Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 1ª de lo Civil, 6 de Noviembre de 2001

Ponente:JOSÉ A. TROYANO
Fecha de Resolución: 6 de Noviembre de 2001
Emisor:Primera de lo Civil
RESUMEN

VÍCTOR LEÓN MORENO MIRANDA RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO ORDINARIO DE MAYOR CUANTÍA QUE LE SIGUE A MARITZA ESTER PÉREZ BENAVIDES Y CARLOS GARCÍA MARTÍN

 
ÍNDICE
CONTENIDO

VISTOS:

La firma forense Watson & Asociados, apoderada especial del señor V.L.M.M., interpuso recurso de casación contra la sentencia proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia el 3 de octubre de 2000, dentro del proceso ordinario instaurado por el recurrente contra M.E.P.B. y C.G.M..

El recurso fue admitido por esta corporación judicial y se encuentra pendiente de decidir en el fondo, a lo cual se procede, previas las siguientes consideraciones.

El señor V.L.M.M. interpuso demanda ordinaria contra la señora M.E.P.B. y el Licenciado C.G.M., en su condición de Notario Cuarto del Circuito de Panamá, la cual quedó radicada en el Juzgado Cuarto del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil, con el objeto de obtener las siguientes declaraciones:

"PRIMERO: Que se declare nulo por ilegal el supuesto Testamento Otorgado por la señora CLARA LUZ M.P. (Q.E.P.D.) mediante escritura pública No. 7760 de 23 de agosto de 1994 de la Notaría cuarta del Circuito de Panamá.

SEGUNDO

Que se declare la Nulidad del Auto No. 415 de fecha 14 de febrero de 1997, proferido por el Juzgado Cuarto de Circuito de lo Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá, mediante el cual se admite la sucesión de la Sra. CLARA LUZ M.P. (Q.E.P.D.) en base al testamento contenido en la escritura No. 7760 del 23 de agosto de 1994, correspondiente a la Notaría Cuarta del Circuito de Panamá y mediante la cual supuestamente la causante instituyó como herederos en partes iguales y proindiviso de todos sus bienes a V.L.M.M., O.E.B.M. y M.E.P.B..

TERCERO

Que se declaren nulos todos los actos posteriores a la admisibilidad de el (sic) proceso de sucesión testamentaria propuesto por la Sra. M.E.P.B. dentro de la sucesión testada de CLARA LUZ M.P. (Q.E.P.D.) así como todos los actos que haya de proferir el Juzgado Cuarto del Circuito Civil del Primer Circuito Judicial de Panamá dentro de la referida sucesión testada propuesta por M.E.P.B.." (F. 35)

La demanda fue contestada por ambos demandantes, quienes se opusieron a las declaraciones solicitadas y negaron los hechos que las fundamentaban. Igualmente, compareció y fue admitido en calidad de litisconsorte de la parte demandada, el señor O.S.B..

Una vez surtida la tramitación correspondiente, el Juzgado Cuarto del Primer Circuito Judicial de Panamá, Ramo Civil, dictó la Sentencia N°36 de 28 de abril de 1999, en la que niega la pretensión del demandante y lo condena en costas de primera instancia por la suma de B/2000.00.

Inconforme con esa decisión, el demandante interpuso recurso de apelación que fue resuelto en la sentencia dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia el 3 de octubre de 2000, que ahora se impugna en casación, en la cual se confirma la resolución de primera instancia.

El recurso de casación es en el fondo y se invoca como única causal, la infracción de normas sustantivas de derecho por error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba, que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución recurrida.

Los motivos que le sirven de sustento plantean lo siguiente:

"PRIMERO: Al establecer que el Testamento Abierto impugnado, que consta en la Escritura Pública N0. 7760 de 23 de agosto de 1994, no era nulo, la sentencia atacada no le atribuyó el valor probatorio que tiene la declaración del testigo C.G.M. (fs.240-243) que acreditó con claridad que éste, el Notario autorizante del testamento abierto, no conocía a la testador C.L.M.P..

SEGUNDO

Al desconocer los cargos de nulidad que formuló el demandante contra la elaboración del testamento abierto, la sentencia recurrida no apreció como lo ordena la ley, las declaraciones esgrimidas por los testigos S.S. (244-247) y M.D.C. (259-262), testigos instrumentales en el testamento abierto impugnado, que acreditan con claridad que aquéllos no conocían a la testador C.L.M.P..

TERCERO

Con la sentencia impugnada, el Primer Tribunal Superior de Justicia no evaluó, como debía hacerlo conforme a la ley, el testimonio del N.C.G.M., quien esbozó bajo la gravedad de juramento (fojas 240-243), que no conocía a la testador C.L.M.P., con las otras pruebas del expediente, como consecuencia de ello coligió que dicho testimonio constituía un elemento probatorio dirigido a demostrar la validez de la Escritura Pública No.7760 de 23 de agosto de 1994 (testamento abierto).

CUARTO

Para estimar la validez del Testamento Abierto impugnado, la sentencia recurrida estimó erróneamente que en las declaraciones hechas por el Notario y los testigos intervinientes se había probado que dicho acto, la elaboración del testamento abierto de parte de la testador C.L.M.P., cumplió con toda la formalidad del caso, siendo que las declaraciones de C.G.M.N. autorizante del acto (240-243), y los testigos instrumentales S.S. (244-247) y M.D.C. (259-262) acreditaban con prístina claridad todo lo contrario, pues, todos son coincidentes en el hecho de que no conocían a la testador C.L.M.P..

QUINTO

Las anteriores infracciones incidieron sustancialmente en la parte dispositiva de la sentencia atacada." (Fs. 515-516)

Como consecuencia de los argumentos expuestos en los motivos anteriormente transcritos, el recurrente alega la violación de los artículos 895,896, 917 y 918 del Código Judicial y 717, 719, 1738 y 1143 del Código Civil.

La Sala advierte que los cargos que se le imputan a la sentencia de segundo grado, son los siguientes:

1) Que el Tribunal Superior no le atribuyó el valor probatorio que tiene la declaración del Licenciado C.G.M., Notario Cuarto del Circuito de Panamá ante quien se celebró el testamento impugnado, toda vez que en ella señaló que no conocía a la testadora, señora CLARA LUZ M.P.;

2) Que tampoco apreció como lo ordena la ley, las declaraciones de los señores SALVADOR SOLIS y M.D.C., quienes sirvieron como testigos en el testamento atacado, y que también declararon que no conocían a la testadora.

3) Que como consecuencia de dichos errores de valoración, el Tribunal Superior concluyó que el testamento de la señora CLARA LUZ M.P. es válido.

Ahora bien, al revisar la sentencia impugnada la Sala ha podido constatar que el Tribunal Superior no se pronunció con respecto a los puntos atacados por el recurrente en casación, en vista de que los mismos no fueron objeto de debate durante la primera ni la segunda instancia del presente proceso, como se desprende tanto de los hechos que fundamentaron la demanda, como los del escrito de sustentación de la apelación, los cuales se referían a lo siguiente:

1) Que la señora C.L.M.P. había otorgado un testamento abierto en 1991, mediante el cual instituyó como único heredero a su hijo V.L.M.M..

2) Que a partir de 1993, la señora CLARA LUZ M.P. sufrió severos quebrantos de salud, llegando a perder sus facultades tanto físicas como psíquicas o mentales, razón por la cual para el año 1994 no estaba en condiciones de disponer en forma legítima de sus bienes ni de suscribir documentos válidos, por falta de consentimiento.

3) Que, en consecuencia, la firma de la señora CLARA LUZ M.P. que aparece en la Escritura Pública N°7760 de 23 de agosto de 1994, es falsa porque no se conforma en lo absoluto en cuanto a sus rasgos y características, con la de la causante.

4) Que el Licenciado C.G.M., en su condición de Notario Cuarto del Circuito de Panamá, fue sorprendido en su buena fe por la otra demandada, señora M.E.P.B., ya que nunca debió certificar como legítima la supuesta firma de la señora CLARA LUZ M.P..

5) Que para el año de 1994, tanto la capacidad psíquica de la causante, así como la falsedad de la firma que aparece en el protocolo de la Escritura Pública N° 7760 de 23 de agosto de 1994, contentiva del presunto testamento otorgado por la causante, hacen que dicho documento adolezca de claros vicios de nulidad.

En vista de que estos fueron los hechos planteados por el señor V.L.M.M. en su libelo de demanda, consultable a fojas 34 a 40, al igual que en el escrito en el que sustenta su recurso de apelación, visible a fojas 434 a 440, sobre esos mismos puntos se pronunció el Tribunal Superior en la sentencia que ahora se impugna en casación, cuando al referirse a la validez del testamento de la señora CLARA LUZ M.P., concluyó lo siguiente:

"La práctica generalizada de la Notarías Públicas de cotejar y autenticar firmas en documentos a través de copias de cédulas no es ajena a este Tribunal; sin embargo, también es de su conocimiento que para el otorgamiento de un testamento abierto y otros documentos que impliquen disposición de bienes, la presencia del otorgante ante el Notario es indispensable y, es la forma como se otorgan en la práctica estos instrumentos públicos. La ausencia de la otorgante del testamento abierto en la Notaría Cuarta de Circuito no fue acreditada; y la simple alegación de que el Notario que otorgó la escritura pública se dedicaba a la práctica generalizada de autenticar firmas en todo tipo de documentos, sin pruebas que acreditaran dicha conducta o la mala fama del notario, no tiene sustento alguno para los efectos deseados por su proponente.

No cabe duda que la intención de la parte actora de establecer la falsificación de la firma de la señora CLARA LUZ M.P. en la Escritura Pública N°7760 de 23 de agosto de 1994, puede estar sugerida por la alegada incapacidad física y mental de dicha señora para presentarse y realizar el acto de última voluntad contenido en el documento público cuya nulidad se solicita. No obstante, para el Tribunal esta condición física y mental que viciaba de nulidad el testamento tampoco fue demostrado por el impugnante.

En la etapa probatoria del proceso se recogieron las declaraciones testimoniales de varios profesionales de la medicina que conocieron a la señora C.L.M.P. como paciente. Sólo el médico psiquiatra declara (ver fs. 263 y 264) que para el 6 de febrero de 1995, estaba senil, con un estado demencial progresivo, que le impedía tomar decisiones y discernir objetivamente entre lo bueno y lo malo, pero que era difícil precisar la fecha de inicio de ese cuadro clínico por ser insidioso. Para el otro testigo, médico internista, que conoció a la señora C.L.M.P. desde 1991 hasta su muerte en 1997, la refiere como una paciente orientada que podía valerse por sí misma y tomar decisiones por sí misma para el año de 1994, época en que fue suscrita la escritura pública cuestionada, y que su gran deterioro mental y físico, tuvo lugar a partir de 1995 (ver fs. 269 y 270). Por su parte, el geriata (sic) declara que en las seis visitas domiciliarias que realizó para el año 1994 y enero 1995, la señora M. era paciente orientada, en tiempo, lugar y persona, siendo su patología "insuficiencia circulatoria periférica, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, infección crónica de vías urinarias, síndrome osteroartrítico y micosis oral", sin que existiera ningún impedimento ni mental ni muscular-esquelético, para desarrollara el acto de firma (ver fs. 252-253).

Por último, el médico general declaró que para el año 1994, la señora C.L.M.P. mantenía un estado clínico aceptable que le permitía asistir a su consultorio por sus propios medios y que su estado de lucidez era satisfactorio acorde a su edad, sin que tuviera tampoco impedimento orgánico que no le permitiera firmar (f.112).

Estas declaraciones valoradas en conjunto con las del Notario y de los testigos instrumentales, hacen prevalecer la presunción legal de que la otorgante se encontraba en pleno goce de sus facultades físicas y mentales cuando firmó la Escritura Pública N°7760 de 23 de agosto de 1994 de la Notaría Cuarta de Circuito de Panamá. En ese sentido, los propios documentos presentados como indubitados por la parte actora para realizar el análisis comparativo en el peritaje caligráfico que solicitó, permiten establecer que para los meses de agosto, octubre, noviembre de 1993 (ver fs.127, 128 y 129), y enero de 1994 (f.19) la señora C.L.M.P. realizaba, pocos meses antes de otorgar la escritura impugnada, actos o negocios jurídicos que requerían del pleno uso de sus facultades mentales y físicas. Por lo tanto, en el proceso no se ha logrado enervar la presunción legal contenida en la escritura pública, a base de la demostración de la incapacidad física y mental de su otorgante, debido a que la declaración testimonial de su psiquiatra, no resulta ser la prueba idónea para estos efectos y está en plena contradicción a las demás pruebas documentales y testimoniales existentes en el expediente." (Fs. 470-473)

De la resolución parcialmente transcrita se colige que tanto los hechos que fundamentaron la presente demanda, como los elementos probatorios que se presentaron para acreditar la pretensión de la misma, al igual que el escrito de sustentación de la apelación, guardan relación con la capacidad física y mental de la otorgante del testamento impugnado, señora C.L.M.P. y con la supuesta falsificación de la firma que aparece en dicho testamento.

No obstante, la parte recurrente pretende atacar en casación aspectos relacionados con las formalidades que exige la ley para otorgar los testamentos abiertos, específicamente en cuanto a la figura del Notario y los testigos, materia que como ya señaláramos anteriormente, no fue objeto de la controversia en primera y segunda instancia ni, por tanto, de la sentencia que se recurre en casación, situación que guarda relación con lo que se conoce en la doctrina como "medios nuevos", que la Corte no acepta, salvo contadas excepciones.

El D.J.F.P., en su obra "Casación y Revisión Civil, Penal Y Laboral", explica esta figura en los siguientes términos:

"Bajo la influencia de la doctrina francesa, la Corte ha reconocido la doctrina de los "medios nuevos" y que aparece sintetizada así:

"La Corte tiene resuelto que para que una cuestión cualquiera pueda ser impugnada como motivo de casación es indispensable que haya sido materia del debate, en la primera y en la segunda instancia, porque no es dable atribuirle errores en la aplicación del derecho a un Tribunal, en relación con puntos que no estuvieron sometidos a su consideración (Casación, 3 de mayo de 1938. R.J. No.5, Pág.476, T.IV. S.. 3 de octubre de 1957. Julio L.A. y R.C.W. vs.A. de León)".

...

El fallo de segunda instancia cierra la cognición y por ello una parte no puede, al estructurar el recurso, introducir nuevas cuestiones, nuevos datos.

...

La Ley consagra tácitamente la regla de los medios nuevos, -salvo que se trate de cuestiones de orden público que el Juez debe reconocer aunque no se haya propuesto en las instancias (art. 1156). Se hace depender de la naturaleza de la pretensión impugnativa del recurso de casación. Sólo tratándose de casación en la forma, la Ley expresamente exige que debe haberse pedido la reparación del error en la instancia en que incurrió (sic) (art.1179). Pero la jurisprudencia lo ha extendido a la casación en el fondo. En Francia el nuevo Código de Procedimiento Civil vino a recoger en su art. 619 la jurisprudencia tradicional así: "Los medios nuevos no son denunciables ante la Corte de Casación." (Sistemas Jurídicos, S.A., 2001, págs. 22-23) (Enfasis de la Sala)

Igualmente, en la edición anterior de la obra "Casación" del citado autor panameño, al referirse a la jurisprudencia colombiana relacionada con esta materia, señala lo siguiente:

"Respecto a la jurisprudencia colombiana, H.M. (Técnica de Casación) ha escrito:

"Casos de medios nuevos:

Son varias las sentencias en las cuales la Corte ha declarado inadmisibles los cargos en casación, por tratarse de medios nuevos: las de julio 30 de 1912 (XXI, 360), agosto 1° de 1932 (XL, 430) y abril 28 de 1934 (XL, 298) expresan que el extremo o hecho de la prescripción no incoada en las instancias, es medio nuevo en casación; la de noviembre 15 de 1932 (XLI, 14) rechaza el planteamiento de la nulidad de un contrato por motivo diferente al presentado en el juicio; la de octubre 18 de 1935 (XLIII, 731) repudia el extremo de invalidez de una hijuela por falta de formalidades, no atacada en el juicio por ese respecto; la de diciembre 15 de 1936 (XLIV, 687 considera que plantear la nulidad de la prueba del matrimonio, cuando no fue atacada en el proceso, es medio nuevo; la de octubre 23 de 1939 (XLVIII, 727) rechaza la alegación de nulidad de una cesión de derechos litigiosos, no formulada en instancia; la de julio 6 de 1945 (LIX, 137) niega la casación apoyada en el planteamiento de ser nulas las partidas de estado civil, por no haber sido objetadas antes; la de febrero 9 de 1953 (LXXXIV, 27) repudia el ataque a las declaraciones por medio de las cuales se puso por escrito un testamento verbal, por no haber sido planteado en instancia; la de agosto 17 de 1953 (LXXXVI, 64) declara inadmisibles los reparos contra una partición, no introducidos durante el juicio; la de diciembre 11 de 1954 (LXXX, 237) niega el cargo por envolver un extremo no incluido en la demanda de indemnización de perjuicios, etc"." (Imprenta Varitec, S.A., Panamá, 1995, pág. 56)

De lo anteriormente expuesto se puede concluir que tanto la doctrina como la jurisprudencia nacional y extranjera, al igual que nuestro Código Judicial, consideran que en vista de que el fallo de segundo grado cierra la etapa de cognición, no es posible introducir en casación nuevas cuestiones o detalles que no hayan sido sometidos a la consideración de los juzgadores de primera y de segunda instancia. (C. también sentencias dictadas por esta corporación judicial el 27 de julio de 2000, Registro Judicial, julio 2000, págs. 277-281 y el 26 de enero de 2001, Registro Judicial, enero 2001, págs. 283-291 en las que se ha reconocido este criterio).

No obstante, es preciso aclarar que el artículo 1171 del Código Judicial (antes, 1156) establece como excepción a este principio, que pueden ser objeto de casación en el fondo "aquellas cuestiones que, aunque no hayan sido opuestas ni debatidas en el proceso, el juez está en la obligación de decidir".

En relación con este punto, el P.J.F.P. en la última obra citada, manifiesta que en Francia no se consideran como medios nuevos los siguientes casos:

"No se consideran medios nuevos, entre otros: 1° Los medios que implícitamente surgen de las instancias; 2° Los medios nuevos examinados por el fallo impugnado; 3° Los medios de puro derecho; 4° Los medios de orden público; 5° Los medios que ni el demandante ni el demandado estaban en la posibilidad de invocar en apelación. (V.B., op.cit., N°2540). 6° Lo que la doctrina francesa denomina 'la pérdida de fundamento jurídico' por motivo de un hecho que es posterior, como la expedición de una ley nueva aplicable a la situación de autos, durante el trámite de casación, que incide -especialmente, normas de orden público, retroactivas." (Op. cit., págs. 55-56)

Como se señalara anteriormente, en el presente recurso de casación se ataca la validez del testamento abierto otorgado por la señora CLARA LUZ M.P., con base en la supuesta falta de idoneidad de los testigos y del Notario ante quienes se otorgó dicho testamento y no con fundamento en la incapacidad física y mental de la mencionada señora o en la falsificación de la firma que aparece en el testamento, que fueron los puntos debatidos en ambas etapas del proceso y que, a juicio de los tribunales de primera y segunda instancia, no fueron acreditados por la parte demandante recurrente.

La Sala considera que los nuevos argumentos que ahora se pretenden debatir en casación no corresponden a ninguna de las excepciones antes señaladas ni constituyen, por alguna otra razón, materia sobre la cual el juzgador tenga la obligación de decidir, por lo que se debe concluir que se trata de un medio nuevo y, como tal, no puede ser objeto de recurso de casación.

Siendo esta la realidad de autos, la Sala concluye que no existen méritos para casar la decisión de segundo grado, razón por la cual se debe descartar el presente recurso.

En consecuencia, la CORTE SUPREMA, SALA DE LO CIVIL, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia proferida por el Primer Tribunal Superior de Justicia el 3 de octubre de 2000, dentro del proceso ordinario instaurado por el señor V.L.M.M. contra los señores M.E.P.B. y C.G.M..

Las costas de casación se fijan en la suma de doscientos balboas (B/200.00).

  1. y N..

(fdo.) J.A.T.

(fdo.) R.F.Z.

(fdo.) E.A.S.

(fdo.) ELIGIO MARIN C.

Secretario Encargado de la Sala Civil