Sentencia Civil de Corte Suprema de Justicia (Panama), 1ª de lo Civil, 8 de Marzo de 1999

En la resolución recurrida el Tribunal no tomó en cuenta el certificado expedido por el Registro Público el 29 de abril de 1997, mediante el cual se acreditó la existencia legal de la sociedad YAPELO, S.A., y que a partir de esa fecha la representación legal de dicha sociedad la tenía O.L.C. (foja 977).

En la resolución recurrida, el Tribunal no tomó en cuenta el Poder otorgado a BRAVO DUTARY Y ASOCIADOS, por la representante legal de la sociedad YAPELO, S.A., O.L.O.D.C., fechado 29 de abril de 1997. (Foja 975-976).

En la resolución impugnada, el Tribunal no tomó en cuenta el escrito de desistimiento de la transacción presentado por nosotros BRAVO DUTARY Y ASOCIADOS en nuestra condición de apoderados de YAPELO, S.A., (foja 978)" (fs. 1106-1107).

Como disposiciones legales violadas se citan y explican los artículos 582, 626, 617, 633 y 627 del Código Judicial.

Se colige de los autos que conforman la litis, que el señor L.C.M. promovió, en primer lugar, acción de secuestro sobre los bienes muebles, inmuebles, inventario, rentas, frutos, dividendos acciones representativas del capital social de YAPELO, S.A. y sobre las ganancias de la administración del consultorio médico El Carmen de propiedad de la demandada, y cuentas por cobrar, hasta la concurrrencia de la suma de CIEN MIL BALBOAS (B/.100.000.00), tal como se aprecia a fojas 1-4, del cuaderno de secuestro. Posteriormente se presentó el proceso ordinario contra la sociedad recurrente YAPELO, S.A., a fin de que esta última sea condenada a pagar la suma de SETECIENTOS MIL BALBOAS (B/.700.000.00) en concepto de capital, costas, gastos e intereses legales que motiven la presente acción, "en virtud de los préstamos hechos por mi persona a dicha sociedad y que a la fecha no me han sido cancelados, derivándose con ello entonces un enriquecimiento sin causa en favor de la citada sociedad y en desmedro de mi pecunio" (f. 1-2 del Tomo I).

El expediente quedó radicado en el Juzgado Segundo del Circuito de Colón, dictándose la providencia de 2 de septiembre de 1994 por la cual se dio traslado de la demanda a la sociedad YAPELO, S. A. Consta de fojas 8 a 10 la contestación de la demanda, en la cual otorgara poder la señora ORIS LAVIGNIA OBERTO DE CUMMMINS, en carácter de presidente y representante legal de la sociedad demandada (f, 11), negándose las pretensiones del actor. Además, la demandada formuló Incidente de tacha por falsedad de prueba documental.

Cumplidos los trámites procedimentales inherentes a este proceso, el JUZGADO SEGUNDO DEL CIRCUITO DE COLÓN dictó la sentencia Nº 95, de 29 de noviembre de l996, por la cual "NIEGA EL INCIDENTE DE TACHA POR FALSEDAD DE PRUEBA DOCUMENTAL presentado dentro del proceso ordinario propuesto por LEONARDO CIPPONERI MARTINICO contra YAPELO, S.A. Siendo ello así, DECLARA PROBADA LA PRETENSION dentro del presente proceso ordinario propuesto por LEONARDO CIPPONERI MARTINICO contra YAPELO, S.A. y CONDENA a la demandada al pago de la suma de QUINIENTOS VEINTINUEVE MIL DOSCIENTOS OCHO BALBOAS CON TREINTA Y UN CENTAVOS (B/.529.208.31), en concepto de capital, más las costas que en cuanto al trabajo en derecho se fijan en la suma de CUARENTA Y DOS MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS BALBOAS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS (B/.42.336.66) más los gastos e intereses legales que se señalarán oportunamente por secretaría. Se condena al incidentista (YAPELO, S.A.) al pago de la suma de DOSCIENTOS CINCUENTA BALBOAS al actor de conformidad a lo establecido en el artículo 869 del Código Judicial" (f. 919).

Aprecia la Sala que los apoderados judiciales de las partes en litigio, se notificaron y anunciaron apelación, por escrito, contra el fallo de primera instancia. Así tenemos a foja 920 el escrito del licenciado J.J.J., apoderado judicial de LEONARDO CIPPONERI MARTINICO presentado el dos (2) de diciembre de 1996 (f. 921); y la firma forense BRAVO DUTARY Y ASOCIADOS en representación de YAPELO, S.A., presentado el 30 de diciembre de 1996 (f. 921). Contra este último anuncio, el apoderado judicial del demandante, licenciado J.J.J., solicitó al tribunal que se niegue la petición, argumentando que la demandada se haya en mora en el pago de las costas impuestas por el PRIMER TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA en las resoluciones de 18 de julio de l996, visible de fojas 805 a 809: y la del 8 de noviembre de l995 (fs. 841 a 847).

El juzgador de primera instancia concedió el recurso de apelación interpuesto por la parte...