Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 17 de Marzo de 2006

PonenteGraciela J. Dixon C.
Fecha de Resolución17 de Marzo de 2006
EmisorSegunda de lo Penal

VISTOS:

En observancia del artículo 216 de Constitución Política, conoce la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia de la solicitud de detención preventiva y suspensión del cargo de Magistrado del Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial, que ostenta D.O.A.A., formulada por la señora Procuradora General de la Nación, en virtud de la investigación preliminar que le adelanta esa agencia de instrucción superior por la presunta comisión de delitos contra la fe pública y contra la administración pública.

LOS HECHOS

La Procuraduría General de la Nación, mediante resolución de 6 de febrero de 2006, inició una investigación de oficio, para determinar la presunta falsedad del Diploma que acreditó a D.A.A. como Doctor en Derecho y Ciencias Políticas, expedido por la Universidad Nacional de Colombia.

Por lo anterior, tuvo lugar una diligencia de inspección ocular ante la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia, en la que se confirmó que mediante Acuerdo Nº.73 de 6 de julio de 1977, se declaró que el señor ARROCHA reunía los requisitos necesarios para ejercer la profesión de abogado, toda vez que aportó un diploma de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Colombia.

Por otra parte, mediante Asistencia Judicial numerada 1-06, solicitada a las autoridades de la República de Colombia, se acreditó que D.O.A.A., no apareció registrado como estudiante ni como egresado de la mencionada Universidad.

En atención a los hechos descritos, mediante resolución de 2 de marzo de 2006, el Ministerio Público formuló cargos contra D.O.A.A. y ordenó recibirle declaración indagatoria por la presunta comisión de delitos contra la fe pública y contra la administración pública.

POSICIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO

La señora Procuradora General de la Nación consideró que los hechos que investiga, respecto a la presunta falsificación de un diploma de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Colombia, supuestamente expedido a favor de D.A.A., así como los demás actos ejecutados por el procesado para obtener la idoneidad profesional de abogado y su posterior incorporación a la judicatura como Magistrado de Tribunal Superior, se encuentran descritos en varios tipos penales.

En ese sentido, la Agencia de Instrucción consideró que se incurrió en la comisión de delitos contra la fe pública, particularmente, en los delitos de uso de documento falso y de falsedad ideológica, tipificados en los artículos 271 y 266 del Código Penal, respectivamente, debido a que D.A.A. se benefició directamente de un documento falso (Diploma que lo acredita cono Doctor en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Colombia) para obtener la idoneidad profesional para ejercer la abogacía y, con posterioridad, para ser nombrado Magistrado del Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial.

Consideró, además, que cada vez que el imputado emite decisiones jurisdiccionales, lo hace amparado en el diploma falso que fraudulentamente le permitió ocupar tan alto y honroso cargo, por lo que continúa realizando el ilícito bajo investigación.

Sostuvo que el hecho investigado también se encontraba tipificado por el artículo 238 de la Ley º.6 de 1922, por la cual se aprobó el Código Penal vigente al momento de la materialización del ilícito.

Asimismo, estimó que los actos ejecutados por el imputado, también constituyen delitos contra la administración pública, especialmente, en lo que atañe al delito de peculado por aprovechamiento de error ajeno, sancionado en el artículo 323 del Código Penal, por cuanto, D.A., con pleno conocimiento de no poseer idoneidad lícitamente otorgada, indujo a error a los entonces Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, siendo nombrado como Magistrado de Tribunal Superior, lo que le permitió beneficiarse con el salario correspondiente, causándole una lesión patrimonial al Estado.

Finalmente, adujo la comisión del delito de usurpación de funciones públicas, descrito en el artículo 343 del Código Penal, al considerar que A., aún cuando fue designado por la Corte Suprema de Justicia en el cargo de Magistrado de Tribunal Superior, dicha designación no puede considerarse legitima, porque la idoneidad profesional que le permitió aspirar al cargo deviene en ilícita debido a la falsedad del diploma que lo acreditaba como D. en Derecho y Ciencias Políticas.

En consecuencia, peticionó la aplicación de la detención preventiva y la suspensión del cargo de Magistrado de Tribunal Superior que ocupa el procesado.

OPOSICIÓN A LA SOLICITUD DEL MINISTERIO PÚBLICO

El licenciado CESAR GUARDÍA GONZÁLEZ, defensor técnico del señor D.A.A., se opuso a la solicitud formulada por la Procuraduría General de la Nación, debido a que consideró que ha incumplido con el procedimiento que debe seguirse en los casos de procesos contra servidores públicos, toda vez que el artículo 2467 del Código Judicial exige que, cuando el hecho que es materia del proceso tenga señalada por la ley sanción de prisión, el denunciante deberá presentar la prueba sumaria de su relato, considerando que se violó el debido proceso, toda vez que el denunciante es anónimo.

Agregó que a su defendido se le imputa el delito de falsedad ocurrido el 6 de julio de 1977, el cual, de haberse cometido, se hubiera perfeccionado bajo el imperio de la Ley 6 de 1922, que promulgó el Código Penal vigente en ese momento, cuyo artículo 241 tipificaba el delito de falsedad de certificados, sancionado con 20 días a un año de prisión.

A ese respecto, puntualizó que el delito de falsedad es un delito instantáneo, por lo que la falsedad material o de confesión tiene su momento consumativo en el instante que se elabora, en tanto que la falsedad de uso se perfecciona al momento que el agente activo haga uso del mismo, por lo que, en el caso que su patrocinado hubiera utilizado un diploma falso, no concurrirían los elementos del delito continuado, por lo cual la acción penal está prescrita, peticionando que se deniegue la solicitud formulada por el Ministerio Público.

FUNDAMENTOS DE LA SALA

Esta Superioridad observa que los hechos y circunstancias que motivan la solicitud de la Procuraduría General de la Nación, dan lugar a la aplicación de una medida cautelar contra el señor D.A.A., toda vez que los elementos probatorios insertos al cuaderno penal, tales como la diligencia de inspección ocular realizada en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Colombia (fs.56-57), reflejan graves indicios de responsabilidad del procesado en la comisión de los hechos punibles que se investigan.

Ahora bien, antes de resolver la petición impetrada, es necesario estudiar las conductas punibles que se le imputan al justiciable, a fin de precisar la procedencia de la detención preventiva.

Como primera conducta atribuida, se tiene la presunta comisión de delitos contra la fe pública, específicamente, el uso o aprovechamiento de documento falso, tipificado en el artículo 271 del Código Penal y la falsificación ideológica, normada en el artículo 266 del Código Penal, siendo que para ambos casos se prevé una penalidad que oscila entre 2 a 5 años de prisión.

La ejecución presunta de las conductas tipificadas en los artículos antes citados, por parte del señor A.A., se sustenta con la aportación que hizo ante la Sala Cuarta de Negocios Generales de la Corte Suprema de Justicia de un diploma supuestamente expedido por la Universidad Nacional de Colombia, identificado con el Nº.376 de 15 de junio de 1974, que lo acreditaba como D. en Derecho y Ciencias Políticas, con el fin de obtener la idoneidad profesional que le permitiera ejercer la profesión de abogado(fs.162-184).

El señor D.A.A., repitió la conducta anterior al momento que se inscribió el 24 de mayo de 1995, ante la Dirección de Recursos Humanos del Órgano Judicial, para participar del concurso 04-204-27-105-05-95 (fs.190-191), siendo designado Magistrado del Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial, mediante Acuerdo del Pleno de la Corte Suprema de Justicia Nº.219 de 29 de noviembre de 1995, al haber quedado incluido dentro de la lista de concursantes elegibles que remitió la Comisión de Personal del Cuarto Distrito Judicial a Pleno de la Corte Suprema (fs.234-236).

Sin embargo, el sindicado, previo a la realización del concurso arriba descrito, ya venía desempeñando el cargo de Magistrado del Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial desde 1990, en virtud del Acuerdo del Pleno de la Corte Suprema de Justicia Nº.16 de 26 de enero de 1990 (fs.245-247) y el Acta de Toma de Posesión visible a foja 248. Para tal designación, el señor ARROCHA igualmente suministró el diploma, presuntamente falso, que lo acreditaba como graduado en derecho por la Universidad Nacional de Colombia y el respectivo certificado de idoneidad profesional que le había expedido la Sala Cuarta de la Corte Suprema de Justicia.

Se tiene entonces que las conductas punibles atribuidas al procesado, es decir, las descritas en los artículos 266 y 271 del Código Penal contemplan pena mínima de dos años de prisión.

Por otro lado, sin entrar a calificar la realización o no del tipo, debido a que ello corresponderá a la etapa plenaria del proceso, con relación a la imputación de delitos contra la Administración Pública, específicamente, el peculado por aprovechamiento del error ajeno, tipificado en el artículo 323 del Código Penal, se tiene que la norma penal citada consagra una penalidad que fluctúa entre los 3 y 10 años de prisión.

En consecuencia, habiendo valorado los elementos probatorios que se hallan en el cuaderno penal, tales como la diligencia de inspección ocular realizada por la Fiscalía 136 de la Unidad Segunda de Delitos contra la Fe Pública y el Patrimonio Económico de la Fiscalía General de la República de Colombia, en calidad de asistencia judicial internacional, en el Departamento de Derecho de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia (fs.56-58); y la publicación "Decanos, Profesores y Egresados", editada por la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia (fs.58-133), la Sala considera oportuno acceder a la petición incoada por la Procuraduría General de la Nación, respecto a la aplicación de una Medida Cautelar en contra del procesado, en atención a que existen exigencias inaplazables relativas a la investigación que adelanta ese despacho, a fin de que se obtenga a la mayor brevedad posible la verdad material de los hechos endilgados al señor A.A., especialmente por su condición de titular de tan importante cargo dentro de la judicatura nacional

Ahora bien, se ha solicitado que se decrete la Detención Preventiva en contra del imputado, por lo que conviene analizar la referida medida cautelar a la luz de las disposiciones legales pertinentes y el criterio seguido por esta Corporación.

En ese sentido, para que proceda la detención preventiva se requiere la concurrencia de los siguientes elementos:

  1. Que el delito señalado tenga pena mínima de dos años de prisión;

  2. Que exista prueba que acredite el delito y la vinculación del procesado a través de un medio probatorio que produzca certeza jurídica de ese acto; y

  3. Que exista la posibilidad que el imputado se de a la fuga o desatienda el proceso; que haya peligro de destrucción de pruebas, la posibilidad que el imputado atente contra la vida o salud de otras personas o contra sí mismo.

Así, esta Colegiatura considera que, en el presente caso concurren los dos primeros elementos descritos, por cuanto los delitos que se le imputan al sindicado, como ya hemos dejado establecido, contemplan pena mínima de dos años, toda vez que, presumiblemente, se valió del uso de un documento falso para obtener la idoneidad profesional para ejercer la abogacía y, luego, para ingresar a la judicatura.

Aunado a lo anterior, hemos encontrado pruebas que acreditan la vinculación del señor ARROCHA con el hecho investigado (inspección ocular realizada en el Departamento de Derecho de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia (fs.56-58); y la publicación "Decanos, Profesores y Egresados", editada por la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional de Colombia (fs.58-133)).

De manera que, en una calificación provisional, estamos ante la realización de los delitos de uso de documento falso y falsificación ideológica, cuya pena mínima, reiteramos, es de dos años de prisión (artículos 271 y 268 del Código Penal).

Sobre el tercer requisito y la posibilidad de fuga del imputado, que destruya pruebas, desatienda el proceso o atente contra su vida o la de otros, consideramos que por el momento no se dan tales circunstancias, debido a que el señor D.A.A. ha presentado certificado de incapacidad médica, razón por la que presumiblemente no ha podido apersonarse al proceso, sin embargo, por intermedio de su hija M.J.A. DE LA ROSA, ha conferido poder especial al licenciado CÉSAR GUARDIA GONZÁLEZ, lo que evidencia su voluntad de comparecer al proceso en el momento que así lo permita su estado de salud.

Por otra parte, debe recordarse que la detención preventiva debe ser tenida como la última medida cautelar a aplicar en concordancia con los principios de proporcionalidad y racionabilidad y favor libertatis, que han inspirado la jurisprudencia de este Tribunal.

Al respecto, el principio de proporcionalidad y racionabilidad de las medidas cautelares, exige que al imponer medidas cautelares, se tome en consideración la gravedad de la conducta ilícita y la importancia del bien jurídico protegido. Respecto a la detención preventiva, resulta aún más importante tomar en consideración el aludido principio de proporcionalidad, debido a que nos encontramos frente a la protección de uno de los más preciados derechos fundamentales, cual es la libertad del individuo, razón por la que el juzgador debe hacer una adecuada ponderación de los intereses en conflicto.

En ese orden de ideas, con relación a la imposición de medidas cautelares y el principio arriba comentado, el artículo 2129 del Código Judicial, en su parte medular, preceptúa que:

Al aplicar las medidas, el juez y el funcionario de instrucción deberán evaluar la efectividad de cada una de ellas, en cuanto a la naturaleza y el grado de las exigencias cautelares requeridas en el caso concreto.

Cada medida será proporcionada a la naturaleza del hecho y a la sanción que se estime podría se impuesta al imputado.

La detención preventiva en establecimientos carcelarios sólo podrá decretarse cuando todas las otras medidas cautelares resultaren inadecuadas...

Como se observa, la norma transcrita exige en forma clara que las medidas cautelares sean proporcionales al hecho investigado y, además, conceptúa a la detención preventiva como medida excepcional, que sólo debe decretarse cuando las otras medidas previstas por el ordenamiento jurídico no garanticen la comparecencia del encartado al proceso.

Sobre lo anterior, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia ha reiterado la necesidad de observar el principio de proporcionalidad y racionabilidad al momento de imponer medidas cautelares. Por ejemplo, en sentencia de 3 de septiembre de 2001, indicó que:

"... uno de los presupuestos relevantes en el tema de las medidas cautelares personales en el ámbito del proceso penal, lo constituye el denominado Principio de Proporcionalidad que obliga a que cualquier limitación o restricción al valor superior de la libertad tenga que guardar una razonable relación de correspondencia y legitimidad con los propósitos que obligan a su adopción en un caso concreto..."

Por su parte, en la sentencia de 30 de abril de 1999, el Pleno sostuvo que:

... la circunstancia de que el hecho delictivo tenga una pena mínima mayor de dos años de prisión no puede ser motivo único y suficiente para decretar la detención preventiva... deben atenderse principios tales como los de conveniencia, utilidad, proporcionalidad y eficacia para la imposición de medidas cautelares menos severas, como clara proyección del principio del debido proceso legal (Art. 32 C.N.), que propugna por un proceso penal más humano...

Luego entonces, siendo que las medidas cautelares tiene como finalidad asegurar la efectividad del futuro pronunciamiento de la jurisdicción, corresponde imponer aquellas que revistan la suficiente idoneidad para que el imputado comparezca al proceso, evitando, hasta donde sea posible, la restricción de sus derechos fundamentales, razones por las que en el presente caso no se aplicará la detención preventiva, al considerar que existen otras ordenanzas dirigidas a asegurar la comparecencia del señor ARROCHA al proceso penal que se le sigue.

De manera que, atendiendo a la naturaleza de los hechos imputados al procesado, es decir, la presunta comisión de delitos contra la fe pública y la administración pública y las sanciones que podrían imponerse, las cuales implicarían como mínimo dos años de prisión, la Sala considera que la aplicación de medidas cautelares distintas a la detención preventiva, en este momento, aseguran la prosecución del proceso penal de marras, razón por la que estima conveniente imponer a D.A.A. las medidas cautelares previstas en los literales a, b, y c del artículo 2127 del Código Judicial, consistentes en la prohibición de abandonar el territorio de la República sin autorización judicial; el deber de presentase cada 15 días a la Secretaría de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia; y la obligación de residir en la ciudad de Panamá.

Ahora bien, respecto a la oposición formulada por la defensa técnica del procesado, en la que se expresa que la investigación que adelanta el Ministerio Público ha violado el debido proceso, porque el denunciante es anónimo y, en consecuencia, no aportó la prueba sumaria de que trata el artículo 2467 del Código Judicial, en el caso de procesos contra servidores públicos, esta Superioridad debe indicarle al letrado que dicha exigencia sólo opera, en concordancia con el artículo 2464 del Código Judicial, en los casos de procesos contra servidores públicos por abuso en el ejercicio de sus funciones oficiales o por falta de cumplimiento de los deberes de su destino, conductas que no se le están imputando al señor A.A..

Finalmente, con referencia a la solicitud de suspensión del cargo de Magistrado del Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial, también formulada por la señora Procuradora General de la Nación, debe señalarse que mediante resolución de 9 de marzo de 2006, suscrita por la Magistrada G.D., en calidad de Sustanciadora de queja disciplinaria que la Corte Suprema de Justicia le sigue de oficio al señor D.A.A., se ordenó la suspensión del cargo que ostenta, por lo que no procede acceder a la mencionada petición.

PARTE RESOLUTIVA

En mérito de lo antes expuesto, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, DISPONE ORDENAR contra D.O.A. ARROCHA las medidas cautelares previstas en los literales a, b, y c del artículo 2127 del Código Judicial, consistentes en la prohibición de abandonar el territorio de la República sin autorización judicial, así como el deber de presentarse cada 15 días a la Secretaría de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia y la obligación de residir en la ciudad de Panamá.

N. y Cúmplase.

GRACIELA J. DIXON C.

ANÍBAL SALAS CÉSPEDES -- ESMERALDA AROSEMENA DE TROITIÑO

MARIANO E. HERRERA (Secretario)

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