Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Panama), 2ª de lo Penal, 6 de Noviembre de 2015

PonenteWilfredo Sáenz Fernández
Fecha de Resolución 6 de Noviembre de 2015
EmisorSegunda de lo Penal

VISTOS: Ingresó a la S. Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, en grado de apelación, la Sentencia N°16 de 4 de julio de 2012, emitida por el Segundo Tribunal Superior de del Primer Distrito Judicial, mediante la cual se declara penalmente responsable a A.V. MADRID, como autor material del delito de homicidio doloso agravado, en perjuicio de J.A.S.G. (q.e.p.d.), siendo condenado a cumplir una pena de veintiocho (28) años de prisión e inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por un término de cinco (5) años, una vez cumplida la pena principal (v.fs.596-606). LA SENTENCIAAPELADA La resolución recurrida establece que A.V. MADRID es responsable del delito y ha sido fundamentada de la siguiente manera: "Fundamentos Jurídicos: Finalizadas las etapas relacionadas con la discusión de la existencia del hecho punible y de la responsabilidad, sólo resta determinar la sanción, para lo cual, es necesario efectuar un análisis de valor con el fin de establecer si la conducta punible endilgada en el auto de proceder se realizó en forma simple o en alguna de las modalidades agravadas. A juicio de la S., la conducta llevada a cabo por VERGARA MADRID encuadra en lo establecido en el artículo 131 del Código Penal, en concordancia con el artículo 132 de la misma excerta, numerales 1, 2, 4 y 10. Se inserta en el numeral 1° del artículo citado, en razón de haber quedado probado en autos que la víctima era su consorte desde que ella era una jovencita de 14 años, aún cuando dicha relación no estuviera declarada judicialmente. Procede el numeral 2 íbidem, porque, quedó acreditada la violencia doméstica que en silencio sufría la infortunada J. en su hogar, hecho del que da cuenta su hermana menor K. y la hija mayor de la finada, E.V., para ese entonces con 10 años de edad, quien señaló, en la evaluación de Trabajo Social forense que su padre a su madre la ofendía, le decía palabras sucias y su madre nada más lloraba y lloraba. Indica que la dejaba durmiendo afuera, fs. 475. Respecto a la premeditación (numeral 4°) se tiene que planteó el hecho, pues dijo a la finada que llevaría a sus hijas al interior. Además, se armó y ejecutó los disparos pese a la interposición de la madre de la ofendida, a corta distancia, tal cual lo señala el médico forense que realizó la necropsia, ello, a fin de lograr el objetivo, la muerte de J. y así fue. Igualmente se estima que VERGARA MADRID, determinó su voluntad, que ese día cegaría la vida de J. y, pese al espacio usado para ir a buscar el auto prestado por su primo y regresar por sus hijas, persistió, no desistió y lo consumó con tranquilidad y frialdad de ánimo. La S. Segunda de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia, así lo ha sostenido en diversos fallos, entre ellos los del 21 de Noviembre de 1994 y 27 de Septiembre de 1999. Estima la S. que igualmente incurrió con su conducta en la vulneración del numeral 10°, que se refiere a la utilización de arma de fuego en lugar frecuentada por personas, al momento del hecho, contra otro sin que exista motivo lícito. De autos se infiere que J. estaba en la casa en compañía de su hermana K.K.I.G., la madre, señora A.G., el señor G.E.M. y el menor de 14 años, sobrino de la finada. Se aprecia que el hecho pudo ser aún mayor pues en razón de la interposición de la madre, tratando de evitar el hecho, os disparos pudieron afectar a otros, afortunadamente no fue así." APELACIÓN DE LA DEFENSA El Defensor Público L.C.T.R., apoderado judicial del señor A.V.M., presentó escrito de apelación contra la Sentencia N°16 de 4 de julio de 2012, emitida por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, donde en primer lugar expresa que el Ministerio Público, al proferir sus recomendaciones en la vista fiscal, omitió señalar el cargo específico para sostener su solicitud de encausamiento criminal por el delito de homicidio doloso agravado, lo que a su juicio va en contravención del artículo 5 del Código Procesal Penal, pues le corresponde a la Agencia de Instrucción el deber de informar los cargos al Tribunal para dirigir la acusación, al mismo tiempo que cada prueba debe ir encaminada en ese propósito, aseguró. Como segundo aspecto impugnativo, el recurrente argumentó que la decisión de condena debe ser reformada, por cuanto asegura, el fallo de primera instancia no menciona las pruebas que sustentan la relación de pareja entre la víctima y el procesado, por lo tanto estima, su representado debe ser declarado penalmente responsable por delito de homicidio doloso, pero en su modalidad simple. En el tercer argumento, el letrado ataca el fundamento utilizado por el A Quo para estimar acreditada la agravante del delito como consecuencia de un acto de violencia doméstica. En ese sentido, el recurrente afirmó que el Tribunal de primera instancia cometió un error de valoración, al otorgar pleno valor a una testigo sospechosa (la hermana de la víctima), cuyo testimonio resulta inconsistente por indicar que dormía en la casa de la pareja, mientras en otra deposición aseguró que se retiraba a las 4:00 de la tarde, aunado que estudiaba en el turno nocturno. Del mismo modo, el recurrente censuró la valoración otorgada a la entrevista de la menor de edad E.V., verificada dentro del informe de evaluación de trabajo social forense, indicando que la Agencia de Instrucción debió requerir la declaración jurada de la menor de edad, al tiempo que señaló que con la entrevista se vulneró el contenido de los artículos 912 y 913 del Código Judicial, de los cuales se desprende que no están obligados para declarar los hijos contra su padre o madre. Por último, el abogado defensor rechazó la aplicación de la circunstancia agravante de premeditación y de la contenida en el numeral 10 del artículo 132 del Código Penal. Para sustentar su argumento, señaló que el procesado en su declaración indagatoria aclaró que buscó el arma de fuego para quitarse la vida, al tiempo que indicó que los sucesos ocurrieron en un lugar que no se puede considerar público, ni ante un número considerable de personas (v.fs.633-637). ANÁLISIS DE LA SALA Después del estudio de los planteamientos presentados por el defensor público, procede esta Corporación a decidir la alzada, sólo sobre los puntos de disconformidad a los que alude el recurrente en la resolución, tal como lo dispone el artículo 2424 del Código Judicial. Además, no se le puede exigir al Ministerio Público respetar el contenido de una norma que al momento de emitirse la Vista Fiscal (29 de abril de 2011), no se encontraba en vigencia. En ese sentido, tenemos que la norma a la que hace alusión el recurrente, es decir, el artículo 557 del Código Procesal Penal, modificado por el artículo 48 de 2009, señala claramente que las disposiciones contenidas en el Título I, del Libro I (donde se ubica el artículo 5), entraron en vigor en todo el país, a partir del día 2 de septiembre de 2011. En vista de lo anterior, la estructura del cargo formulado por el Agente de Instrucción se resume en lo expresado por el Código Judicial, el cual no exige más que la mención de la calificación genérica del delito imputado, en lo referente a la Vista Fiscal: Artículo 2194: Concluido el sumario, el funcionario de instrucción expresará esta circunstancia en acto procesal documentado, de cumplimiento inmediato. En este caso el agente del Ministerio Público lo pasará al tribunal competente, junto con los instrumentos del delito, si los hubiere, así como todos los objetos relacionados con el mismo, que estén en su poder. La remisión la hará con un escrito en el cual debe solicitar, bien que se dicte auto de enjuiciamiento a la persona que se estime responsable o que se dicte auto de sobreseimiento definitivo o provisional, según proceda en derecho. Artículo 2195: El escrito remisorio, a que se refiere el artículo anterior, se llamará vista fiscal y en ella expresará el agente del Ministerio Público, las diligencias practicadas en el sumario, razonadamente, y expondrá los motivos de hechos y de derecho que justifiquen la medida procesal recomendada, con la calificación genérica del hecho imputado. (lo subrayado es nuestro) Una vez advertido lo anterior, se constata que la Fiscalía Tercera Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá, no comete yerro alguno cuando en su Vista Fiscal N°28 de 29 de abril de 2011, recomendó el encausamiento criminal de A.V.M., "como presunto infractor de las disposiciones penales contenidas en el Título I, Capítulo I, Libro II, del Código Penal sobre delito Contra la Vida e Integridad Personal (Homicidio), ocurrido en perjuicio de J.A.S." (v.f.531). El apelante ha centrado el resto del recurso, en mostrar su disconformidad con cada una de las agravantes específicas aplicadas por el Segundo Tribunal Superior, razón por la cual, antes de proceder al examen de estos argumentos, es preciso indicar que el Tribunal Superior, en la condena de A.V., aplicó las agravantes específicas contenidas en los numerales 1, 2, 4 y 10 del artículo 132 del Código Penal (v.f.602). En cuanto al numeral primero de la norma en comento, el Tribunal A Quo fundamentó su decisión indicando lo siguiente: "Se inserta en el numeral 1° del artículo citado, en razón de haber quedado probado en autos que la víctima era su consorte desde que ella era una jovencita de 14 años, aún cuando dicha relación no estuviera declarada judicialmente." Al respecto, esta S. Penal desestima el argumento del recurrente, pues el inciso segundo del artículo 92 del Segundo Texto Único del Código Penal de 2007, de un modo tajante expresa que en materia penal, se reconocen como parientes cercanos al compañero o compañera conviviente: Artículo 92: Es circunstancia agravante o atenuante, según la naturaleza, los motivos y los efectos del delito, ser el agraviado pariente cercano del ofensor. Para los fines de la ley penal, se consideran parientes cercanos el cónyuge, el compañero o compañera conviviente, las personas dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad e igualmente el parentesco adquirido por adopción. (la negrilla es nuestra) De acuerdo al recurrente, el testimonio de K.I., hermana de la interfecta resulta contradictorio, cuando inicialmente indicó que dormía en la casa donde residía la víctima y el imputado, para luego señalar que llegaba a las 7:00 de la mañana y se retiraba a las 4:00 de la tarde. Luego de un detenido examen de cada una de las deposiciones de esta testigo, nos permite comprobar que no existe tal contradicción, puesto que esta claramente señaló que su hermana varias veces abandonó la casa del procesado, para dormir en la casa de su madre, lugar donde también convivía la testigo, situación que es corroborada a través de la madre de ambas, A.G., quien revela que la pareja mantenía una situación inestable, respecto a su domicilio: "...ellos tenían siete meses de vivir junto conmigo, ellos iban a la casa y volvía y así se la pasaban" (v.f.233). Por otro lado, se advierte que el horario señalado por la testigo K.I., se refiere al lapso que ella acudió a la residencia propiedad del procesado, durante el embarazo de la víctima, con el propósito de limpiar la casa y cocinar (v.f.258). En cuanto a la valoración que el Tribunal A Quo, hiciera de la entrevista rendida por la menor hija de la pareja, E.V. (v.f.475), debemos indicar que si bien coincidimos con el recurrente en que lo más prudente habría sido que el Ministerio Público hubiese obtenido la declaración jurada de la menor de 14 años, no sin antes ponerle de presente su derecho constitucional a no declarar contra su padre, esta S. advierte que el dossier no solo cuenta con la declaración jurada de K.I. y la entrevista de E.V., para estimar acreditado que el homicidio se produjo en virtud de un hecho de violencia doméstica. En ese sentido, se aprecia la declaración del menor de edad J.L., sobrino de la hoy occisa, quien indicó que en varias ocasiones la vio golpeada (v.f.27); la deposición de A.G., cuando aseguró que el procesado maltrataba a su hija "físicamente, verbalmente y psicológicamente", incluso relatando un episodio en el que manifestó que A.V. estrelló a J.S. (Q.E.P.D.), contra una pared, al regresar de un baile (v.f.235 y 239), hecho de maltrato corroborado por otra hermana de la víctima, M.Q. de L. (v.f.445). Además, de la deposición de K.I. se constatan elementos propios de lo que se conoce como el ciclo de la violencia doméstica, por cuanto se hace referencia a etapas de tensión, explosión y reconciliación: "Bueno porque a pesar de lo que uno le dijera a ella, ellos tenían su problema pero qué uno podía hacer si ella lo quería, de qué valía que nosotras nos poníamos brava[s] y nosotros incluso en el momento lo aconsejábamos y le decíamos que por qué le hacía eso a mi hermana y entonces ellos peleaban, ella se venía y él la convencían (sic) y de qué valí[a] que nosotros (sic) nos pusiéramos bravas con él si ella estaba enamorada de él, tenía los ojos cerrados" (v.f.259). Sobre esto es de resaltar que conforme al artículo 2 de la ley N°38 de 2001, sobre violencia doméstica y maltrato al niño, niña y adolescente, la violencia doméstica es un "Patrón de conducta en el cual se emplea la fuerza física o la violencia sexual o sicológica, la intimidación o la persecución contra una persona por parte de su cónyuge, ex cónyuge, familiares o parientes con quien cohabita o haya cohabitado, viva o haya vivido bajo el mismo techo o sostenga o haya sostenido una relación legalmente reconocida, o con quien sostiene una relación consensual, o con una persona con quien se haya procreado un hijo o hija como mínimo, para causarle daño físico a su persona o a la persona de otro para causarle daño emocional". En consecuencia, la S. desestima igualmente este argumento impugnativo del censor, toda vez que en el cuaderno se cuenta con sobrados elementos para concluir que entre la víctima y el victimario existía una situación de violencia doméstica y que la muerte de J.A.S.G. (Q.E.P.D.) ocurre precisamente dentro de ese contexto. Con relación a la circunstancia de premeditación, es preciso recordar sus elementos esenciales, mismos que han sido dictados por la doctrina nacional y citados en reiterados fallos de esta S. Penal: "a) resolución y persistencia en la decisión; b) transcurso de cierto tiempo; y c) tranquilidad y frialdad de ánimo" (M.R., C.E. y G.F., C.E.. Derecho Penal Panameño. Parte Especial. Tomo I. págs. 80-82, Publicaciones del Departamento de Ciencias Penales y Criminológicas, Universidad de Panamá, 1980). Una vez anotado lo anterior, debemos indicar que luego de un examen completo del caudal probatorio, la S. estima acreditada la circunstancia agravante de premeditación, puesto que así se desprende del testimonio de A.G., quien aseguró haber escuchado al procesado cuando profería una amenaza a la vida de la procesada, luego que activaran el altavoz del teléfono celular que utilizaba. De acuerdo a la madre de la víctima, durante la conversación telefónica, apenas horas antes del hecho, el procesado expresó "Ni la corregiduría te va a salvar hoy para contarlo (sic)", a lo que ella preguntó "¿A[h] es que tú me vas a matar?", respondiendo el sentenciado "No vas a vivir para contarlo y no vas a ver más nunca a tus hijas" (v.f.233). Lo anterior se confirma con la declaración jurada de M.Q. de L., quien es conteste al señalar que también escuchó las amenazas(v.f.445). Tal como fue plasmado por el Tribunal A Quo al fundamentar su decisión, el procesado se había propuesto acabar con la vida de la madre de sus tres menores hijas, como se evidencia de las amenazas previas a la víctima. Aunado a esto, se advierte que el procesado temprano se llevó las niñas para que no presenciaran lo que planeaba hacer (v.f.256) y aproximadamente a las 6:00 de la tarde del día del hecho, el procesado pidió prestado un automóvil a su primo E.V. para supuestamente llevar a sus hijas a la terminal de transporte (v.f.39), sin embargo lo utilizó para presentarse a la casa de la madre de la víctima entre las 8:00 y 9:00 de la noche y cometer el hecho ilícito (v.f.22); de ahí que se aprecia un lapso de varias horas, durante el cual se estima hubo persistencia de cometer el delito. Por último, en cuanto a la tranquilidad y frialdad del ánimo, ha sido el criterio de esta S., que el mismo requiere que el sujeto se mantenga en un estado emocional de serenidad que le permita ejecutar pacientemente el hecho punible. Estos factores se desprenden del testimonio de K.I., quien relata que la noche de marras, el procesado le indicó a su hermana que le tenía una sorpresa y acto seguido, sacó un arma de fuego de la parte posterior del pantalón, realizándole tres disparos (v.f.23). De igual manera, el testigo G.M., al ser preguntado por el aspecto del procesado, manifestó lo siguiente: "Yo lo vi normal, para mí estaba normal, nunca me pasó por la mente nada, como yo estaba acostumbrado a verlo hablarle de esa forma a ella, así como brusca, no pensé que tuvieran problemas... ...cuando él llegó que quería hablar con ella, llegó sereno, o sea que nadie notó ninguna malicia" (v.f.439). De acuerdo al recurrente, en el hecho, la circunstancia de premeditación no aconteció, pues el arma de fuego fue adquirida por el procesado con el propósito de cometer suicidio; no obstante, lo expresado por las testigos A.G. y M.Q. de L., permiten constatar que el designio de causar la muerte de J.S. (q.e.p.d.) fue previamente establecido, no quedando dudas que el resultado criminoso fue visto como posible por el autor. El último punto censurado por el abogado defensor recae sobre la aplicación de la circunstancia agravante contenida en el numeral 10 del artículo 132 del Segundo Texto Único de Código Penal de 2007, el cual se refiere al delito de homicidio, ejecutado mediante arma de fuego disparada en un lugar frecuentado por personas al momento del hecho, contra otro sin que medie motivo lícito. A nuestro concepto, esta circunstancia ocurre cuando los disparos se producen a distancia de la víctima, en un momento en el que concurre cierta cantidad de personas, existiendo el riesgo de que con dicha acción se cause un daño a un número mayor de personas, distintas de contra las que se encamina la acción criminosa. Aunado a esto, consideramos que el hecho puede ser indistintamente cometido en un lugar público o privado, no obstante, será necesario que al momento de su comisión, el lugar contase con la presencia de un número plural de personas, que pudiesen haber sido igualmente afectadas y que pese a este factor, el autor persista en su designio. En el caso bajo análisis, observamos que, si bien el hecho se cometió mediante la utilización de un arma de fuego, el procesado disparó tres veces a la víctima, desde una distancia muy corta, frente a ella, no existiendo margen de error, dentro de la sala de una residencia, en la que solo se encontraba además de la víctima, su madre A.G. (v.f.511). En vista de lo anterior, la S. estima comprobado el argumento del recurrente de no reconocer esta circunstancia agravante, sin embargo, dado que a que aún subsisten otras agravantes específicas para el delito de homicidio doloso, se respetará la dosificación realizada por el Tribunal de primera instancia. Por las razones expuestas, la sentencia dictada por el Tribunal A Quo, será reformada únicamente en el sentido de no reconocer la circunstancia agravante contenida en el numeral 10 del artículo 132 del Segundo Texto Único de Código Penal de 2007. PARTE RESOLUTIVA En mérito de lo expuesto, la Corte Suprema de Justicia, S. Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, REFORMA la Sentencia N°16 de 4 de julio de 2012, emitida por el Segundo Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial, en el sentido de no reconocer la circunstancia agravante contenida en el numeral 10 del artículo 132 del Segundo Texto Único de Código Penal de 2007 y se confirma en todo lo demás. DISPOSICIONES LEGALES APLICADAS: Artículos: 17, 22 y 32 de la Constitución Política de la República. Artículo 14, ordinal 1°, de la ley 14 de 1976 (aprueba el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos). Artículo: 8, ordinal 1°, de la ley 15 de 28 de octubre de 1977 (aprueba la Convención Americana sobre Derechos Humanos). Artículos: 1, 3, 14, 22, 556 y 557 del Código Procesal Penal. Artículos: 2385, 2409, 2417 y 2419 del Código Judicial de 1987. Artículos 1, 2, 5, 131 y 132 del Código Penal vigente. N., WILFREDO SÁENZ FERNÁNDEZ JERÓNIMO MEJÍA E. -- JOSÉ EDUARDO AYU PRADO CANALS AMINTA CARVAJAL (Secretaria)

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