Sentencia Penal de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 2ª de lo Penal, 21 de Mayo de 2003

Ponente:Graciela J. Dixon C.
Fecha de Resolución:21 de Mayo de 2003
Emisor:Segunda de lo Penal
RESUMEN

RECURSO DE APELACIÓN DENTRO DEL PROCESO PENAL SEGUIDO A JUAN CARLOS RODRÍGUEZ CUBILLA, CONDENADO COMO AUTOR DEL DELITO DE HOMICIDIO AGRAVADO EN PERJUICIO DE LILIA ANDREA PÉREZ CORELLA Y NILKA DAYANA SAMUDIO PÉREZ, Y PERSONALES LESIONES A IXIA IXANIA SAMUDIO PÉREZ

 

VISTOS:

Procedente del Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial, se recibe en la Secretaría de la Sala Penal, escrito de apelación interpuesto por la Licda. M.M.M., Abogada Defensora de Oficio, contra la sentencia de 3 de septiembre de 2002, por la cual se condena a su patrocinado judicial J.C.R.C. a la pena de 20 años de prisión y a la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas por 5 años, a partir del cumplimiento de la pena privativa de libertad, como autor del delito de homicidio agravado, tipificado en el artículo 132, numeral 3, Código Penal, cometido en perjuicio de L.A.P.C. y N.D.S.P. y lesiones a IXIA IXANIA SAMUDIO PÉREZ.

Al corrérsele en traslado el escrito de apelación al representante del Ministerio Público, L.. F.F.G.P., F.S. Superior del Tercer Distrito Judicial, éste presentó escrito de oposición al recurso impetrado.

DISCONFORMIDAD DE LA APELANTE

La recurrente manifiesta que disiente de la sentencia aludida, en virtud que el Tribunal A-quo consideró que su patrocinado judicial ejecutó el hecho punible por el que fue juzgado, por medios atroces y en consecuencia, encuadró su conducta en el artículo 132, numeral 3, del Código Penal.(F.691)

En contraposición al criterio del juzgador, expresa la apelante que de la conducta de su representado se deduce que fue víctima de una ira desenfrenada, pero no tenía intención de ocasionar a las víctimas más sufrimiento o dolor.(F.691)

Agrega que el homicidio agravado por medios de ejecución atroces implica no solo el dolo homicida sino también el interés de matar con más dolor, con crueldad excesiva; es un homicidio agravado por el medio de ejecución, que implica atormentar a la víctima, con conciencia de ese sufrimiento y con dramatismo, prolongando la agonía.(Fs.691-692)

Aunado a ello, sostiene que el hecho se da en la casa de las ofendidas en completa oscuridad y su defendido se encontraba bajo los efectos del alcohol, que la actitud psicológica de éste no es la de un criminal, sino que su ritmo normal de vida se alteró por la ira y se cegó, todo lo cual contradice un obrar deliberado tendiente a ocasionar una muerte con más dolor, sufrimiento y tortura.(Fs.692-693)

Por lo anterior, solicita la recurrente que, al no cumplirse el elemento objetivo y subjetivo para agravar la conducta de su representado, se reforme el fallo de primera instancia yse rebaje la pena impuesta a su patrocinado judicial(F.693).

EL MINISTERIO PÚBLICO

El Fiscal Segundo Superior del Tercer Distrito Judicial manifiesta que, en su opinión, la conducta antijurídica desplegada por el procesado se enmarca dentro de los parámetros del artículo 132, numeral 3, del Código Penal, pues se configura la agravante de motivo fútil, ya que estima que el procesado no tenía motivo alguno para matar a L.P. y a sus hijas. Expresa que el procesado alega celos e ira contra su mujer, pero durante el tiempo que duró esa relación, nunca la encontró con otro hombre, de allí que concluye que no tenía motivo de importancia para actuar con tanta crueldad como lo hizo.(F.704)

De otra parte, señala el F. que también se configura la agravante de medios de ejecución atroces, por el hecho que el agente actuó con tanta perversidad y ensañamiento hacia sus víctimas causándoles sufrimientos innecesarios pues no solo les infirió heridas graves a sus víctimas, que de por sí tuvieron efectos de naturaleza mortal, si no que también degolló a L.A.P..(F.704)

Por último, el representante del Ministerio Público indica que el juzgador aplicó la pena máxima tomando en cuenta la gravedad de los hechos, en el sentido que el procesado mató a dos personas que estaban dormidas e hirió a otra de gravedad dejándole a la menor sobreviviente secuelas sicológicas de por vida, por lo que solicita se confirme la sentencia de alzada y se mantenga la pena de prisión de 20 años de prisión a J.C.R.C..(F.705)

RESOLUCIÓN APELADA

En virtud de las objeciones del apelante, procedemos a examinar las consideraciones que tuvo el Tribunal de Primera Instancia para ubicar la conducta antijurídica del señor J.C.R.C., en el tipo penal contenido en el artículo 132, numeral 3 del Código Penal, es decir, el homicidio doloso agravado por motivo fútil o medio de ejecución atroces. Al respecto textualmente señaló:

SEGUNDO

Los hechos declarados como probados constituyen el delito de homicidio agravado que tipifica el artículo 132, numeral 3 del Código Penal, dado que el justiciables no sólo degolló a una de sus víctimas sino que también le infligió diversas puñaladas.

Igualmente debe anotarse que se configura la situación prevista en el artículo 62 del Código antes mencionado pues en este acto, a consecuencia de un mismo designio, le ocasionó la muerte a dos personas e intentó acabar la vida de otra -Ixia Ixania Samudio-, lo que destaca lo grave y brutal de la actuación del procesado.(Fs.680-681)

Como se aprecia en el párrafo que antecede, al momento de ubicar la conducta del procesado, si bien el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial calificó la acción desplegada por R.C. como homicidio agravado tipificado en el numeral 3 del artículo 132 del Código Penal, no se especificó si se trataba de motivo fútil o medios de ejecución atroces, que son dos figuras distintas.

Aunado a ello, el tribunal superior no se pronunció en cuanto al delito cometido en perjuicio de la menor I.I.S.P., solamente refiere que ésta sufrió una agresión grave que puso en peligro su vida.(Fs.683-684)

Otro aspecto que llama la atención de la Sala es que al momento de proceder a la individualización judicial de la pena, el tribunal de primera instancia fijo la pena base en 15 años de prisión(F.683), teniendo en cuenta la sanción que se impone al delito de homicidio doloso agravado que oscila entre los 12 y 20 años de prisión, pero obviando que en el presente caso estamos ante la comisión de tres hechos punibles.

De igual manera, el A-quo consideró que se configuraban dos circunstancias agravantes: Cometer el hecho con abuso de superioridad o empleando medios que debiliten la defensa del ofendido, y Haber cometido el hecho punible con abuso de relaciones domésticas, prestación de obras o de servicios, de cohabitación o de hospitalidad, contenidas en los numerales 1 y 10 del artículo 67 del Código Penal; conclusión a la que llegó por lo siguiente:

"...el imputado ejecutó la acción sobre su concubina y las menores de edad hijas de ésta, quienes dormían en el instante que el mismo las ultimó y lesionó."

Con base en lo anterior, el Tribunal Superior procedió a efectuar el aumento de la pena base en una sexta parte, es decir, 30 meses, por la concurrencia de la agravante del numeral 1 y una tercera parte, 60 meses, en relación a la agravante del numeral 10, lo que corresponde a 7 años y 5 meses de prisión, quedando la pena líquida a imponer en 22 años y 5 meses de prisión, lo cual excede el máximo legal que establece el Código Penal en cuanto a la pena privativa de libertad, motivo por el cual se fijó la pena líquida en 20 años de prisión, de conformidad con el texto del artículo 47 del citado cuerpo de normas.(Fs.684-685)

Como quiera que el procedimiento seguido por el Tribunal Superior del Tercer Distrito Judicial no atendió adecuadamente las reglas de la individualización judicial de la pena, a la luz de lo que disponen las normas del Código Penal, resulta oportuno citar lo expresado por la Corte en sentencia de 30 de enero de 2003:

...el juzgador patrio, en casos de concurso real o material, debe proceder a individualizar la pena de cada uno de los delitos cometidos, los cuales pueden darse en circunstancias objetivas y subjetivas distintas, y luego proceder a la acumulación jurídica eligiendo la pena según los literales a y b del artículo 64 del Código Penal, pero sin sobrepasar el máximo legal que es de 20 años de prisión (art. 47 C.P.) y 365 días multa (art. 48 C.P.).

De otra parte, en cuanto a la motivación de la sentencia, es menester subrayar que ésta es una parte esencial de las resoluciones que restringen derechos fundamentales como lo es la libertad corporal, pues en ellas deben explicarse las razones por las cuales se llega a determinado veredicto. Sobre este particular la doctrina ha sentado lo siguiente:

La motivación de una resolución judicial supone, por tanto, una justificación racional, no arbitraria, de la misma, mediante un razonamiento no abstracto sino concreto. Esa justificación de la resolución deberá incluir:

  1. el juicio lógico que ha llevado a seleccionar unos hechos y una norma.

  2. la aplicación razonada de la norma.

  3. la respuesta a las pretensiones de las partes y a sus alegaciones relevantes para la decisión.(C.B., F., La Tutela Judicial Efectiva, Editorial Bosch, Barcelona, 1994.pp.210-211)

    En la sentencia sometida a revisión por virtud del recurso de apelación interpuesto por la Licda. M.M.M. a favor de J.C.R.C. observamos que fue insuficientemente motivada pues no se precisa cual de las agravantes específicas del delito de homicidio regulado en el artículo 132 del Código Penal es la que se aplicó al caso en concreto y, además, se obvió explicar que el negocio penal versa en realidad sobre tres hechos punibles: la muerte violenta de dos personas y las lesiones de una tercera.

    FUNDAMENTACIÓN FÁCTICA

    El presente negocio penal se refiere a las muertes violentas de L.A.P.C. y la menor de edad N.D.S.P.. Así como de las lesiones causadas a la menor I.I.S.P., hechos ocurridos en horas de la noche del 1 de septiembre de 2000, en la Comunidad de La Lima, Río Mar, Distrito de Barú, Provincia de Chiriquí.

    Se tiene como responsable de los hechos punibles al señor J.C.R.C..

    Sobre los hechos, I.N.S., quien es ex-esposo de la señora L.A.P.C. y padre de las menores NILKA SAMUDIO PÉREZ e I.I.S.P., manifiesta que su actual esposa, M.C., le informó que había conversado con J.C. y que éste le mencionó que él (S. visitaba a LILIA y, además, J.C. le había dicho que no le tenía miedo.(F.47)

    Así las cosas, S. decidió buscar a JUAN CARLOS para arreglar ese problema, por lo que fue al Bar "El Recreo" donde lo encontró y pelearon, pero un muchacho los separó; esto pasó dos veces.(Fs.47-48)

    Seguidamente expresa el declarante que se fue a la cantina D.J., en donde encontró a su esposa, y también llegó J.C. con el mismo sujeto que los había apartado; su señora le dijo entonces que se fueran a la casa porque J.C. era muy traicionero, por lo que se retiraron del bar.(F.48)

    Indica el señor SAMUDIO que a los 40 minutos de haber llegado a su casa le informaron que su hija estaba herida en el hospital.(F.48) Aunado a ello, manifiesta que al conversar con su hija IXIA en el hospital, ésta le informó que J.C. mató a su mamá y a su hermana, y a ella la apuñaleó.(F.49)

    De otra parte, el declarante señala que L. y J.C. estaban unidos desde hacía un año antes del hecho y que se separaron porque éste era muy celoso. Aunado a ello, tenía conocimiento que aquellos peleaban mucho y que L., días antes, había ido a la Corregiduría a sacar una boleta de protección contra J.C..(F.49)

    Por su parte, R.P.M., quien era hermano de L.A.P.C., sostiene que en los dos últimos meses antes de que se produjera el deceso de su hermana, ésta le había manifestado que estaba separada de su compañero(J.C., pues le estaba haciendo la vida insoportable por agresiones intrafamiliares, las cuales habían sido atendidas en la Corregiduría diurna y nocturna de Policía. Agrega que J.C. se acercaba a ella hostigándola y amenazándola, pese a que estaban separados, por lo que sentía miedo.(F.91)

    Expresa el declarante que su hermana había ido a verlo el 29 de agosto y le manifestó que su ex-señor(J.C. le estaba buscando problemas y que ella sentía temor; él le ofreció a su hermana que fuera a quedarse en un cuarto de su casa y ella le dijo que le daría respuesta después, que iba a tratar de resolver su problema.(F.91)

    La niña IXIA IXANIA SAMUDIO PÉREZ, única testigo presencial del hecho y quien resultó lesionada por J.C.R.S., manifestó en su declaración jurada que se encontraba durmiendo junto con su madre, su hermana y su hermano en una cama, entonces escuchó un ruido, era J.C. que abrió la puerta. Éste le tapó la boca y le puso una cuchillita en el cuello, ella estaba buscando a su mamá y él le dijo "yo la maté". La niña dio un gritó y J.C. se puso más furioso, la comenzó a apuñalear, ella trató de defenderse, corrió y se cayó, se golpeó la cabeza y corrió donde la vecina R. a quien le dijo que no la dejara morir y manifiestó que estaba cortada en la espalda. La vecina llamó a la Policía y su hijo DICK la llevó al hospital.(F.156)

    Se le preguntó a la declarante si escuchó a J.C. discutir con su mamá y ésta contestó que ellos no discutieron y no escuchó que él llamara a su mamá.(F.157)

    De igual manera, refiere IXIA IXANIA que su mamá había echado a J.C. porque no le daba plata para la comida ni arreglaba la casa y siempre discutían porque él llegaba bien borracho a la casa.(F.157)

    R.S.A.B. (F.107) y R.B.D.A. (F.121) son contestes al expresar que I.I.S.P. llegó a su casa corriendo diciendo que JUAN la había apuñaleado y estaba sangrando por todas partes, por lo que él la llevó al hospital.

    Otra persona que rindió su testimonio en el caso en estudio fue el señor E.O.G.G. (a) "P.", quien refiere que apartó a los señores IXIO y J.C., cuando pelearon en el Bar "El Recreo" y el Bar "D.J.", sin embargo desconoce cual era el motivo de la pelea.(F.176)

    Manifiesta GUERRA GONZÁLEZ que le quitó dos cuchillos a JUAN CARLOS cuando intervino para que no peleara con IXIO en el Bar "El Recreo" y se los escondió; sin embargo no se percató que J.C. había tomado nuevamente uno de los cuchillos y lo sacó en el B. "DonJ.".(F.176)

    En otro orden de ideas, a foja 34 del expediente consta una Boleta de Protección por amago, amenaza y riña solicitada por L.P.C. contra J.C.R.C., a la Corregiduría Municipal Nocturna de Puerto Armuelles el día 30 de agosto de 2000, un día antes de que ocurriera el homicidio.

    También aportó su testimonio el señor G.G.M., C.D. de Puerto Armuelles. Refiere que expidió la B. de protección solicitada por L.A.P.C. pues ésta le dijo que J.C.R.C. la estaba amenazando con pegarle y lo hacía cada vez que la veía en la calle. Expresa el funcionario que le dijo a la señora P.C. que pusiera una denuncia formal para citar a R.C., pero ella respondió que si éste continuaba con sus amenazas, entonces vendría a presentar la denuncia.(F.465)

    Por su parte, J.C.R.C. al momento de rendir sus descargos, en cuanto a la comisión del hecho punible, refiere que llegó a casa de L., le dijo que arreglaran el problema que tenían y ésta le respondió que si quería que entrara a hablar, que allí estaban sus hijas para que escucharan lo que él le iba a decir.

    Luego, señala el procesado que entró a la casa y se sentó a la orilla de la cama de LILIA, empezaron a conversar y él sacó un arma (Cuchillo) y ella le dijo "bueno y ahora me vas a matar", él le contestó que no iba a eso, sino a arreglar el problema, entonces, L. le dio una patada por la costilla, él le dijo que se calmara pero ésta volvió a pegarle y comenzaron a forcejear, ella estaba buscando una "mocha" que tenía abajo de la cama y él sacó el arma. Como estaba oscuro empezó a "tirar" con el cuchillo sin pensarlo, refiere que fue como una nube que llegó a su cabeza hasta que la mató, pero no tenía pensado hacerlo.(F.78)

    El procesado manifestó que los hijos de L. se encontraban en la cama con ella, pero como estaba oscuro le "tiró" a L. sin pensar que iba a "agarrar" a las niñas. Agrega que se percató que estaban allí cuando una de las niñas gritó, le pasó por encima y salió huyendo(Fs.78-79)

    En cuanto a la circunstancia de oscuridad descrita por el procesado y el hecho que al inspeccionar la casa de la víctima L.A.P.C. se constató que la palanca de la cajilla de electricidad estaba hacia abajo, R.C. respondió que la cajilla estaba dando problemas y que un señor de nombre MAURICIO había dicho que era mejor que bajaran la palanca, de eso hacía como 15 días, por lo que en la casa se estaban alumbrando con velas.(F.81)

    Finalmente, en cuanto al tiempo que tenía de estar separado de LILIA, R.C. manifestó que dos o tres días pero que siempre tenían problemas.(F.81)

    CONSIDERACIONES DE LA SALA

    Tras analizar el contenido de las pruebas testimoniales y documentales que constan en el expediente, corresponde a la Sala determinar en qué tipo penal encuadran los hechos antes descritos, teniendo en cuenta la pretensión de la apelante, quien sostiene que la acción ilícita llevada a cabo por RODRÍGUEZ CUBILLA encuadra en el homicidio simple, y la opinión de la Fiscalía, que expresa que se configura el homicidio agravado por motivo fútil y por medios de ejecución atroces, para determinar cuál es la conducta típica que se adecua al caso subjúdice. Veamos:

    DELITO COMETIDO EN PERJUICIO DE L.A.P.C.

    Como se expresó en las líneas que anteceden, el tribunal A-quo no especificó cuál de las dos modalidades que describe el numeral 3 del artículo 132 del Código Penal se adecua a la conducta desplegada por el procesado J.C.R.C..

    A juicio de la Sala, ello es importante por cuanto que, si se ha de estimar el homicidio como fútil, precisa previamente determinar si la conducta ilícita del imputado respondió a una motivación intrascendente, baladí o insignificante, o si se cometió el hecho que se le atribuye sin motivación alguna.

    Se debe señalar que el motivo fútil es "aquel insignificante, intrascendente, de poca importancia o escasa significación frente a la conducta típica que causa el resultado muerte."(M.P., C.E., Lecciones de Derecho Penal, Parte Especial, Publicación del Departamento de Ciencias Penales, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Universidad de Panamá, Panamá, 1986. p.46)

    A partir de la definición que nos ofrece el profesor M.P., tras analizar las piezas y elementos probatorios que se encuentran en el expediente, la Sala es de la opinión que en el presente caso no nos encontramos frente a una conducta que pueda encuadrarse dentro del tipo penal del homicidio agravado por motivo fútil, pues como consta en las piezas procesales J.C.R.C., días antes de la comisión del hecho punible, había amenazado a su concubina L.A.P.C. con pegarle, situación que ésta denunció ante la Corregiduría de Policía de Puerto Armuelles, lo cual se constata con la Boleta de Protección por amago, amenaza y riña, que le fue entregada un día antes de que se cometiera el delito.(F.74)

    Debe tenerse en cuenta lo indicado por el señor G.G.M., C.N., quien en su declaración manifiesta que la señora PÉREZ CORRELLA era objeto de amenazas por lo que le aconsejó que pusiera una denuncia formal contra R.C..(F.465)

    En igual sentido, se aprecia la declaración de R.P.M., quien era hermano de la hoy occisa y señala que ésta le había contado de los constantes problemas que tenía con J.C.R.C. a quien le tenía miedo porque la estaba hostigando y amenazando.(F.91)

    De otra parte, la menor I.I.S.C.,quien erahija de la hoy occisa, expresó que su mamá había echado a J.C. porque no le daba plata para la comida ni arreglaba la casa y siempre discutían porque él llegaba borracho a la casa.(F.157)

    De lo anterior no se puede concluir que haya existido un motivo intrascendente o de escasa importancia, o más aun, ausencia de motivo para ocasionar la muerte de L.A.P.C., puesto que el procesado había amenazado a su concubina con pegarle y existía un antecedente de violencia intrafamiliar, por tanto la Sala considera que no se configura la agravante de motivo fútil.

    Con relación al homicidio agravado por medios de ejecución atroces, el cual es denominado en la doctrina como sevicia o ensañamiento moral y físico, el mismo consiste en "...matar haciendo sufrir en forma intencional e innecesaria a la víctima; no solo en propinar heridas, golpes innecesarios, ni producir excesivo dolor a la víctima, como tampoco en el solo hecho de ocasionar destrozos o mutilaciones en el cuerpo de la víctima, sino que además se necesita el obrar en forma deliberada, es decir, el querer producir sufrimientos crueles e innecesarios.(G.L., Orlando, El Homicidio, Tomo I, 2ª Edición, Editorial Temis, Santa Fe de Bogotá, 1997. p.512)

    Tanto la doctrina como la jurisprudencia de este tribunal coinciden al manifestar que la agravante de medio de ejecución atroces contiene un aspecto objetivo, que es causar la muerte, y un aspecto subjetivo que consiste en que el agente tenga la intención de aumentar el dolor y el sufrimiento de la víctima mediante la inflicción de un castigo cruel e innecesario para cometer el ilícito.

    En ese orden de ideas, al examinar el contenido del Protocolo de Necropsia de L.A.P.C. nos percatamos que la víctima presentaba 8 heridas ocasionadas con arma punzo cortante, de las cuales 4 "tuvieron, juntas y por separado, un efecto de naturaleza mortal."(Fs.302-303) por lo que falleció "a consecuencia de shock hemorrágico agudo por herida con arma blanca penetrante al tórax con lesión cardíaca y aorta descendente."(F.305)

    Tal cual lo describe el dictamen pericial que antecede, fueron 8 las heridas que R.C. le infirió a L.A.P.C., de las cuales 4 eran mortales y fueron ocasionadas con un instrumento idóneo para causar la muerte, es decir, un cuchillo, pero no se a comprobado que las mismas hayan ocasionado una muerte tortuosa o prolongada.

    Además, se debe tener en cuenta lo expresado por la niña I.I.S.P. quien manifestó que dormía junto a su madre y hermanos cuando sintió que la apuñaleaban, trató de buscar a su madre pero R.C. le dijo que la había matado, de lo cual se infiere que el deceso se produjo casi instantáneamente.

    Cabe destacar que las heridas por sí solas no dan lugar a la aplicación de la agravante bajo estudio, pues no se ha acreditado el elemento subjetivo a que se hizo referencia en lineas anteriores, es decir, la intención de producir sufrimiento para causar la muerte. De consiguiente, la Sala considera que no se configura la agravante de medios de ejecución atroces.

    Ahora bien, este Tribunal de Alzada debe manifestar que, de conformidad con las constancias procesales R.C. horas antes de la comisión del ilícito portaba armas punzo cortantes(cuchillos), como refiere E.O.G.G. (a) "P.", quien manifestó haberle quitado 2 cuchillos al procesado cuando intentaba pelear con I.S., ex-esposo de P.C..(F.176)

    Después, R.C. llegó a la casa de la hoy occisa en horas de la noche mientras ésta dormía, la casa no contaba con fluido eléctrico, lo cual él sabía, y se introdujo con sigilo, pues como refiere la menor I.I.S.C., no escuchó entrar a R.C., sino que se dio cuenta de su presencia porque éste la despertó a consecuencia de las puñaladas que le infirió y además le manifestó que había matado a su madre.

    Estos elementos nos ubican ante un homicidio doloso agravado por premeditación, el cual, de acuerdo a nuestra jurisprudencia, se configura "cuando el agente ejecuta el hecho voluntariamente, precedido de una deliberación o resolución previa, es decir que transcurre un lapso a partir de la decisión de cometer el ilícito, pasando por actos preparatorios hasta su consumación" (Sentencia de 21 de febrero de 2002)

    Igualmente debemos mencionar, que en nuestro derecho penal panameño, los juristas MUÑOZ RUBIO y G.F., le atribuyen a la premeditación los siguientes elementos esenciales:

  4. Resolución y persistencia en la decisión;

  5. transcurso de cierto tiempo; y

  6. tranquilidad y frialdad de ánimo.

    (Derecho Penal Panameño, Parte Especial, Tomo I, pág. 80-82, Publicaciones del Departamento de Ciencia Penales y Criminológicas, Universidad de Panamá, 1980).

    Aplicando el criterio jurisprudencial y doctrinal que antecede al caso en examen, se observa que R.C. ejecuta el hecho con el propósito firme, reflexivo y bien meditado de causarle la muerte a P.C., pues al no lograr sus fines violentos en la cantina cuando se enfrentó a IXIO SAMUDIO, se dirige luego al domicilio de la señora P.C. y ejecuta el acto delictivo en medio de la oscuridad mientras ésta, quien había sido su concubina y con quien mantenía un cuadro de violencia intra familiar, estaba dormida en su casa.

    En consecuencia, la Sala califica la acción típica, antijurídica y culpable cometida por el procesado en perjuicio L.A.P.C. como homicidio agravado por premeditación, contenido en el numeral 2 del artículo 132 del Código Penal, cuya sanción oscila entre los 12 y 20 años de prisión.

    DELITO COMETIDO EN PERJUICIO DE N.D.S.P.

    En cuanto a la muerte de la menor N.S.P., según refiere el procesado no se percató que L.A. estaba durmiendo con sus hijos y comenzó a dar cuchilladas en varias direcciones ocasionando la muerte de la menor, pero esa no era su intención.

    La autopsia médica forense practicada a N.D.S.P. revela que le fueron inferidas 2 heridas con arma punzo cortante, las cuales "tuvieron juntas y por separado un efecto de naturaleza mortal"(F.315) produciendose la muerte a consecuencia de shock hemorrágico agudo por herida con arma blanca penetrante al tórax con lesiones de grandes vasos (aorta descendente y arteria pulmonar izquierda).(F.317)

    Si bien R.C. manifestó no tener la intención de causar la muerte a la menor N.D.S.P., considera la Sala que su actuar ilícito, al igual que en el caso anterior, encuadra en el homicidio agravado por premeditación dado que se presentan las mismas circunstancias: se cometió el hecho en horas de la noche, en una casa que no contaba con luz eléctrica, el agente entró con sigilo y le causó la muerte a la ofendida mientras dormía con su madre y hermanos.

    De consiguiente, la pena de prisión para este delito oscila entre los 12 y 20.

    DELITO COMETIDO EN PERJUICIO DE IXIA IXANIA SAMUDIO PÉREZ

    La menor I.I.S.P. expresó que R.C. la apuñaleó y le tapaba la boca para que no gritara, pero ella logró escapar.

    Con relación a las lesiones ocasionadas a la prenombrada, se aprecia en el dictamen del médico forense que se le dio una incapacidad definitiva de 5 semanas y las lesiones pusieron en peligro su vida.(F.161)

    En este caso, la Sala estima que, la afectada se encontraba durmiendo junto con su madre y hermana, hoy occisas, cuando se le ocasionaron las heridas.

    Ahora bien, como la vida de la menor estuvo en peligro, nos encontramos ante un homicidio agravado por premeditación tentado, por lo cual, atendiendo a lo establecido en el ordenamiento punitivo vigente, se debe tener en cuenta para determinar la pena base el artículo 132, en relación a los artículos 44 y 60 del Código Penal. Por tanto la pena oscila entre 4 años que representa un tercio (1/3) de la pena mínima y 13 años y 4 meses que corresponde a los dos tercios (2/3) de la pena máxima.

    INDIVIDUALIZACIÓN JUDICIAL DE LA PENA

    Calificados los hechos punibles, la Sala procede a la individualización judicial de la pena, tomando en cuenta los factores contenidos en el artículo 56 del Código Penal.

    En ese sentido, se aprecia que los delitos de homicidio doloso agravado y el delito de homicidio agravado en grado de tentativa fueron cometidos en horas de la noche, en una casa que no contaba con fluido eléctrico, de lo cual tenía conocimiento el procesado y no se prestó auxilio a las víctimas.

    J.C.R.C. era concubino de L.A.P.C. y convivía con ésta y sus tres hijos, ocasionandole la muerte a una de las menores y lesionando a la otra. Al momento de la comisión del hecho punible, el procesado contaba con 24 años de edad, cursó estudios primarios y laboraba en la Panadería YOMARO en Rio Mar, Distrito de Bugaba, Provincia de Chiriquí.(Fs.75-76)

    Teniendo en cuenta lo anterior, se procede a imponer la pena base.

    En cuanto al delito de homicidio doloso agravado por premeditación en perjuicio de L.A.P.C. se impone la pena de 15 años de prisión y en ese sentido merece modificarse el fallo, lo que no significa un desmejoramiento en cuanto a la situación del apelante, porque todas las circunstancias que agravan el homicidio conllevan a la pena de 12 a 20 años de prisión, por lo que no se violenta el principio de Reformatio in Pejus.

    No concurren circunstancias agravantes ni atenuantes de la responsabilidad penal.

    En cuanto al homicidio doloso agravado cometido en perjuicio de NILKA D.S.P., la Sala fija la pena en 15 años de prisión. No se configuran circunstancias agravantes ni atenuantes que modifiquen la responsabilidad penal del procesado.

    Con relación al homicidio doloso agravado en grado de tentativa perpetrado contra I.I.S.P., la pena base a imponer es de 12 años y no se aprecia la concurrencia de circunstancias que atenúen o agraven la responsabilidad penal.

    Toda vez que la acción desplegada nos ubica ante un concurso material de delitos, se debe tener en cuenta para la fijación de la pena el literal b) del artículo 64 del Código Penal, el cual establece lo siguiente:

    Si hubiere de juzgarse a la vez a un individuopor dos o más hechos punibles que tengan una misma clase se le sancionará así:

  7. Si son tres o más los hechos punibles, se le impondrá la pena señalada para el más grave de ellos y se le aumentará hasta la mitad de las penas sumadas que le corresponderían por los demás.

    Concluye el artículo indicando que "en ninguno de los casos antes mencionados, la pena podrá exceder del máximo legal señalado en los artículos 47 y 48" del citado Código punitivo.

    Así las cosas, la pena base por el delito más grave, es decir, homicidio doloso agravado por premeditación, es de 15 años de prisión a lo cual se debe aumentar 14 años, que es la mitad de la suma de las penas por los delitos de homicidio doloso agravado premeditación en perjuicio de NILKA D.S.P. (15 años) y homicidio doloso agravado por premeditación en grado de tentativa en perjuicio de I.I.S.P. (13 años), lo cual da una pena líquida de 29 años de prisión y toda vez que excede la duración de la pena máxima de prisión establecida por el legislador, se procede a imponer la pena de 20 años de prisión.

    PARTE RESOLUTIVA

    En mérito de lo que antecede, la Corte Suprema, Sala de lo Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, REFORMA la sentencia de 3 de septiembre de 2002, en el sentido de condenar a J.C.R.C. a la pena de 20 años de prisión, como autor de:

    - Delito de Homicidio Agravado por Premeditación, tipificado en el artículo 132, numeral 2, Código Penal, cometido en perjuicio de L.A.P.C. y N.D.S.P.; y

    - Homicidio Agravado por Premeditación en Grado de Tentativa en perjuicio de IXIA IXANIA SAMUDIO PÉREZ; y

    -CONFIRMA en lo demás.

    N..

    GRACIELA J. DIXON C.

    CÉSAR PEREIRA BURGOS -- ANÍBAL SALAS CÉSPEDES

    MARIANO HERRERA (Secretario)