Sentencia Pleno de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 17 de Agosto de 2006

Ponente:Graciela J. Dixon C.
Fecha de Resolución:17 de Agosto de 2006
Emisor:Corte Suprema de Justicia (Pleno)

VISTOS:

Conoce el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, de la queja disciplinaria presentada por el licenciado P.E.C.M., F.S. Especializado en Delitos Relacionados con Drogas, contra el M.A.A.A.C. y el Magistrado Suplente R.Q.V..

La presente queja tiene como antecedente el proceso seguido a los señores J.J.L.H., E.E.S. y otros por el delito Contra la Salud Pública.

FUNDAMENTOS DE LA QUEJA

Sostiene el quejoso, licenciado P.E.C.M., que el M.A.A.A.C. y el Magistrado Suplente R.A.Q.V., desconocieron inexcusablemente la aplicación de la ley al caso concreto que se les presentó; circunstancia que vulnera la elemental función que desempeñan como administradores de justicia.

Sigue explicando, que el pronunciamiento jurisdiccional hace ver que la Agencia Anti-Narcóticos estadounidense (D.E.A., por sus siglas en inglés), presentó una Solicitud de Asistencia Judicial al Procurador General de la Nación; situación que es del todo desacertada; porque, esa entidad tan sólo informó al Jefe del Ministerio Público la existencia de un grupo organizado, que desde Colombia traficaba droga con destino a Panamá.

En este sentido, continua señalando que el Ministerio Público dio a la noticia el curso de Ley, conforme al artículo 1946 del Código Judicial, pero los funcionarios judiciales A.A.C. y R.Q.V., Magistrado Suplente, señalaron de forma abiertamente equivocada que tal denuncia era una Asistencia Judicial y pretendieron que fuera el Procurador General de los Estados Unidos de América, quien con fundamento en el Tratado de Asistencia Legal Mutua en Asuntos Penales, y la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas, comunicara por vía de una Asistencia Judicial dirigida al Ministerio de Gobierno y Justicia, la denuncia que la D.E.A. puso en conocimiento del Jefe del Ministerio Público y de la Policía Técnica Judicial.

A su entender jurídico el Magistrado Almendral Cruz y el Magistrado Suplente R.Q.V. desconocieron que las normas aplicables al caso eran el artículo 10 de la Resolución 012-2001 de 2001, emitida por el Procurador General de la Nación, "Por la cual se crea la Unidad Especial de Investigaciones Sensitivas y se le asignan funciones"; el artículo 9 de la Ley No. 16 de 9 de julio de 1991 "Por la cual se aprueba la Ley Orgánica de la Policía Técnica Judicial como una dependencia del Ministerio Público" y los artículos 1992 y 1996 del Código Judicial.

Frente a estos hechos la inobservancia de normas de rango constitucional, legal y reglamentaria, a cargo del Magistrado A.A.A. y el Magistrado Suplente R.Q.V., afecta la transparencia de la justicia.

Agrega que de manera inexcusable de la ley y el debido proceso legal, perdieron de vista que los folios anulados, forman parte de una investigación preliminar que inició por órdenes de la autoridad competente (Procurador General de la Nación), con fines específicos (investigar en Panamá y por funcionarios panameños un hecho denunciado, con ribetes de criminalidad organizada), para ser utilizados en sumario dentro de nuestra jurisdicción territorial, no en el extranjero, como desacertadamente concluyó el tribunal a-quem.

En virtud de todo lo expuesto, solicita que conforme al numeral 12 del artículo 199 y el numeral 3 del artículo 200 ambos del Código Judicial se determine la responsabilidad que les corresponda (fs. 1-9).

El Tribunal mediante proveído de 28 de enero de 2005, dispuso que el quejoso se ratificara de los cargos, con fundamento en el artículo 288 del Código Judicial, diligencia que fue cumplida por el licenciado P.E.C., según declaración jurada rendida el día 2 de febrero de 2005, en que se afirma y ratifica de los cargos formulados contra el Magistrado A.A. y el Magistrado Suplente Rolando Quesada Vallespi (fs. 24-25).

TRASLADO A LAS PARTES

En atención a lo dispuesto en el literal a del artículo 290 del Código Judicial, la Magistrada Sustanciadora, mediante resolución de 3 de febrero de 2005, corrió traslado por el término cinco (5) días a los funcionarios demandados quienes señalaron lo siguiente:

MGDO. SUPLENTE R.A.Q.V.

En sus descargos explica el funcionario querellado que la labor como tribunal de segunda instancia consistió en escrutar la juridicidad del Auto No. AV-74 de 18 de junio de 2004 a través del cual se negaba el incidente de tercería incidental que había promovido el abogado A.A. en representación de la señora A.I.P. de N..

Dicha decisión fue revocada ordenándose así Acceder al incidente de controversia de previo y especial pronunciamiento sobre recepción de pruebas, y por ende se decretó la nulidad de lo actuado a partir del folio 964, que contiene la diligencia de 13 de agosto de 2002, a través de la cual la Procuraduría General de la Nación, en ese momento a cargo del licenciado J.A.S., dispuso autorizar la participación de la Unidad Especializada de Investigación Sensitivas de la Policía Técnica Judicial para que, en conjunto con la Fiscalía Primera de Drogas participaran en la investigación solicitada por la DEA hasta el folio 3091 de los expedientes acumulados, donde el licenciado A.A., aporta copias autenticadas del séptimo tomo del expediente No. 1290 de 2003.

Con fundamento en la nulidad decretada se ordenó la inmediata libertad de tres (3) sindicados dentro de dicho expediente, haciendo énfasis en la injerencia recogida en la diligencia de 13 de agosto de 2002, anteriormente mencionada, en donde se vulneraban las disposiciones contenidas en el Tratado de Asistencia Legal suscrito entre la República de Panamá y el Gobierno de los Estados Unidos de América, sobre Asistencia Legal Mutua en Asuntos Penales y reconocida en nuestra legislación mediante la Ley 20 de 22 de julio de 2001.

Igualmente se declaró sustracción de materia en el Incidente de Previo y Especial Pronunciamiento pues se refería a lo declarado nulo, por estimar que lo accesorio sigue la suerte de lo principal.

Considera el funcionario querellado que la actitud asumida por el quejoso en relación con la resolución emitida por el Segundo Tribunal Superior de Justicia sólo denota un desconocimiento de la Ley y una clara arbitrariedad de dicho funcionario de instrucción, quien en el tiempo que tiene de estar fungiendo como Fiscal de Drogas, jamás ha concurrido a una audiencia preliminar, ni plenaria en el despacho circuital que preside, y quien además socava los postulados procesales y principios rectores y tratados del Derecho Procesal Penal, los cuales son entre otros los de legalidad o reserva legal.

Solicita a esta Corporación de Justicia que pida a la Procuradora General de la Nación, certifique sí a la fecha en que el licenciado C. se ratificó de la referida queja, aun ostentaba el cargo de F.S. Especializado en Delitos Relacionados con Drogas o por el contrario, ya se encontraba en vigencia la rotación de los fiscales de droga ordenada por la señora Procuradora General, licenciada A.M.G.. Lo anterior habida cuenta que de ser afirmativa la respuesta del ente investigador citado la referida ratificación bajo juramento de la queja estaría viciada de nulidad absoluta al no ostentar el fiscal querellante el cargo que fungía al momento de interponer tanto el amparo como la queja.

Concluye que la decisión atacada por el Fiscal Primero de Drogas, antes Segundo, es clara en cuanto a las motivaciones de la Sala para su adopción y son suficientes para justificarla; por lo que solicita se declare improcedente la queja disciplinaria y su consecuente archivo (fs. 27-36).

MAGDO. A.A.A.C.

En su escrito solicita se desestime la queja y por ende se ordene su archivo; ya que lo cuestionado por el funcionario quejoso, es un asunto de diferencias de interpretación, por lo que a su juicio el auto del 15 de diciembre de 2004, se preparó como en los demás procesos que pasan por su despacho, sin ninguna anomalía.

Con respecto a la incorporación de la copia del proyecto de resolución adjunta al escrito del 31 de diciembre de 2004, coincide con el señor F. en que si eso es así, es palpable el alto grado de infidencia en los despachos. Por lo que hay que entender que con la gran cantidad de subalternos que laboran en el tribunal, fuera de las personas que llegan a preguntar por los procesos en trámite, cualquier filtración se puede dar por más que se trate de evitar, por lo que sin ánimo de responsabilizar a alguien en particular y el señor F. está animado de buena fe y se identifica con la consigna de depurar las malas unidades, lo que se puede esperar de él es que revele en qué forma él logró conseguir esa copia y quién le pidió dinero por la misma (fs. 37-44).

PRUEBAS

En cumplimiento de lo dispuesto en el literal b del artículo 290 del Código de Procedimiento, la Magistrada Sustanciadora, mediante escrito de 7 de marzo de 2006, resolvió la solicitud de pruebas presentadas por las partes y en tal sentido decidió lo siguiente:

  1. ADMITE como prueba, los nueve tomos principales del sumario seguido contra E.E.S. y otros, por los delitos Contra la Salud Pública Relacionados con Drogas, Contra la Economía Nacional, Posesión y Comercio de Armas Prohibidas y Asociación Ilícita en Delitos Relacionados con Drogas.

  2. ADMITE las copias del cuadernillo que contiene el Incidente de Nulidad, incoado por el licenciado V.O. (Firma Forense Orobio & Orobio), a favor de E.E.S..

  3. NIEGA, POR INCODUCENTE la solicitud de certificación de la Procuraduría General de la Nación, con la finalidad de constatar si a la fecha en que el licenciado P.C. se ratificó bajo juramento de la referida queja, aún ostentaba el cargo de F.S. Especializado en Delitos Relacionados con Droga.

  4. NIEGA, POR INCONDUCENTE, la incorporación al proceso de la grabación de la entrevista realizada al licenciado P.C. y trasmitida en la emisora RPC Radio.

  5. De igual forma se NIEGA POR INCONDUCENTE, la solicitud de inventario o avalúo a los bienes del Magistrado A.A..

    La referida resolución fue notificada a las partes mediante Edicto No. 133 de 8 de marzo de 2006, recibiendo la impugnación de la apoderada judicial del M.R.A.Q.V., Magistrado Suplente del Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá. No obstante, mediante auto de 23 de marzo de 2006, se rechazó de plano por improcedente el recurso anunciado (ver fojas 53-57, 62-68, 72-77).

    ALEGATOS

    De conformidad con lo dispuesto en el literal e del artículo 290 del Código Judicial, mediante providencia de 21 de marzo de 2006, se concedió a las partes un término común de cinco días hábiles para que presentaran sus escritos de alegatos (f. 65) y en tal sentido tenemos lo siguiente:

    ALEGATO DEL M.R.A.Q.V.:

    En su escrito de conclusión resalta el Magistrado Suplente R.Q.V., que el quejoso-Patricio C.M., al momento de juramentarse de la queja de marras no ostentaba el cargo de F.S. Especializado en Delitos Relacionados con Drogas, con el cual interpuso la referida queja disciplinaria, en virtud que la Procuradora General de la Nación, a través de la Resolución No. 2 de 3 de enero de 2005, publicada en la Gaceta Oficial NO. 25,224 de 24 de enero de 2005 adoptó medidas en relación con las rotaciones de los Fiscales Especializados en materia de Drogas, en el sentido de pasar al segundo (C.M.), a ser el primero y viceversa, por lo que mal podía ratificarse de dicha queja el abogado P.C., toda vez que el mismo carecía de legitimidad procesal para ratificarse bajo juramento de la queja.

    Por otra parte, al momento de contestar la queja, hizo una explicación detallada de los fundamentos de hecho y de derecho que los motivó a tomar la decisión que se cuestiona y en tal sentido al escrutar la juridicidad del Auto No. AV-74 de 18 de junio de 2004, dictado por el Juzgado Noveno de Circuito, Ramo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, que negaba la Tercería Incidental promovida por el abogado A.A. en representación de la señora A.I.P. de N. se admitía el Incidente de Controversia a fin que se le diera final a la investigación sumarial y se remitiera el expediente al órgano jurisdiccional correspondiente y se negaban los incidentes de controversia y de nulidad que había propuesto la firma forense OROBIO & OROBIO. También se declaraban sin valor alguno por extemporáneos, los escritos de contestación del querellante del Ministerio Público y se ordenaba al fiscal de la causa, la remisión del expediente principal al tribunal competente para su calificación legal. En ese sentido accedieron a las pretensiones de uno de los incidentes, por estimarse que se ajustaba a derecho, sin embargo esa decisión jurisdiccional fue revocada por la Corte Suprema de Justicia en Pleno, a través del fallo de 14 de octubre de 2005.

    Conforme a los normado en el artículo 2 del Código de Procedimiento y el artículo 207 de la Constitución Nacional, sostiene el Magistrado Suplente, Q.V., que acata la decisión proferida por la Superioridad, sin embargo, deplora la intención malsana e infundada del fiscal P.C., al pretender que se le sancione disciplinariamente por la emisión del auto, bajo el concepto de una ignorancia inexcusable de la Ley, pretensión no probada por el funcionario de instrucción quejoso.

    La decisión cuestionada si bien fue revocada por la Superioridad se emitió conforme a derecho, en atención a las disposiciones procesales, legales y constitucionales, que facultan al juzgador para decidir "al amparo de todo tipo de intromisiones y con entera libertad para decidir los negocios, sin ningún tipo de sometimiento, más que a la Constitución y a la Ley", es decir, amparados en el máximo postulado de la administración de justicia "El principio de independencia judicial ", postura de la cual es salvaguarda nuestro más alto tribunal de justicia como se puede constatar en una diversidad de fallos.

    En este mismo orden expone el Magistrado Suplente Quesada, que el quejoso C.M., fundamenta su acusación (queja) y ampliación de ésta, en lo normado en los artículos 199 ordinales 8, 12 y 200 numeral 3 del Código Judicial, disposiciones procesales que regulan los Deberes, Responsabilidades y Facultades de los Magistrados y Jueces y que son materia de ética judicial de todo funcionario judicial y del Ministerio Público; por lo que la causa a la que se contrae el presente proceso disciplinario es ajena al inventario de causales consignadas en el artículo 286 del Código Judicial, recogido en el Capítulo IX sobre las Correcciones Disciplinarias. Por lo que la sanción por la presunta violación de los supuestos establecidos en los citados artículos 199 y 200 del Texto de Procedimiento, son incongruentes con las normas que sobre materia disciplinaria establece nuestro Código Judicial y por ello debe denegarse lo pedido.

    En atención a lo expuesto, solicita se declare no viable la queja disciplinaria promovida en su contra y se ordene su archivo inmediato (fs. 77-87).

    ALEGATO DEL LICENCIADO D.H.M., APODERADO JUDICIAL DEL MAGISTRDO ANDRÉS A. ALMENDRAL CRUZ.

    De fojas 89 a 100 del cuadernillo, sostiene el licenciado H.M., que el epicentro de la controversia obedece a una situación que envuelve dos criterios interpretativos que son contradictorios entre sí.

    Por otro lado expone que de acuerdo con los artículos 286 y 301 del Código Judicial los Jueces y Magistrados del Órgano Judicial como también los agentes del Ministerio Público sólo pueden ser sancionados por las infracciones contenidas en los 10 numerales del artículo 286 del Código Judicial y aunque sea cierto su último numeral habla de infringir las prohibiciones o faltas al cumplimiento de los deberes que la Ley le tenga establecido, en especial a las contenidas en el artículo 199 del mismo Código, y en ninguno de estos deberes se menciona la "ignorancia inexcusable", de tal manera que por este sólo elemental motivo concluye que la Corte debe desestimar la queja del licenciado C. so pena de violentar los artículos 31 y 32 de la Constitución Política que contienen el principio de legalidad y del debido proceso sucesivamente.

    También destaca que al bloque de constitucionalidad se integra el numeral 1 del Artículo 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José), que también configura el derecho de toda persona a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez competente, independiente e imparcial establecido con anterioridad, por la Ley, en la sustentación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral fiscal, o de cualquier carácter (como la disciplinaria).

    En este orden de ideas sostiene que la ignorancia inexcusable del juzgador no existe como causal, pero es útil para que cualquier parte afectada por un pronunciamiento judicial pueda alegarla, pero esto sería con el fin de encontrar otra instancia de revisión para las decisiones judiciales.

    Al penetrar más en los aspectos correccionales disciplinarios que pesan sobre la ocupación de los Magistrados y Jueces, no se puede perder de vista que el artículo 199 del Código Judicial instituye una serie deberes en general para ellos, entre los cuales subsiste motivar la sentencias y los autos (5); resolver expresamente las cuestiones planteadas por las partes y decidir la litis dentro de los límites que fue propuesta por éstas cuando la Ley así lo faculte (7); hacer efectiva la igualdad de las partes en el proceso y obrar con legalidad y seguridad (8); prevenir, remediar, sancionar todo acto contrario a la dignidad, contrario a la justicia, probidad y buena fe lo mismo que cualquier tentativa de fraude procesal, de obtener fines prohibidos por la Ley o de realizar actos procesales irregulares (9).

    Finalmente señala que el sometimiento a proceso correccional disciplinario contra los Magistrados A.A. y R.Q.V. trae a colación la importancia de la seguridad jurídica derivada del debido proceso legal. Nadie tiene el deseo de violar semejante monumento a la paz ciudadana, al Estado de Derecho, que oxigena la ciudadanía. Por lo que solicita se libere de cargo a su patrocinado Magistrado A.A.A.C. y a su colega el Magistrado Suplente R.Q.V., ya que son absolutamente inocentes y la buena fe y profesionalismo presidieron su conducta cuando emitieron el Auto No. 193 de 15 de diciembre de 2004.

    ANTECEDENTES DEL CASO

    La queja presentada guarda relación con el proceso seguido a los señores M.G.M., S.H.A., J.J.L.H. y otros por el supuesto delito Contra la Salud Pública, Economía Nacional y Posesión y Comercio de Armas Prohibidas.

    El caso de marras nació a la vida jurídica a raíz del informe suministrado por la Policía Nacional el día 28 de agosto de 2001, mediante el cual se puso en conocimiento de las autoridades de la existencia de un grupo de ciudadanos colombianos que se dedicaban a introducir droga en los estero del Distrito de Chepo (f. 4 de los antecedentes).

    Dicha información motivó la conformación de la "Operación Estero", la cual concluyó con resultados positivos, es decir que se logró la incautación de 333,099.4 gramos de cocaína, armas de guerra y municiones; y la captura de los ciudadanos colombianos M.G.M., R.H.B., N.H.M., V.M.R.G., S.H.A., H.S.R. y A.M.R.C. (fs. 10-22).

    En la investigación se pudo determinar que la joven A.M.R.C., realizó diversos viajes a nuestro país en vuelos privados, en las Aeronaves N-731 WL, N-74 Gm, N-409 y N-382 AA, razón por la cual el día 12 de noviembre de 2002, se realizó diligencia de Inspección Ocular en el Aeropuerto M.A.G., a la aeronave N-382AA, la cual concluyó con resultados positivos en la incautación tres millones ciento cincuenta mil doscientos diez dólares (fs. 223-267, 507, 510-511).

    A raíz de la aprehensión de los ciudadanos colombianos, se procedió al allanamiento de los inmuebles en los cuales residían, obteniéndose documentos que establecen la vinculación de estas personas a los señores E.E.S., M.O.V.R., H.U.L. y J.B.A. (fojas 708, 776.778, 849-850).

    Mediante proveído calendado 13 de agosto de 2002, el Procurador General de la Nación, en cumplimiento de la Resolución No. 01-2002 de 19 de febrero de 2002, que reglamenta la Unidad Especial de Investigaciones Sensitivas de la Policía Técnica Judicial, autorizó la participación de la Unidad Especial de Investigaciones Sensitivas de la Policía Técnica Judicial conjuntamente con la Fiscalía Primera Especializada en Delitos Relacionados con D. en la investigación que habían adelantado la Oficina Federal Antinarcóticos DEA en Colombia y la Policía Nacional de Colombia (f. 964), dándose así inicio a la Operación Buenaventura, en la cual se determinó la participación de H.U.L., J.B.A. y E.E.S., los cuales se encontraban vinculados con los sujetos aprehendidos en la "Operación Estero".

    La Firma Forense Orobio & Orobio, apoderada judicial de E.E.S.; y el licenciado A.A., apoderado judicial de J.J.L.H. interpusieron ante el Juzgado Noveno de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, incidentes de controversia en contra de algunas de las actuaciones del funcionario instructor , entre ellas incidentes para que se determinase la legalidad o no de una serie de pruebas (ver fojas 1 a 59 del cuadernillo de Tercería Incidental).

    Mediante Auto No. AV-174 de 18 de junio de dos mil cuatro (2004), el Juzgado Noveno de Circuito Penal del Primer Circuito Judicial de la Provincia de Panamá, negó los incidentes de controversia y nulidad, propuestos por la Firma Orobio & Orobio (ver folios 65-82 del cuadernillo de incidente).

    Dicha decisión fue apelada y resuelta por los Magistrados del Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá, A.A.A.C. y R.Q.V., Suplente, quienes mediante Auto 2 No. 193 de 15 de diciembre de dos mil cuatro (2004), accedieron al incidente de controversia de previo y especial pronunciamiento, sobre recepción de pruebas, y en consecuencia declararon la nulidad de lo actuado a partir de folio 964, que contiene la providencia de 13 de agosto de 2002, a través de la cual la Procuraduría General de la Nación, dispuso autorizar la participación de la Unidad Especial de Investigaciones Sensitivas de la Policía Técnica Judicial para que, en conjunto con la Fiscalía Primera de Drogas participaran en la gestión investigativa, hasta el folio 3091 del sumario (fs. 155-164).

    EXAMEN DEL TRIBUNAL

    Conocida la queja disciplinaria presentada por el licenciado P.E.C., así como la posición planteada por los funcionarios querellados, luego de cumplir con los requisitos procedimentales establecidos en el artículo 290 del Código de Procedimiento, procede esta Corporación de Justicia, a resolverla; indicando en primer lugar que el Reglamento de Carrera Judicial, así como el Capítulo IX del Libro Primero del Código Judicial, establece en nuestra institución un Régimen Disciplinario cuyo propósito es asegurar el buen funcionamiento de la institución por medio de la regulación de la conducta y las relaciones del funcionario con la institución. En tal sentido todos los funcionarios de la institución están compelidos a cumplir con sus deberes y obligaciones y en caso contrario, serán sancionados conforme lo establece la ley y lo desarrolla el Reglamento de este Órgano del Estado.

    En este orden de pensamiento y con relación a la inquietud planteada por el Magistrado Suplente R.Q.V., que guarda relación con la legitimidad del licenciado P.C. al ratificarse de la queja de marras, debemos indicar lo dispuesto en el artículo 287 del Código de Procedimiento, que a su tenor señala:

    La aplicación de las correcciones disciplinarias de que trata este Capítulo podrán promoverla individualmente los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los Magistrados de los Tribunales Superiores, el Procurador General de la Nación, el Procurador de la Administración, los Fiscales Superiores, los Jueces de Circuito, los Fiscales de Circuito, los Jueces Municipales, los Personeros Municipales y cualquier particular.

    Frente a la norma transcrita y de acuerdo a las piezas incorporadas en el cuadernillo de queja el licenciado P.E.C., presentó la queja en representación de la sociedad (f. 1), por lo que no está de más señalar que si bien a través de Resolución No. 2 de 3 de enero de 2005, publicada en la Gaceta Oficial No. 25,224 de 24 de enero de 2005, la Procuradora General de la Nación, ordenó la rotación de los Fiscales en materia de Droga, no menos cierto es que el licenciado C., seguía representando a la sociedad a través de las funciones a él asignadas como agente del Ministerio Público, razón por la cual tenía legitimidad procesal para ratificarse de la queja interpuesta.

    Tal como se ha indicado los hechos querellados formaron parte de un proceso iniciado por la Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Drogas, contra un grupo de personas que participaron activamente en una organización criminal, dedicada al tráfico internacional de drogas y armas de guerra. Dicha investigación conllevó varios años de seguimiento, tal como se observa en los antecedentes del caso, donde quedó evidenciado, a través de las operaciones, Estero y la Buenaventura, la actividad que realizaba cada una de las células en que se dividía esta organización.

    Debemos resaltar que las unidades de policía de nuestro país pusieron en ejecución la "operación estero", que culminó con resultados positivos, al incautar 333,099.4 gramos de cocaína, así como armas de guerra y municiones, y capturar a los ciudadanos colombianos M.G.M., R.H.B., N.H.M., V.M.R.G., S.H.A., H.S.R. y A.M.R.C. (fs. 10-22), luego de ser informados de la existencia de esta organización que se dedica a introducir drogas.

    Durante el desarrollo de la investigación, las autoridades panameñas comprobaron que los sujetos capturados no actuaban solos, lo que motivó a tomar las medidas necesarias para buscar a los cabecillas de esa red criminal de carácter internacional, incorporando a la encuesta penal los nombres de los ciudadanos E.E.S. (arrendatario del apartamento que ocupaba S.H. y A.M.R., previamente capturados en la Operación Estero) y M.O.V..

    A través de la Investigación adelantada por la Oficina Federal Antinarcóticos DEA, se puso en conocimiento de las autoridades panameñas, un informe contentivo de los integrantes de una empresa criminal, lo que motivó que el Procurador General de la Nación dictara la diligencia cabeza de proceso fechada 13 de agosto de 2002. Como resultado de las investigaciones se logró comprobar la existencia de la "Empresa Criminal", conformada por tres grupos organizados, todos bajo la dirección o liderazgo de H.U.L. y E.E.S., quienes sin lugar a duda, guardaban relación con los sujetos capturados en la "Operación Estero".

    Frente a la actividad adelantada por el Ministerio Público la Firma Forense Orobio & O., apoderada judicial de E.E.S., presentó en el Juzgado Noveno de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá, un incidente de nulidad por considerar que se violó el debido proceso. No obstante, dicho incidente fue negado por el Juez de la causa al considerar que "...Luego de analizar los puntos vertidos por el licenciado O., es criterio de este Tribunal de Justicia, que nos encontramos en la etapa procesal de instrucción sumarial, la cual ejerce el Ministerio Público por facultad de Ley. Siguiendo este punto y de acuerdo a lo normado en el artículo 1992 del Texto Único del Código Judicial, la Representación Social tiene el deber legal de iniciar de inmediato una investigación sumaria cuando adquiera noticias, por cualquier medio, que en el territorio donde ejerce sus funciones se está cometiendo un delito... Lo anterior tiene su base en la Constitución Política, toda vez que el artículo 217 le da atribuciones al Ministerio Público de Perseguir delitos". (fs. 78 Cuadernillo de incidente). Sin embargo, esta posición fue revocada por el Segundo Tribunal Superior de Justicia, bajo la ponencia del Magistrado A.A., siendo precisamente esta actuación la que motiva la queja disciplinaria presentada en su contra y en contra del Magistrado Suplente R.Q.V..

    Al analizar detenidamente los elementos resaltados en esta causa, llama poderosamente la atención, que ante un delito tan grave como el de tráfico internacional de drogas, que ocupa un lugar prioritario de incidencia en las estadísticas de la mayoría de los países, motivando incluso la creación de políticas criminales más represivas, dirigidas a combatir este flagelo, los funcionarios querellados mediante Auto 2 No. 193 de 15 de diciembre de 2004, desconociesen normas contenidas en los artículos 1992 y 1996 del Código Judicial, que señalan lo siguiente:

    ARTÍCULO 1992. Cuando un agente del Ministerio Público tenga noticia, por cualquier medio, que en el territorio donde ejerce sus funciones se ha cometido un delito deberá iniciar, de inmediato, la investigación sumaria respectiva, a no ser que se trate de delito que exija querella para la iniciación del sumario.

    ARTICULO 1996. Todo empleado público que en el ejercicio de sus funciones descubra de cualquier modo que se ha cometido un delito de aquellos en que deba procederse de oficio, pasará o promoverá que se pasen todos los datos que sean conducentes y lo denunciará ante la autoridad competente, para que se proceda al juzgamiento del culpable o culpables.

    A partir de lo anterior, considera este tribunal disciplinario que dentro de la investigación seguida por el Fiscal Segundo Especializado en Delitos Relacionados con Drogas, no se violó el debido proceso pues se observa que el cuaderno penal fue tramitado por la autoridad competente, y conforme a los trámites legales, lo que permitió acopiar al expediente un sin numero de pruebas, que evidencian la participación de un grupo organizado de sujetos.

    Así, queda evidenciado que la decisión adoptada por el Magistrado A.A. y el Magistrado Suplente Rolando Quesada Vallespi, dentro del proceso penal seguido a S.H.A. y otros, por el delito Contra la Salud Pública, pone de manifiesto el desconocimiento de normas que imperan en todo proceso penal desde la génesis de la instrucción del sumario, donde se compele al funcionario instructor desde el momento en que tenga conocimiento de la comisión de un delito, a dar inicio a la investigación, con el fin de determinar la verdad de los hechos. De no hacerlo, estaría incumpliendo su deber como funcionario de instrucción.

    Dicho desconocimiento por parte de los querellados, trajo como consecuencia, que se ordenara la libertad de E.E.S., a pesar de haber sido identificado a lo largo de la investigación como miembro jerárquico de la Organización Criminal, así como de J.J.L.H., quien fue identificado como el sujeto encargado de coordinar la venta local de las sustancias ilícitas y encargado del envío de una embarcación hacia los Estados Unidos, según la investigación realizada.

    Es por lo anterior que a juicio de este tribunal, en efecto el Magistrado Andrés Almendral y el Magistrado Suplente R.Q.V., faltaron a su deber, por cuanto utilizaron normas que eran contrarias y contradictorias con la situación de hecho que examinaban, desconociendo inexcusablemente la ley aplicable, lo cual constituye una conducta descrita en el numeral 10 del artículo 286 que a su tenor señala:

    Los servidores públicos del escalafón judicial y los del Ministerio Público de igual categoría, serán sancionados disciplinariamente en los siguientes casos...

  6. Cuando infringieren cualquiera de las prohibiciones o faltaren al cumplimiento de los deberes que este Código u otros Códigos y Leyes que tengan establecidos.

    Frente a estos hechos el Pleno debe recordar que los magistrados y jueces deben obrar con la neutralidad técnica y social que les exige su investidura por lo que están obligados a aplicar la ley con criterio objetivo, preocupándose por que el fallo se ajuste al derecho material objetivo de la controversia, lo que se logra interviniendo activamente en el proceso, es decir dirigiéndolo y depurándolo, practicando de oficio las pruebas que considere necesarias con el propósito que reflejen la situación real, y nunca desconociendo las normas y principios generales que rigen un proceso.

    Con relación a lo anterior la Sentencia de 14 de octubre de 2005, mediante la cual el Pleno de esta Corporación de Justicia, concedió el amparo de garantías constitucionales promovido por el F.S. Especializado en Delitos Relacionados con Drogas, dentro del sumario seguido a S.H.A. y otros, indicó lo siguiente:

    No entiende este tribunal constitucional cómo se ha podido en el Auto 2 No. 193 de 15 de diciembre de 2004 afirmar que la nota de 6 de agosto de 2002 remitida por el Director de la oficina local en Panamá de la agencia antidrogas de los Estados Unidos de América al Procurador General de la Nación constituye una solicitud de asistencia legal entre la República de Panamá y los Estados Unidos de América sobre Asistencia Legal Mutua en Asuntos Penales, de 11 de abril de 1991, ratificado por nuestro país mediante Ley 20 de 22 de julio de 1991, que deba por tanto ser presentada por la autoridad central de los Estados Unidos de América a la autoridad central de la República de Panamá.

    El contenido de la referida nota permite apreciar que lo que hace el Director de la oficina local de la agencia antidrogas Norteamérica es poner en conocimiento del Procurador General de la Nación que en el territorio panameño se está realizando una actividad de tráfico internacional de drogas, se identifica al supuesto perpetrador del delito, y pide autorizar a la Unidad de Investigaciones Sensitivas de la Policía Técnica Judicial para que inicie una investigación. El objeto de dicha comunicación era poner en conocimiento de la autoridad panameña competente la realización de un hecho delictivo en suelo panameño, por lo cual su naturaleza es la de una "noticia criminis". De esto se desprende que las actuaciones tomadas por el Ministerio Público, con motivo de la información recibida, son conformes a la ley. (Lo subrayado es nuestro)

    Los deberes de los Magistrados y Jueces se encuentran contemplados en el artículo 199 del Código Judicial, donde se indica:

    Artículo 199. Son deberes en general de los Magistrados y jueces:...

  7. Hacer efectiva la igualdad de las partes en el proceso y obrar en éste con legalidad y seguridad;

  8. Prevenir, remediar y sancionar todo acto contrario a la dignidad, lealtad de la justicia, probidad y buena fe, lo mismo que cualquier tentativa de fraude procesal, de obtener fines prohibidos por la Ley o de realizar actos procesales irregulares;

  9. Hacer uso de las facultades que la Ley le otorga en materia de pruebas, siempre que esto sea conveniente para verificar los hechos alegados por las partes y decidir de acuerdo con el derecho...

    En lo referente a la infracción por parte de los querellados del artículo 200 del Código Judicial, debemos indicar al quejoso, que esta disposición consagra la responsabilidad civil derivada de la sanción disciplinaria aplicada a los magistrados y jueces por los perjuicios que sus actuaciones pudieran causar, para lo cual la reclamación se hará en proceso separado ante la Corte Suprema de Justicia; y para que proceda, es necesario que se materialice cualesquiera de los presupuestos que señala la norma procesal.

    De manera que, atendiendo a las consideraciones anteriores esta Corporación de Justicia, concluye que la actuación del Magistrado A.A. y el Magistrado Suplente R.Q.V., se apartó de los deberes que les impone el Código Judicial, desconociendo así las facultades conferidas por la ley, a los agentes del Ministerio Público, y provocando una evidente y grave afectación al proceso de administración de justicia, al impedir el procesamiento de personas que fueron claramente identificadas como integrantes de una organización criminal internacional que introdujo drogas y armas de guerra en nuestro país.

    Dicho comportamiento conlleva en la sociedad civil la consecuente perdida de confianza por quienes están llamados a impartir justicia, acarreando así repercusiones irreparables que ameritan una sanción ejemplarizante, en tal sentido con relación a la aplicación de las sanciones disciplinarias, cabe indicar que ni el Código Judicial ni el Reglamento de Carrera Judicial establecen un sistema de prelación de sanciones, que obliguen a la autoridad competente a seguir un orden, por el contrario, el artículo 103 del Reglamento de Carrera Judicial, señala que las mismas se imponen en atención a la gravedad de la falta, la conducta que ha mantenido el funcionario judicial dentro de la institución y demás circunstancias que contribuyan a atenuar o agravar la medida.

    De igual manera cabe indicar que si bien es cierto que entre las normas que regulan la Carrera Judicial en el Título XII del Libro Primero del Código Judicial esta consagrado el principio de inamovilidad, el cual constituye uno de los aspectos más relevante de la carrera, esa inamovilidad se dará siempre y cuando no hayan incurrido en delito o falta comprobada . Por tanto pueden ser destituidos, suspendidos o trasladados por razón de delito o falta debidamente comprobada, pero en todo caso no deben ser destituidos sin ser oídos, en los términos previstos en el Título XII, Libro I ídem ( Ver Artículo 279 del Código Judicial).

    En tal sentido la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia ha puntualizado que "La inamovilidad de los funcionarios de carrera alude a que los mismos, antes de ser destituidos de sus cargos, deben ser oídos mediante el procedimiento consignado en los artículos 290 (289) y 448 (442) y siguientes del Código Judicial" (Sentencia de 27 de julio de 1999)". También la Sala Tercera ha sentado criterio en torno a esta materia mediante sentencias de 3 de mayo de 1993, 11 de julio de 1994, 20 de octubre de 1995, 26 de agosto de 1997, 11 de enero de 1999 y 27 de julio de 1999 y en este sentido ha expresado que las faltas a la ética judicial pueden ser comprobadas a través de un proceso disciplinario o penal y una vez probadas son sancionables.

    Como se desprende de lo expuesto por ser funcionarios de Carrera Judicial, el Magistrado A.A. y el Magistrado Suplente R.Q.V., gozan del principio de inamovilidad. No obstante y como lo dispone la norma los mismo puede ser removidos, suspendidos o trasladados de sus cargos si se les comprueba la comisión de delito o falta grave que así lo ameriten, a través de un procedimiento en el cual se cumpla con cada una de las etapas procesales contempladas en el artículo 290 del Código Judicial, en el cual se señala:

    El procedimiento consistirá en:

    a.Dar vista de los antecedentes por cinco días al funcionario contra quien se proceda;

    1. Admitir las pruebas conducentes que se presenten a favor del acusado o en su contra, cuando alguien quiera hacerlo;

    2. Señalar un término no menor de tres días ni mayor de quince para su práctica.

    3. Procurar de oficio la comprobación de los hechos que constituyen la falta disciplinaria; y

    4. Oír de palabra o por escrito al acusado, y, a juicio del funcionario sustanciador, a cualquier persona que desee hacerlo, en un término común de cinco días.

    Al habérseles comprobado a los Magistrados A.A. y R.Q.V., la comisión de faltas graves en el ejercicio de sus funciones, e inexcusables dentro de la administración de justicia, a través de este proceso disciplinario en el cual se ha cumplido con lo dispuesto en el artículo 290 del Código Judicial, ya que a los mismos se les dio vista de los antecedentes, se les garantizó la etapa probatoria y se les aseguró la presentación de sus descargos, y en atención a lo dispuesto en los artículos 279 del Código Judicial, corresponde sancionar al Magistrado A.A.C., reconociendo que se encuentra amparado por la ley de Carrera Judicial contenida en el Acuerdo No. 46 de 27 de septiembre de 1991; y en el Libro I, Título XII, artículos 270 y siguientes del Código Judicial, con la destitución del cargo que ostenta como Magistrado del Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá.

    Con relación al Magistrado Suplente R.Q.V., debemos indicar que si bien no actuó como ponente en el presente proceso, tiene tanta responsabilidad como el Magistrado Almendral, y reconociendo que también se encuentra amparado por la ley de Carrera Judicial contenida en el Acuerdo No. 46 de 27 de septiembre de 1991; y en el Libro I, Título XII, artículos 270 y siguientes del Código Judicial, ante la gravedad de la falta que evidencia un total desconocimiento de aspectos elementales del derecho procesal penal, por su actuación como servidor judicial, se le impondrá la sanción prevista en los artículo 279 y 293 del Código Judicial.

    PARTE RESOLUTIVA

    En mérito de lo expuesto, la CORTE SUPREMA-PLENO, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, RESUELVE:

  10. DESTITUR AL LICENCIADO A.A.A.C., DEL CARGO DE MAGISTRADO DEL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DE PANAMA.

  11. DESTITUIR AL LICENCIADO R.Q.V., del cargo que ocupa como MAGISTRADO SUPLENTE DEL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL DE PANAMA. E IMPONER LA SANCIÓN CORRECCIONAL CORRESPONDIENTE A LA SUSPENSIÓN DEL CARGO Y PRIVACIÓN DE SUELDO POR TREINTA (30) DIAS, COMO SERVIDOR JUDICIAL EN TANTO JUEZ PRIMERO DE CIRCUITO DE LO PENAL DEL PRIMER CIRCUITO JUDICIAL DE PANAMÁ, DE CONFORMIDAD CON LO QUE ESTABLECE EL NUMERAL 3 DEL ARTÍCULO 293 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO.

    Se pone en conocimiento licenciado A.A.A.C., y del licenciado R.Q.V. que contra la decisión dictada cabe el Recurso de Reconsideración.

    NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE.

    GRACIELA J. DIXON C.

    HARLEY J. MITCHELL D. --ANÍBAL SALAS CÉSPEDES -- WINSTON SPADAFORA F. (Con Salvamento de Voto) ) -- JOSÉ A. TROYANO --ADÁN ARNULFO ARJONA L. (Con Salvamento de Voto) --ESMERALDA AROSEMENA DE T. --VICTORL.B.P. --ALBERTOC. C. (Con Salvamento de Voto)

    YANIXSA YUEN (Secretaria General)

    SALVAMENTO

    DE VOTO DEL MAGISTRADO

    W.S.F.

    Con el respeto que me caracteriza, debo manifestar mi desacuerdo con la decisión adoptada por la mayoría de los Honorables Magistrados que integran esta Máxima Corporación de Justicia, por razones muy puntuales que de seguido procedo a externar.

    En primer término, estimo importante dejar claro que comparto la preocupación e interés exteriorizado por la decisión, en cuanto a que las conductas de los servidores judiciales que se aparten de los deberes y facultades que les impone la ley, ameritan la aplicación de sanciones rigurosas y ejemplarizantes.

    Ahora bien, nuestro deber como Máximo Tribunal de Justicia, y como instancia correccional en el negocio sub-júdice, es asegurar que dichas sanciones se apliquen dentro de los parámetros de proporcionalidad de las faltas, y del estricto y respetuoso marco de la Constitución y la Ley. Lamentablemente, éste es precisamente el punto en que, a mi criterio, la decisión mayoritaria se aparta de su cometido, por lo siguiente:

    En el presente caso se ha tramitado un proceso disciplinario contra un Magistrado de Tribunal Superior de Justicia y un Magistrado Suplente, por supuesta ignorancia inexcusable de la ley, pero, de manera sorpresiva, se resuelve sancionarlos como se hubiesen infringido la ética judicial, lo cual a mi juicio, constituye un error grave por parte de este Máximo Tribunal de Justicia, y que se traduce en:

    1-una decisión que contradice los parámetros sentados por la Sala Tercera de la Corte,máximo tribunal de control de la legalidad, siendo que, de acuerdo a la posición sostenida por ese Tribunal de Justicia en sentencias de 30 de mayo de 2006 y 27 de marzo de 2006, no es posible sancionar a un servidor judicial por faltas a la ética, dentro de un proceso disciplinario.

    2-una decisión que puede constituir una violación al debido proceso legal, y una afectación a las garantías constitucionales de los servidores judiciales sancionados.

    En efecto, el Pleno de la Corte, actuando como instancia disciplinaria, le aplica al Magistrado ANDRES ALMENDRAL y al M.S.R.Q., la sanción de destitución del cargo (sanción contemplada para los procesos por violaciones a la Etica Judicial), pese a que el proceso iniciado y seguido a los prenombrados es un proceso de corrección disciplinaria, que no admite la sanción de destitución, salvo excepciones que no se configuran en este caso (ver artículo 297 del Código Judicial).

    En mi condición de Magistrado de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo de la Corte Suprema, estoy en la obligación de reiterar que esta aplicación cruzada de procedimientos y sanciones, otorgándole a los procedimientos de tipo disciplinario el mismo tratamiento que a los procedimientos por falta la ética judicial, ha venido siendo considerado un actoilegal, por parte de dicha Sala, declarando nulas sanciones disciplinarias impuestas bajo ese proceder, y cuestionando además si tal actuación no constituye una violación constitucional al debido proceso legal.

    Veamos lo que la Sala Tercera de la Corte ha señalado en sentencias de 27 de marzo de 2006 y de 30 de mayo de 2006, de las cuales soy suscriptor y ponente, respectivamente:

    "Si se inicia un proceso por causas disciplinarias no es jurídicamente posible que en el trayecto la autoridad varíe los cargos y sancione por causas distintas (faltas a la ética judicial). Tal proceder no es admisible, por la clara distinción que hace la Ley entre el procedimiento que debe seguirse en uno u otro caso, amén de que de admitirse esa posibilidad se estaría propiciando un desconocimiento de la garantía del debido proceso, pues al inicio se formulan unos cargos (de carácter disciplinarios) y luego sorpresivamente se le sanciona por medios distintos (faltas a la Ética Judicial)." (sentencia de 27 de marzo de 2006)

    "Estos mismos razonamientos sirven para aceptar los cargos de infracción legal del artículo 292 y 448 del Código Judicial, toda vez que, como se ha subrayado, se inició un proceso disciplinario para juzgar una falta a la ética judicial, siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 288 ibídem, y se aplicó una de las correcciones (amonestación), que se establecen precisamente para los procedimientos disciplinarios, cuando la falta supuestamente cometida, era contra la ética judicial." (sentencia de 30 de mayo de 2006)

    A estas sentencias se sumas diversos pronunciamientos del Pleno de la Corte Suprema de Justicia, que han analizado la naturaleza de los procesos de ética judicial -vs procesos disciplinarios, subrayando que a uno u otro, la ley le ha diseñado un procedimiento distinto, con garantías diferentes, y a los que le tienen reservadas igualmente, distintas sanciones.

    El Pleno de la Corte no aborda en forma alguna estos aspectos en la decisión que ahora profiere, dirigiendo su razonamiento a que a su juicio "ni el Código Judicial ni el Reglamento de Carrera Judicial establecen un sistema de prelación de sanciones, que obliguen a la autoridad competente a seguir un orden...". Seguidamente explica, que su parámetro en este caso, es que las sanciones se imponen en atención a la gravedad de la falta, la conducta que ha mantenido el funcionario judicial dentro de la institución y demás circunstancias que contribuyan a atenuar o agravar la medida.

    Tal análisis no refleja adecuadamente la realidad normativa a que está sometido este proceso, puesto que el catálogo previsto para la aplicación de sanciones por incurrir en faltas disciplinarias, no contempla la destitución del cargo (art. 293 del Código Judicial), y son éstas las correcciones disciplinarias que se aplican, atendiendo a la gravedad de la falta. El proceso por faltas a la ética judicial, sí admite entre sus sanciones la destitución del cargo, y dichas sanciones tienen un parámetro de proporcionalidad, según la gravedad de la falta, circunstancias especiales, atenuantes o agravantes. (art. 458 del Código Judicial)

    Como viene visto, para los procesos disciplinarios y los procesos por violaciones a la ética judicial, se ha previsto un régimen normativo especial, con sus respectivos procedimientos, garantías y sanciones. De allí, que las correcciones disciplinarias no pueden aplicarse bajo los trámites y sanciones de los procesos por falta a la ética judicial.

    De ninguna manera escapa a la percepción del suscrito, que los hechos investigados merecían la aplicación de una acción correctiva, por las graves repercusiones que emanan del mismo. Pese a ello, y aún reconociendo las sensitivas cuestiones que rodean el asunto, reitero que nuestro deber como tribunal de instancia disciplinaria, es el de enmarcarnos en el estricto cumplimiento de lo previsto en la Constitución y la Ley, cuya guarda nos ha sido confiada.

    Como quiera que a mi juicio, y muy lamentablemente, el criterio jurídico del Pleno en este caso difiere de mi convicción a este respecto, de manera categórica manifiesto que SALVO MI VOTO.

    Fecha ut supra.

    WINSTON SPADAFORA F.

    YANIXSA YUEN (Secretaria General)

    SALVAMENTO

    DE VOTO DEL MAGISTRADO

    ALBERTO

    CIGARRUISTA CORTEZ

    Quiero con el respeto de rigor y que me caracteriza, expresar que, luego de analizar, leer y estudiar exegéticamente, la resolución mediante la cual se desata la queja administrativa presentada por el otrora F.S. Especializado en delitos relacionados con drogas, L.. P.C., contra los MAGISTRADOS DEL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA, L.A.A.Y.R.Q.V., que aún cuando comparto, esto es, que aún cuando reconozco la gravedad de los hechos y de las actuaciones injurídicas que se les imputa a los referidos magistrados, al extremo que, pienso que las medidas de destitución que avala la mayoría plenaria se ameritan y se justifican ante lo leonino del actuar contrario a derecho; al extremo que se ha afectado la administración de justicia y la lucha contra la drogadicción; quiero advertir que lo que si no comparto es el fundamento jurídico o camino jurídico agotado para llegar a tales conclusiones y por razones fundadas en el derecho positivo nacional.

    El Licdo. CANDANEDO M,. incoo ante el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, queja administrativa contra los referidos Magistrados al tenor de los artículos 199 numeral 12 y 200 numeral 3 del Código Judicial, esto es, el deber de los Magistrados y Jueces de hacer uso de las facultades que la ley otorga en materia de pruebas y la obligación de estos de responder por los perjuicios que causen a las partes cuando violen la ley por ignorancia inexcusables (Artículo 200 No.3).

    Como puede leerse del libelo contentivo de la acción, lo promovido por el señor F., lo fue una queja administrativa cuyo procedimiento lo desarrollan los artículos 286 y s.s del Código Judicial y cuyas sanciones disciplinarias se constatan en los artículos 293 del Código Judicial y 297 del mismo texto jurídico, siendo condición indispensable para la pérdida del cargo la reincidencia del servidor público.

    Pienso que el fallo avalado por la mayoría plenaria, confunde lo normado para regular el proceso por falta administrativa, con el proceso de falta a la ética judicial (artículo 447 y s.s); en cuyo caso el artículo 455, consagra la destitución o separación del cargo y así lo ha reconocido la jurisprudencia nacional, al establecer que no deben confundirse las faltas a la ética judicial con los procesos disciplinarios (V. gr. Sentencia del Pleno de la Corte Suprema de Justicia de 11 de julio de 1994). Revista Juris, Año 2, No.13, Pág,72, Sistemas Jurídicos, S.A.R.J. de julio de 1994, Pág.59.

    Explico que, los hechos que se les imputan a los referidos Magistrados son graves y de tal envergadura que justifican las medidas y sanciones impuestas en el fallo avalado por la mayoría plenaria, pero que, el suscrito, deja sentado que comparto las sanciones que se imponen, pero no el camino jurídico recorrido para llegar a la imposición de ellas, toda vez, que el F. quejoso desconoció la ley, al interponer la referida queja disciplinaria en indebido fundamento jurídico.

    Fecha ut supra.

    ALBERTO CIGARRUISTA CORTEZ

    YANIXA Y. YUEN (Secretaria General)

    SALVAMENTO

    DE VOTO DEL MAGISTRADO

    ADAN ARNULFO ARJONA L.

    Razones de elemental coherencia me obligan a discrepar con el fallo de mayoría por los motivos que a continuación se precisan:

  12. Estoy de acuerdo y sobre ello no me cabe ninguna duda, que las conductas desarrolladas por estos servidores judiciales son graves y ameritan una ejemplar sanción, siempre que ello no se haga de cualquier manera, sino ajustado a los estrictos parámetros de la Ley. Si lo que se pretendía era la destitución debió iniciarse, oportunamente, el respectivo proceso por falta a la ética judicial, que, de acuerdo a la Ley, sí permite tal sanción.

  13. No estoy ni puedo estar de acuerdo en:

  14. Imponer una destitución que no cabe en el proceso disciplinario (art.293 C.J.).

  15. Aplicar una sanción (destitución) sin importar la clase y naturaleza de proceso que se adelanta.

  16. Imponer una sanción (suspensión y privación de sueldo) sin que el Pleno tenga competencia para ello, pues, no es el superior jerárquico de un Juez de Circuito, ya que tal atribución esta asignada al Tribunal Superior correspondiente (art.289 C.J.).

  17. Sancionar doblemente por un mismo hecho y decretar la suspensión y privación de sueldo de una posición que no se ejercía cuando se cometieron las faltas imputadas.

    Explicaré seguidamente cada uno de estos motivos que justifican mi disenso.

    I.LA GRAVEDAD DE LA CONDUCTA IMPUTADA.

    Tal como he señalado, es un hecho que no admite duda, que la conducta exhibida por los servidores judiciales acusados en este proceso disciplinarioes grave y merece un contundente reproche.

    El haber decretado la nulidad de un sumario que perseguía el desmantelamiento de una banda organizada de tráfico de drogas y blanqueo de capitales, sosteniendo que la Procuraduría General de la Nación no podía adelantar las investigaciones porque supuestamente estaba ante una petición de asistencia judicial requerida por la Agencia Antinarcóticos de los Estados Unidos (D.E.A.) es un criterio por demás cuestionable.

    Es igualmente inaceptable que esa interpretación haya provocado como natural y previsible consecuencia la invalidación de importantes pruebas de la investigación y la puesta en libertad de los principales cabecillas de esta organización delictiva.

    De manera que, la conducta disciplinaria que ha motivado este proceso, justifica el que se imponga una ejemplar sanción, pero no cualquier sanción sino sólo aquella que permita la Ley con arreglo a la naturaleza del proceso en examen.

    1. NO SE PUEDEN IMPONER SANCIONES DE CUALQUIER MANERA.

    En efecto, elementales principios de garantía, defensa y tipicidad exigen que en el Derecho Sancionador se observen formalidades mínimas, para que tal actuación se ajuste a las premisas básicas que debe presidir todo juzgamiento.

    Lo anterior significa que el Tribunal que conoce de la causa no puede pasar por alto, como si fuera un tema sin trascendencia, la naturaleza del proceso específico que debe decidir.

    El Código Judicial establece claramente que los servidores judiciales son susceptibles de ser encausados mediante los siguientes procesos:

  18. Procesos disciplinarios con base en las causales tipificadas en el artículo 286 del Código Judicial. Estas causales, a su vez, pueden ser sancionadas con arreglo al elenco que establecen los artículos 292 y 293 del Código Judicial (amonestación, multa no mayor de Cien Balboas; y suspensión del cargo y privación de sueldo por un lapso no mayor de 30 días).

  19. Procesos por falta a la ética judicial que puede entablarse con apoyo en las causales enunciadas en el artículo 447 del Código Judicial, las cuales pueden ser sancionadas con amonestación pública, multa hasta Quinientos Balboas, suspensión de 1 mes a 2 años de ejercicio del cargo o destitución del funcionario, según la gravedad de la falta, como lo reconoce el artículo 458 del citado Código.

    Como se ve, la naturaleza de la sanción que puede imponerse al servidor judicial infractor depende directamente del tipo de proceso que se le sigue, ya que, si es disciplinario tendrá unas consecuencias diferentes a si el mismo corresponde al de faltas a la ética judicial.

    De conformidad con lo expresado, es evidente, entonces, que el Tribunal que examina la conducta no puede, a su arbitrio, decidir la clase de sanción que impondrá al infractor, ya que la naturaleza del proceso y el régimen legal aplicable son los elementos que determinan realmente esta importante cuestión. Por ello, no es jurídicamente factible en un proceso disciplinario que se imponga una sanción distinta a la prevista en la Ley (Vgr. amonestación, multa no mayor de Cien Balboas; y suspensión del cargo y privación de sueldo por un lapso no mayor de 30 días).

    1. EL PROCESO DISCIPLINARIO NO PERMITE LA DESTITUCIÓN.

    Como consecuencia del planteamiento que dejo expuesto, es claro, entonces, que la imposición de sanciones a los servidores judiciales tiene que enmarcarse en todo momento dentro de las fronteras legales respectivas en consonancia con la naturaleza del proceso.

    El examen de las disposiciones del Código Judicial, concretamente los artículos 286, 292 y 293 permiten apreciar con meridiana claridad que el proceso disciplinario sólo permite, una vez acreditada alguna de las faltas que contiene el artículo 286, aplicar las siguientes sanciones a Magistrados, Fiscales Superiores de Distrito Judicial, Jueces y Fiscales de Circuito:

    a.Amonestación.

    b.Multa no mayor de Cien Balboas; y

    c.Suspensión del cargo y privación de sueldo por un lapso no mayor de 30 días.

    En el presente caso, nos encontramos ante un proceso disciplinario que de acuerdo a la Ley no puede culminar con la aplicación de una sanción distinta a las enunciadas, pues, de hacerlo se incurriría en un inaceptable desconocimiento de los principios del debido proceso, congruencia y legalidad punitiva.

    Es importante señalar que la PÉRDIDA DEL CARGOen los procesos disciplinarios sólo cabe, por excepción, cuando se cumplen los requisitos previstos en el artículo 297 del Código Judicial que se mencionan a continuación, ninguno de los cuales se aplica al presente caso:

    a.Que al servidor judicial se le haya impuesto MÁS DE 2 VECES LA PENA DE SUSPENSIÓN CON PRIVACIÓN DE SUELDO.

    b.Que esa sanción se haya impuesto EN EL LAPSO DE 2 AÑOS;

    c.Que el servidor judicial se le haya impuesto UNA NUEVA SANCION DE LA MISMA ÍNDOLE.

    En el proceso disciplinario que nos ocupa, no procede, por las razones explicadas, la imposición de la sanción de destitución que favorece la mayoría.

    Si lo que se buscaba era la destitución de estos servidores judiciales por haber incurrido en estas conductas graves, lo que correspondía era iniciar prontamente, con las evidencias recabadas, un proceso por faltas a la ética judicial, proceder que, a la fecha, inexplicablemente no se ha hecho, y que seguramente habría evitado la embarazosa actuación que hoy no puedo respaldar y que me obliga a formular el presente Salvamento.

    La Sala Tercera de lo Contencioso-Administrativo de ésta Corte Suprema ha reiterado en numerosos pronunciamientos que no es posible confundir las importantes diferencias que existen entre los procesos disciplinarios y los de faltas a la ética judicial, como se aprecia a continuación:

  20. "(...) La Sala estima conveniente aclarar que si se inicia un proceso por causas disciplinarias no es jurídicamente posible que en el trayecto la autoridad varíe los cargos y sancione por causas distintas (faltas a la Ética Judicial). Tal proceder no es admisible, por la clara distinción que hace la Ley entre el procedimiento que debe seguirse en uno u otro caso, amén de que de admitirse esa posibilidad se estaría propiciando un desconocimiento a la garantía del debido proceso, pues al inicio se formulan unos cargos (de carácter disciplinarios) y luego sorpresivamente se le sanciona por medios distintos (faltas a la Ética Judicial)". (Sentencia de 27 de marzo de 2006 dentro del proceso Contencioso-Administrativo de Plena Jurisdicción M.B. de Arrocha -vs- Tribunal Superior de Niñez y Adolescencia)

  21. "Una vez examinados detenidamente los argumentos en que se apoya la demanda, el Tribunal conceptúa que efectivamente se han producido las violaciones endilgadas al acto sancionador de la licenciada M.R. ORO. El fundamento que sostiene la decisión de la Corte a este respecto, es el siguiente:

    Se ha constatado con certeza el argumento de la parte actora, que acusa la violación de los artículos 286 y 288 del Código Judicial, toda vez que a la servidora judicial se le siguió un procedimiento de corrección disciplinaria, cuando debió utilizarse el procedimiento por faltas a la ética judicial, habida cuenta que la falta que se imputaba a la señora juez, estaba descrita en el catálogo del artículo 447 del Código Judicial.

    Como bien señalara esta Corporación Judicial en la sentencia de 27 de marzo de 2006. (....)

    Estos mismos razonamientos sirven para aceptar los cargos de infracción legal del artículo 292 y 448 del Código Judicial, toda vez que, como se ha subrayado, se inició un proceso disciplinario para juzgar una falta a la ética judicial, siguiendo el procedimiento establecido en el artículo 288 ibídem, y se aplicó una de las correcciones (amonestación), que se establecen precisamente para los procedimientos disciplinarios, cuando la falta supuestamente cometida, era contra la ética judicial". (Sentencia de 30 de mayo de 2006 en el proceso Contencioso-Administrativo de Plena Jurisdicción, M.R. ORO -vs- PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA)

    Las sentencias que cita el fallo de mayoría lo único que evidencian es que las decisiones expedidas en la pasada década, se inspiraron en una orientación profundamente cuestionable desde la perspectiva del debido proceso, la cual afortunadamente hoy ha sido superada por los actuales pronunciamientos de la Sala Tercera de ésta Corte que he apoyado porque estimo que contienen una ponderada y justa apreciación de la cuestión debatida.

    La observancia de la garantía del debido proceso no es un asunto de poca monta, ya que resulta inadmisible, en mi opinión, que el Tribunal imponga una sanción (la destitución) que la Ley no ha previsto para los procesos disciplinarios, y que, para intentar justificar a ultranza tal criterio, se diga que lo importante es que se le haya brindado a los acusados oportunidad para contestar y ofrecer pruebas y alegaciones.

    La determinación de si el proceso seguido es disciplinario o de faltas a la ética judicial tiene una trascendencia superior, puesto que me parece impensable que se acepte que una persona se le puede juzgar por unos cargos que tienen una sanción definida en la Ley, y luego al fallar el Tribunal le diga que le aplica otra sanción prevista para un proceso de naturaleza distinta, pero que esto no importa porque en todo caso fue oído. Considero que esta interpretación es inconveniente, injusta y peligrosa porque sacrifica claramente el ejercicio del derecho de defensa.

    En definitiva, este proceso disciplinario no podía terminar con una destitución que la Ley no ha previsto para estos casos, y lo que debió hacerse oportunamente desde el fallo que profirió el Pleno el 14 de octubre de 2005 que concedió el A. promovido por el Fiscal Segundo Especializado den Delitos Relacionados con Drogas, era la instauración de un proceso porfaltas a la ética judicialque sí permitía la destitución como sanción a las graves inconductas cometidas por los servidores acusados.

    1. LA SUSPENSIÓN Y PRIVACIÓN DE SUELDO AL MAGISTRADO SUPLENTE.

    Otro de los temas que suscita inquietud al examinar la resolución de mayoría es que ella impone al Magistrado Suplente las sanciones de destitución, suspensión del cargo y privación de sueldo por 30 días.

    Con todo respeto, tengo que advertir que este proceder es jurídicamente discutible por lo siguiente:

    a.Porque siendo un proceso disciplinario no es posible imponer como sanción la destitución, ya que tal medida no aparece en el listado de castigos disciplinarios previstos en el artículo 293 del Código Judicial.

    b.Porque las conductas censuradas al señor Q.V. se dieron como consecuencia de su actuación como Magistrado Suplente y no veo como se le puede imponer la sanción de suspensión del cargo y privación de sueldo por 30 días, en tanto que ocupa la posición de Juez Primero de Circuito de lo Penal del Primer Circuito Judicial de Panamá.

    c.Porque quien tiene competencia disciplinaria sobre los Jueces de Circuito es el respectivo Tribunal Superior y no el Pleno de la Corte Suprema, a tenor de lo que establece claramente el artículo 289 del Código Judicial ("la jurisdicción disciplinaria sobre Jueces y Magistrados será ejercida por el respectivo superior jerárquico").

    d.Porque por un mismo hecho se esta sancionando doblemente (destitución-que no cabe en los procesos disciplinarios- y suspensión y privación de sueldo de otra posición que no ejercía cuando cometió las faltas que se le imputan).

    En conclusión, lamento que un caso tan grave como este se haya desarrollado en la forma tan precaria como ha concluido, ya que las innumerables razones de fondo que podrían sin duda sustentar el castigo por estas reprochables conductas, quedan innecesariamente opacadas y mediatizadas por discutibles criterios que bien pudieron evitarse si se hubiera iniciado el respectivo proceso de faltas a la ética judicial que permite la categórica destitución.

    En atención a que estos criterios no coinciden con la posición de mayoría, no me queda otra alternativa que expresar, de modo firme y respetuoso y, en consonancia con mis convicciones que, SALVO EL VOTO.

    Fecha ut supra.

    ADAN ARNULFO ARJONA L.

    YANIXSA YUEN (Secretaria General)