia que sea la Jurisdicción de Integridad y Transparencia, la que conozca estas causas, en pro de la investigación de potenciales infracciones que atenten contra la integridad y transparencia que deben caracterizar a la administración de justicia.

Panamá, a fecha ut supra,

MGDA. MARÍA E.L.A.

LCDA. YANIXSA Y. YUEN C.

Secretaria General

SALVAMENTO DE VOTO

MAGISTRADA M.C.B.

Con el debido respeto, debo manifestar que no comparto la decisión adoptada por la mayoría del Pleno, consistente en NO ADMITIR la queja presentada contra la J. de Juicio Oral del Primer Circuito Judicial de Panamá, L.T.T..

Mi disenso se basa en que lo procedente, de conformidad con el artículo 188 de la ley 53 de 2015, es declarar prescrita la acción disciplinaria y archivar de modo definitivo la instancia puesto que, desde la interposición de la queja el 12 de julio de 2019, hasta la presente decisión sobre su admisibilidad, han transcurrido más de los dos años con que cuenta esta autoridad nominadora para ejercer su potestad administrativa sancionadora respecto a una posible falta gravísima.

Al respecto, la convencionalidad que viene orientando la actividad del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, demanda que se reconozca en todos sus ámbitos de competencia el derecho de las personas a una decisión dentro de un plazo razonable y que, cuando el mismo ha fenecido, así sea declarado, para no dejar en aparente estado inconcluso una situación que, jurídica y materialmente, no puede volver a revisarse, aunque se remedien, desde la perspectiva del quejoso, los reparos formales en torno los que gravita este fallo.

Como estos no fueron los criterios de la mayoría del Pleno, SALVO MI VOTO.

Fecha ut supra.

M.C.B.

YANIXA Y. YUEN C.

SECRETARIA GENERAL

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