Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Pleno), 1ª de lo Civil, 6 de Diciembre de 1996

Ponente:ELIGIO A. SALAS
Fecha de Resolución: 6 de Diciembre de 1996
Emisor:Primera de lo Civil
RESUMEN

ROSA MATILDE DELGADO VDA. DE ARZE RECURRE EN CASACIÓN EN EL PROCESO SUMARIO QUE LE SIGUE CÉSAR AUGUSTO ACHÓN BALLESTEROS

 

VISTOS:

La defensa técnica de ROSA MATILDE DELGADO Vda. de ARZE, en desacuerdo con la resolución dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia el 18 de diciembre de 1995, que sirviera para desatar en segunda instancia el proceso sumario de mayor cuantía incoado contra su representada por el abogado C.A.A.B., propuso recurso extraordinario de casación, a cuyo conocimiento tendrá la Sala Primera de la Corte que abocarse en vista de la correspondiente admisión de la cual ha sido objeto.

Para impugnar la decisión de segundo grado la recurrente ha empleado, como causal de fondo, la infracción de normas sustantivas de derecho por error de derecho en cuanto a la apreciación de la prueba, lo que ha influido sustancialmente en lo dispositivo de la resolución que se censura.

En los motivos que sirven de fundamento a la causal, la recurrente expresa los cargos de injuricidad atribuidos a la resolución del Tribunal Superior haciéndolos consistir en que se le concedió un valor legal del que carece al documento que contiene la diligencia de avalúo llevada a cabo por la firma AVALÚOS ZUBIETA Y ZUBIETA, S.A., basamento del juzgador para fijar los honorarios profesionales debidos al abogado CÉSAR AUGUSTO ACHÓN por los servicios prestados a su cliente con motivo de la gestión llevada a cabo en el proceso de sucesión ab-intestato de su finado esposo, E.A.P. (q. e. p. d.), en desmedro del contenido de la diligencia de inventario y avalúo practicada por los peritos designados por las partes y el tribunal en el juicio de sucesión antes mencionado.

De acuerdo a la censura, yerra la resolución recurrida cuando sobrevalora la fuerza probatoria del dictamen de AVALÚOS ZUBIETA Y ZUBIETA, S.A., mientras equivoca su apreciación en cuanto al valor probatorio que le da a la diligencia extrajudicial de inventario y avalúo practicada en el juicio de sucesión, en el propósito de establecer y fijar el verdadero valor comercial de los bienes que conforman la masa herencial del desaparecido ARZE PONCE. La sentencia de segunda instancia por el hecho de desconocer que el contenido de esta última diligencia forma parte de la sentencia del juicio de sucesión, luego elevada a escritura pública y debidamente inscrita en el Registro Público, perdió de vista el carácter de documento público que dicha prueba posee, en tanto le ha reconocido méritos probatorios suficientes a "un peritaje" (el avalúo de la firma ZUBIETA Y ZUBIETA) que nunca fue autorizado por el tribunal y que fue practicado sin la participación de las partes y sin que se hubiesen definido los términos sobre los que debió versar su dictamen.

Se denuncian como infringidas las siguientes disposiciones legales: En primer lugar los artículos 821, 822 y 823 del Código Judicial que, como se sabe, son las normas en donde se recoge la definición del documento público, se enumera las distintas clases del mismo y se indica el valor legal que posee como pieza de convicción en el proceso. Se ataca la resolución del Tribunal Superior sosteniéndose que en ella no se le reconoció el valor legal que encierra la sentencia dictada en el juicio de sucesión de la que forma parte la diligencia extrajudicial de inventario y avalúo realizada en ese juicio y que, tal como se ha dicho, fue protocolizada e inscrita en el Registro Público.

D. violado el artículo 845 del Código Judicial que fija y establece el valor probatorio de los documentos privados auténticos, ya que al estimar el Tribunal Superior que los honorarios profesionales del abogado deben calcularse en base a lo establecido por el avalúo de la firma ZUBIETA Y ZUBIETA no tuvo en cuenta que el documento no fue suscrito ni por la parte demandante ni por la parte demandada. Indica el recurrente:

Es incuestionable que la demandada y el demandante no suscribieron ese documento, por lo tanto el Tribunal Superior de Justicia al vulnerar la norma transcrita incurrió en un error de derecho de la prueba conocida o identificada como informe de avalúo de la firma ZUBIETA Y ZUBIETA (fs. 83-101).

El otro grupo de disposiciones procesales que se estiman violadas por la sentencia son los artículos 953, 954, 955, 956 y 967 del Código de Procedimiento. Esas disposiciones regulan la prueba pericial en todos sus aspectos. En concepto de la censura ellas se violaron al aceptarse el valor comercial de los bienes de la herencia que recibiera en calidad de heredera la señora R.M.D.V.. de ARZE, apoyándose en el informe de ZUBIETA y ZUBIETA, siendo esta una diligencia efectuada unilateralmente a solicitud de un abogado ajeno a las partes en conflicto dentro del presente juicio sumario. Se afirma que se trata de un peritaje efectuado sin llenar los requisitos exigidos por la ley.

Por último, como norma sustantiva de derecho infringida se señala el artículo 976 del Código Civil cuyo tenor es el siguiente:

Artículo 976. Las obligaciones que nacen de los contratos tienen fuerza de ley entre las partes contratantes, y deben cumplirse al tenor de los mismos.

La violación de dicha norma se produce, en opinión de la censura, porque:

"Es evidente entonces, que la sentencia recurrida, proferida por el Tribunal Superior de Justicia eleva al rango de contrato entre las partes el informe de avalúo de la firma ZUBIETA Y ZUBIETA, a pesar que el mismo no fue suscrito ni solicitado por las partes, por lo que incurre en una nítida infracción a contrario sensu, de la norma sustantiva mencionada. La génesis de ese informe o supuesto peritaje de avalúo de la firma ZUBIETA Y ZUBIETA se ubica en una solicitud promovida por el apoderado de los otros herederos, a fin de facilitar la fase de repartición de caudal hereditario" (fs. 44).

BREVE RESEÑA DEL CASO

Los autos de este juicio sumario ilustran que el abogado C.A.A.B. interpuso demanda contra la señora R.M.D.V.. de A. a fin de que se le condenase a pagarle la suma de CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO CON TREINTA Y OCHO (B/.54,668.38) en concepto de honorarios adeudados por su gestión profesional en el juicio de sucesión intestada del difunto E.A.P., más las costa gastos e intereses. La parte demandada opúsose a las pretensiones del actor aduciendo que los honorarios pactados no fueron, como se afirma en el hecho cuarto del libelo de la demanda, un 8% del valor comercial de los bienes hereditarios, sino el 6% del valor catastral de los bienes que se le adjudicaran a la señora D.V.. de A. y, en todo caso, ese porcentaje (6%) tendría que dividirse entre el abogado principal -Lic. G.S.- y el abogado sustituto -Lic. A.B.-, conforme había sido acordado en el contrato de servicios profesionales celebrado entre las partes.

Del caudal probatorio aportado por la parte demandante es pertinente destacar el "Contrato de Prestación de Servicios Profesionales", visible a fojas 9 y 10 del expediente. En la cláusula cuarta de ese documento se establece lo siguiente:

"CUARTA: Declaran LOS ABOGADOS y así lo acepta de manera expresa LA CLIENTE, que los Honorarios Legales, por la presentación, seguimiento y culminación del presente juicio de Sucesión Intestada, serán calculados en base al Porcentaje del Ocho (8%) Por Ciento del Valor Comercial de los bienes que compongan el Caudal Hereditario, es decir, los Honorarios Legales se fijarán en el 8% del valor total comercial, que se de en definitiva a dichos bienes, razón por la cual, se recurrirá a la apreciación de personas versadas en la materia ó al valor de dichos bienes en el mercado local al momento de terminarse el respectivo juicio sucesorio." (Fs. 9).

El documento contiene en su parte final una certificación extendida el 23 de agosto de 1991 por el Notario Público Tercero del Circuito de Panamá en donde se hace constar que las firmas de los abogados G.S. y C.A.A.B., así como la de la cliente R.M.D.V.. de A., son auténticas, pues fueron reconocidas por los firmantes como suyas. Consta también en autos que la representante judicial de la parte demandada tachó el aludido documento, centrando lo medular de su defensa técnica en la supuesta falsedad del mismo. A fojas 136 puede leerse lo que sobre el particular fue denunciado:

"POR TODO LO ANTERIORMENTE EXPRESADO, RECHAZAMOS Y TACHAMOS DE FALSEDAD EL DOCUMENTO PRESENTADO COMO PRUEBA POR EL LIC. ACHÓN, POR SER DEL CONOCIMIENTO DE LA SRA. DELGADO VDA. DE ARCE Y DEL LIC. SERRANO QUE EL MISMO FUE ALTERADO AL SUSTITUIRSE COMPLETAMENTE SU PRIMERA PÁGINA ANTES DE QUE EL MISMO FUERA SELLADO POR NOTARIO, POR LO QUE DESDE ESTE MOMENTO SE TACHA EL DOCUMENTO (CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES) PRESENTADO COMO PRUEBA, la cual sustentaremos y probaremos oportunamente en escrito separado." (Fs. 136, énfasis y subrayado como aparece).

En el correspondiente escrito de tacha se sostuvo:

"SEXTO: Que el contrato original suscrito por la Sra. D.V.. de A. con el Lic. SERRANO como ABOGADO PRINCIPAL y el Lic. ACHÓN como ABOGADO SUSTITUTO, se habían claramente establecido los honorarios que devengaría el Lic SERRANO por su actuación dentro del Juicio de sucesión intestada del Sr. A.P., el cual había sido establecido en EL SEIS POR CIENTO (6%) DEL VALOR CATASTRAL DE LOS BIENES QUE SE LE ADJUDICARAN A LA SRA. DELGADO VDA. DE A., y en el mismo documento se convenía entre el ABOGADO PRINCIPAL y el ABOGADO SUSTITUTO que a cada uno le correspondería LA MITAD de dichos honorarios, esto es, EL TRES POR CIENTO (3%) DE LOS MISMOS PARA CADA UNO DE ELLOS. El contrato presentado como prueba por el Lic. ACHÓN en su primera página señala en la Cláusula Cuarta, que "Los honorarios legales, por la presentación, seguimiento y culminación del presente juicio de sucesión intestada, serán calculados en base a un Porcentaje del ocho (8%) Por Ciento del valor comercial de los bienes que compongan el Caudal Hereditario, es decir, los Honorarios legales se fijarán en el 8% DEL VALOR TOTAL COMERCIAL, QUE SE DE EN DEFINITIVA A DICHOS BIENES ...". (Fs. 152 y 153, énfasis y subrayado como aparece).

La parte actora, con el objeto de establecer el valor comercial de los bienes recibidos en herencia por la señora R.M.D. de A. en el juicio de sucesión intestada de su esposo, presentó la copia del avalúo efectuado por la firma AVALÚOS ZUBIETA Y ZUBIETA, S.A. del que ya se ha hablado en este caso (Ver foja 83 y siguientes). En ese documento se indica que el valor actual de mercado de la finca número 57,236, inscrita al tomo 1278, folio 260 del Registro Público, Provincia de Panamá, asciende a la suma de B/.330,000,00 (fs. 85 a 99), y el de la finca número 56,673 inscrita al tomo 1473, folio 290 del Registro Público, Provincia de Panamá, a la suma de B/.242,500.00 (fs. 100 a 101). Ambos inmuebles fueronle adjudicados en herencia a la parte demandada. Este documento que constituye una copia del avalúo elaborado por la firma ZUBIETA Y ZUBIETA, a fin de establecer el valor real de los bienes inmuebles de la sucesión de E.A.P., fue debidamente reconocido en este juicio sumario por el señor J.L.A.Z.P., P. y Representante de la Compañía evaluadora, quien compareció al tribunal y bajo la gravedad del juramento reconoció el documento, su contenido y las firmas que allí aparecen como estampadas por su propio puño y letra (ver fs. 189). También consta en el expediente que la señora R.M.D.V.. de A. recibió además en herencia un automóvil valorado en B/.3,000.00 y acciones de una sociedad anónima valoradas en B/.5,000.00.

Se aprecia de autos que la parte demandada, con motivo de la actuación procesal desarrollada en este juicio, puso el mayor énfasis en tratar de demostrar la falsedad o la adulteración del contrato de servicios profesionales celebrado con los abogados que atendieron en su nombre el juicio de sucesión de su difunto esposo, dedicándole especial atención a lo dispuesto en la cláusula cuarta de ese pacto, de la que ya con anterioridad nos hemos ocupado. Ese esfuerzo de la parte demandada no logró fructificar en este juicio, pues ni el juez de primer grado ni los juzgadores de segunda instancia encontraron fundadas razones para aceptar las acusaciones y la tacha formulada, por carecer ellas del respaldo en pruebas que pudiesen verificarlas. Sobre esta materia, similar fue la opinión en ambas instancias, pero divergió el superior del juez de la causa en cuanto al alcance e interpretación que debía dársele a la cláusula cuarta del contrato celebrado. Mientras que para el Juez Tercero del Circuito el valor comercial de los bienes herenciales podía ser establecido a través de la diligencia de inventario y avalúo practicado como parte del juicio de sucesión llevado a cabo, para el Tribunal Superior en aquella diligencia sólo se indicaron los valores inscritos y registrados con que aparecen los inmuebles en cuestión tanto en el Registro Público como en la oficina del Catastro Fiscal, cantidades que no reflejan el valor de mercado que tienen esos bienes. Es de interés, para entender mejor los fundamentos en que se basa la sentencia atacada, reproducir lo que sobre el particular en ella se recoge en cuanto al punto alrededor del cual gira esta controversia.

"Al momento de interpretar dicha cláusula el Juzgador primario, en una interpretación que no comparte esta Superioridad, concluye que al no haber evidencias en el proceso de que las partes hayan proferido algunas de las formas específicas, entre basarse en el peritaje de personas versadas a tomar el valor actual de mercado, se habría de ponderar la utilización de la diligencia de avalúo de bienes que fuera visible bajo el encabezado de DILIGENCIA EXTRAJUDICIAL DE INVENTARIO Y AVALUÓ DE LOS BIENES DE LA SUCESIÓN INTESTADA DEL FINADO E.A.P. (Q.E.P.D.), al reverso de las foja 74 del expediente; criterio que no se comparte ya que de una atenta lectura se desprende, que a través de "personas versadas", o mediante cálculo del "mercado local", debía de resultar el "valor comercial" de los bienes, terminología esta que en nada es casual.

Como se planteara a líneas superiores, este Tribunal no comparte el uso de los valores dados en la diligencia de inventario y avalúos, ya fuera extrajudicial o judicial como lo faculta el artículo 1571 del Código Judicial; toda vez que dichos avalúos tratándose de inmuebles se han de apegar por mandato de la Ley procedimental a los valores catastrales;

...

Del contenido de la diligencia de avalúo que reposa en la protocolización allegada a este proceso, se aprecia que los valores asignados a los bienes inmuebles materia de este debate correspondieron, sin duda alguna, a los valores establecidos en las certificaciones expedidas por las oficinas de catastro fiscal (fs. 26 y 28) del Registro Público (Fs. 32 y 37); lo que no es más que una evidencia de que el avalúo se estableció en atención a los requerimientos procesales y no al valor del mercado de los bienes adjudicados. ...

La apreciación del juzgador primario de señalar que el informe de la avaluadora ZUBIETA & ZUBIETA, profesional en el campo de avalúos de bienes raíces, no guardaba ninguna significación en la determinación de los honorarios de "Los Abogados" (Fs. 244), resulta del todo equivocada cuando se trata del único esfuerzo que, militando en el proceso, procuró y logró establecer el valor comercial del mercado de las Fincas Nº 57,238 y Nº 56,673, en las sumas de B/.330.000.00 y B/.242,500.00, respectivamente; cifras que advierte este Tribunal superior en los renglones de VALOR ACTUAL DE MERCADO que, para cada una de las fincas, aparece en el informe visible a fojas 83-101. ...

Una vez que se comprueba que la intención de las partes fue tasar los honorarios en atención al valor comercial, la presentación del avalúo realizado por la firma ZUBIETA & ZUBIETA, oportuna por su condición de empresa reconocida en el mercado de bienes raíces, debió de ser confrontada por la demandada con otros avalúos comerciales, en caso de no estar conforme con el mismo.

Se hace de suma importancia el destacar, que la realidad del valor comercial de las fincas Nº 52,230 y Nº 56,673, no escapó al conocimiento de la parte demandada; lo que se comprueba cuando su propio vocero R.J.A., condición esta que se encuentra reconocida por la apoderada judicial de la señora R.M. DELGADO DE ARZE a fojas 137 del expediente; señaló haber conocido el avalúo realizado por la firma Z. &Z. y que además la misma fue utilizada para la negociación de los bienes." (Fs. 298-300).

DECISIÓN DE LA CORTE

El análisis cuidadoso del recurso de casación interpuesto le impone a la Sala la obligación de pronunciarse acerca de los cargos de injuricidad que se denuncian, con el propósito de descalificar la resolución atacada, comenzando con el señalamiento de que no se coincide con la recurrente cuando ésta le endilga a la sentencia yerros basados en la supuesta subvaloración de la prueba representada por la diligencia de inventario y avalúo practicada por los peritos designados por las partes y el tribunal dentro del juicio de sucesión intestada que le sirve de antecedente a este proceso sumario. Los razonamientos del Tribunal Superior que lo llevaron a desestimar como verdaderos los valores económicos que se le asignan a los bienes inmuebles heredados en aquella diligencia son claros y contundentes. En esa diligencia sólo fue consignado el valor con que se inscribieron y registraron tales bienes. No podía -y en esto tiene toda la razón el Tribunal Superior- aplicarse el contenido del inventario y avalúo practicado en el juicio de sucesión para medir con exactitud el valor comercial de los inmuebles que se heredaron, por más que el mismo formase parte de la sentencia con que culminó aquel juicio, puesto que resulta evidente que, en ese aspecto, un documento de esa naturaleza no es capaz de arrojar y reflejar la verdad sobre el valor económico de tales bienes. Lo pactado expresamente por las partes fue que los honorarios de los abogados se tasarían a base del 8% del valor comercial de los bienes heredados, concepto que es por completo diferente al valor registrado con que ellos aparecen en el Registro Público o en las oficinas del Catastro Fiscal. Si esto es así, no encuentra la Sala que el Tribunal Superior, cuando se abstuvo de emplear como medio para determinar el valor comercial de las fincas heredadas, el recogido por la sentencia del juicio de sucesión, haya incurrido por ese hecho en una infracción de lo que disponen los artículos 821, 822 y 823 del Código Judicial que versan sobre la naturaleza, validez y alcance probatorio de los documentos públicos. Sencillamente, el documento descartado por el Tribunal Superior, de cuya subvaloración se queja la recurrente, no era idóneo para establecer el hecho sujeto a comprobación (es decir, cuál era el real y verdadero valor comercial de los inmuebles heredados, para poder inferir de ese valor la cuantía adeudada en concepto de los honorarios profesionales que se reclaman). No prospera, en consecuencia, el cargo que desde ese punto de vista le imputa la casacionista a la sentencia recurrida.

Concurrente con la anterior es la acusación que la casacionista le imputa a la sentencia cuando considera que sobrevaloró la prueba consistente en el informe de avalúo preparado por la firma AVALÚOS ZUBIETA Y ZUBIETA, S.A. de la cual se valió el Tribunal Superior para calcular los honorarios profesionales que se le adeudan al abogado que promovió la presente acción. Para sustentar su afirmación la recurrente confronta los dos informes elaborados con el propósito de establecer la tasación económica de los bienes y de los que, en efecto, se desprende una enorme diferencia. Ligada con esta impugnación estímase la violación del artículo 845 del Código de Procedimiento porque, según se afirma, los honorarios del abogado se calcularon en base al valor de un documento privado al cual se le ha otorgado una validez que la ley no le reconoce.

Ya fue apreciado que, de acuerdo a la cláusula cuarta del contrato de prestación de servicios profesionales, las partes convinieron que el monto de los honorarios de los abogados equivaldría al 8% del valor comercial de los bienes transmitidos en herencia y que, para tasar ese valor, se recurriría "a la apreciación de personas versadas en la materia ó al valor de dichos bienes en el mercado local al momento de terminarse el respectivo juicio sucesorio". También sabemos que, después de terminado aquel juicio, entre uno de los dos abogados contratados (el licenciado A.) y su cliente no fue posible alcanzar un acuerdo que sirviese para fijar el monto de tales honorarios, lo que provocó la controversia que ahora se ventila entre las partes. La parte actora presentó como una de sus pruebas el documento que corre de fojas 83 a 120 del expediente y que contiene un dictamen sobre el avalúo de mercado de los bienes inmuebles que formaban parte de la masa de la sucesión. En el mismo se incluyen las dos fincas que la demandada recibió como herencia. Se trata de un instrumento que es producto y está confeccionado por una firma especializada en esta clase de menesteres, o sea, su contenido arroja el resultado de "la apreciación de personas versadas en la materia", conforme se convino en el contrato. Con anterioridad se ha dicho que el documento y su firma fueron debidamente reconocidos en el juicio por el tercero que lo produjo. El Tribunal Superior llamó la atención, en la sentencia que dictó y que ahora se ataca, en el sentido de que, por haber servido ese avalúo de la firma ZUBIETA Y ZUBIETA para la división, partición y distribución de la totalidad de los bienes de la sucesión intestada de EDGAR ARZE PONCE entre todos los herederos declarados (HOLDA MARÍA ARZE DE PONCE, I.A.D.O., C.A.P. y R.M.D. VDA. DE ARZE), no cabe estimar que hubiese desconocimiento de su contenido de parte de la señora VDA. DE A., puesto que este avalúo fue el utilizado para la negociación de los bienes en los términos que finalmente fueron acordados por los herederos.

La S. se ve en la necesidad de precisar que la parte demandada, entretenida en desvirtuar la autenticidad del documento que se incorporó al expediente como prueba del contrato de prestación de servicios profesionales y en su afán de demostrar, sin conseguirlo, que lo convenido entre las partes en materia de honorarios había sido un compromiso diferente al que aparece en ese documento -8% del valor comercial de los bienes inmuebles-, no se ocupó, como bien se señala en la sentencia de segundo grado, de probar que otro era el valor comercial de las fincas que había recibido en herencia. No sólo dejó de impugnar la prueba correspondiente dentro de los términos probatorios, sino que tampoco hizo llegar al expediente elemento de convicción alguno que contradijera el contenido de la probanza que dice incorrectamente valorada por el sentenciador. Bajo tales circunstancias, la fuerza probatoria de la pieza de convicción aludida ha permanecido intacta, lo cual es algo que a la hora da valorar la prueba tiene que ser visto con total independencia de los motivos primarios que hubiesen motivado su preparación y elaboración. Contrario a lo sostenido por la recurrente, carece de importancia, a los fines de este juicio, con qué propósito originalmente fue confeccionado el avalúo. Lo relevante para este caso consiste en que ese avalúo fue preparado por una firma especializada y con reconocido prestigio en nuestro medio en cuanto a la tasación y comercialización de bienes raíces, tal como se estipuló en el contrato celebrado por las partes. El otro aspecto que nos debe interesar es el reconocimiento que el tercero de quien emanó y firmó la prueba que se cuestiona se hiciera en los términos previstos por el artículo 858 del Código Judicial, sin que se diera, volvemos a reiterar, impugnación o tacha proveniente de la parte en contra de la cual fue utilizada. No encuentra la Sala, en consecuencia, dentro de las condiciones apuntadas, razones jurídicas para que este cargo pueda prosperar en casación.

El último cargo de injuricidad imputado a la sentencia dictada por el Tribunal Superior está referido al pretendido error en que incurriese aquel cuerpo colegiado, en razón de haberle concedido valor legal al avalúo de la firma ZUBIETA Y ZUBIETA, S.A., reclamándose, en esta oportunidad, como inadmisible que se le haya otorgado legitimidad a un peritaje nunca autorizado por el juez de la causa y practicado sin intervención de las partes, quienes en tales condiciones no designaron peritos ni definieron los puntos sobre los que debíose dictaminar.

No concuerda la Sala con el criterio de la recurrente. La prueba apreciada por el Tribunal Superior no es, técnica ni jurídicamente hablando, un peritaje como en esta parte del recurso es calificada la comentada pieza de convicción. La prueba, conforme a nuestro ordenamiento jurídico debe entenderse como perteneciente a las comprendidas entre las documentales a que, con un claro sentido de amplitud, se refiere el artículo 819 del Código de Procedimiento cuando nos dice que: "son documentos ..., en general, todo objeto mueble que tenga carácter representativo o declarativo ...".

Desde ese punto de vista, es natural que pueda ser apreciada por el juzgador, en observancia de las reglas de la sana crítica, como un instrumento probatorio por disponer la ley que los medios de prueba se caracterizan conceptualmente por su idoneidad para ser racionalmente aptos para la formación de la convicción del juez (art. 769 del C. Jud.); en este caso, por tratarse de una prueba documental emanada de tercero que el juez debe estimar por haber sido sometida al trámite exigido por el artículo 858 del Código Judicial, ya que fue reconocida y ratificada expresamente por su autor en cuanto a su firma y contenido.

Dentro de ese marco conceptual se desenvuelve el contenido de la sentencia dictada por el Tribunal Superior y ello constituye razón suficiente para impedirnos reconocer como violadas o infringidas las normas de derecho contenidas en el Código de Procedimiento que regulan las experticias, el valor probatorio de las mismas y las formas en que deben practicarse, pues esas disposiciones legales no son aplicables a este caso. Por supuesto, de lo dicho se colige que no puede la Sala coincidir con la recurrente en su afirmación de que han sido violados los artículos 953, 954, 955, 956 y 967 del Código Judicial, cuyo contenido regla la prueba pericial dentro de las causas civiles que se sigan ante los tribunales de justicia.

Obligadamente la Sala desemboca en la conclusión de que ninguno de los cargos formulados por la censura configuran la violación de la ley sustantiva (art. 976 del Código Civil) invocada como infringida por la sentencia de segundo grado.

Por todo lo expuesto, la Corte Suprema, Sala de lo Civil, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NO CASA la sentencia de fecha 18 de diciembre de 1995, dictada por el Primer Tribunal Superior de Justicia del Primer Distrito Judicial, dentro del proceso sumario que R.M.D.V.. DE A. le sigue a C.A.A.B..

Las costas de casación se fijan en la suma de TRESCIENTOS BALBOAS CON 00/100 (B/.300.00).

N..

(fdo.) E.A.S.

(fdo.) R.A.F.Z.

(fdo.) R.A.G.

(CON SALVAMENTO DE VOTO)

(fdo.) S.F.D.C.

Secretaria

SALVAMENTO DE VOTO DEL MAGISTRADO RAFAEL A. GONZÁLEZ

Estoy de acuerdo con la decisión, pero no comparto el planteamiento que se hace en relación con el avalúo realizado por la firma Z. &Z., que fuera presentado por la parte demandante en el presente proceso.

En la página 15 de la Sentencia se expresa que dicha prueba "debe entenderse como perteneciente a las comprendidas entre las documentales a que, con un claro sentido de amplitud, se refiere el artículo 819 del Código de Procedimiento".

Considero que el mencionado avalúo no tiene el carácter de prueba documental, pues fue ordenado exclusivamente para determinar el valor de los bienes inmuebles que componían la masa hereditaria. En el caso concreto, su eficacia como medio probatorio lo califica como dictamen o informe técnico, de acuerdo con lo establecido por los artículos 880 y 881 del Código Judicial.

Por esta razón reservo el criterio.

Fecha ut supra.

(fdo.) R.A.G.

(fdo.) SONIA F. DE CASTROVERDE

Secretaria