Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 26 de Enero de 2015

PonenteHarry Alberto Díaz González
Fecha de Resolución26 de Enero de 2015
EmisorSegunda de lo Penal

VISTOS: Mediante Sentencia fechada veinticuatro (24) de junio de 2013, el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, Absolvió a L.J.G.P., de los cargos formulados en su contra por la presunta comisión del delito Contra la Vida y la Integridad Personal (Homicidio) y Contra la Libertad Personal (Secuestro), en perjuicio del señor G.A.S.Á.. Contra dicha medida judicial, el licenciado L.A.M.S., F.P. Superior del Tercer Distrito Judicial, anunció y sustentó en tiempo oportuno recurso de apelación. Dentro del término de traslado, se recibió escrito de la licenciada M.M.M., defensora de oficio de la procesada, en el que señaló sus argumentos en contra de la apelación presentada. El recurso fue concedido en el efecto suspensivo, por lo que corresponde a esta superioridad resolver la alzada. FUNDAMENTOS DEL RECURSO El F. de la causa, licenciado L.M. solicita a esta Sala Penal, se revoque la sentencia absolutoria y en su lugar se declare responsable y condene a L.J.G.P., a la pena que establecen los artículos 132, numeral 9 y 150 del Código Penal, en relación con el artículo 45, numeral 1, del Código Penal; es decir, como cómplice secundaria de los delitos de Homicidio y Robo, en perjuicio del señor G.A.S.. Señala el recurrente que si bien el fallo deja plasmado que la procesada no fue la autora directa, pues no ejecutó la acción de llevarse al señor G.S., privarlo de su libertad o quitarle la vida; no obstante al decidir la causa, dejo de atender el sistemático y profundo análisis de la prueba. Indica que el fallo parte por reconocer que la inculpada mantenía el número celular 6563-9799, del cual se dio un intercambio de llamadas con el celular 6605-1273 utilizado por los secuestradores para hacer llamadas el 19 y 20 de septiembre de 2011 a los familiares del occiso, por lo cual no puede menos entonces que admitirse la existencia de un vinculo directo de la imputada y los secuestradores asesinos; más aún, cuando del número 6563-9799 de propiedad de la imputada, se hacen nueve llamadas al 6646-3842 utilizado por los secuestradores para exigir el dinero que habían tumbado, hecho que quedó claramente establecido en el informe de relación de llamadas consultable a foja 760. Sostiene el F. que si el día 20 de septiembre de 2011, coincidió con la fecha del secuestro, entonces no puede hablarse de una duda razonable respecto a la complicidad de la inculpada, para razonar y admitir como lógico como se plantea en el fallo impugnado, el hecho de que tenía dos celulares modelo k1 y otro marca coral, pero como uno le daba problemas, siete días antes del secuestro le puso ese chip a otro celular de color gris que le dieron el G. y J., clientes frecuentes del restaurante donde laboraba, teléfono que utilizó por dos semanas y luego se lo prestó a su primo M.F.P. que recién llegaba de Colombia, para después recibir en el mes de octubre de 2011, un blackberry regalado por otro cliente de nombre J. al cual le ingresó el mismo chip, mientras que el teléfono marca coral se lo prestó a su tía A.H.. De igual manera advierte el apelante, que se toma como buena la explicación, respecto a que en la fecha en que ocurrió el homicidio no sabe quién pudo tomar su celular, o a quién se lo prestó, ya que en su trabajo muchas personas se lo pedían o le pedían que vendiera minutos y que las llamadas se hicieron en horas laborables; no obstante O.A.O., propietario del lugar en donde laboraba la procesada informó, que dicho lugar siempre abría a las cinco de la tarde, por lo cual estima debió ponderarse en contra de la procesada con toda eficacia la prueba indiciaria de mala justificación. Finalmente señaló como otra valoración que resulta distanciada de las reglas de la sana crítica, la realizada con relación al equipo IMEI356446027968790, pues es inusual que un teléfono celular que no este dedicado al mercado para venta de minutos, sea prestado a personas desconocidas. Ese elemento de gravedad indiciaria por mala justificación, se ve potenciado con el hecho de que las antenas del Hotel Roma se activaron con las llamadas realizadas en el mes de septiembre de 2011, para solicitar el dinero a cambio de la entrega del ofendido. (fs. 1229-1238) DE LOS HECHOS Se inicia la presente investigación con la denuncia presentada por el señor G.A.S., quien puso en conocimiento de la autoridad competente, sobre el secuestro realizado en contra de su padre señor G.A.S.Á., mayor de setenta y cinco (75) años de edad. Explicó tener la certeza de que se trata de un secuestro, ya que según su hermana L. un hombre que no se identificó la llamó a su celular, para solicitarle el número de teléfono de su hermano I.S. apodado B., ya que tenían a su papá, quien supuestamente se encontraba bien. Señaló que al tener noticias de lo anterior se comunicó con su hermano W.S., quien le comentó tener conocimiento que su hermano "B.", había participado en un tumbe en Río Hato, del cual se había llevado una alta suma de dinero, por lo cual los secuestradores exigían la devolución del mismo. (fs. 2-5) Al rendir declaración jurada I.A.S.G., manifestó que para el día 9 de septiembre de 2011, unos hombres a los cuales conoce como "N. y J.V.", le entregaron un maletín de color negro del cual desconocía su contenido, siendo que en la caseta que está después de Río Piedra en La Guinea, le indicaron que el maletín se lo tenía que pasar a ellos mismos al pasar Penonomé, acto por el cual le dijeron que le iban a pagar muy bien y él aceptó. Explica que al pasar Penonomé, N. lo llamó a su celular y le indicó que siguiera manejando y que le entregara la maleta más adelante, luego lo llama nuevamente para decirle que se detuviera en Río Hato pues ellos llegarían allí, por lo cual se estacionó y esperó como cinco a diez minutos hasta que llegaron N. y J.V. en una camioneta GMC de color gris, de especificación americana, de la cual se baja J. a buscar el maletín y cuando se iba subiendo al camión escuchó unas detonaciones, las cuales hirieron a J. quien corría en la calle mientras dos sujetos lo seguían por lo cual de inmediato se fue la camioneta GMC, mientras él intentó arrancar pero un tipo se subió al camión y lo apuntó con un arma en la cabeza obligándolo a continuar manejando hasta el On The Run de Cerro Patacón, lugar en que el sujeto luego de despojarlo de sus pertenencias se baja del camión y se va. Agregó el declarante que conoció a J. y a N., porque su cuñado J. se los presentó, siendo que J. le dijo que como trabajaba manejando camiones, lo quería meter en un negocio en el cual ganaría dinero, por lo cual lo llamaron una semana antes del 9 y acordaron encontrarse en el puente de La Guinea, para entregarle el maletín que ellos mismos recogerían en Penonomé. (fs. 23-32) Mediante informe de novedad fechado 26 de septiembre de 2011, el cabo 2do V.G.L. de la Sub Dirección de Investigación Judicial, consignó que en la búsqueda de información relacionada con la investigación adelantada en perjuicio del señor G.A.S., se percató que en el periódico La Nación, de la República de Costa Rica, apareció un titular que decía que en el sector de Ciudad Neily Corredores habían encontrado un cuerpo exánime de una persona de sexo masculino de avanzada edad. (fs. 184) Consta en el expediente copia certificada y apostillada del expediente que se tramita en la F.ía Auxiliar de Corredores, en la República de Costa Rica, por el Homicidio en perjuicio del señor G.A.S.Á., en el cual se constata el dictamen Médico Legal que establece como causas de su muerte "Herida por proyectil de arma de fuego en la cabeza con laceración del tallo cerebral". (fs. 708) La Dirección de Investigación Judicial de Chiriquí, realizó informe de llamadas telefónicas al celular No.6696-8654 perteneciente a W.S., quien fue el receptor de las llamadas realizadas por los secuestradores, cuyo resultado arrojó que los números de los cuales llamaron en las fechas y horas mencionadas fueron los siguientes: 6605-1273, 6646-3842, 6899-3900 y 6465-6902. (fs. 170). Por medio de diligencia calendada 29 de noviembre de 2012, la F.ía Primera Superior del Tercer Distrito Judicial, dispuso recibirle declaración indagatoria a L.J.G.P., por su presunta vinculación en el delito Contra la Libertad (secuestro), conducta definida en el Capítulo I, Título II, del Libro II del Código Penal, cometido en perjuicio de G.A.S.Á.. (fs. 1370-1381) Al rendir sus descargos la procesada negó toda participación en los hechos investigados, y al ser confrontada sobre la llamada registrada desde su celular para el día 20 de septiembre de 2011, a uno de los teléfonos de los secuestradores, indicó que eran horas laborables y que el celular lo pudo haber prestado, ya que ella no realizó dicha llamada y desconoce ese número. Al ser cuestionada sobre las 9 llamadas recibidas en su celular del número 6646-3842, el 21 de septiembre de 2011 a distintas horas del día, manifestó no saber que decir, ya que no conoce de quien es ese celular. (fs. 890-891) La procesada también refirió que en muchas ocasiones prestó su teléfono celular a su primo M.F.P. (a) "N.", pero nunca supo a quien llamaba y de quien recibía llamadas. (fs. 915-916) Mediante V.F. No. 85 de 26 de diciembre de 2012, la F.ía Primera Superior del Tercer Distrito Judicial de Panamá, solicitó llamamiento a juicio para L.J.G.P., por presunta infractora de las disposiciones contenidas en el Capítulo I, Título II y de la Sección 1ra., del Capítulo I, Título I del Libro Segundo del Código Penal, es decir, por haber participado en el secuestro y homicidio de G.A.S.Á.. (fs.1410-1423). Al ser calificado el mérito legal del sumario el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial mediante Auto fechado 31 de enero de 2013, dispuso la apertura de causa criminal contra L.J.G., como presunta infractora de las disposiciones legales contenidas en el Capítulo I, Título II y de la Sección 1ra., del Capítulo I, Título I del Libro Segundo del Código Penal, es decir, por haber participado en el secuestro y homicidio en perjuicio del señor G.A.S.Á.. (fs. 1427-1436) La audiencia oral fue celebrada el 14 de mayo de 2013, bajo las reglas de juicio en derecho, acto en el cual la procesada se declaró inocente de los cargos formulados en su contra, quedando tan sólo pendiente se dictara la sentencia correspondiente. (fs. 1198-1201) Mediante Sentencia de fecha veinticuatro (24) de junio de 2013, el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, absolvió a L.J.G.P., de los cargos formulados en su contra, resolución ésta que se encuentra en grado de apelación, ante esta instancia. (fs. 1203-1228) CONSIDERACIONES DE LA SALA Conocidos los argumentos, se procede a revisar la sentencia apelada, dentro de los parámetros impuestos por el artículo 2424 del Código Judicial. Alega el recurrente que el Tribunal de instancia, realiza una errada valoración de las pruebas en contra de la procesada, al concluir que de los elementos indiciarios surgidos de los informes de relación de llamadas telefónicas, no se infiere la participación de L.J.G.P. en los hechos relacionados al secuestro y homicidio del señor G.A.S.. En atención al reclamo del apelante, debemos señalar que las piezas procesales permiten corroborar que para el 20 de septiembre de 2011, el señor G.S.Á., fue víctima del delito Contra la Libertad Individual (secuestro), momentos en que se encontraba en su residencia ubicada en Villa Galo, Corregimiento de Pedregal, Distrito de D. de la Provincia de Chiriquí, acto del cual se tuvo información horas después, era con la finalidad de recuperar un dinero que había sido objeto de un tumbe en el sector de Río Hato, del cual responsabilizaban al hijo del ofendido de nombre W.S.G. (a) "B.". El anterior hecho fue corroborado con las declaraciones de G.A.S. (fs. 2-5), I.S.G. (fs. 22-32), L.S. (fs.33-36) y W.S.G. (fs. 33-36), todos contestes en señalar sobre la desaparición del ofendido para el día 20 de septiembre de 2011 y de haber recibido llamadas por parte de los secuestradores, en donde exigían la devolución de una alta suma de dinero que les pertenecía. Mediante informe de novedad procedente de la Sub Dirección de Investigación Policial fechado 26 de septiembre de 2011, se tuvo conocimiento del hallazgo de un cuerpo exánime de una persona de sexo masculino de avanzada edad, el cual fue encontrado en territorio correspondiente al fronterizo país de Costa Rica y que al ser reconocido por parte de familiares, fue identificado como el ciudadano desaparecido G.S.Á.. (fs. 184) Consta en las copias certificadas del expediente llevado en la F.ía Auxiliar de Corredores Costa Rica, el dictamen médico legal donde se establece como causas de muerte de G.A.S.Á., "Herida por proyectil de arma de fuego en cabeza con laceración del tallo cerebral". Tal como revelan las constancias insertas en autos a la investigación se vinculó a la procesada L.J.G.P., a la cual se le formularon cargos y llamó a responder en juicio criminal, tanto por el delito Contra la Libertad Individual (Secuestro), como por el delito Contra la Vida y la Integridad Personal (Homicidio), en perjuicio de G.A.S.Á.. Como hemos expuesto en párrafos precedentes, la disconformidad del recurrente radica en que a su consideración el Tribunal de la causa yerra en la valoración de los medios probatorios, pues a su criterio éstos dan certeza más allá de toda duda razonable, de la culpabilidad de la procesada a título de complicidad, puesto que si se logró acreditar que desde su teléfono celular con número 6563-9799, mantuvo intercambio de llamadas con el teléfono celular 6605-1273 desde el cual los secuestradores hicieron llamadas los días 19 y 20 de septiembre de 2011, a los familiares del occiso, no puede menos entonces que admitirse la existencia de un vinculo directo entre ella y los secuestradores. En ese orden parte la Sala por precisar que la vinculación de L.J.G.P., con los hechos investigados surge a raíz de la información que reveló la relación de llamadas telefónicas, mediante la cual se pudo determinar el cruce de llamadas realizadas entre los teléfonos utilizados por los secuestradores y el teléfono celular perteneciente a la imputada identificado con el número 6563-9799. Consta en el expediente nota de la empresa Telefónica Móviles Panamá, S.A., que se certifica que desde el 4 de septiembre del 2008, L.G.P. mantiene como número de celular el 6563-9799. (fs. 678) Como se advierte tanto de las diligencias en que se dispuso la declaración de indagatoria, detención preventiva y del auto que abrió causa criminal contra L.J.G.P., la vinculación en contra de la misma surgió de los graves y serios indicios de participación criminal, emanados de los informes de relación de llamadas telefónicas, que determinaron que del teléfono de los presuntos secuestradores se realizaron para los días en que se llevó a cabo el delito, llamadas hacia un numero telefónico que resultó ser el celular de la procesada, aparato desde el cual también salieron llamadas hacia uno de los números de los secuestradores. Lo antes dicho nos hace coincidir con lo resuelto por el Tribunal de la primera instancia, en el sentido de que si bien tales eventos dieron pie como indicios para iniciar una investigación y llamar a juicio a la imputada; no obstante, los mismos no alcanzan a sostener una sentencia de responsabilidad penal contra la misma. Tal como se ha dicho en la doctrina y jurisprudencia, los indicios son mecanismos legales utilizados, por los jueces para determinar la existencia o veracidad de otros hechos, que de por sí no constituyen el delito en sí, pero a través de los cuales se puede llegar a los mismos. Su concepto se puede entender de la siguiente manera: "Para formar el tribunal su convicción, no sólo puede valerse de pruebas directas (personales o reales, mediatas o inmediatas, preconstituidas o sobrevenidas), sino también de pruebas indirectas, indiciarias o conjeturales, dirigidas a mostrar la certeza de unos hechos, indicios, que no son los constitutivos del delito, pero de los que pueden inferirse éstos y la participación del acusado, por medio de un razonamiento basado en el nexo causal y lógico, según las reglas del criterio humano, existente entre tales hechos, plenamente acreditados, y los que se trata de probar...". Así las cosas es patente que aún siendo los indicios mecanismos legales en la consecución del delito y sus autores; que los mismos deben ser suficientes para que en conjunto con el resto de las pruebas directas, indirectas, mediatas etc, y hasta en determinados casos, sólo en base a éstas, es decir, a los propios elementos indiciarios, permitan arribar a la conclusión de que se encuentra vencido el principio de presunción de inocencia y de toda duda razonable, para que en consecuencia pueda prosperar un veredicto de responsabilidad penal contra quien se investigue. En este orden advertimos que si bien, el pedido del recurrente gira en torno a que a la imputada se le considere responsable, pero en calidad de cómplice secundaria de los delitos de Homicidio y Secuestro; no obstante no podemos perder de vista que la configuración de los grados de participación criminal, de igual manera conllevan el cumplimiento de requisitos específicos los cuales tampoco se tienen por demostrados, con las piezas que forman parte de la investigación las cuales pasamos a analizar. Se observa que la procesada al momento de rendir sus descargos manifestó ser inocente de los cargos formulados en su contra, explicando sobre los indicios que la vinculan que ella trabajó en un Bar de nombre Texas Bar, lugar en que un cliente de nombre J., le regaló más o menos para el mes de octubre del 2011 el teléfono celular marca Blackberry que se encontraba utilizando, ya que el de ella que era marca K1 le estaba dando problemas. Indicó además que al bar acudían otros sujetos Colombianos apodados el G. y J., los cuales fueron a su trabajo para el mes de septiembre y le solicitaron el teléfono celular, pero como dicho teléfono estaba molestando ellos le regalaron un celular de color gris al cual le metió su chip y siguió utilizando, hasta que le repararon el suyo, por lo cual el otro se lo prestó a su primo M.F.P., quien estaba recién llegado de Colombia. Agregó la procesada que: "Para el tiempo o las fechas que me está dando en que ocurrió el homicidio del señor, no se quién pudo coger mi celular o a quien se lo presté, se que lo presté porque a mi trabajo llegan muchas personas y me lo piden o me piden que les venda minutos" ...Cuando yo presto el celular o me piden un minuto yo nunca pregunto a quien va a llamar ni nunca me voy detrás de la persona a ver con quien hablan...Indicó además que su primo M.F. (a) N., estuvo hospedado en su residencia de finales de agosto, hasta finales de septiembre o principios de octubre del 2011, ya que llegó de Colombia y no tenía donde quedarse, explicó que éste utilizaba el teléfono celular de un amigo de nombre K. el cual vive en San Carlos, lugar en que su primo también se quedó por un tiempo. (fs. 883-894) Tal como revela la investigación el presunto móvil del secuestro y posterior homicidio obedeció a la intención de recuperar el dinero de un tumbe, del cual responsabilizaban al hijo del ofendido de nombre W.S.G., quien si bien negó mantener o conservar una fuerte suma de dinero proveniente de algún "tumbe"; no obstante sí aceptó haber sido víctima del mismo momentos en que se encontraba viajando de Chiriquí para Panamá, ya que había sido contratado por dos sujetos de nombre N. y J.V., personas a quienes conoció por medio de su cuñado J., explicando al respecto que el trabajo consistía en transportar un maletín del cual desconocía su contenido y que debía ser entregado a ellos mismos una vez pasaran el sector de Penonomé. De la versión expuesta por la procesada, denota que su dicho coincide con alguno de los datos que brinda el señor W.S.G. hijo del ofendido, a quien además señalaban como responsable del tumbe de dinero, datos éstos que resultan de suma importancia y que de haber sido considerados por la agencia de instrucción pudieron haber dado luces a la investigación para la ubicación de los autores materiales del hecho, habida cuenta que en efecto se pudo determinar que la única investigada no fue la autora material del delito de secuestro y posterior homicidio. Señala el hijo de la víctima que los sujetos que lo contrataron para que transportara el maletín con el dinero, respondían a los nombres de N. y J., siendo que "N." coincidentalmente resultó ser el apodo de M.F.P., primo de J.G.P. el cual llegó de Colombia y ésta lo hospedó en su casa por varios meses, sujeto a quien además de prestarle su teléfono celular, le obsequió su celular anterior, es decir, el celular de marca K1 que ella utilizaba, hasta que le fue obsequiado el teléfono blackberry que mantenía al momento de su aprehensión. Llama poderosamente la atención, que si éste sujeto M.F.P. era perfectamente identificable por medio de su prima hoy día procesada, no se hicieran los esfuerzos para traerlo al proceso y así investigar si se trataba o no del mismo sujeto identificado como N., que participó y contrató al hijo del occiso para transportar el maletín con dinero, que fue supuestamente objeto del tumbe y que posteriormente resultó ser el motivo del secuestro y posterior homicidio del señor G.S.. De igual manera se constata de lo indicado por la imputada que su primo N. era de nacionalidad Colombiana, lo cual también coincide con lo indicado por el hijo del ofendido cuando señala que los sujetos participantes del tumbe eran de nacionalidad Colombiana, lo cual pudo inferir de acuerdo al acento, que les escuchó cuando se da el tiroteo en que se llevaron el dinero contentivo del maletín. Sumado a ello se tiene que la procesada de forma coherente narró la forma en que obtuvo su celular, explicando que siempre conservó su número de teléfono 6563-9799, puesto que aún cuando cambiaba de aparatos celulares siempre conservó el chip siendo éste introducido en diferentes equipos. Así explica que antes de que un cliente de nombre J., para el mes de octubre del 2011, le regalara el teléfono celular marca blackberry, ella utilizaba otro aparato de color gris marca K1, el cual también le fue regalado por unos clientes de nombre el G. y J. quienes fueron al bar en el mes de septiembre no recuerda si fue el trece o después, los cuales le pidieron su celular prestado y como ella les respondió que se estaba dañando éstos le pusieron el chip a un celular de ellos y se lo dejaron a la procesada, la cual lo utilizó hasta que le obsequiaron el nuevo; no obstante tal como se lee de su declaración ella les deja su celular en la mesa y se retiro, por tanto no se logró desvirtuar si dichos sujetos lo utilizaron para realizar alguna llamada a otro celular. De los informes de llamadas entrantes al celular del hijo del occiso (receptor) se constató que el día 19 de septiembre se realizó una llamada al número de L.J.G., el 20 de septiembre del número de L.J.G. se realizó una llamada al 6605-1273 y el 21 de septiembre del número 6646-3842 se realizaron nueve llamadas al 6563-9799 de propiedad de la imputada (fs. 166-171), en ese sentido debemos señalar que no encuentra soporte lo dicho por el recurrente, en torno a que fue del celular de la procesada de donde se hicieron las nueve llamadas al teléfono 6646-3842, pues todo lo contrario como indica el informe, fue con destino a su celular que se hicieron las 9 llamadas, quedando otra duda sobre si en efecto ella podía saber o no, quien las realizó. Así las cosas, los hechos descritos en vez de permitir probar algún grado de participación y consecuente responsabilidad penal en contra de la procesada, arrojan serias dudas a su favor, pues además como indican los informes de las llamadas entrantes y salientes practicados al número 6563-9799, se logró determinar que al equipo de teléfono con número de IMEI356446027968790, se le ingresaron diversos chip telefónicos adicionales al 6563-9799 correspondiente a la procesada, entre ellos los números 6605-1273 y 6646-3842, números éstos que coincidentalmente fueron utilizados por los secuestradores para llamar al hijo del occiso. De igual manera de los citados informes se corrobora que del número celular 6563-9799 de L.J.G.P., no se realizó de forma directa alguna llamada al señor W.S.G., pues ella tan solo fue receptora de llamadas provenientes de los números utilizados por los supuestos secuestradores; así las cosas estos elementos no son los suficientemente sólidos para acreditar, con plena certeza jurídica la responsabilidad penal de la imputada con el hecho investigado y en este aspecto es dable resaltar lo observado respecto de que los familiares de la víctima en todo momento han indicado que las amenazas recibidas provenían de una voz masculina y no femenina. Se corrobora en autos, que los números celulares 6605-1273, 6646-3842 y 6465-6902, utilizados por los presuntos secuestradores, aparecen registrados a nombre de J.N., con cédula No. 19-333, no obstante no se verifica en la investigación, gestión alguna por medio de la cual se intentara investigar a ésta persona, y poder establecer algún tipo de vinculación o no con la procesada. (fs. 295,298 y 300). En ese mismo sentido tampoco se investigó a D.R. con cédula No. 9-705-2442, quien apareció como propietario del chip No. 6899-3900, del cual se le realizó una llamada a W.S., pero quien tampoco fue requerido para investigación. Al realizar la inspección al teléfono blackberry, modelo 8100, con IMEI 356920013573075, número 6563-9799, al cual se le autorizó verificación e inspección (fs. 924-926), se logró determinar que dicho equipo no fue utilizado por los secuestradores para llamar al hijo del occiso W.S., de igual manera tampoco se determinó de las llamadas entrantes y salientes comunicación por parte de la procesada con familiares de la víctima o con los números de los presuntos secuestradores. (fs. 1332-1333) Consta en la investigación la declaración rendida por el testigo protegido identificado como "No. 135", quien señaló tener conocimiento que los que mataron al señor G., fue un sujeto de nombre D. el cual es el dueño de un local de venta de materiales en Portón de Chiriquí, indicó que también esta involucrado un tal F. y su mujer, los cuales son de Paso Canoa y éstos fueron quienes sacaron al Sr. G. de su residencia. Agregó que además esta involucrado un sujeto de nombre J.C. el cual es abogado, y éste tenía un negocio con D., que consistía en traer dinero del lado tico, el cual según dicen tenía relación con drogas. De igual manera señaló que unos Colombianos llegaban a la casa de J.P. (a) "For", para preguntar por I.S., siendo que hasta han ofrecido dinero por la cabeza del hijo del señor G.S., I.S. (a) "B.", el cual, después del tumbe se ha comprado varios autos entre ellos un Lexus y una camioneta Honda, ya que se dice que éste se quedó con el dinero de los Colombianos el cual era una cantidad de entre 5 a 8 millones de dolares. (fs. 619-623) Sobre los hechos anteriores se constata que aún cuando el testigo protegido dio el nombre de otras personas supuestamente vinculadas con los hechos en que secuestran y pierde la vida el señor G.S., vemos que no se acredita vinculación, relación o nexo alguno entre la única investigada L.J.G., con las personas referidas por el testigo protegido, las cuales como indicó en su testimonio se mantenían y tenían como radio de acción la provincia de Chiriquí, en tanto la procesada se mantuvo siempre en la Ciudad de Panamá, pues tal como refiere su esposo la misma no tenía sus papeles en regla, por lo cual no podía movilizarse con normalidad a la provincia de Chiriquí. Para resolver la controversia planteada, es necesario detenernos un momento, sobre el sentido y alcance de la figura de participación criminal exigida por el recurrente, es decir, la complicidad secundaria. En ese sentido hay que destacar que la doctrina reconoce que la complicidad es la cooperación dolosa en un hecho punible cometido dolosamente por otro (Cfr. R.M., Derecho Penal, P. General (2), Editorial Astrea, Buenos Aires, 1995, p.452). Sobre el particular el doctor C.E.M.R. y la doctora A.E. Guerra de V. explican, "...son aquellos que participan materialmente en el delito, prestando una simple ayuda, pero sin un efectivo concurso en la ejecución del delito mismo". (M.R., C.E. y Guerra de V., A.E., Derecho Penal Panameño, Ediciones Panamá Viejo, 1977, página 364) La legislación penal sustantiva regula esta materia a través de las normas que se encuentran dentro del capítulo denominado "Autoría y Participación (Capítulo VII, Título II, del Libro Primero del Texto Único Código Penal de 2007) y se establecen grados de participación criminal que atienden al nivel de ayuda, auxilio y cooperación para con el autor en la realización del delito. Así, el artículo 44 de la excerta legal citada establece que: "Es cómplice primario quien toma parte en la ejecución del hecho punible o presta al autor una ayuda sin la cual no habría podido cometer el delito". Por su parte el artículo 45 del mismo Código consigna que es cómplice secundario, en primer lugar, quien ayude, de cualquier otro modo, al autor en la realización del hecho punible y, por otro lado, quien, de cualquier otro modo, brinde ayuda u oculte el producto del delito, en cumplimiento de una promesa hecha con anterioridad a su ejecución. En base a este artículo la jurisprudencia ha establecido, que se trata de "una cooperación de cualquier otro modo en la realización del hecho punible permitiendo hasta la promesa de ayuda, que se puede ubicar como una forma específica de complicidad psíquica o moral."(Fallo de 24 de julio de 1996) Visto el sentido y alcance que encierra el grado de participación criminal de complicidad secundaria, debemos señalar que no se constató durante la investigación alguna relación o nexo casual de la procesada con otros sujetos que pudieran determinar su efectivo modo o grado de participación, habida cuenta que tal como revela el resultado de la investigación no se logró determinar quien o quienes fueron los autores del delito de secuestro y robo, perpetrado en perjuicio de quien en vida fuera G.S.Á.; así como tampoco relación alguna con los sujetos que fueron señalados en la investigación como posibles responsables, pero a quienes no se les llevó investigación alguna. Todos los hechos expuestos hacen prevalecer sobre la procesada una duda razonable, sobre si tuvo algún grado de participación en los eventos investigados o si tan sólo tal como ella ha señalado en su defensa, resultó vinculada en razón de que prestó su celular a personas conocidas por ella en el bar donde laboraba, lo que puede justificar el hecho de haber realizado y recibido llamadas de números telefónicos que ahora desconoce, así como también sobre el hecho de que las mismas también pudieron ser realizadas por su primo "N." de nacionalidad Colombiana, con quien convivió en su residencia, por lo cual es lógico y dable pensar que pudo utilizar el celular de la procesada, a cualquier hora del día indistintamente de las horas laborables en el Bar Texas. Con relación al principio indubio pro reo, debe tenerse en cuenta "que la duda debe aparecer estructurada, fundamentada, razonada, ésta entonces, no aparecerá simple y llanamente porque se afirme sin respaldo alguno que hay duda. La duda debe demostrarse y ello se consigue al constatar que no existen los elementos de convicción que conduzcan a establecer con certeza el presupuesto probatorio de la decisión respectiva. En este orden de ideas existen los elementos de convicción que conduzcan a establecer con certeza el presupuesto probatorio de la decisión respectiva es como podemos decir que la duda se estructurará, por ejemplo, al rebatir el dicho del testigo, al controvertir la posible convicción que arroje un documento, al destruir el indicio, al demostrar la precariedad del dictamen pericial" (U.B., J.C.. Lecciones De Derecho Procesal Penal, Grupo Editorial Leyer, segunda edición, 1997, págs. 34-35). J.M.L.C., con relación al principio en estudio ha señalado que es auxiliar y que se ofrece al juez a la hora de valorar la prueba, de modo que, una vez practicada, si llega a ser bastante para que pueda formar su convicción o apreciación en conciencia, en orden a la culpabilidad o no del acusado, sus razonables dudas habrá de resolverlas siempre en favor del acusado (citado en Sentencia de 24 de noviembre de 2000). Todos los aspectos arriba expuestos, denotan una serie de dudas en cuanto a la participación de la investigada, las cuales aún cuando se finalizó una investigación con apertura a juicio en su contra, no se lograron superar con otras pruebas, por lo cual en atención al principio del Indubio Pro Reo, impera sean vistos en su favor, al no constarse en la investigación con elementos contundentes que permitan sin asomo de dudas, establecer su autoría o grado de participación en el secuestro y causas de muerte del ofendido Sr. G.S.; máxime cuando es dable notar que en la investigación no se agotaron por parte de la agencia de instrucción todos los ingentes y necesarios esfuerzos para investigar y así descubrir la verdad material de los hechos. Siendo así vemos que no le asiste razón al recurrente, pues los elementos acopiados no permiten tener por plenamente acreditado ningún grado de participación de L.G. en los hechos investigados, por lo que se procederá a confirmar la sentencia recurrida, pues el criterio vertido en la sentencia primaria, es adecuado al caso sub-judice y a las formalidades que exige la ley penal. PARTE RESOLUTIVA En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema, Sala de lo Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, CONFIRMA la Sentencia de veinticuatro (24) de junio de 2013, emitida por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, mediante la cual se Absolvió a L.J.G.P., de los cargos formulados en su contra por la presunta comisión del delito Contra la Vida y la Integridad Personal (Homicidio) y Contra la Libertad Personal (Secuestro), en perjuicio de G.A.S.Á.. N., HARRY ALBERTO DÍAZ GONZÁLEZ ABEL AUGUSTO ZAMORANO. -- JOSÉ EDUARDO AYU PRADO CANALS MIKE ZÚÑIGA RODRÍGUEZ (Secretario Judicial Suplente)

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