Sentencia Penal de Supreme Court (Panama), 2ª de lo Penal, 17 de Febrero de 2005

PonenteEsmeralda Arosemena de Troitiño
Fecha de Resolución17 de Febrero de 2005
EmisorSegunda de lo Penal

VISTOS:

Conoce la Sala de lo Penal de la Corte Suprema del recurso de apelación formalizado por la apoderada judicial de los querellantes, en contra del auto No. 212 de 30 de diciembre de 2003, proferido por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial. La medida jurisdiccional en cuestión, ordena un sobreseimiento definitivo, objetivo e impersonal, de la querella formalizada por los licenciados ORLANDO ABDIEL CASTILLO, R.R.A., Z.R.L., M.V., ZYLKY VEGA y SIDNEY SITTON URETA en contra del licenciado EMILIANO PÉREZ, en su condición de Juez Primero Seccional de Familia, por la comisión del delito de ABUSO DE AUTORIDAD, FALSEDAD IDEOLÓGICA, y VIOLACION DE DOMICILIO.

EL RECURSO DE APELACIÓN FORMALIZADO POR LA QUERELLANTE

Como primer argumento, la recurrente ataca a la Fiscalía Primera Superior del Primer Distrito Judicial, porque la prueba sumaria del hecho punible está acreditada con las copias autenticadas de varios expedientes, porque son la prueba de las actuaciones delictivas e ilegales cometidas por el Juez Primero Seccional de Familia, además que es falso que solamente transcribió artículos del Código Judicial, porque explicó a cabalidad las acciones delictivas cometidas por el Juez Primero Seccional de Familia (fs.1,136-1,137).

Otra censura contra la funcionaria de instrucción radica en que vulneró el principio de bilateralidad o del contradictorio, porque no practicó las pruebas testimoniales, periciales que reiteradamente le había solicitado. En ese sentido, señala que la querella, además del delito contra la administración pública, está encaminada a comprobar la comisión del delito de violación de domicilio, y falsificación de documento público en la modalidad de falsedad ideológica (f.1,138).

La recurrente también ataca la actuación del Ministerio Püblico, porque aporta como prueba sumaria la declaración del niño D.B., en la que dice "... textualmente que fue intimidada (sic), coaccionada (sic) y amenazada (sic) por el Juez Primero Seccional de Familia... sin embargo, la Fiscalia Primera Superior ni siquiera se pronunció sobre esta prueba ni ha realizado ninguna gestión judicial para investigar el delito de corrupción o extralimitación de funciones públicas cometido por el Juez Primero Seccional de Familia..." (F.1,138,t. III.)

La recurrente tampoco comparte la investigación efectuada por la Fiscalía Primera Superior del Primer Distrito Judicial respecto al delito de violación de domicilio, porque no practicó prueba testimonial para demostrar ese delito; que el Juez Primero Seccional de Familia fundamentó la ejecución de la diligencia de allanamiento únicamente con el dicho de la contraparte, quien no fue juramentado (f.1,139). Además, explica la recurrente, el hecho que el juez querellado "... se reunía con la contraparte después de horas judiciales, es decir, después de las 5:00 p.m, lo cual consta en la totalidad de las pruebas, por lo que no es una sola prueba sumarias, sino varias..." (F.1,139).

La recurrente sostiene que está comprobado el delito de falsedad de documento público, en la modalidad de falsedad ideológica, porque el juez querellado "... induce a error a las autoridades judiciales, en vista de que pone y escribe como recibido en el mandamiento de Hábeas Corpus a través del oficio 946 del 30 de abril del 2003 a las 4:15 p.m, sin embargo, consta a través del FAX remitido por la Secretaría del Segundo Tribunal Superior de Justicia que se le remitió el libramiento de Habeas Corpus (sic)... el día 29 de marzo de 2003 a las 8:47 horas de la mañana..., por tanto viola de manera directa lo dispuesto por el artículo 2587 y 2591 del Código Judicial en el sentido de que tenía que remitir el envío de (sic) la actuación de manera inmediata y poner el proceso del señor J.B. a órdenes inmediata (sic) del Segundo Tribunal Superior..." (F.1,141). En ese mismo sentido, la recurrente es del criterio que el juez acusado incurre en el delito de falsificación de documento público, "... al incluir una información falsa en documento público en el sentido de haber recibido un mandamiento de Habeas Corpus (sic) el día 30 de abril del 2003 a las 4:15 p.m, cuando en realidad lo recibió el día anterior, es decir, a las 8:47 horas de la mañana del día 29 de marzo del 2003 tal como se establece a través del FAX remitido por la Secretaría del Tribunal Superior de Justicia..." (f.1,141)

La recurrente concluye con que sea revocado el auto No. 212 de 30 de diciembre de 2003, proferido por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, y en su lugar se ordene la ampliación de las sumarias, a fin de que la Fiscalía Primera Superior de Panamá evacúe las pruebas que fueron solicitadas, para garantizar el principio de bilateralidad, contradictorio, y para que la parte querellante pueda probar la verdad de los cargos que formula en la querella (f.1,142).

LA RESOLUCION JUDICIAL PROFERIDA POR EL SEGUNDO TRIBUNAL SUPERIOR DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL

Concluida la instrucción sumarial, el Tribunal de la causa, mediante auto No.212 de 30 de diciembre de 2003, resuelve sobreseer definitivamente, de manera objetiva e impersonal, la querella penal en contra del funcionario judicial acusado de la comisión de los delitos de abuso de autoridad, falsedad ideológica, violación de domicilio, "... del debido proceso", y ordena el archivo de la querella (f.1,124).

Para fundamentar esa decisión jurisdiccional, el Tribunal Superior expresa que no es automático manifestar que el funcionario judicial realizó una acción delictiva, porque fue decretada ilegal la detención de J.B.; que el funcionario judicial acusado no usurpó competencia, porque la demanda de H.C. no paraliza la actuación, ya que tiene el propósito de examinar si la detención u orden de arresto se encuentra o no legítimada; que no constituye violación de domicilio el hecho que el juez acusado hubiese decretado la diligencia de allanamiento, porque tenía el fin de localizar a D.B., "quien había desaparecido de la residencia de la madre M.C.M...." (F.1,123).

En cuanto al cargo relativo a que el juez acusado envió una falsa información en la contestación del mandamiento de Hábeas Corpus, el Tribunal Superior considera que "... de haberse equivocado en la hora y fecha de ser este el caso se trataría de un hecho sin trascendencia, que inclusive puede tener otras explicaciones, y que no alcanza a la concerción de elemento normativo que facilite el encuadramiento en la figura delictiva (falsedad), cuyos presupuestos están ausentes..." (F.1,123).

El auto consultado concluye que el delito de falsedad ideológica y violación de domicilio no están acreditados; que debe ordenarse el archivo del delito de abuso de autoridad, porque los querellantes tampoco acreditaron la prueba sumaria que exige el artículo 2467 del Código Judicial, lo que ocasiona el sobreseimiento definitivo, objetivo e impersonal, de las sumarias (cf.1,121-1,124).

DECISION DE LA SALA DE LO PENAL DE LA CORTE SUPREMA

El recurso de apelación carece de puntos de disconformidad contra el auto de sobreseimiento (cf.1,136-1,142), porque dirige su censura contra las actuaciones ejecutadas por la Fiscalía Primera Superior del Primer Distrito Judicial, durante la instrucción del sumario. Y aún cuando, no identifica puntos de desacuerdos contra el auto de sobreseimiento, solicita a a esta Superioridad que ordene la ampliación de la investigación. Se trata de un recurso que desnaturaliza el postulado que prevé el artículo 2424 del Código Judicial.

Pese a que el recurso no expone un agravio directo contra el juicio emitido en el auto de sobreseimiento, este defecto se subsana por el hecho que esta Superioridad, además de Tribunal de Apelación, también tiene la condición de Tribunal de Consulta del auto de sobreseimiento, por lo que debe examinarla en su totalidad, atribución que tiene fundamento en el artículo 2477 del Código Judicial. En cuanto a la amplia discrecionalidad que la consulta otorga al tribunal, el Pleno de la Corte Suprema ha expresado que:

"la consulta es una institución procesal establecida por

la ley para determinados casos, en virtud de la cual se traslada la competencia

a un tribunal de superior jerarquía de oficio, tal como si se hubiese

interpuesto recurso de apelación, a fin que revise sin limitaciones el proceso,

tanto en su aspecto fáctico como jurídico. En consecuencia, la misma se

constituye en un deber jurídico del juez que conoce de la causa". (Resolución

de 18 de julio de 2003).

Para cumplir con este mandato legal, se pasa a examinar si el auto consultado encuentra fundamento de hecho y de derecho con las pruebas allegadas al cuaderno. Corresponde además, atender los cargos penales que formulan los apoderados judiciales de los querellantes. Cabe anotar que desde la presentación del libelo de querella (fs.1-23, t.I), hasta la formalización del recurso de apelación (fs. 1,136-1,142) los representantes legales ha mantenido los mismos cargos penales en contra del juez acusado. La única excepción radica en el delito de corrupción. En efecto, en el libelo de querella no se observa ese cargo penal, mientras que en el recurso de apelación sí se le imputa al servidor judicial. Pese a esta incongruencia, se pasa examinar tal delito, ya que es de aquellos que son perseguibles de oficio.

Con ese fin, los antecedentes del caso indican que M.C.M. y JACOBO BRAWERMAN contrajeron matrimonio en 1990, y de cuya relación nacieron sus hijos DANIEL y J.B.M.. En 1999, M.C.M. y J.B. se separaron y, en ese mimo año, M. formaliza una demanda de guarda crianza, régimen de comunicación y visitas de los menores de edad DANIEL y J.B.M..

El proceso de familia en cuestión, se le adjudica al licenciado E.R.P., en su condición de Juez Primero Seccional de Familia del Primer Circuito Judicial de Panamá.

Dentro del proceso de familia, actua la firma forense ALEMAN, SPIEGUEL & ASOCIADOS en representación de M.C.M. (f.1,058, t.III), y en nombre de J.B. actuan los licenciados ORLANDO ABDIEL CASTILLO, (apoderado principal), y SIDNEY SITTON URETTA, O.E.P.,Z.R.L., R.R., M.V., como apoderados judiciales sustitutos (cf.383,t.I; 1,105, t. III).

En el año 2003, J.B.B., A.E.T.R. y Z.L.R.L., otorgaron poder especial a los licenciados R.R., M.V., ZULKY VEGA, S.S.U., O.E.P. y ORLANDO ABDIEL CASTILLO, para que formalizaran una querella penal en contra de del licenciado EMILIANO PEREZ, por considerar que dentro del proceso de guarda crianza, regimen de comunicación y visitas de los menores de edad DANIEL y J.B.M., había incurrido en la comisión de los siguientes delitos:

1) Abuso de autoridad e infracción de los deberes de servidores públicos, que corresponde a los artículos 336,338,342 del Código Penal.

2) Usurpación de Funciones Públicas, que comprende el artículo 343 del Código Penal.

3) Falsificación de documentos, en cuanto al supuesto penal que destaca el artículo 266 del Código Penal.

4) Maltrato al niño, niña o adolescente, que corresponde al artículo 215-D del Código Penal.

5) Contra la libertad individual.

6) Violación de domicilio. (CF.3;16,19)

Los querellantes también le imputan al juzgador que infringió el principio del debido proceso, de igualdad procesal, y bilateralidad, además que vulneró el interés superior de los niños, que ha actuado con ignorancia inexcusable, y violación a la ética judicial (fs.3;13,14;19).

Ahora se pasa a examinar cada cargo penal que le formulan al servidor judicial acusado.

1) Los delitos contra la administración pública que consagran los artículos 336,338 y 342 del Código Penal.

El auto consultado no expone con claridad por qué la conducta ejecutada por el servidor judicial no configura los tipos penales de abuso de autoridad y extralimitación de funciones públicas. Ante esta deficiencia del Tribunal Superior, se procede a confrontar estos cargos penales con las pruebas que adjunta al libelo de querella. En esa dirección, sostienen que el funcionario judicial acusado incurre en los delitos citados, porque no le otorgó copias autenticada de una diligencia de allanamiento a una de las apoderadas judiciales de J.B., además porque decretó el arresto corporal de dicho ciudadano, y porque ordenó la diligencia de allanamiento a la residencia de ALVARO TESTA RIVERA (f.16)

A foja 940-943, tomo III del expediente, se observa el escrito de petición de copias autenticadas de la diligencia de allanamiento ordenada por el juez acusado a la casa No. 43, corregimiento de P.L., en la que reside ALVARO TESTA, suscrita por la licenciada Z.R.L., en su condición de "...Apoderada Sustituta del señor J.B....". Este escrito fue presentado ante el licenciado E.P., en su condición de Juez Primero Seccional de Familia del Primer Circuito Judicial, en la tarde del 30 de abril de 2003.

Como viene expuesto, este proceso de familia se inicia en 1999, con la sustanciación del Licenciado E.R.P., en su condición de Juez Primer Seccional de Familia del Primer Circuito Judicial de Panamá (cf.66-67.t.I).

Es importante destacar que las copias de los tres tomos que comprende ese proceso de familia, revelan que los apoderados judiciales que tuvieron la oportunidad de representar a J.B., nunca manifestaron disconformidad sobre el tema de la expedición de copias a la parte demandada. Incluso, a foja 868 del expediente, se puede apreciar una solicitud de copias de SITTON & ASOCIADOS, que en su momento fungía como apoderado principal de J.B., y no se observa reclamo alguno de dicha gestora en contra del juez de instancia originada por esa petición de copias.

Como se observa, en el expdiente no existe pieza probatoria alguna que, aún de manera indiciaria, revele que el funcionario judicial acusado, de manera dolosa, ordenó, omitió, retardó, se rehusó de manera indebida o ejerció algún acto arbitario para que la defensa técnica de J.B. no tuviera acceso a la diligencia de allanamiento a la residencia de A.T.R., que reposa a foja 952 del expediente.

En consecuencia, el escrito de petición de copias autenticadas de la diligencia de allanamiento que reposa a foja 940-943, tomo III del expediente no constituye una prueba idónea para acreditar la comisión de los delitos que consagran los artículos 336,338 y 342 del Código Penal.

Otro argumento con que la querellante sustenta la infracción del delito genérico de abuso de autoridad e infracción de los deberes de servidor público, radica en que el juez acusado decretó el arresto corporal de J.B., y porque ordenó la diligencia de allanamiento a la residencia de ALVARO TESTA RIVERA.

En el expediente reposa la declaración de M.C.M., en la que informa al juez de la causa que el 22 de abril de 2003, su hijo D.B.M. había salido de su hogar, y que desconocía donde se encontraba (fs.964-965, t.III) . Ante ese hecho, el licenciado EMILIANO PÉREZ, ordenó la comparecencia de J.B. para ser interrogado (f.97). De la resolución de 28 de abril de 2003, expedida por el juez de familia acusado, se puede apreciar que J.B. no compareció a la fecha y hora indicada por el tribunal. Esa resolución también señala que, tras examinar algunas pruebas pedidas de oficio a la Policía Técnica Judicial, al niño D.B.M. se encontraba en compañía de su padre J.B. desde su salida del hogar materno. Y ante la "...omisión o renuencia en poner a órdenes ..." del Juzgado al niño D.B.M.,es que el tribunal lo declara en DESACATO y ORDENA SU ARRESTO (cf.1075-1,078, t.III). Cabe destacar que la resolución en cuestión, explica minuciosamente el fundamento de hecho y de derecho que sustenta la declaratoria de desacato y la orden de arresto en contra de J.B.. En consecuencia, la Sala de lo Penal es del criterio que de esa actuación judicial se desprende que el licenciado E.R.P., en su condición de Juez Primer Seccional de Familia del Primer Circuito Judicial de Panamá, no ejecutó de manera dolosa los delitos que consagran los artículos 336,338 y 342 del Código Penal. Todo indica con claridad que las actuaciones del juez acusado se alejan totalmente del ámbito penal, toda vez que no se observa alguna actuación arbitraria o abusiva, pues los antecedentes del caso indican que su fundamento radica en el ejercicio que la ley le atribuye para administrar justicia dentro de su competencia.

En igual sentido, puede decirse sobre la actuación del juez acusado al momento de ordenar el allanamiento a la residencia de ALVARO TESTA RIVERA. A petición del apoderado judicial de M.C.M. (f.936-937, t.III), y basado en el artículo 4 de la Ley No. 38 de 10 de junio de 2001, y el artículo 766 del Código de la Familia, el juez EMILIANO PEREZ emitió la resolución de 30 de abril de 2003, con el fin de que la autoridad de Policía, practicara una medida cautelar de protección en favor del niño D.B.M. (Cf.938-939, t.III). Estas actuaciones del juez acusado no constituye prueba sumaria que indique que, de manera dolosa, ordenó, omitió, retardó, se rehusó de manera indebida o ejerció algún acto arbitario en contra de los querellantes, además que sus decisiones judiciales las basó en cumplimiento del deber legal de administrar justicia.

En los procesos contra servidores públicos, cuya normativa está contemplada en el Capítulo II del Título IX del Código Judicial, se establece taxativamente en el Artículo 2467 del Código Judicial, que exige que a quien promueva denuncia por delito de abuso de autoridad, infracción de los deberes de los servidores públicos y extralimitación de funciones, debe acompañar a la denuncia la prueba sumaria de su relato, pues en caso contrario, se ordenará el archivo de la misma.

Para tipificar la conducta de abuso de autoridad e infracción de los servidores públicos, el Código Penal exige que sea evidente la intención dolosa del funcionario, es decir, que tenía toda la voluntad de causar perjuicio. La Jurisprudencia de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema ha señalado que:

"Hay dos maneras de abusar, con ocasión de las funciones, que es cuando el funcionario tiene facultad legal para ejecutar el acto, pero lo hace indebidamente; o excediéndose en el ejercicio de sus funciones, que es cuando el acto escapa a las atribuciones del funcionario, convirtiéndose en un hecho excesivo que la ley no autoriza, pero en una u otra conducta es obligante que concurra la intención dolosa por parte del funcionario de querer la realización del hecho punible" (Sentencia de 22 de octubre de 1992. Registro Judicial de octubre de 1992. P.. 245-246.)

Esta Colegiatura Judicial no observa dentro del expediente prueba sumaria o documentación que, por sí sola, acredite la configuración del delito de Abuso de Autoridad e Infracción de los Deberes de Servidores Públicos en contra del juez acusado.

De los documentos presentados por los querellantes se constata que son actuaciones propias de un juzgador de la jurisdicción especializada de familia y las cuales fueron dictadas dentro de los parámetros permitidos por la ley, en los que no se advierte dolo alguno.

Esta Superioridad coincide con el criterio del Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, en el sentido que las pruebas aportadas al libelo de querella carecen de la idoneidad y eficacia necesarias para acreditar la comisión de los hechos punibles sobre abuso de autoridad, infracción de los deberes de los servidores públicos y extralimitación de funciones. Respecto a las pruebas que deben aportarse para estas modalidades delictivas, esta S. ha manifestado que:

"Acompañar la prueba sumaria no se refiere a presentar una cantidad de documentos sólo para satisfacer el requisito de prueba sumaria. Los medios probatorios que se deben acompañar con la denuncia o la acusación deben ser lo suficientemente elocuentes que por sí solos acrediten el hecho punible que se le imputa al denunciado, es decir, deben ser idóneos" .

(Resolución de 26 de agosto de 1994).

Con lo antes planteado, y las pruebas obrantes en el expediente, podemos concluir que la prueba sumaria que se adjunta a la presente querella, no cumple con el requisito de brindar seguridad y certeza que el funcionario acusado, ha actuado en forma dolosa en la comisión de los delitos que consagran los artículos 336,338 y 342 del Código Penal.

2) El delito de usurpación de funciones Públicas, que comprende el artículo 343 del Código Penal.

El auto consultado expresa que el funcionario judicial acusado no usurpó competencia, porque la demanda de H.C. no paraliza la actuación, ya que tiene el propósito de examinar si la detención u orden de arresto se encuentra o no legitimada.

Para comprender el razonamiento del Tribunal Superior, es necesario atender el cargo que los querellantes le formulan al licenciado E.R.P., en su condición de Juez Primero Seccional de Familia del Primer Circuito Judicial de Panamá. De acuerdo al libelo de querella, el juez acusado incurre en el delito de usurpación de funciones públicas por los siguientes hechos: emite el auto No. 607 de 28 de abril de 2003 a través del cual decreta el desacato y el arresto de J.B., razón por la que ese mismo día los apoderados judiciales del BRAWERMAN formalizan una Acción de H.C. en su favor, ante el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial (cf.8, t.I). En ese orden de ideas, los querellantes explican que el juez acusado recibió el mandamiento de Hábeas Corpus a las 8:47 a.m del 29 de mayo de 2003, por lo que desde ese momento "... el proceso de J.B. ya se encontraba a órdenes de otra autoridad competente, es decir, a órdenes del Segundo Tribunal Superior..." , y que "... cualquier diligencia o actuación realizada posterior a esta fecha... el Juez Primero Seccional de Familia se encontraría usurpando la competencia del Segundo Tribunal Superior de Justicia "(F.8, t.I). Y los querellantes agregan que en el momento en que el juez acusado ordenó la diligencia de allanamiento a la casa de ALVARO TESTA RIVERA, "... ya la actuación del proceso del señor J.B. se encontraba a disposición del Segundo Tribunal Superior de Justicia, pues a foja 47 del Libramiento de H.C. se constata que fue recibido mediante FAX el día 29 de abril del 2003 a las 8: 47 horas de la mañana..." (F.11).

Ahora bien, el artículo 343 del Código Penal describe el delito de usurpación de funciones públicas en los siguientes términos:

"El que ejerza funciones públicas sin autorización legal o el servidor público que continúe ejerciéndolas después de haber cesado legalmente en el desempeño de un cargo o después de haber recibido del órgano competente comunicación oficial que ordenó la cesantía o suspensión, será sancionado con prisión de 6 meses a un año.

La jurisprudencia de la Sala de lo Penal se ha pronunciado sobre los presupuestos necesarios para que se produzca este delito, que son los siguientes:

"1º Un sujeto activo calificado o común.

  1. Una acción representada por dos verbos rectores: ejercer o continuar ejerciendo funciones públicas.

  2. Un bien jurídico tutelado, cual es: la administración pública.

  3. Un sujeto pasivo que es el titular del bien jurídico y que en el caso del tipo contenido en el artículo 343 del Código Penal, lo representa el Estado.

  4. Características normativas que el legislador incluye en la estructura del tipo y que consisten en ejercer funciones públicas "sin autorización legal", o continuar ejerciéndolas "después de haber cesado legalmente en el desempeño" del cargo o "después de haber recibido del órgano competente comunicación oficial de suspensión o cesantía"." (Resolución de 18 de agosto de 1995)

Esta Superioridad comparte el criterio del auto consultado en el sentido que en autos no existen medios probatorios de los cuales hagan surgir la figura delictiva de usurpación de fucniones públicas, y en la que se encuentre vinculado el licenciado EMILIANO RAMÓN PÉREZ. No está acreditado este tipo penal delictivo porque en el momento en que el licenciado PÉREZ ordenó la diligencia de allanamiento a la casa de A.T.R., ejercía, y aún lo ejerce, el cargo de Juez Primero Seccional de Familia del Primer Circuito Judicial de Panamá. Es decir, actuó como miembro del Organo Judicial investido para administrar justicia, además que en el expediente no existe constancia alguna que indique que, en el momento en que ordenó la diligencia de allanamiento, había sido cesado o suspendido en sus funciones jurisdiccionales.

Por otra parte, en este proceso no constituye delito de usurpación de funciones públicas, el hecho que el juez acusado efectuó trámites o diligencias dentro del proceso de familia en el que había ordenado el arresto de J.B., mientras el Tribunal Superior conocía de una acción de Hábeas Corpus en favor de dicho ciudadano. El artículo 2589 del Código Judicial establece que una vez que la autoridad demandanda ha sido notificada del mandamiento de hábeas corpus, "... queda obligado a entregar inmediatamente a la persona presa, privada o restringida de su libertad al funcionario que conoce del Hábeas Corpus...". Y el artículo 2599 del Código Judicial establece, entre otras consideraciones, que una vez entregada la persona limitada de su libertad corporal, el Tribunal de Hábeas Corpus

"... podrá pedir, además, las diligencias originales en que se apoya el informe."

Ahora bien, a las 8:40 a.m del 30 de abril de 2003, el Juzgado Primero Seccional de Familia del Primer Circuito Judicial de Panamá recibió un escrito presentado por el apoderado judicial de M.C.M. madre de D.B., en el que solicitaban que se rescatara a dicho niño de la residencia de ALVARO TESTA (cf.936-937, t.III). Con base en esa solicitud, el juez de la causa emitió la resolución de 30 de abril de 2003, en la que ordenó a la autoridad de Policía del corregimiento de Parque Lefevre para que ejecutara la medida cautelar (f.938-939,t.III). A fojas seguidas, se aprecia el escrito de la defensa técnica de J.B. con el que solicitan copias autenticadas de la diligencia de allanamiento a la casa de ALVARO TESTA. El Juzgado Primero Seccional de Familia del Primer Circuito Judicial de Panamá recibió ese escrito a las 2:16 p.m de ese 30 de abril de 2003 (cf.943). De acuerdo a las copias aportadas por los propios querellantes, en el expediente levantado en el juzgado en cuestión, no existe actuación alguna del juez acusado luego de las 2:16 p.m del 30 de abril de 2003.

Lo anterior es importante porque a foja 1,001 , tomo III del expediente, se lee con claridad que el juez acusado se notificó personalmente del mandamiento de Hábeas Corpus a las 2:19 p.m del 30 de abril de 2003, y de acuerdo al informe de contestación del mandamiento de Hábeas Corpus, el juez acusado no puso a órdenes del Tribunal de Hábeas Corpus a J.B., porque el auto que ordenó su arresto no estaba aún ejecutoriado, por lo que "...no se ha girado comunicación alguna a las autoridades pertinentes a fin de que lo ponga a órdenes de este tribunal" (f.1,003, t.III).

De acuerdo a las copias autenticadas del proceso de familia, las cuales fueron aportadas por los querellantes, esta Superioridad no observa actuación alguna del juez acusado luego de notificarse personalmente del mandamiento de Hábeas Corpus. En consecuencia, en los términos que los querellantes plantean, el cargo de usurpación de funciones públicas no está acreditado porque las diligencias que el juez acusado realizó ese 30 de abril de 2003, se ejecutaron antes de enviar el proceso o el expediente de familia al Tribunal de Hábeas Corpus, para que obraran como antecedentes de esa acción constitucional en favor de J.B..

3)Falsificación de documentos, en cuanto al supuesto penal que destaca el artículo 266 del Código Penal.

Este Tribunal de Consulta comparte el criterio del Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial en el sentido que el hecho atribuido por los querellantes al juez acusado, no configura el delito de falsificación de documento que describe el artículo 266 del Código Penal. Esta disposición penal castiga falsificación ideológica de documento público o auténtico, y la describe en los siguientes términos:

"Las sanciones previstas en el artículo anterior son aplicables al que incluya o haga incluir en una escritura o documento público auténtico, declaraciones falsas concernientes a un hecho que el documento deba aprobar, de modo que pueda resultar perjuicio"

En las copias del cuaderno de Hábeas Corpus (fs. 954-1,011, t.III), que fueron aportadas por los propios querellantes, se observa que el mandamiento de Hábeas Corpus fue enviado vía fax al Juez Primero Seccional de Familia del Primer Circuito Judicial de Panamá. Y también se observa que dicho juzgador se notificó personalmente de ese mandamiento de Hábeas Corpus.

Además, en las copias del cuaderno de hábeas corpus no se observa alguna pieza en la que el Tribunal de Hábeas Corpus exprese que el juez acusado contestó el mandamiento de Hábeas Corpus de manera irregular, o que lo presentó fuera del término de las dos horas siguiente a su expedición, como lo ordena el artículo 2588 del Código Judicial. Esto implica, sin duda alguna, que el Tribunal de Hábeas Corpus tomó como referencia la notificación personal del mandamiento de Hábeas Corpus efectuada por el juez de familia, porque el artículo 2588 del Código Judicial señala con claridad que el mandamiento de Hábeas Corpus "...se notificará preferiblemente personalmente, dentro de las dos horas siguientes a su expedición. El secretario del tribunal está en el deber de lograrlo así dentro del plazo indicado..."

En síntesis, en este caso el juez acusado nunca cometió el delito de falsedad ideológica en el momento en que llenó el sello de notificación del mandamiento de Hábeas Corpus, porque la Ley toma en cuenta, como regla general, el momento de la notificación personal de dicha actuación, para determinar el plazo de las dos horas que la autoridad demandada tiene para contestarla. Por lo tanto, en esta causa no existe prueba, como mínimo indiciaria, que revele la existencia del delito de falsedad documental en su modalidad ideológica, por existir una contradicción entre la hora y fecha del envió de fax del mandamiento de Hábeas Corpus al Despacho del Juez de Familia, y la fecha y hora en que el juzgador se notificó personalmente de dicho mandamiento.

4) El delito de Maltrato al niño, niña o adolescente, que corresponde al artículo 215-D del Código Penal.

El auto consultado de ninguna manera se refiere a este delito, pese a que los querellantes formalizaron ese señalamiento penal en contra del licenciado EMILIANO R.P., en su condición de Juez Primero Seccional de Familia del Primer Circuito Judicial de Panamá.

De acuerdo al libelo de querella, el juez acusado incurre en el delito que prevé el artículo 215-D del Código Penal, porque tenía conocimiento de una denuncia penal de maltrato en contra de M.C.M., madre de D.B.. Y aún con esa información, explican los querellantes, emitió el auto No. 607 de 28 de abril de 2003, que declaró en desacato a J.B., ordenó su arresto, con el fin de devolver a D.B. a su madre. (f.7, t.I).

El artículo 215-D del Código Penal manifiesta lo siguiente:

"La persona que maltrate a un niño, niña o adolescente menor de 18 años, será sancionada con prisión de 2 a 6 años o con medida de seguridad curativa o ambas.

Las siguientes conductas tipifican el maltrato de menores de edad:

  1. causar, permitir o hacer que se les cause daño físico, mental o emocional, incluyendo lesiones físicas ocasionadas por castigos corporales.

  2. Utilizarlos o inducir a que se les utilice, con fines de lucro, en la mendicidad, pornografía o en propaganda o publicidad no apropiada para su edad

  3. Emplearlos en trabajos prohibidos o contrarios a la moral, o que pongan en peligro su vida o su salud.

  4. Imponerles trato negligente y malos tratos que puedan afectarles en su salud física y mental "

Es importante resaltar que, a diferencia del primer párrafo del artículo 215-A del Código Penal, cuyo sujeto activo y pasivo deben ser miembros del núcleo familiar, y que el pasivo debe ostentar la mayoría de edad al momento de ocurrir el ilícito penal, el sujeto pasivo del tipo penal que exige el artículo 215-D ibidem, tiene que ser necesariamente un niño, nña o adolescente menor de 18 años de edad, mientras que el sujeto activo puede ser cualquiera, incluso, miembros del núcleo familiar.

Ahora bien, de acuerdo a la copia del Oficio No. No. 1011-ap de 25 de abril de 2003, suscrita por la Fiscal Segunda Especializada en Asuntos de Familia y el Menor de Edad, el juzgador acusado recibió las copias de la denuncia penal por el delito de maltrato en contra de M.C.M. en la mañana del 28 de abril de 2003 (fs.886; 914-915, t.III).

En el auto No. 607 de 28 de abril de 2003, en el cual se decretó el desacato y el arresto de J.B., se observa que el juez acusado atendió las copias autenticadas sobre la denuncia penal presentada por JACOBO BRAWERMAN en la tarde del 22 de abril de 2004, en contra de M.C.M. por la comisión del delito de maltrato en perjuicio de su hijo D.B.M. (cf.1,075-1,078, t.III).

Esta Superioridad considera que el juez acusado, al proferir el auto No. 607 de 28 de abril de 2003, no tuvo la particular intención que el niño DANIEL BRAWERMAN fuese objeto de daños físicos, mentales o emocionales, incluyendo lesiones físicas o castigos corporales, como sugieren los querellantes. Lo que se desprende de esa decisión jurisdiccional, es que el juez acusado tenía el deber legal de compeler a J.B. a que cumpliera con la orden judicial de respetar la custodia que a M.C.M. le había sido concedida en relación con su hijo D.B.M.. (cf.1,077, t.III)

En adición, es oportuno destacar que en el momento en que el juez acusado profirió el auto No. 607 de 28 de abril de 2003, solamente contaba con la existencia de una denuncia penal en contra de M.C.M., y carecía de otras piezas penales que le informara más sobre el desarrollo de esa investigación penal. Y como quiera que la instancia penal aún no había corroborado la veracidad o no de la información del denunciante, quien no está obligado a probar su relato, según se desprende del artículo 1994 del Código Judicial, era lógico que atendiera su deber legal de hacer cumplir la orden judicial que le concede a M.C.M. la custodia de su hijo D.B.M..

En resumen, de la actuación emitida a través del auto No. 607 de 28 de abril de 2003, no se desprende de manera alguna que el juez acusado hubiese incurrido en la comisión del delito que prevé el artículo 215-D del Código Penal.

5) El delito de Violación de domicilio.

Los artículos 151 al 160 del Código Penal contienen las infracciones penales a la libertad individual. Y los artículos 163 al 165 de esa disposición legal sustantiva, comprenden el delito de violación de domicilio.

En el libelo que formulan los cargos, los querellantes no especifican o identifican con precisión cuál es el tipo penal infringido por el funcionario judicial acusado.

Al darle lectura al auto consultado, a los antecedentes del caso, y a las normas legales que castigan el delito de violación de domicilio, esta Superioridad comparte el razonamiento que se expone en la resolución del Tribunal Superior, porque la resolución judicial que ordenó la diligencia de allanamiento ejecutada por la autoridad de Policía a la residencia de ALVARO TESTA, tiene su base legal en la resolución de 30 de abril de 2003 (f.938,t.III), en la que el juez acusado expone con claridad el fundamento de hecho y de derecho para que se procediera a esa medida, pues existían indicios que D.B., podía ser localizado en la residencia de ALVARO TESTA, persona que no consta que tenía vínculo de parentesco con el niño aunado a que desde el 22 de abril de 2003, la madre no tenía conocimiento absoluto sobre la localización de su hijo.

6) El delito contra la libertad individual, y el delito de corrupción de servidor público.

Respecto al delito contra la libertad individual, como se dijo líneas arriba, los querellantes omiten sustentar este cargo penal. Sin embargo, las piezas allegadas al expediente nos permiten llegar a la misma conclusión del Tribunal Superior: la declaratoria de ilegalidad de la detención de J.B. no configura delito alguno. Y esto es así porque, mediante resolución judicial (cf.1075-1078, t.III), el juzgador justificó de manera razonada que la privación de la libertad de J.B., porque desobedeció la oden del tribunal al no haber comparecido a los estrados del Tribunal de Familia, porque tenía interés en que coadyuvara en la localización del niño D.B.M., quien tenía varios días de estar "desaparecido" de no saber sobre su paradero.

A foja 1,138, tomo III del expediente, se aprecia que la apoderada judicial de la recurrente acusa al funcionario judicial del delito de corrupción de servidor público. En el libelo de querella (f.1-23,t.I), no se observa que se haya formalizado la acusación en contra del juez endilgado por la comisión de ese delito contra la administración pública.

Se trata de un nuevo delito que la apoderada judicial ha mencionado en el libelo de apelación. Y para sustentarlo la recurrente ataca la actuación del Ministerio Püblico, porque ignora como prueba sumaria la declaración del niño D.B., en la que dice "... textualmente que fue intimidada (sic), coaccionada (sic) y amenazada (sic) por el Juez Primero Seccional de Familia. sin embargo, la Fiscalía Primera Superior ni siquiera se pronunció sobre esta prueba ni ha realizado ninguna gestión judicial para investigar el delito de corrupción o extralimitación de funciones públicas cometido por el Juez Primero Seccional de Familia..." (F.1,138,t. III)

El Capítulo III del Título X del Código Penal, consagra el delito de corrupción de servidores públicos. Ese Capítulo contiene los artículos 331, 332, 333, 334, 335, 335-A y 335-B del Código Penal. Si tomamos en consideración que la apoderada judicial de los querellantes señala que el juez acusado intimidó, coaccionó y amenazó al joven DANIEL BRAWERMAN mientras rendía una declaración, esa supuesta actuación no guarda relación alguna con el delito genérico de corrupción de servidores públicos. De acuerdo a la jurisprudencia que ha sentado la Sala de lo Penal de la Corte Suprema, "El delito de corrupción de servidores público implica para el sujeto activo del mismo recibir, o hacerse prometer, dinero u otro beneficio para que éste haga, no haga, retarde u omita algún acto inherente o contrario a sus funciones...." (Resolución de 8 de septiembre de 1995).

En el expediente no existe prueba, aún indiciaria, que revele que el juez acusado, por ocasión del trámite del expediente de familia propuesto por M.C.M. en el que demanda la guarda crianza, régimen de comunicación y visitas de sus hijos menores de edad DANIEL y J.B.M., ha incurrido en algunas de las modalidades delictivas de corrupción de servidores públicos.

El estudio del expediente que nos ocupa, no se observa alguno de los mecanismos de corrupción que castiga el Código Penal. Contrario con lo que señala la apoderada judicial de los querellantes, en este proceso no se aprecia que el juez acusado se encuentra en una relación entre quien comete el acto corrupto (por ejemplo, el funcionario público) y quien induce a cometerlo, o el que la padece. La corrupción es la interacción al margen de la ley entre al menos un agente público y un agente privado u otro público con el objetivo de alcanzar el beneficio personal, de uno de los agentes implicados.

En síntesis, lo dicho por la recurrente, los antecedentes del caso no son suficientes para completar una disección completa de la definición propuesta, con los que se pueda determinar que el juez acusado tuvo una interacción ilegal, una negociación entre el corrupto y el corruptor, del cual queda tipificado penalmente como corrupción por esa interacción al margen de la ley.

Por otra parte, los querellantes acusan al funcionario judicial de incurrir en "ignorancia inexcusable", mora judicial, que ha violado la ética judicial, y los principios sobre el debido proceso, igualdad procesal, bilateralidad, interés superior del menor, e imparcialidad (f. 3,13,14). Se trata de cargos que este Tribunal de Consulta carece de la competencia necesaria para pronunciarse, pues solamente puede confrontar la conducta del funcionario judicial con las disposiciones sustantivas penales, con el fin de determinar si ha incurrido o no en la comisión de algún delito.

Tras este detallado examen penal, esta Sala considera correcto confirmar el sobreseimiento definitivo, objetivo e impersonal en estas sumarias, en atención al numeral 2 del artículo 2207 del Código Judicial, toda vez que los hechos investigados no constituyen delito.

No hay duda que en un Estado de Derecho, la Ley reconoce a los ciudadanos el derecho de queja, denuncia o querella en contra de los operadores de justicia, con el fin de investigar y sancionar, si hubiere lugar, a los que actúen al margen de sus funciones judiciales. Pero en el caso que nos ocupa, las partes y sus apoderados viciaron ese derecho, al formalizar una querella penal ambigua, basada en hechos que más bien consistieron en insatisfacciones por no lograr sus pretensiones. En consecuencia, la Sala de lo Penal de la Corte Suprema, y fundado en el numeral 9 del artículo 199 y 215, los dos del Código Judicial, llama la atención a los querellantes y a sus apoderados judiciales de esta causa, por formalizar una iniciativa penal totalmente temeraria, al ejercer de manera abusiva y desviada el procedimiento penal como fórmula de incidir o presionar al juez de la causa de familia.

Para finalizar, se advierte al Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial que en la resolución No. 212 de 30 de diciembre de 2003, no se pronunció sobre el delito de Maltrato al niño, niña o adolescente, el delito contra la libertad individual, y el delito de corrupción de servidor público, por lo que debe tomar nota que las resolucionesjudiciales resulten congruentes con la instrucción sumarial, con lo que se investiga, y en este caso, con lo que piden los querellantes. Y en la parte resolutiva del auto consultado, no incluyó el delito de usurpación de funciones públicas.

Como quiera que esta Superioridad ha efectuado algunas enmiendas en la parte motiva del auto consultado, es necesario hacer lo mismo en la parte resolutiva, por lo que se resuelve en en los siguientes términos.

Por lo antes expuesto, LA CORTE SUPREMA, SALA DE LO PENAL, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de la ley, REFORMA el auto No. 212 de 30 de diciembre de 2003, proferido por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, y DECRETA el sobreseimiento definitivo, objetivo e impersonal, de la querella formalizada por los licenciados ORLANDO ABDIEL CASTILLO, R.R.A., M.V., ZYLKY VEGA, O.E.P. y SIDNEY SITTON URETA, en nombre y representación de J.B.B., A.E.T.R. y Z.L.R.L., en contra del licenciado EMILIANO PÉREZ, en su condición de Juez Primero Seccional de Familia, por la comisión del delito de ABUSO DE AUTORIDAD, FALSEDAD IDEOLÓGICA, VIOLACION DE DOMICILIO, USURPACIÓN DE FUNCIONES PÚBLICAS, MALTRATO AL NIÑO, NIÑA O ADOLESCENTE, VIOLACIÓN DE LA LIBERTAD INDIVIDUAL, y CORRUPCIÓN DE SERVIDOR PÚBLICO, Y CONFIRMA en todo lo demás.

D. y N..

ESMERALDA AROSEMENA DE TROITIÑO

GRACIELA J. DIXON C. -- ANÍBAL SALAS CÉSPEDES

MARIANO HERRERA (Secretario)

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